Derecho a la vivienda
Decreto gubernamental antidesahucios: de la fiesta a la decepción

Hoy, 15 de diciembre, frente a la sede la Comunidad de Madrid en la Puerta del Sol, diversos colectivos de vivienda denunciaron ante la opinión pública la inoperancia gubernamental ante la consumación de alrededor de 200 desahucios diarios a nivel estatal, según los datos que obran en el ministerio de Justicia. La mayoría de ellos ya no son por incumplimientos hipotecarios, sino por impago de alquileres.

En medio de un nutrido y animado grupo de activistas y vecinos, que vocearon las consignas habituales, hicieron uso de la palabra Paloma Muñoz, de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, Georgina Danciuc, por la PAH de Arganda, Paco Morote, portavoz de la PAH, Rebeca Tolosa, del Sindicato de Inquilinas y el abogado Javier Rubio, del Grupo de Monitoreo del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas. Cada portavoz incidió en un aspecto específico, pero se centraron en demandar la urgente aprobación del decreto antidesahucios y denunciaron lo que consideran inoperancia del gobierno, al que instaron a adoptar medidas concretas para detener esta sangría.

Al mismo tiempo, valoraron que “el gobierno se está plegando a los intereses de los especuladores, ofreciéndoles recursos públicos para que no dejen de hacer negocio”, según una de las portavoces. Y acusaron al Ejecutivo de Pedro Sánchez de abandonar a los sectores más desfavorecidos, afirmando que los últimos seis meses se han consumado más de 18.000 desahucios, “esta es la prueba evidente de que la protección que hay no abarca al conjunto de la población”, denunciaron.

Los representantes de estos grupos enfatizaron la gravedad de esta negligencia en medio de la emergencia impuesta por la pandemia. Al mismo tiempo, explicaron que después de que haber conseguido sensibilizar a diferentes grupos políticos, se ha producido un giro de guión gubernamental, “que viene de la mano del ministerio de Economía y de Justicia, en favor de la banca y los especuladores, que nos deben más de 60.000 millones de la crisis anterior y nadie se los ha reclamado. Grupos a los que el gobierno quiere compensar, ¿por qué en este país solo se compensa a los especuladores?”, se preguntó uno de los portavoces.

El acto es la culminación de un contradictorio proceso de intentos de acuerdos y aproximaciones —al menos de una parte del gobierno de coalición— con los colectivos de vivienda. El accidentado periplo de negociaciones ha estado signado por diferentes gestos oficiales, no pocas veces contradictorios al interior del propio gobierno.

El primero en soltar campanas al vuelo fue el vicepresidente, Pablo Iglesias. El 26 de noviembre pasado anunciaba que esperaba que en no más de dos semanas estuviese aprobada una disposición que prohibiese los desahucios sin solución habitacional, a personas en riesgo de exclusión. Según sus palabras, estaban trabajando conjuntamente el actual Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, a cargo de José Luis Ábalos y la cartera a su cargo.

Posteriormente vinieron los escarceos relacionados con la aprobación de los presupuestos, que depararon la sorpresa de un acuerdo entre Unidas Podemos, ERC y Bildu para introducir una enmienda antidesahucios en los Presupuestos Generales del Estado. Esta novedad causó un manifiesto desagrado en las filas del PSOE. Y, para no perder la iniciativa ante su socio de gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció el compromiso de prolongar la actual norma antidesahucios hasta más allá del 31 de enero.

Sin embargo, se trata de una disposición claramente insuficiente como explica a El Salto Rebeca Tolosa, portavoz del Sindicato de Inquilinas. Según la activista, esa normativa tiene limitaciones en orden a su aplicabilidad, frecuentemente derivadas de dificultades burocráticas para demostrar una de las dos causales pasibles de servir de argumento para solicitar la suspensión del desahucio: cumplir los requisitos de vulnerabilidad y/o haber sido afectadas por la Covid-19.

El hecho es que, a día de hoy, los lanzamientos se suceden sin solución de continuidad y nadie, salvo los damnificados y los colectivos de vivienda parece darse por enterado.

Nada que celebrar

Fernando Bardera, portavoz del Sindicato de Inquilinas, en declaraciones a El Salto relata que, hasta la semana pasada, dado el compromiso formal asumido por el vicepresidente del gobierno ante las asociaciones, se creía asegurada la aprobación del decreto. Es cierto que los compromisos de Pablo Iglesias giraban en torno a la futura Ley de Vivienda, pero se daba por descontado que la prohibición de los desahucios ante situaciones de vulnerabilidad sería una consecuencia derivada de aquella voluntad. En consecuencia, la jornada de hoy estaba prevista como un acto conmemorativo que incluiría música en directo y números de danza al aire libre, con coreografía ensayada. Sin embargo —reseña Bardera— sombríos nubarrones habrían emergido en los últimos días y encendido todas las alarmas de los colectivos de vivienda.

