Valencià
El Gobierno de Mazón lanza una votación para arrinconar el valenciano en las escuelas

El 4 de febrero se conmemoraba el nacimiento de Ovidi Montllor, quien ya advertía: “Hay gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense en catalán. Es la misma gente a quien no le gusta que se hable, se escriba o se piense”. El cantautor alcoyano, consciente del papel de la escuela en la preservación de la identidad lingüística, rindió homenaje a su maestra de infancia con la canción Homenaje a Teresa, un reconocimiento a quien, con esfuerzo y aprecio, transmite la lengua de generación en generación.

Una semana después de su cumpleaños, la Consellería de Educación publicaba las fechas oficiales de la consulta para decidir la lengua vehicular —valenciano o castellano— para el curso 2025-2026. Una medida que ha generado un intenso debate social, político y educativo, con posturas enfrentadas sobre el futuro del valenciano en la escuela y, en consecuencia, en la sociedad valenciana. Con un rechazo masivo, la comunidad lingüística, el personal docente, las familias y los sindicatos alertan que la consulta “arrincona” el valenciano y debilita la inmersión lingüística, mientras que la Consellería sostiene que se trata de una medida de libertad y elección para las familias.

Enmarcada en la ley Rovira, la consulta permitirá decidir, mediante votación, si se mantiene el valenciano —una lengua históricamente minorizada— como lengua vehicular o se reduce al mínimo exigido legalmente. Las familias votarán entre el 25 de febrero y el 4 de marzo y los resultados afectarán el alumnado desde el segundo ciclo de Infantil hasta los tres primeros cursos de la ESO, tanto en centros públicos como en concertados.

Una medida anunciada a Les Corts que provocó una fuerte respuesta social: más de 20 consejos escolares municipales, sindicatos y entidades lingüísticas se han posicionado en contra y han convocado manifestaciones para el próximo 22 de febrero. El proceso, paralizado inicialmente por la dana, se retomó con la publicación del orden definitivo en diciembre y, a pesar de las 4.400 alegaciones, las fechas oficiales de la consulta publicadas en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) se hicieron públicas el pasado 10 de febrero.

Una lengua vulnerable

La Consellería defiende la consulta como un ejercicio de libertad educativa, que otorga a las familias la capacidad de decidir sobre la lengua de enseñanza de sus hijos. En cambio, un reciente informe de la Universitat de València (UV) analiza la nueva normativa y destaca el uso equívoco del concepto de libertad educativa. Tal como el estudio matiza, la presentación de la libertad como un “valor supremo” es una falacia que enmascara una discriminación estructural del valenciano. Según explican desde las asociaciones en defensa de la lengua, “la ley Rovira pone en libre competencia dos lenguas que, de partida, tienen unas condiciones sociolingüísticas muy desiguales: el peso demográfico, el prestigio social o la presencia pública”.

La nueva ley, tal como los estudios y las entidades lingüísticas alertan, desprotege el uso instrumental del valenciano y lo aboca a una minorización más grave. La reducción de la presencia de la lengua se contrapone con la eficacia de la inmersión lingüística como herramienta, demostrada en territorios con lenguas minorizadas, como por ejemplo Cataluña o el País Vasco. Reducir la presencia elevada de la propia lengua, según exponen, podría generar un sistema escolar desequilibrado y complejo, que no garantizaría una competencia oral y escrita efectiva en ambas lenguas oficiales.

Entidades como Escoles Valencianes alertan que en las comarcas con predominio del castellano la nueva normativa “hace imposible que muchos alumnos logren una competencia básica en valenciano”

La consulta no solo impacta las zonas tradicionalmente valencianohablantes. La aplicación de esta medida revela asimetría entre las áreas de predominio histórico del valenciano y las de predominio del castellano. Entidades como por ejemplo Escuelas Valencianas alertan que en las comarcas con predominio del castellano la nueva normativa “hace imposible que muchos alumnos logren una competencia básica en valenciano”, lo cual podría profundizar la desconexión lingüística entre territorios y dificultar la cohesión social.

Ante estos argumentos, el informe insiste en la necesidad de mantener una presencia significativa del valenciano a las aulas para garantizar la competencia plurilingüe y preservar el patrimonio lingüístico del País Valenciano. Por su parte, Escuela Valenciana manifiesta de forma clara su opinión respecto a la ley: “Entramos, nuevamente, en un proceso de contraplanificació lingüística, previsiblemente el más grave que se ha conocido en democracia”.

