Violencia machista
Anavid, Vox y redes internacionales de hombres maltratados: así se extiende el negacionismo en el Congreso

Así que por esa sala pasarán distintas voces en tres paneles sobre leyes de violencia de género, sus consecuencias y sus “víctimas reales”. Pero, pese a que el título ha llamado la atención por aludir de forma explícita a dos de los conceptos clave del sector negacionista de la violencia de género —“ideología de género” y “denuncias falsas”—, no es la primera vez que el Congreso se abre a este discurso ni es la primera vez que la misma sala tiene que preparar “todos los medios personales, técnicos e informáticos necesarios”, así como “la retransmisión vía streaming del acto” y un proyector para servir de altavoz a quienes niegan la violencia de género y califican la ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004 de inconstitucional.

Los abogados argentinos Patricia Anzoátegui y Rubén Melloni, ambos del Observatorio de Falsas Denuncias, o el policía Samuel Vázquez, portavoz de Vox para Inmigración, Interior y Seguridad, son algunos de los ponentes. En la lista está también Jesús Muñoz, vicepresidente de la Asociación Nacional de Ayuda a las Víctimas de Violencia Doméstica (Anavid), una asociación que Vox ha usado otras veces como muleta para hacer pasar su discurso antifeminista por una forma de dar voz a la gente de la calle.

La primera vez en el Congreso, un hecho “histórico”

El 20 de julio de 2022, Iván Espinosa de los Monteros, entonces diputado de Vox, presentaba en la misma sala donde se celebrarán estas jornadas una serie de ponencias en lo que calificaba como un acto “rompedor, único, histórico, el primero de su naturaleza”. Se trataba de las jornadas Las otras víctimas. Consecuencias reales de la ley de violencia de género. Espinosa de los Monteros era consciente de lo excepcional de la ocasión a pesar de la poca atención que había tenido la convocatoria: “En unas jornadas aparentemente discretas aunque muy pobladas de público, sin la atención de los medios de comunicación y sin que muchos se hayan percatado de ello, hoy los silenciados vais a recuperar la voz en esta casa”, decía en la apertura.

Vox abría así la puerta a una asociación creada apenas unos meses antes: aparece en el registro de asociaciones en enero de 2022. En su web, define como su misión “visibilizar la violencia doméstica y ayudar a todas las víctimas”. Sin embargo, solo hay que cambiar de pestaña en su web para ver quiénes son las víctimas que defiende esta asociación. De los 14 testimonios que presenta, en 13 apunta: “Agresor: mujer”.

Vox ha negado que tenga vinculación directa con Anavid, a pesar de que en 2022 eldiario.es hacía público que su presidenta, María Legaz, era afiliada del partido ultraderechista. A pesar, también, de que en esas jornadas de 2022 Carla Toscano se refiriese a Legaz como “nuestra presidenta”.

En aquella mesa quedó claro cómo Anavid coincide punto por punto y palabra por palabra con Vox: las leyes de violencia de género vulneran el artículo 14 de la Constitución —el que promulga la igualdad—, la violencia no tiene género, los hombres son víctimas de numerosas denuncias falsas y todo esto se sostiene gracias a los chiringuitos feministas. Anavid, como Vox, dice defender una “igualdad real” y luchar contra los “dogmas de género impuestos por la izquierda”. “Asimetría penal”, “derecho de autor”, “misandria” o “alienación” son otras de las palabras del glosario básico antifeminista que comparten. En este discurso no caben ni los datos del Consejo General de Poder Judicial sobre denuncias falsas, ni el número de huérfanos que se ha cobrado la violencia machista.

El vicepresidente de Anavid dice basarse en estudios para sostener que los niños y niñas sin figura paterna tienen mayor probabilidad de acabar en situaciones de pobreza, mayor fracaso escolar y mayores tasas de suicidio

En su intervención, Jesús Muñoz se explayó: según el vicepresidente de Anavid, “todos” los hombres de España van a ser denunciados alguna vez. Otro “dato” de Muñoz es que el 80% de los hombres denunciados son inocentes... pero Muñoz mezcla deliberadamente archivos, sobreseimiento libre y sobreseimiento provisional, sin que incluso juntando estas cifras el número sea coherente con la estadística del CGPJ.

