Derecho a la vivienda
Una habitación con padrón

Hablar del padrón es como hablar de un pariente burocrático más o menos lejano en función de la altura del piso que ocupas en la escalera social. Si vives arriba ni te acuerdas de él, aunque lo disfrutes a diario, pero si vives abajo lo recuerdas con añoranza como a un padrino que te echa una mano con la escuela de tus hijas y con la atención médica, con la regularización de la situación administrativa o un contrato de trabajo. Lo cierto es que sin padrón no existimos y es la llave para acceder a cualquier derecho ciudadano.

A su vez, empadronarse constituye una obligación ciudadana pero también para los ayuntamientos es una obligación empadronar. Sin embargo, cada vez es más difícil acceder a una habitación de alquiler con derecho a padrón a pesar de ser casi la última opción como alternativa habitacional para cada vez un mayor número de personas: las que estudian o trabajan en empleos precarios, las que están en desempleo, quienes provienen de reorganizaciones o rupturas familiares, de violencia machista o de desplazamientos forzados y quienes perciben pensiones o prestaciones como la RGI.

La ley de Garantía de Ingresos -al igual que el Ingreso Mínimo Vital (IMV)- no permite que más de dos personas que comparten vivienda, aunque no formen una unidad convivencial, perciban la RGI. Sin embargo, las escasas cuantías de la misma y las economías precarizadas en relación a la carestía de la vida determinan con frecuencia que el número de personas que comparten piso sea equivalente, como mínimo, al número de habitaciones de que dispone la vivienda.

Lo cierto es que sin padrón no existimos y es la llave para acceder a cualquier derecho ciudadano

El Servicio Vasco de Empleo Lanbide y el Gobierno Vasco crean una ficción al diseñar el derecho al acceso a la RGI en base a su baremo de dos RGI máximo por vivienda, o incluso una, como amenazaba una próxima modificación. Además, provocan indefensión al impedir el acceso -previo a la firma del contrato de alquiler- de la información que acredite la existencia o no de más de una persona perceptora de la RGI empadronada en el domicilio, con el riesgo de que al figurar como la tercera perceptora, esta vea interrumpida la prestación que cubre sus necesidades básicas.

Las iniciativas ciudadanas en defensa del derecho a la vivienda y al padrón se multiplican por toda la geografía y desde una diversidad de organizaciones sociales y sindicales, como las Plataformas de Afectadas por la Hipoteca, los Sindicatos de Inquilinas, las asociaciones vecinales y de mujeres y los colectivos antirracistas y de apoyo a personas migrantes y refugiadas.

Y estos derechos los defienden en el paisaje urbano, pero también en el rural. El acaparamiento de suelo agrícola para la producción intensiva en invernaderos, especialmente en las provincias de Almería y Huelva, confina a los y las trabajadoras agrícolas migrantes en asentamientos de chabolas que, después de años de lucha por su derecho al empadronamiento, acaban de conseguir sus primeros frutos. Una sentencia del Juzgado de Huelva ha dado la razón a la demanda presentada por la Asociación ASNUCI contra la resolución del Ayuntamiento de Lepe que denegaba el empadronamiento de una persona que vivía en un asentamiento de chabolas. Y es que en la resolución de 30 de enero de 2015 publicada en el BOE por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos sobre la gestión del Padrón municipal se menciona que “las infraviviendas (chabolas, caravanas, cuevas, etc. e incluso ausencia total de techo) pueden y deben figurar como domicilios válidos en el Padrón y que puede y debe recurrirse a un «domicilio ficticio» en los supuestos en que una persona que carece de techo resida habitualmente en el municipio y sea conocida de los Servicios Sociales”.

Por otra parte, sería contrario a la normativa padronal actual que se limite el número de personas empadronadas en una vivienda si residen en ella. Sin embargo, y volviendo a la ley de RGI, su diseño conduce indirectamente a que se distorsione el ajuste de empadronamientos con quienes residen habitualmente en el domicilio, a que se cometan abusos hacia las personas que están en una situación más vulnerable y se especule con la venta de empadronamientos.

Cada vez es más difícil acceder a una habitación de alquiler con derecho a padrón a pesar de ser casi la última opción como alternativa habitacional

El próximo 26 de noviembre desde Errolda Sarea-Red Padrón solicitaremos al Pleno del Ayuntamiento de Bilbao que agilice los compromisos que adquirieron con respecto a los empadronamientos de las personas que permanecieron durante el confinamiento en estancias municipales según lo aprobado en el pleno del 25 de junio, que se siga atendiendo las nuevas solicitudes de empadronamiento y que se notifiquen para que las personas puedan realizar los trámites para los que se les exige el padrón.

El acaparamiento de suelo urbano en las ciudades por grandes grupos financieros e inmobiliarios también avanza en Bilbao. El Sindicato de Inquilinas-Maizterrak ha alertado de que el fondo buitre Blackstone, con la complicidad del Ayuntamiento de Bilbao, pretende dejar en la calle el 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos, a una familia del barrio San Francisco, Alami y Bahia, con tres menores a cargo.

A nuestros representantes políticos e institucionales les pedimos que promuevan la vivienda en alquiler social, que no vendan nuestra ciudad a quienes no pretenden hacer otra cosa que lucrarse con ella y que detengan los desahucios, entre otros el de la familia de Alami y Bahia.

Por último, les pido también que dejen la ficción cuando se pongan a redactar y dictar la legislación y normativa referente a cubrir nuestras necesidades más básicas. Al fin y al cabo, como escribió Virginia Woolf en Una habitación propia, “una no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien”.