Derecho a la vivienda
La lluvia fina de las órdenes de la ONU contra los desahucios en España

Una oficina de Naciones Unidas en Ginebra ha admitido desde el año pasado 18 peticiones de paralización cautelar de desahucios sin alternativa en España. Esta vía ya ha paralizado varios desalojos pero se enfrenta a numerosos obstáculos prácticos.

pah safor
Vecinos detienen un desahucio de Bankia el viernes 13 de julio en Oliva ((Valencia). La ONU había ordenado al juzgado su paralización, pero este no tuvo en cuenta el escrito en su respuesta. PAH Safor

“¡Som gent de pau! ¡Som gent de pau!” eran los gritos de los vecinos que intentaban evitar que Bankia echara de su casa a una pareja y tres niños menores de edad en la localidad valenciana de Oliva el viernes 13 de julio. El grupo iba ‘armado’, además de con las camisetas verdes de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de la comarca de La Safor, con una notificación que ordenaba la paralización del desahucio.

Pero esta no la firmaba un trabajador social, los vecinos de la escalera, el turno de oficio o la propia PAH. La firmaba desde Ginebra el comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de Naciones Unidas, y su decisión es vinculante para los tribunales españoles. Al menos sobre la letra. Aún así, los vecinos y miembros de PAH Safor se las tuvieron que ver con al menos una quincena de agentes de la Guardia Civil que habían cortado la calle. El desahucio se pararía in extremis con varias identificaciones, incluido el cámara de la televisión autonómica valenciana À Punt que se había desplazado para cubrir la noticia. 

Hay un gran desconocimiento por parte de la judicatura del sistema internacional de derechos humanos. Esto de momento hace que esta posibilidad la esté activando sólo el movimiento de vivienda

El de Oliva es uno de los 167 desahucios registrados de media diariamente en los juzgados españoles, uno de los que ha provocado que, desde el año pasado, la oficina del Comité Desc en Ginebra esté ordenando a algunos juzgados españoles que detengan determinados procedimientos de desahucio cuando quede acreditada la situación de necesidad de los afectados y la falta de alternativas por parte de la administración. En el caso de la pareja de Oliva, habían tenido que entrar en una casa vacía de Bankia después de perder su vivienda anterior por un incendio, según explica a El Salto Joan Cogollos, de PAH La Safor.

La paralización definitiva del desahucio de otra pareja y sus hijos en el barrio madrileño de San Cristóbal en el mes de abril fue la que motivó las esperanzas de los afectados organizados en la PAH. Y con ella, los faxes con las peticiones de paralización, a menudo entregados a última hora. Dicho comité tiene sobre la mesa actualmente 25 casos contra España, de los cuales 22 se han presentado este año y 18 incluyen medidas cautelares. La cifra no incluye los procedimientos que se han rechazado por defectos de forma o de otro tipo, según precisa a El Salto el equipo de comunicación del Comité.

“El 50%, que yo tenga conocimiento, de las medidas cautelares [del comité desc] por desalojos, son seguidas por los tribunales españoles”, señala Javier Rubio, abogado de PAH Madrid y del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES). “Pero está costando un poco más que se recoja explícitamente que la paralización es por el recurso [al Comité Desc]”. El letrado calcula en unos 15 desahucios los que ha podido paralizar la PAH a través de este recurso sólo en el último año.


Un dictamen que ha abierto varias vías de agua en la máquina de desahuciar
En 2012, un décimo país firmó el protocolo facultativo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Desc) de la ONU, que España ya había firmado en 2008. Se cumplía así el requisito para que las resoluciones de este organismo sean vinculantes para todas las administraciones y tribunales de los países firmantes. El año pasado, el mismo Desc emitía un dictamen de carácter general -pero basado en un caso particular- en el que certificaba que en el Estado español se producen desahucios sin que las administraciones den una alternativa digna a las familias. Además de las medidas cautelares que pueden parar desahucios individuales, el dictamen ha motivado sendas quejas luego unificadas ante el Defensor del Pueblo, que todavía tiene pendiente emitir los resultados definitivos de su investigación. Otro de sus efectos ha sido un compromiso -luego incumplido- por parte del Ayuntamiento de Madrid de no desahuciar en sus viviendas municipales. 