Pero va más allá: Muñoz dice basarse en estudios para sostener que los niños y niñas sin figura paterna tienen mayor probabilidad de acabar en situaciones de pobreza, mayor fracaso escolar y mayores tasas de suicidio… Además, un estudio en Noruega, dice, descubrió que los niños que tienen custodias paternas están mejor alimentados. Muñoz se despidió con un “fuerza y honor”, un código muy usado en la manosfera, antes de recibir un caluroso aplauso.

¿Vox hablando en femenino? Sí. Las abuelas de Anavid

Anavid volvió al Congreso en enero de 2023, donde compareció, invitada por Vox, en la Subcomisión para la renovación y actualización del Pacto deEstado en materia de violencia de género, para decir que “se utiliza el dinero público para destrozar la vida de muchos hombres” y que existen “organizaciones criminales, dedicadas exclusivamente a la interposición de denuncias falsas por violencia de género”.

En 2025, de nuevos en unas jornadas organizadas por Vox, vuelve y lo hace, sorprendentemente, con un título en femenino: Abuelas silenciadas por el feminismo. Consciente tal vez de la incongruencia de que una asociación que dice defender a “todas las víctimas” pase solo el micrófono a hombres, Anavid se las arregló esta vez para dar un toque inclusivo.

En las ponencias se ahondó en quiénes son las “víctimas” de la ley de violencia de género. Esta vez, se trataba de abuelas “afectadas por las leyes de género” que iban a contar “cómo este tipo de leyes han destruido su familia y la presunción de inocencia y la igualdad ante la ley de sus hijos”, decían. 

La diputada de Vox, Rocío de Meer —que también es “vicepresidente de Vox”—, daba entonces las gracias a Anavid por haber tenido una idea “brillante” para denunciar la “infame” ley de violencia de género, a la que responsabilizan de que las abuelas allí invitadas, es decir, las madres de los socios de Anavid, no puedan ver a sus nietos por denuncias falsas presentadas contra sus hijos.

A continuación, cuatro abuelas apuntalaron este discurso en unas intervenciones regadas de nomenclatura antifeminista: “derecho penal de autor”, “feminismo desquiciado”, “leyes de incitación al odio”, “alienación”, “anulación de la presunción de inocencia”… Según estas mujeres, la ley de violencia de género, y también la Ley de garantía integral de la libertad sexual, hacen “desaparecer” a la familia paterna automáticamente tras una denuncia y condena a sus hijos con denuncias falsas.

Una de ellas repitió uno por uno los datos que citan constantemente Anavid y Vox: el 80% de los denunciados son inocentes y la cifra oficial del CGPJ, que indica que las denuncias falsas suponen el 0,01%, es mentira. Además, las madres son autoras del 70% de los filicidios de nuestros nietos y el 70% de los suicidios de hombres ocurren por estar inmersos en un proceso de violencia de género o de divorcio, se explayó sin citar ni una fuente ni un informe.

Una asociación anti-Irene Montero

La asociación negacionista tiene además en su currículum la lucha contra lo que considera otra infamia, el Ministerio de Igualdad de Irene Montero, y es también responsable de un puñado de convocatorias frente a la sede administrativa del Ministerio en la anterior legislatura: con el objetivo de cerrarlo, para protestar por el indulto a María Sevilla o una “por todas las víctimas”.

La denuncia que acabó en una condena contra la exministra de Igualdad en 2022 lleva también el sello de Anavid, ya que a esta asociación pertenece Rafael Marcos, expareja de María Sevilla, quien fue presidenta de la criminalizada asociación Infancia Libre, organización a la que se acusó de ser una trama criminal en una causa archivada por las incoherencias del informe policial. Sevilla, condenada en 2020 como autora de un delito de sustracción de menores por ocultarse con su hijo, fue luego parcialmente indultada.

En ese contexto, Montero expresó la “cada vez más firme” voluntad del Gobierno para desarrollar “políticas públicas que garanticen que los maltratadores no pueden asesinar a sus hijos e hijas, que no pueden vulnerar los derechos de esas mujeres y, por tanto, que somos capaces de proteger de forma efectiva a las madres protectoras”. Pese a que no mencionó de forma expresa el nombre de Rafael Marcos, el Supremo condenó a la ministra por vulneración del derecho fundamental al honor del demandante en aquel acto y por la publicidad que se le dio a sus declaraciones en Twitter.

Esta querella fue interpuesta con el apoyo de Anavid, que a finales de mayo de 2022 facilitó el número de cuenta de la organización con el objetivo de recibir donaciones para costear el proceso. Anavid dijo haber recaudado casi 100.000 euros gracias a 4.500 aportaciones, una cantidad que no se puede entender sin la movilización de periodistas, medios y youtubers machistas que apoyaron la petición, con mención destacada a Un Tío Blanco Herero (UTBH), promotor directo de la iniciativa en su canal y conocido por sus posiciones antifeministas.

