Violencia machista
Victoria Rosell, sobre el sistema Cometa: “Llevaba más de diez años sin ofrecer mejoras”

“Las pulseras las tenemos desde 2009, el protocolo actual es el de 2013, y la verdad es que el sistema llevaba más de diez años sin ofrecer mejoras”. Así se expresa Victoria Rosell, delegada del Gobierno para la Violencia de Género de enero de 2020 a diciembre de 2023. Rosell era responsable de la delegación cuando se produjo la licitación y formalización del contrato para el Servicio integral de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición, el sistema Cometa.

Desde la semana pasada y después de que okdiario.es publicara una información sobre un fallo en la migración de datos recogido en la Memoria de la Fiscalía, el sistema está en entredicho con críticas de sindicatos policiales, trabajadores y testimonios en algunos medios del mal funcionamiento de las pulseras.

El fallo en la migración de datos tras un cambio de empresa adjudicataria de la gestión del sistema cometa, que el PP trata de convertir en “un nuevo sí es sí”, ha costado la reprobación de la ministra Ana Redondo en el Congreso

Tras minimizar el asunto la semana pasada, este lunes la ministra de Igualdad Ana Redondo anunció que se iba a licitar nuevamente el contrato y adelantaba la introducción de algunos cambios en los pliegos mientras seguía insistiendo en que el sistema es efectivo a pesar de haberse detectado incidencias localizadas.

El asunto, que el PP trata de convertir en “un nuevo sí es sí”, en sus palabras, ha costado la reprobación de la ministra Ana Redondo en el Congreso y ha motivado la comparecencia de la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, en la comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género en el Congreso de los Diputados. 

Telefónica se había negado a introducir mejoras

Rosell se muestra crítica con la situación que encontró el gabinete de Irene Montero con respecto a la empresa adjudicataria de gestionar el sistema Cometa. “La empresa anterior llevaba desde 2019 obligando a contratos directos o pretendiendo ir al negociado sin publicidad, cuando la ley de contratos del sector público lo que exige como norma general es que sea un contrato abierto, con competencia y con publicidad, salvo las causas que justifican un negociado sin publicidad como pueden ser causas artísticas, de exclusividad o de seguridad”. Esta situación obligó a realizar varias ampliaciones de contrato, explica.

Ante esta situación, lo que hizo el equipo ministerial “atendiendo a un criterio técnico —de IGAE, Abogacía del Estado y la división TIC— fue realizar un estudio de mercado. Ese estudio “nos desveló que había mejoras que podían perfectamente exigirse y que la empresa anterior decía que no eran técnicamente viables”.

La UTE formada por Vodafone y Securitas fue la única empresa que superó la licitación, adjudicándose el servicio por un total de 42,6 millones de euros, en un concurso al que no concurrió Telefónica

El Ministerio usó los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y anunció la licitación en julio de 2023. Se presentaron dos empresas, saliendo salió adjudicataria la UTE de Vodafone y Securitas, con una puntuación global de 87,5. La otra empresa no llegó a obtener puntuación suficiente y Telefónica, que había sido adjudicataria hasta ese momento, no se presentó, tal y como aseguró también Martínez Perza en su comparecencia de este jueves. “Cuando una empresa actúa así, lo que quiere es que se declare desierto, presumiblemente, para ir a un contrato negociado sin publicidad”, dice Rosell. 

De este modo, la UTE formada por Vodafone y Securitas fue la única empresa que superó la licitación, adjudicándose el servicio por un total de 42,6 millones de euros. Comenzó a operar el 8 de febrero de 2024.

Cometa no es el único medio de prueba 

Rosell insiste en que la incidencia que se han detectado afectan a la migración de datos pero en ningún caso han afectado a la protección de las mujeres. La Memoria de la Fiscalía, insiste, detectó fallos en el volcado de datos sobre el histórico del quebrantamiento, pero en ningún caso fallos defectos que se materializaran en una desprotección de las mujeres que portaban los dispositivos. 

Además, Rosell explica que este tipo de fallo no debería suponer un mayor número de sobreseimientos ya que no se trata del único medio de prueba. “La información del sistema Cometa no es el único medio de prueba para probar un quebrantamiento y lo lógico es que si te falla un medio de prueba, pedir la suspensión de la instrucción o del juicio hasta que llegue esa documentación”, explica.