Laberinto de papeles

En el caso de Richard Bermúdez y Josefina Hernández, la pareja de San Cristóbal, el lanzamiento de la vivienda del BBVA que ocupan junto con sus dos hijas menores era el tercero. Como miembros de la Asamblea de Vivienda de Usera, el grupo de la PAH en el barrio, sabían perfectamente lo que eso podía significar: la probable intervención de antidisturbios, y la mayor probabilidad de que se ejecutara.

Dos meses después, otro lanzamiento, el de la vecina de Lavapiés Pepi Santiago, atraería a decenas de medios de comunicación y a un par de centenares de vecinos, rompiendo una significativa racha de al menos dos años de invisibilización del problema por parte de la prensa de Madrid. También de relativa indiferencia vecinal, aupada por los últimos coletazos del efecto Carmena-ha-parado-los-desahucios. Pero ni Richard ni Josefina podían contar entonces con semejante atención.

La pareja ya había hecho todos los trámites para solicitar vivienda social sin resultados. Tras detener en dos ocasiones el desahucio, la notificación del tercero les llegó con apenas una semana de plazo. El día 8 de marzo, un día antes del desalojo, y con el fax ya enviado a Ginebra, se presentaron en el denominado Servicio de Atención a la Emergencia Residencial (Saer), uno de los dispositivos antidesahucios de la política de contención del problema impulsada por el Ayuntamiento de Madrid. “En el coche [antes de entrar ]tuvimos una explosión llorando”, recuerda Bermúdez por teléfono.

Lo que vieron dentro no mejoró la situación, y es un buen ejemplo de los criterios que el Desc tiene en cuenta para verificar la condición más importante para que ordene la paralización del desahucio: que la administración no haya puesto ninguna alternativa. Tras más de una hora de espera, “la funcionaria nos dijo que le diéramos las gracias por estarnos atendiendo”, señala el miembro de la Asamblea de Vivienda de Usera (ese día se desarrollaba la huelga general de mujeres) y ofreció a la pareja como toda alternativa un albergue municipal. La empresa autonómica de vivienda, la AVS, excluye de las solicitudes a las personas que hayan usurpado vivienda. 

La fecha del desahucio llegó “sin que ninguna de las tres partes [Ayuntamiento, BBVA y juzgado] hubiera hecho nada por detenerlo”, se queja Bermúdez. El comité Desc ya había emitido su orden cautelar de paralización el día 8, pero como recuerda el letrado Javier Rubio, “se la comunica a las autoridades españolas en Ginebra y a los interesados, pero no al juzgado”, una de las dificultades prácticas a las que se están encontrando los grupos antidesahucios para hacer efectivas las órdenes.  

Como en tantas otras ocasiones, fue la presión en la puerta y las llamadas al BBVA las que consiguieron la suspensión ese día. Hasta un mes después, el juzgado número 50 de Madrid no dictaría la suspensión definitiva del procedimiento, basándose en las órdenes de Ginebra: Richard, Josefina y sus hijas podrán permanecer en su casa mientras las administraciones no encuentren una alternativa adecuada.

Un último recurso
El interés por las medidas cautelares ha hecho que las PAH estén acordando criterios para presentar los casos de la manera más coherente posible. “Tiene que ser un último recurso cuando ha fallado todo lo demás, y no puede hacerse con el último caso que ha llegado a tu asamblea con un desahucio para dentro de dos semanas”, señala Rubio. El comité Desc apenas cuenta con financiación y sólo dos empleadas se encargan de revisar todas las solicitudes.

 “Con el recurso al comité Desc tenemos un arma jurídica muy potente”, resume Rubio, que elevó el requerimiento por el que este organismo de la ONU emitiría el dictamen de 2017 que sentó las bases para estas medidas cautelares. El problema, señala, es que la judicatura desde el turno de oficio hasta los propios jueces todavía lo desconoce: “hay un gran desconocimiento por parte de la judicatura del sistema internacional de derechos humanos. Esto de momento hace que esta posibilidad la esté activando sólo el movimiento [por el derecho a la vivienda]”, se lamenta. 

En el caso de Pilar Morales, miembro de la PAH de la localidad madrileña de Arganda que también consiguió que la ONU dictara la orden de paralización cautelar, puede ser extremo. “El juez dijo que si yo quería una casa en La Moraleja y que qué hacíamos con las camisetas verdes si ya estaban los nuestros en los ayuntamientos”, explica la propia Morales a El Salto. Esta vecina y activista, víctima de violencia machista y madre sola, consiguió finalmente que la AVS le otorgara una vivienda.

