Violencia obstétrica
Violencia obstétrica: mujeres responden con testimonios al negacionismo de Osakidetza, SEGO, CGCOM y Sanidad

Las autoridades sanitarias vascas siguieron en julio el camino iniciado por otras instituciones tras un dictamen de la ONU que urge a abordar este tipo de violencia. El Parto Es Nuestro lanza una campaña para visibilizarla y el Consejo Fiscal pide en su informe sobre la reforma de la ley del aborto que se incluya, tras quedar fuera por el criterio del Ministerio de Sanidad.
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Una mujer a punto de dar a luz en un hospital con protocolo de parto natural, acompañada por su pareja. Elvira Megías

El 13 de julio de este año, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU hizo público un dictamen donde concluía que una mujer fue víctima de violencia obstétrica en el Hospital Universitario de Donostia. El dictamen explicaba que los hechos narrados por Nahia Alkorta constituyen un episodio de violencia obstétrica: inducción al parto 14 horas después de que rompiera aguas en contra del propio protocolo del hospital que pide esperar 24 horas, tactos vaginales innecesarios, una cesárea mientras la mantenían atada con los brazos en cruz, la separación de su bebé nada más nacer y administración al bebé de biberones son las prácticas relatadas por Alkorta. Estas actuaciones le provocaron daños físicos y psicológicos y se produjeron pese a que la mujer había entregado un Plan de Parto —un documento donde la mujer muestra sus preferencias y que el personal médico conoce con antelación al parto— donde expresaba unos deseos muy diferentes.

Dos días después, el Departamento de Salud y Osakidetza (el Servicio Vasco de Salud) reaccionaban a este dictamen. En un breve comunicado, se limitaban a recordar cómo acabaron en España los intentos de la mujer de buscar justicia: una sentencia firme de octubre de 2015 concluía que no concurrían los requisitos para que existiera tal responsabilidad. “Según esa sentencia, no existió ningún daño físico o psíquico causado a la paciente como consecuencia de la asistencia prestada en el Hospital Universitario de Donostia”, dice la nota informativa. “Por otro lado, en la sentencia se dice que la asistencia prestada fue acorde a los protocolos médicos, quedando acreditado que la actuación de todos los profesionales interviene en el proceso de parto de la paciente fue correcta y adecuada a las normas”, incide.

En el único pronunciamiento que el Departamento de Salud y Osakidetza hacen sobre la condena por violencia obstétrica de la CEDAW, se limitan a relatar que una sentencia firme dictada en España concluía que actuó según los protocolos

Y añade: “El Departamento de Salud y Osakidetza trabajan por ofrecer todos los días, tanto en aquella ocasión como en el resto de actuaciones, una atención cercana y de calidad, adaptando la asistencia obstétrica a la evidencia científica y cambios sociales y culturales, buscando que el proceso de parto/ nacimiento sea una experiencia positiva e inolvidable, sin olvidar que debe salvaguardarse un marco de seguridad y excelencia”, remata el comunicado. El Parto Es Nuestro pedía entonces a las autoridades sanitarias vascas una rectificación de una respuesta que consideran ofensiva y pedía que acatara lo recogido en el dictamen.

Alkorta, que es quien ha conseguido este pronunciamiento junto a la abogada Francisca Fernández Guillén, no ha tenido más noticias de la Abogacía del Estado, que tiene un plazo de seis meses para pronunciarse, ni de Osakidetza. El Parto Es Nuestro teme que el logro conseguido por su socia quede en nada, como ocurrió con otro dictamen de febrero de 2020 pese a que, aseguran, la resolución del CEDAW es una decisión jurídicamente vinculante.

La reacción del Departamento de Salud de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) es “ofensiva”, dice el colectivo, que pide una rectificación. Sin embargo, esta forma de reaccionar mantiene la línea de otros pronunciamientos desde las autoridades sanitarias.

La reacción de los colegios profesionales

En julio del 2021, el  Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) negaba la existencia de la violencia obstétrica en un comunicado en el que señalaba que este término “no se ajusta a la realidad y criminaliza a los profesionales”. El colegio reaccionaba así al anuncio por parte del Instituto de las Mujeres de una serie de encuentros que servirían como punto de partida para un debate amplio sobre la reforma de la ley del aborto.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) se pronunciaba en septiembre de 2021 en el mismo sentido: el término “violencia” resulta inapropiado y podría deteriorar la necesaria confianza entre el médico y su paciente, argumentaba, o incluso enfrentar innecesariamente a las madres con los profesionales que mayor ayuda pueden prestarles en momentos tan importantes para ellas.

El CGCOM aseguró que el término “no se ajusta a la realidad y criminaliza a los profesionales” y la SEGO cree que el término “violencia” puede enfrentar a madres y profesionales

Solo la Sociedad Catalana de Ginecología y de la Academia de Ciencias Médicas de Catalunya —donde se da la particularidad de que existe una ley que sí aborda la violencia obstétrica— se ha desmarcado, mientras los postulados contrarios al uso del concepto se imponían en la redacción del la reforma de la ley del aborto. Así, después de que el Instituto de las Mujeres anunciara su intención de abordar la violencia obstétrica en esta ley, la idea decayó y el término “parto respetado” desplazó a “violencia obstétrica”.

