Vivienda
Los afectados por la venta ilegal de las viviendas del IVIMA pedirán la mediación del Defensor del Pueblo

Una asamblea de alrededor de 150 vecinos y vecinas colmó el martes 21 de enero por la noche, el salón principal del Espacio Vecinal de Arganzuela (EVA). Reunía a los perjudicados por la operación de venta de vivienda social del IVIMA al fondo buitre Azora-Goldman Sachs, consumada por la Comunidad de Madrid (CAM) en 2013. Presidían la mesa la abogada y portavoz Alejandra Jacinto, el abogado Felipe Alonso, la activista Angelines Díaz, los tres son integrantes de la Plataforma de Afectados por Vivienda Pública (PAVPS), el abogado Javier Rubio del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y César Pinto, abogado de oficio.

El encuentro fue convocado para presentar un informe del estado de situación a partir del fallo favorable a la anulación de la venta, dictaminado por el Tribunal Supremo en diciembre pasado y para consensuar las acciones a seguir para que la sentencia tenga seguimiento práctico hasta llegar a su concreción efectiva. Los integrantes de la mesa explicaron los pasos que se proponen seguir para intentar la concreción de la sentencia. En primer lugar, presentarán un documento a la CAM exigiendo la paralización de los desahucios que estuvieran pendientes de ejecución, así como que se inscriba esta sentencia del TSJM en sus registros, “para que eventuales candidatos sepan a qué atenerse”.

En caso de que la CAM hiciera caso omiso, o se demorase en dar una respuesta, solicitarán la intervención de un mediador, cargo para el que propondrán al Defensor del Pueblo de Madrid. También anunciaron que interpelarán a los partidos políticos con presencia en la Asamblea de Madrid, para proponerles que arbitren una Proposición No de Ley (PNL), a efectos de ejercer presión sobre la CAM, para concretar prácticamente la sentencia. Y exhortaron a los presentes a concurrir a cada uno de estos episodios. La lógica, según señala Alejandra Jacinto, es "crear un mecanismo administrativo para reparar el daño causado a las familias que no pase por individualizar las situaciones". 

Una larga lucha en los tribunales 

Después de un periplo judicial de seis años, finalmente el Tribunal Supremo dió la razón a los vecinos que iniciaron juicio contra la Comunidad de Madrid, por la venta de 2.935 pisos de vivienda pública (y 5.000 locales y plazas de garaje) al fondo buitre Azora - Goldman Sachs, gestionado por la financiera EnCasa Cibeles. Tanto la entidad pública como el fondo interpusieron apelaciones finalmente desestimadas, este fallo es definitivo y no cabe recurso. La sentencia confirma la nulidad de la operación y dictamina que los pisos deben ser restituidos al patrimonio de la Comunidad.

La CAM había alegado dos motivos para justificar la venta de ese patrimonio. El primero, la necesidad de contar con liquidez para cuadrar el déficit presupuestario del organismo y en segundo lugar, por considerar que ya no era necesario mantener ese parque de viviendas. Sin entrar en mérito del primer argumento los magistrados desmontaron el segundo, señalando en su veredicto que es “evidente la infracción del principio de innecesariedad en la enajenación de las 32 promociones de viviendas, con incidencia en las ocupadas por los arrendatarios apelantes”. El alto tribunal considera que esa venta ha traído aparejada “la quiebra de la protección social de estos grupos de personas, colectivos favorecidos con el disfrute de viviendas de protección pública”.
Pero para poder apelar al Constitucional la CAM tendría que alegar que ha sufrido vulneración de derechos en los juicios. 

 
A este dictamen definitivo, le antecedieron otros en igual sentido, confirmando la irregularidad de la venta y la vulneración de la protección social de las personas afectadas. Una de las sentencias fue dictada en septiembre de 2019, a partir de la demanda interpuesta por varios inquilinos del Ensanche de Vallecas, integrantes de la PAVPS. Y, en junio del mismo año la Sección 8ª de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazó los recursos interpuestos por el fondo buitre y por la CAM contra la sentencia emitida por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº 29, que había dictaminado la anulación de dicha operación de venta.

Ya no quedan más instancias de apelación, salvo el Tribunal Constitucional. En declaraciones a El Salto, QuiqueVillalobos, presidente de la FRAVM, cree que la Comunidad sabe que son mínimas sus oportunidades de ganar en esta instancia, aunque considera probable que lo intente con el objetivo de dilatar la aplicación de la sentencia. “Asumir el veredicto judicial implicaría cargar con la indemnización de los 201 millones de euros invertido por el fondo buitre en la operación de compra, sumado a las costas judiciales y otros gastos. Todo ello supondría un peso considerable en las cuentas de los presupuestos de la CAM”, valora. Pero para poder apelar al Constitucional la CAM tendría que alegar que ha sufrido vulneración de derechos en los juicios, argumento difícil de construir. Sin embargo, según aclaró la abogada Alejandra Jacinto en una de sus intervenciones, para intentar conseguir esta apoyatura la CAM ha montado un argumento torticero, que consiste en alegar que está preocupada por la situación de los propietarios que adquirieron de buena fe pisos a Azora. Según la letrada, esta sentencia del Tribunal Supremo en nada podrá perjudicar a esos compradores, cuya titularidad patrimonial está perfectamente preservada.