Pulseras en propiedad

El estudio de mercado para valorar el funcionamiento del Sistema de seguimiento por medios telemáticos de las prohibiciones de aproximación impuestas en materia de violencia de género y violencia sexual al que se refiere la exdelegada “constata la conveniencia de pasar de un modelo de pago por uso, como el actualmente en vigor, a un modelo de compra”, recoge el documento. Tal y como se señala en las recomendaciones del estudio, “a nivel de costes, la compra de los dispositivos evidencia una reducción considerable de pago por uso” y “este hecho también se da potenciado en los casos que se usan aplicaciones de móvil dado que se puede utilizar el propio móvil de la víctima para la gestión de este rol”. 

El estudio concluye que “se percibe una ventaja importante escogiendo un modelo de contratación de servicio con pago de los dispositivos como inversión, frente a un pago adicional por el servicio de uso de estos” y que con este cambio “la reducción de coste global es muy alta”. Este es otro de los cambios que incluyó la nueva licitación, que incluye una asignación para compra de dispositivos.

Según Rosell, Telefónica había asegurado que algunas de las mejoras que solicitada el ministerio tras realizar un estudio “no eran posible técnicamente”

La nueva adjudicataria incorpora software que posibilita asignar a una persona más de un dispositivo, para casos en los que hay más de una víctima de un único agresor o más de un agresor para una única víctima, para que ni el agresor ni la víctima lleven más de un dispositivo. También incorpora un botón de emergencia conectado que puede pulsar independientemente del smartphone en caso de necesitarlo. Este dispositivo les permitirá emitir una alerta con un breve toque y sin necesidad de sacar el smartphone en ningún momento.

“La anterior adjudicataria había dicho que no era posible técnicamente el dispositivo multiagresor y tampoco había añadido un botón de alerta inmediato que algunas mujeres querían, lo que llaman ‘botón del pánico’”, rememora Rosell, que también recuerda que “había problemas con las baterías o problemas de cobertura en determinados lugares”.

Pedir responsabilidades

Rosell no niega que se produzcan incidencias, pero asegura que no son nuevas. Un informe de UGT titulado “La precariedad laboral en los servicios externalizados de atención a la violencia de género” y publicado en 2018 recoge el siguiente párrafo: “Desde 2016 la sección sindical de UGT del Centro Cometa y sus trabajadoras han denunciado frente a la opinión pública que la tecnología 2G de los dispositivos estaba generando cantidades ingentes de falsas alarmas y que el servicio mismo peligraba ante la inadecuación de los dispositivos puestos a disposición por la administración en 2009, ya obsoletos. Así, en la licitación de 2017 la administración incluyó la reposición de estos dispositivos sin una suficiente dotación económica, valoración con la que coincidieron tanto fuentes empresariales como sindicales. Ni siquiera Telefónica, que venía prestando el servicio desde su creación, se presentó a esta licitación, generando una ola de protestas de las y los trabajadores frente a la opinión pública en la que participaron los sindicatos”. 

“Incidencias ha habido siempre y no hay que negarlas”, dice Rosell. “Pero, sin duda, el sistema presenta mejoras”. Entre ellas, los dispositivos multiagresor y multivíctima, la posibilidad de botón de emergencia, la titularidad de los datos para el Ministerio de Igualdad o la previsión de atención psicológica para las operadoras, enumera.

“Si hay algún incumplimiento, también creo que es causa más que suficiente para abrir un expediente de penalidades y penalizar a las empresas que no hayan cumplido, la anterior o la siguiente”

La actual delegada del Gobierno para la Violencia de Género informó en su comparecencia de el jueves de algunos de estos cambios: la ampliación del uso de los dispositivos a las víctimas de violencia sexual, la instalación de nuevos dispositivos con una mayor autonomía y mejor localización, el que se ofrezca smartphones a las víctimas para no estigmatizarlas, o la utilización de dispositivos multiagresor y multivíctima, para que sólo se necesite uno, aunque puedan existir varios agresores. Se ha incorporado, asimismo, un botón SOS para contacto instantáneo de la víctima con el centro de control y se están dando los primeros pasos para que el sistema sea público, con dispositivos propios y de tecnología mejorada que antes eran de renting, con una plataforma que ya es propiedad del ministerio, como también la appinstalada en los dispositivos.

En cualquier caso, “si hay algún incumplimiento, también creo que es causa más que suficiente para abrir un expediente de penalidades y penalizar a las empresas que no hayan cumplido, la anterior o la siguiente”. “Creo que es evidente que se trata de degradar los servicios públicos feministas en general o de protección contra las violencias y en particular, los dispositivos de control de medidas judiciales de alejamiento, que por ahora ha protegido tanto a las mujeres que contaban con 4.000 dispositivos activos al año, ninguna mujer que lo llevara ha sido asesinada”.