Derecho a la vivienda
¿Qué hacemos tras las marchas por la vivienda?

Tener una casa es un derecho fundamental del que dependen otros derechos. Es una red que mantiene todo en pie: proyecto de vida, trabajo, salud mental e incluso nuestros barrios y ciudades. La profunda crisis de precios de alquiler, que algunos achacan a la mercantilización de la vivienda y especulación de los fondos de inversión frente a la inacción estatal, ha llegado por fin a las agendas mediática y política, pero ya llevaba mucho tiempo ocupando otro espacio: los desvelos de gran parte de la ciudadanía, como ha demostrado en las calles.

Tras unas semanas de manifestaciones históricas en varias ciudades convocadas por varios sindicatos de inquilinos, incluyendo la más reciente en Barcelona o la que llenó las calles de Madrid, nace una pregunta: ¿cuál es el siguiente paso? El pasado 16 de noviembre una asamblea abierta en el madrileño barrio de Vallecas, organizada por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) del distrito, ofreció una propuesta destinada a organizarse mucho antes de que llegue el desahucio.

Historias de resistencia

La PAH surgió en 2010 durante la crisis inmobiliaria para movilizar, de ahí su nombre, a personas con problemas hipotecarios. Años después incluye a personas en situaciones precarias más adaptadas a los tiempos, principalmente dificultades con el alquiler, pero también personas que no han encontrado más alternativa que la ocupación.

Ana acudió a la PAH de Vallecas por primera vez en 2013. Había avalado a alguien que no pudo seguir pagando su casa y el banco amenazaba con embargar ambas viviendas. “Y luego iba a por mis avales, porque mi vivienda todavía tenía deudas”, cuenta. Aunque tanto ella como la persona a quien avaló perdieron sus casas, la PAH le ayudó a negociar con el banco para liberar a sus avalistas. “Si yo hubiese estado sola hubiesen sido muchas más personas las afectadas”, dice. “Esto iba en cadena, no afectaba solamente a la que no podía pagar sino a muchas personas que venían detrás”.

Tras nueve años viviendo de alquiler en un edificio, un día, al levantarse para ir a trabajar, encontró a la policía y la comisión judicial en la puerta de su casa: de nuevo, la sombra del desahucio sobre ella. Les mostró el recibo del alquiler que pagaba mensualmente, pero no sirvió de nada. Su casa era propiedad de una constructora que había quebrado y la vivienda la había absorbido la Sareb: “Nunca nos dijeron que cambió de propietario, nunca nos enteramos de quién era la propiedad hasta que la comisión judicial estaba en la puerta de mi casa”, cuenta. “La empresa gestora de la Sareb era quien nos cobraba a nosotros el alquiler, nosotros no lo sabíamos. Le debía a la Sareb 23.000 euros, y seguía cobrando a los vecinos. Nos estaba estafando”.

Regresó a las asambleas de la PAH Vallekas, pero esta vez no lo hizo sola, sino con las vecinas de su bloque. Se organizaron para pedir que regularizaran sus alquileres, que se respetaran los contratos que estaban en vigencia. “Todas las vecinas nos plantamos en su momento para decir, o firmamos todas o ninguna, pero de nuestras casas no nos vamos”, cuenta. No fue fácil: “Nos querían echar de una manera o de otra, nos ponían trabas, nos mandaban distintas gestoras, nos llamaban a cada vecina por separado para ofrecernos distintas condiciones y a los que teníamos un trabajo más estable nos querían echar de las casas”. Dos años después, ella y sus vecinas siguen en el edificio, donde siguen peleando, esta vez por contratos sin cláusulas abusivas.

Luchas cruzadas

En las asambleas de PAH Vallekas, celebradas cada miércoles en el centro social autogestionado de La Villana, no solo se comparte el problema de vivienda: una vez que empiezas a tejer ese vínculo surgen muchas otras violencias que se cruzan. Un despido que te lleva a perder la casa, una situación de maltrato o la discriminación que sufren de forma sistemática las personas gitanas, migrantes o señaladas como extranjeras. Por eso, en el espacio físico de La Villana se cruzan diversas luchas: una red de apoyo laboral, clases de castellano, despensa solidaria, colectivos feministas o escuelas para niños, entre otros.

Ana es un ejemplo de cómo estas violencias se entretejen: mientras enfrentaba su desahucio, su jefe le debía cinco meses de sueldo. En la Villana, la asesoraron laboralmente y logró cobrar ese dinero. “He aprendido que si nos juntamos todos podemos conseguir muchas cosas”, dice.