Tramas organizadas

Los colectivos contra la ley de violencia de género no son nuevos. Desde la aprobación de la ley integral en 2004, el registro de asociaciones vio brotar diferentes organizaciones bajo los mismos supuestos que hoy defiende Anavid. Con nombres como Genmad, Avilegen, Hombres maltratados y denunciados en falso o SOS Papás, diferentes asociaciones de hombres denunciados se revolvieron contra los cambios de la ley integral.

Entonces, sin embargo, nadie les invitaba al Congreso de los Diputados y tenían poca repercusión social, con la excepción de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, creada por el juez Francisco Serrano, conocido por sus decisiones judiciales machistas. Serrano fue inhabilitado para la carrera judicial por ampliar un día y medio la custodia de un padre separado sobre su hijo, cambiando el régimen de visitas del menor establecido por otro juzgado, y posteriormente fue líder de Vox en Andalucía hasta 2020. De este sector, el judicial, vino la mayor batalla contra una ley aprobada por unanimidad en el Congreso: se presentaron más de cien cuestiones de inconstitucionalidad. El fuego quedó apagado en 2008: en mayo, el Tribunal Constitucional avaló la ley.

Hoy, el contexto es diferente. Por un lado, este discurso tiene campo libre para actuar en el Congreso, adonde Vox lleva una y otra vez sus teorías negacionistas. Por otro, estas asociaciones están más organizadas. Así, Anavid forma parte de Davia (Domestic Abuse and Violence International Alliance), una “red internacional” contra las denuncias falsas que agrupa a asociaciones de varios países. En la lista de asociaciones que pertenecen a Davia en Argentina se encuentra el Observatorio de Falsas Denuncias que ha sido invitado a las jornadas del Congreso. 

Otros nombres de asociaciones adheridas dejan poco lugar a la imaginación: Padres Por Justicia, de Ecuador, Padres Sin Gloria en Perú o Varones Unidos, de Uruguay, son algunos ejemplos. En España, la lista la integran la Asociación Por los Derechos de los Niños Custodia Compartida Extremadura, la Asociación para la Defensa de los Hombres Maltratados, Padres4Justicia, Movimiento Femenino por la Igualdad Real y Movimiento por los Derechos del Hombre además de Instituto de Política Social.

En 2021 se creó Davia (Domestic Abuse and Violence International Alliance), una “red internacional” contra las denuncias falsas que agrupa a asociaciones de varios países con nombres como Padres Sin Gloria en Perú o Varones Unidos en Uruguay

Esta última se presenta en su web como “una entidad cívica sin ánimo de lucro” que pretende “denunciar la transgresión que sufre la familia y defender el derecho a la vida”, “la unidad de España y la libertad religiosa”. Un vistazo a su feed de Instagram deja claros sus valores, con posts en defensa del Valle de los Caídos, varias formas de apoyo a campañas en contra del aborto o un agradecimiento a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por “su defensa de la familia natural”.

Todas ellas recogen información sobre el falso Síndrome de Alienación Parental y testimonios de “hombres maltratados”. Algunas ofrecen servicios de asistencia jurídica y psicológica. Pero, pese a servir de grupo de afinidad a quienes se sienten agraviados por un mismo problema, ofrecer asistencia jurídica y psicológica y vehicular el contacto muchas veces entre hombres denunciados —según ellos, en falso y con falsos informes—, hasta la fecha ninguna de estas organizaciones ha sido investigada como organización criminal, como sí ha ocurrido cuando son las madres las que se agrupan. 

Ocurrió en 2019, cuando la Policía elaboró un informe contra la Asociación Infancia Libre, que se dedicaba a hacer visible la violencia que sufrían ellas y sus hijos. Los parámetros que consideraba la Policía eran, entre otros, la existencia de denuncias, el haber consultado a una serie de profesionales jurídicos y médicos, y la pertenencia a una misma asociación. Este verano, varios artículos publicados en diferentes medios apuntan a que está volviendo a ocurrir: esta vez la Policía investiga una “red de madres protectoras”, en un déjà vu de lo que fue aquel caso, mientras el Congreso prepara sus medios personales, técnicos e informáticos para amplificar el discurso de quienes niegan la violencia machista.