En el caso del desahucio de Oliva, el activista de PAH Safor valora que para la suspensión pudo tener peso el hecho de que el desahucio fuera mediático —gracias a la resolución del Desc—, pero destaca que el juzgado no hizo referencia en ningún sentido al documento del comité, que estaba en su poder dos días antes del desalojo.

“El defensor del pueblo que hasta ahora no tenía un discurso de derechos humanos a raíz del dictamen ha asumido su faceta de institución nacional de derechos humanos”, señala Rubio como otro de los efectos positivos de esta vía. En todo caso, concluye, “hay por delante una batalla en el plano normativo y judicial” para que la vía abierta en Ginebra sea tenida en cuenta por los jueces.

Informar de un error
Es necesario tener cuenta y acceder a ella para poder hacer envíos. Regístrate. Entra en tu cuenta.

Relacionadas

Derecho a la vivienda
Jaime Palomera “La vivienda necesita una revolución”
Investigador y uno de los fundadores del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera presenta ‘El secuestro de la vivienda’, un libro sobre el juego amañado en el que los propietarios son cada vez más ricos y los inquilinos cada vez más pobres.
Derecho a la vivienda
Derecho a la vivienda ERC exige que la Sareb no renueve el contrato con KKR después de una investigación de El Salto
El Gobierno de coalición debe decidir si renueva su contrato para la gestión de las viviendas del banco malo este verano. Para ERC y Bildu se trata de una “oportunidad única” para que la gestión pase a ser 100% pública.
València
València LaMataObras: “Tot està orquestrat perquè les comunitats veïnals no puguen contra la turistificació”
María Alandes (LaMataobras) lluita al costat de la seua comunitat veïnal per conservar un espai comunitari amenaçat per una empresa d'allotjaments turístics.
#20668
19/7/2018 10:42

Es un recurso muy bueno y el cual tenemos que seguir con la batalla hasta el final.
Gracias por este artículo tan bien explicado y que la gente podamos enterarnos que es el comité PI DESC.
Arriba el salto!!!!!

5
0
Baleares
Un modelo insostenible El rechazo a la turistificación se expande en Canarias, Baleares y Barcelona
Tras la masiva manifestación en las Islas Canarias del pasado mayo, Palma de Mallorca, Barcelona y San Sebastián salen este 15 de junio a la calle contra un modelo de turismo desmedido insostenible para el territorio y sus habitantes.
Oriente Medio
Oriente Medio Decenas de muertos en una noche de sirenas y misiles cruzados entre Israel e Irán
Después del ataque israelí contra la infraestructura energética y militar iraní, cientos de misiles iraníes atraviesan el cielo israelí e impactan en Tel Aviv, Bat Yam, Tamra y Haifa.
Galicia
Galicia Activistas bloquean una planta de Altri en Portugal y avisan de que frenarán su expansión en Galicia
El grupo atrancó con cadenas y soldadura las entradas de la planta de Celbi en Leirosa, en la mayor acción directa hasta el momento contra la expansión de la multinacional papelera en territorio gallego: “O povo é quem para Altri”.
Crónica
Justicia En la sala de un juicio a una madre protectora
Esta es una crónica de un juicio a una mujer que pidió medidas por sospechar de abusos sexuales a su hija en el domicilio paterno sin que ninguna institución moviera un dedo y, un mes después, cogió un vuelo a su país para intentar protegerla.
Violencia machista
El Estado que revictimiza Violencia institucional: “Si lo hubiera sabido antes, no hubiera denunciado nunca”
Rocío ha sufrido violencia psicológica, física y sexual por parte de su expareja. Y también violencia institucional en todas las puertas de la red de recursos institucionales que ha ido atravesando.
Editorial
Editorial Justicia irracional
Por acción o por omisión, las instituciones violentan a las mujeres. Se llama violencia institucional.
Relato
Relato Rendirse
A mi pesar me tocaba compartir mesa con aquellos documentos y, como estaba de los primeros (no lo habría imaginado al llegar), ya no conseguía quedar por encima, con lo que me gusta.
Madrid
Movimiento republicano Miles de personas claman en Madrid contra la monarquía y por la República
En el 11 aniversario de la proclamación de Felipe VI, una marcha unitaria reclama que este reinado sea el último de España.
Rap
Rap Los Chikos del Maíz: “La música urbana está llena de fachas y votantes de Vox”
Tras un fin de gira accidentado, Toni y Nega dan una tregua indefinida a su proyecto con dos conciertos en Madrid. Horas antes de llenar la sala en la primera cita, visitan la redacción de El Salto.
Río Arriba
Río Arriba Luis González Reyes: “Vivimos en un mundo en la que la escasez es un elemento central”
Primera entrevista del programa Río Arriba en formato podcast y vídeo donde hablamos de las nuevas guerras neocoloniales por recursos en la era de Trump y Putin, de la escasez, del decrecimiento y el colapsismo.