Inés es otro ejemplo. Víctima de violencia de género, madre soltera de tres niños y con una hija con necesidades especiales, en su calvario también se cruzó el abuso laboral: “Me enteré de que la empresa donde trabajaba no me había cotizado los últimos meses y me había dado de baja, yo no tuve opción a cobrar paro ni nada”. Sin ayuda de servicios sociales, ayuntamiento o entidad alguna, se vio forzada a tener que elegir entre comer o pagar el alquiler de su piso, propiedad de un fondo buitre. “Yo intenté hablar con ellos a ver si llegábamos a un acuerdo, a ver si podía pagar menos cantidad. Nunca se pusieron en contacto conmigo, nunca nadie me dio la cara”. Optó por la segunda opción: dejó de pagar el alquiler.

Tras la carta de desahucio, y con la amenaza de que le quitaran a sus hijos, llegó a la PAH de Vallecas. “Ha sido una experiencia encontrarme apoyada por una familia que me ha asesorado, me ha dado mucha fuerza, porque cuando llegué, aparte de estar económicamente mal, estaba desmoralizada”, recuerda. “He llegado a tener una vivienda gracias a la ocupación, lo digo con la frente bien alta. Estamos luchando por tener una vivienda digna que es un derecho que tenemos todos los ciudadanos”.

La vivienda: derecho o bien de mercado

“Se ha normalizado en el imaginario colectivo de sacar rentabilidad de un bien básico como la vivienda”, denuncia una de las portavoces de la PAH Vallekas. Frente al discurso que señala la construcción de nueva vivienda como una solución a la crisis, este colectivo propone lo contrario: una moratoria a la construcción de nueva vivienda, expropiar casas vacías a los “fondos buitre”, bajar alquileres y acabar con el alquiler turístico y con la compra con uso especulativo, entre otras. Denuncian, también, la campaña de criminalización hacia las personas que se ven obligadas a okupar: “No es la ocupación lo que nos hace vivir con miedo, lo que nos hace vivir con miedo es la especulación, perder la casa, no poder pagar el mes que viene”, opinan. Y señalan a quienes consideran los culpables de la crisis de precios de vivienda: quienes han contribuido a la especulación inmobiliaria y los desahucios, como SAREB y los bancos, el Estado, los pequeños rentistas y plataformas como Airbnb, también cómplices de la subida de precios y la turistificación.

Uno de esos bancos es Caixabank, propiedad de la casa de Pilar, una vecina del barrio que ha sufrido varios intentos de desahucio a pesar de contar con acreditación judicial como víctima de violencia machista. “Yo tenía mi casa del IVIMA y por malos tratos me tuve que ir”, comparte su historia. “Okupé la casa porque no tenía dónde ir, mi familia no me apoyaba de dejar a mi marido”. Llevaba viviendo allí 14 años. Ni la entidad bancaria ni las administraciones le ofrecieron alternativas habitacionales.

Cuando recibió la carta de desahucio, la PAH de Vallecas le prestó asesoría y apoyo. El pasado 31 de octubre lograron parar su cuarto intento de desahucio, precisamente el mismo día que CaixaBank anunciaba unas ganancias de 4.248 millones de euros hasta septiembre.

Cómo organizarse contra los abusos

La plataforma opera bajo el modelo de sindicalismo social: “Es aquel que no lucha solo en la fábrica, sino que lucha fuera, en la calle, intentando que la vida sea posible”, explica una portavoz de la PAH de Vallecas. A través del apoyo mutuo y la acción colectiva, los problemas individuales se convierten en causas compartidas: “Tú llegas sola y desesperada a la asamblea un día porque al día siguiente te echan, o porque te maltrata tu marido y tienes que dejar la casa, o porque tienes que okupar. De repente tu problema deja de ser tuyo, ya no estás sola”.

¿Cuál es el paso ahora, después del impulso de las multitudinarias movilizaciones por la vivienda? “Seguir no solo defendiéndonos sino atacando primero”, sugieren desde la plataforma. Para ello van a lanzar el Comité ambulante de vivienda, una campaña para llegar a más gente de la zona, en el marco de lo que está haciendo esta y otras plataformas de inquilinos en diferentes distritos y ciudades. “Hemos identificado más de 50 edificios en el barrio que tienen conflictos potenciales con la propiedad. Queremos acercarnos a esos bloques, acercarnos a las vecinas, hacer asambleas con ellas, apoyarlas, ayudarlas a organizarse contra los propietarios de esos bloques”, explican. Para ello organizarán salidas, informaciones y talleres, pasando también por los colegios, e invitan a todo el que quiera unirse. “Que las familias nos conozcan, que sepan que hay solución a los problemas de vivienda y no están solas, que el problema puede hacerse colectivo”, dicen y avisan: “Cuando vengan los problemas de vivienda, lo mejor es que nos pillen organizadas”.