El Ministerio de Igualdad explicaba en su momento que esto se debía al desacuerdo con el Ministerio de Sanidad en este punto, lo que El Parto Es Nuestro y otras organizaciones interpretan como un triunfo de la perspectiva biomédica que califican como “negacionista”. 

Así, el proyecto de modificación de la Ley Orgánica de Salud sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo fue aprobado en segunda vuelta el 30 de agosto en el Consejo de Ministros y remitido al Congreso para su tramitación.

Las mujeres hablan

En este contexto se inscribe la campaña Cuando las mujeres hablan lanzada este lunes 3 de octubre por El Parto Es Nuestro y PETRA Maternidades Feministas, que responde con testimonios de violencia obstétrica a las autoridades sanitarias que la niegan. Como este: Mi hijo nació. No me lo pusieron piel con piel, lo estaban explorando, dijeron. Por fin pasó el papá. En la sala había un silencio sepulcral. Mi hijo tenía una lesión de por vida causada por la forma en la que lo sacaron y nadie dijo nada”. O este: “Le pregunté que si me iba a hacer la Hamilton [un método mecánico para inducir el parto], me dijo que sí y yo le dije que no quería. Tratándome muy mal, se pusieron a hablar el médico y el enfermero con risas irónicas, diciendo: así nos va, como la del otro día, que hizo lo mismo y mira lo que le pasó, ellas sabrán... Me hicieron creer que a mi bebé podría pasarle algo. Aún así decidí negarme y me fui llorando desconsolada”. O este: “Nada más entrar sufrí la burla de una auxiliar por no querer epidural, posteriormente hacían y deshacían con mi cuerpo sin ningún miramiento ni opción a alternativa. Me obligaron a llevar vía y monitores constantes, lo cual impedía mi libertad de movimiento, que era uno de mis deseos reflejados en el plan de parto que me sellaron, pero que no respetaron para nada. O este: Me rompieron dos costillas tras realizarme varias veces la maniobra Kristeller sin pedirme permiso. No me la hizo un ginecólogo, ni una matrona, fue un auxiliar y dudo que estuviera formado en parto respetado y mucho menos que fuera consciente del daño que me ha hecho de por vida. Han pasado ya 12 años, fue en el parto de mi primer hijo. La herida física sanó, pero la emocional aún supura.

Más de 60 organizaciones del ámbito feminista, de la salud y de los derechos humanos apoyan esta campaña que propone las etiquetas  #EstoEsViolencia y #ViolenciaObstetrica

Son algunos de los casos que ha recopila esta organización para la campaña. Pero, pocas horas después de lanzarla el lunes 3 de octubre, las redes sociales de la asociación tenían ya más de 300 mensajes de mujeres que querían apoyar o contar otros diferentes.

Más de 60 organizaciones del ámbito feminista, de la salud y de los derechos humanos apoyan esta campaña que propone las etiquetas #EstoEsViolencia y #ViolenciaObstetrica para hacer visibilizar la violencia obstétrica. Entre ellas de encuentras organizaciones de pediatras y matronas.

La campaña se lanza solo tres días después de un pronunciamiento significativo, el del Consejo Fiscal que, propone incluir expresamente la violencia ginecológica y obstétrica como una forma de violencia contra las mujeres en el ámbito reproductivo.

Dos dictámenes 

El dictamen de julio de 2022 se suma a otro hecho público en febrero de 2020 referido a un caso ocurrido en un hospital gallego. Las recomendaciones de los dos dictámenes son muy similares.

El dictamen de 2020 contiene cuatro recomendaciones donde insta al Estado español a garantizar que la mujer sea informada y se requiera su consentimiento en todos los tratamientos invasivos durante la atención al parto. Además, pide a España que realice estudios sobre violencia obstétrica, que capacite al personal sanitario y que ponga medidas para garantizar que el personal judicial actúa sin estereotipos cuando debe pronunciarse sobre un caso de violencia obstétrica.

Violencia obstétrica
Violencia obstétrica Claves sobre los dos dictámenes de la ONU que piden a España actuar contra la violencia obstétrica
Las recomendaciones del último pronunciamiento incorporan un cambio que es fundamental: la situaciones de supuesto riesgo no pueden suponer una extinción automática de la autonomía de las mujeres.

El dictamen publicado en julio de este año contiene una diferencia significativas con respecto al de 2020. En primer lugar, añade una quinta recomendación que consiste en “establecer, publicitar e implementar una Carta de Derechos de los Pacientes”, un documento donde se establecerían los derechos y los deberes aplicables a todos los servicios sanitarios, lo que de alguna manera señala como insuficiente la Ley de Autonomía del Paciente. La segunda diferencia es crucial. Si el dictamen de 2020 recogía que el Estado parte debe requerir el consentimiento de las mujeres en todos los tratamientos invasivos durante la atención del parto “excepto en situaciones en las cuales la vida de la madre o del bebé esté en riesgo”, en el último dictamen esta excepción desaparece.

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Mi caso es una nimiedad comparado con los ejemplos expuestos en este artículo, pero sí una muestra más de la arrogancia y de la mala praxis de algun@s profesionales de la medicina. Aquel hombre me hizo sentir indefensa, humillada y como una mierda sin necesidad, por puro cretinismo.

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7/10/2022 16:40

Ánimo con la lucha por la AUTOGESTION de la salud. Entre todas lo lograremos. 💪💪💪🔥🔥🔥

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