Últimas

Ocupación israelí
Movilizaciones Un centenar de organizaciones de 26 países denuncian a la empresa vasca CAF y su tren del apartheid
Más de 50 localidades salen a la calle este fin de semana para señalar a la empresa que construyó el tranvía que conecta Jerusalén con territorio ocupados y exigir el fin del genocidio en Gaza.
La vida y ya
La vida y ya Un rato de cada lunes
Pero, lo más coincidente ha sido, expresado de distintas maneras, su agradecimiento hacia ese lugar. Su lugar elegido.
Ocupación israelí
Ocupación Israelí La policía egipcia impide con violencia la marcha internacional a Gaza
La marcha de 4.000 personas a Gaza es reprimida por la policía del régimen de Al-Sisi. La organización pide a las embajadas que reaccionen y protejan a sus ciudadanos.
Galicia
Crowdfunding O Salto Galiza abre un crowdfunding para empapelar a Altri
Queremos investigar a los responsables políticos y empresariales del que podría ser el mayor atentado ambiental de la historia reciente de Galicia.
Que no te lo cuenten
El Salto Radio De océanos y detenciones
VV.AA.
La acidificación del agua marina supera sus límites mientras Israel aborda la Flotilla por la Libertad.
Más noticias
Análisis
Análisis del CIS La calma antes de la tormenta: la dimisión de Santos Cerdán como punto de inflexión
El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha muerto pocas horas después de nacer por la dimisión de Santos Cerdán, aunque sirve como foto fija de un escenario que favorece a la derecha.
Argentina
Extrema derecha La motosierra de Milei se ceba con los hospitales públicos y las personas con discapacidad
Los recortes del Gobierno afectan al Hospital Garrahan, un centro de alta complejidad, referente pediátrico nacional y latinoamericano, y también a los recursos de las personas con discapacidad, a los que el ejecutivo califica de “idiotas”.

Recomendadas

Pensamiento
Economista Clara Mattei: “El liberalismo y el fascismo están unidos en su protección del orden del capital”
El ambicioso ensayo 'El orden del capital' nos traslada al Reino Unido y la Italia de la I Guerra Mundial, que se contemplan como un momento bisagra: el auge de socializaciones y cooperativizaciones que tuvo lugar durante la contienda y la inmediata posguerra fue abortado a través de un 'shock' austericida destinado a restaurar la centralidad de los grandes capitales.
Derecho a la vivienda
Jaime Palomera “La vivienda necesita una revolución”
Investigador y uno de los fundadores del Sindicat de Llogateres, Jaime Palomera presenta ‘El secuestro de la vivienda’, un libro sobre el juego amañado en el que los propietarios son cada vez más ricos y los inquilinos cada vez más pobres.
Redes sociales
Industria editorial Escritores fantasma: así trabajan los auténticos autores de los libros de éxito que publican los ‘influencers’
Detrás de cada libro firmado por un ‘influencer’ hay otra persona que ha trabajado a destajo para entregar a tiempo un texto en el que su nombre no aparece por ninguna parte y que, además, ha tenido que renunciar a sus derechos como autor.
Brasil
Extrema derecha Arte en tiempos de fascismo: cuando enseñar a Goya y Rubens le cuesta el puesto a un profesor
Una clase de Historia en la escuela municipal en una localidad del Estado de São Paulo desemboca en acusaciones contra el profesor y una campaña de difamaciones que encabeza el concejal de educación de la zona, de la extrema derecha bolsonarista.