Procesos legales y estado actual de la situación

Según el abogado César Pinto, el fallo de anulación de la venta ha sido un triunfo en toda regla porque, aunque fue expedido a partir de la demanda de un damnificado, no se limita a ese caso particular, hace extensivo el alcance de la sentencia al conjunto del parque de vivienda vendida a Azora. Aclaró que aún no se puede hacer práctica su ejecución, porque el fallo ha sido impugnado por la CAM. Por ello enfatizó que es imprescindible parar los eventuales desahucios que puedan proseguir. Así como hacer valer esta decisión ante los diferentes juzgados de Madrid, dado que con este parecer “el TSJM está dictaminando que no se puede vender patrimonio público como si se tratara de vivienda libre, eso implicaría someter a los beneficiarios de vivienda protegida a las leyes del mercado”, afirmó. La expectación y entusiasmo en la sala eran manifiestos, su intervención y las posteriores fueron aplaudidas y los vítores “sí se puede” fueron frecuentes.

El abogado Felipe Alonso, de la PAVPS, denunció las maniobras de presión que han sufrido los damnificados que acaban de ganar la causa, a quienes el fondo buitre les ofrece dinero para que dejen los inmuebles. Recalcó que para contrarrestar estas presiones “hoy más que nunca es necesaria la unidad, porque es más fácil ganar una causa que conseguir la aplicación de la sentencia” y apeló al espíritu de lucha, unidad y solidaridad.

Angelines Díaz, activista de la PAVPS, valoró que es esta sentencia fue “conseguida con la lucha, la organización y la movilización”. Y advirtió que no hay que descansar hasta conseguir que el triunfo definitivo, y por eso “os animo a todas a seguir luchando y acudir a las asambleas”.

Javier Rubio, abogado de CAES, agradeció el compromiso de los presentes. Enfatizó que haber conseguido revertir en los tribunales la venta a los fondos buitre es un triunfo sin precedentes. Desgranó –en clave de denuncia– los argumentos dados por la CAM en su momento, de que esa venta no iría a afectar la situación de los titulares de los pisos, cuya falacia quedó rápidamente demostrada. Y enumeró procedimientos utilizados por Azora para conseguir que la gente dejase la vivienda, desde retirar servicios, aumentar los alquileres y hasta la contratación de provocadores para crear una atmósfera que imposibilitara la convivencia. “Vosotros sois ejemplo para otra gente de la Comunidad, hemos ganado en los tribunales, ahora es la hora de que nadie tire la toalla, hay que resistir”, exhortó el abogado. E instó a que si hubiera nuevos intentos de desahucios se apelase a los letrados y si así no se consigue, concentrarse frente a la vivienda para impedirlos. “Empezamos a ser un dolor de cabeza para la Comunidad de Madrid y para los fondos buitre. Movilización y confianza”, remató.

Las asociaciones presentarán un documento a la CAM exigiendo la paralización de los desahucios que estuvieran pendientes de ejecución

La abogada y portavoz Alejandra Jacinto, detalló las sentencias que antecedieron a este fallo del TSJM, describió el largo proceso jurídico desde la iniciación de los juicios y las subsiguientes apelaciones de la CM y de Azora. Y cuestionó detenidamente el argumento de la CAM de la innecesariedad de mantener vivienda pública en la Comunidad, “cuando hay una lista de más de 40.000 personas demandando vivienda protegida”, cuestionó. También retomó y reforzó argumentos y afirmaciones de sus colegas que la antecedieron y se declaró convencida de que el Tribunal Constitucional hará caso omiso a la nueva apelación de la CAM. Asimismo, explicó que están analizando la posibilidad de ejecutar de forma provisional la sentencia del Tribunal Supremo, que según prevé será de trámite demorado. Señaló la falta de colaboración de la CAM en ofrecer datos fehacientes de cuántas son las personas involucradas –de diferentes modos– en este episodio. También explicó que, a largo plazo, habrá que exigir –caso a caso– la responsabilidad patrimonial a la CAM por los daños y problemas de todo tipo ocasionados a los damnificados. Denunció que algunos jueces, haciendo caso omiso de la sentencia del TSJM, continúan con los procesos de desahucio.