“Ni se habla de sacar al mercado los tres millones y medio de viviendas vacías que están en manos de los bancos y de fondos de inversión”, denuncia Fernando Bardera

Según este portavoz, Pablo Iglesias estaría impulsando en el interior del ejecutivo los acuerdos logrados con las asociaciones, en tanto que el ministro José Luis Ábalos —inicialmente encargado de operar como freno— se habría hecho a un lado y centrado su acción en el articulado de la Ley de Vivienda. En el actual momento sería la titular de Economía, Nadia Calviño, quien habría tomado las riendas en el intento de trabar la promulgación del decreto, activando para tal fin al ministerio de Justicia. Esta instancia, según el activista, habría echado un capote a la ministra sacando a relucir el consabido argumento de la inseguridad jurídica, que se esgrime cada vez que hay algún intento de introducir alguna norma social que implique consecuencias económicas para los grandes tenedores de vivienda.

Cabe recordar que la propuesta impulsada por la vicepresidencia, establecía que los grandes propietarios —de más de 10 inmuebles— deberían asumir el perjuicio por la falta de percepción de los alquileres devenida de la aplicación del malogrado decreto antidesahucio, que tendría vigencia mientras dure el estado de alarma.

Sin embargo, según describe Bardera, muy diferente ha sido la línea oficial seguida por el gobierno central en el tema, que siempre habría trabajado en favor de los intereses de los grandes propietarios y descargado sobre las espaldas de los inquilinos —con independencia de su situación económica y laboral— la exclusiva responsabilidad por el pago de los arrendamientos. Y, cuando —por emergencia social— los arrendatarios ya no pueden pagar, echaría mano directamente a los recursos del Estado para cubrir las pérdidas de los titulares, “al principio, sacaron un Real Decreto para que la gente sacase microcréditos para poder pagar los alquileres. Luego, promovieron la inyección de dinero para subvencionar el pago de alquileres con la misma finalidad: que los propietarios no dejasen de cobrar lo suyo. Y ahora que, por imperativo del decreto que prohibiría los lanzamientos, estarían impedidos de desahuciar, se les resarciría de este perjuicio con fondos públicos. Solo cambian las explicaciones, los discursos, pero la línea es de aplastante coherencia”, describe el vocero.

Esta política estaría articulada —continúa explicando— con el argumentario de la colaboración público-privada que produciría algún pequeño parque de vivienda pública levantado por las constructoras con recursos del Estado, “pero ni se habla de sacar al mercado los tres millones y medio de viviendas vacías que están en manos de los bancos y de fondos de inversión”, concluye.

Ante este cuadro, los colectivos de vivienda pronostican que, de salir el decreto anunciado, será notablemente descafeinado. Y se preparan para ir creando músculo para cuando vea la luz la Ley de Vivienda —se calcula que de aquí a unos tres meses— cuyo devenir estará sin duda sujeto a los avatares de la relación de fuerzas hacia el interior del gobierno de coalición, el arco de alianzas que el gobierno ha tendido para la aprobación de los presupuestos y el espectro político general.

La futura ley de vivienda

La Ley de Vivienda es  un instrumento más completo y global que el decreto que se esperaba y, según Bardera, “hay grupos específicos trabajando para presionar a los grupos políticos para la consecución de una ley que contemple la situación de los sectores socialmente vulnerables”, afirma.

El portavoz no esconde su entusiasmo por lo que describe como un posicionamiento más claro sobre el tema por parte de CCOO y UGT y que hayan establecido sinergias con los movimientos de vivienda “ya que están pidiendo lo mismo”, asegura. Lo que le hace abrigar la expectativa de que se pueda presentar un documento único suscrito por esas entidades sindicales y los colectivos de vivienda, con contenidos potentes, que se presente a los grupos políticos para ser debatido en el Congreso.

Se trataría de “una ley como la de Catalunya —afirma— solo que con algunas mejoras que se está viendo se deberían introducir”. E, indagado sobre ese punto, explicita que se está refiriendo básicamente a que la norma por venir tendría que dejar clara la obligatoriedad de su cumplimiento por parte de los ayuntamientos y comunidades autónomas. Y que no quedasen dudas en el plano de las puniciones, “que si no la cumples, te caiga una sanción”. Insiste en la importancia de la concatenación de ambos vectores —el obligado cumplimiento y la sanción en caso de que este no se verifique— “ya que está claro en algunos ayuntamientos y comunidades —Madrid por ejemplo—, si esto no se articula con total claridad, la ley no se va a aplicar”.

Bardera asegura que la experiencia les hace concluir que el ministro Ábalos —delfín del PSOE en la negociación de esta norma— “tiene la característica de que ni bien ve que algo se le hace bola, tira balones fuera. Así lo hizo con el tema Uber. Tememos que con esto haga lo mismo, en plan 'yo hago la ley, me apunto el tanto y ahora dejo la potestad de su aplicación en las comunidades autónomas'. Con lo cual evita el enfrentamiento con aquellas comunidades —como la de Madrid—que evidentemente no querrán aplicarla. Se lava las manos y a otra cosa”, concluye.