Según el estudio L’educació plurilingüe al País Valencià, de Gerard Fullana, existe el riesgo que, por cuestiones de ratio, algunos alumnos acaben en grupos lingüísticos que no hayan elegido

Más allá de las implicaciones sociolingüísticas, también preocupa la gestión técnica de la consulta. La votación será telemática, con puntos habilitados en los centros para las familias sin recursos digitales. Además, los centros afectados por la dana podrán desplazarse en otras escuelas para votar, y, en caso de desacuerdo entre progenitores, hará falta una resolución judicial.

Aun así, hay dudas sobre la aplicación práctica. Según el estudio L' educació plurilingüe al País Valencià, de Gerard Fullana, existe el riesgo que, por cuestiones de ratio, algunos alumnos acaben en grupos lingüísticos que no habían elegido. “Si sobra alumnado de una lengua base determinada y hay plazas en un grupo de otra lengua, serán adscritos al grupo de la lengua que no han solicitado”, explica Rosa Oltra, portavoz de Famílies pel Valencià.

La confidencialidad de los resultados también genera inquietud entre la comunidad educativa. “La publicación puede provocar conflictos entre las familias. Nos han pasado una pelota que no nos corresponde”, lamenta Oltra, quienes alerta que “puede ser que haya personas que eligen desde el miedo y otras desde el odio”.

¿Hay libertad sin información?

A pesar de que la medida se refugie en el argumento que esta es un ejercicio de libertad, Familias por el Valenciano continúa preguntándose si es posible elegir libremente sin contar con toda la información necesaria sobre las consecuencias: “Cómo podemos elegir libremente sin saber que implica cada opción?”, se pregunta su portavoz. La organización ha impulsado más de 200 actos informativos en todo el territorio para visibilizar su preocupación: la posible marginación del valenciano como lengua vehicular. Famílies pel Valencià ha calificado la consulta de “trampa” y considera que su objetivo es arrinconar el valenciano en la educación.

La asociación considera que la Consellería está despreciando las familias al no ofrecer información clara sobre la consulta y su posible impacto en el sistema educativo. Desde la reciente organización en defensa de la lengua, argumentan que las familias necesitan conocer con antelación los proyectos lingüísticos de cada centro para poder tomar decisiones informadas, en especial, en la hora de elegir el centro donde cursarán sus hijos e hijas el próximo año escolar.

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) CEIP Lluís Vives, Gabriel Císcar, la Carrasca y Gregori Mayans han denunciado que la Consellería de Educación los ha obligado a retirar pancartas que animaban las familias a elegir el valenciano

Por otro lado, STEPV ha denunciado las coacciones de determinados inspectores e inspectoras en los centros educativos para evitar campañas de promoción del valenciano, la realización de actas sobre la consulta o, incluso, la celebración de consejos escolares para abordar la consulta. Marc Candela Ruiz, Coordinador de Acción Sindical de STEPV, lo ejemplifica con uno de los casos más evidentes, ocurrido en los centros educativos públicos de Oliva.

Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) CEIP Lluís Vives, Gabriel Císcar, la Carrasca y Gregori Mayans han denunciado que la Consellería de Educación los ha obligado a retirar pancartas que animaban las familias a elegir el valenciano en la consulta a raíz de la denuncia de Escuela de Todos, entidad que promueve el castellano como única lengua vehicular. El Sindicato ha expresado su rechazo hacia cualquier coacción contra la libertad de expresión o la promoción del valenciano, avalada por el Estatuto de Autonomía y la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

La ley Rovira, un retroceso para los derechos lingüísticos

Más allá de esta medida, son muchos los derechos lingüísticos que el lanzamiento de la llamada ley Rovira ha vulnerado. La nueva normativa introduce cambios sustanciales que, según los estudios y las entidades lingüísticas, debilitan la posición del valenciano en el ámbito educativo e institucional. Acciones que desde Escuela Valenciana han calificado como una “contraplanificació lingüística”.

En primer lugar, se ha suprimido el Consejo Social de las Lenguas así como la Oficina de Derechos Lingüísticos, eliminando un espacio de participación ciudadana y de asesoramiento en políticas lingüísticas. Además, se ha eliminado la Ley 4/2018, que regulaba el plurilingüismo en la educación, y se han retirado los artículos del Decreto 61/2017, que fomentaban el uso del valenciano en la Administración. La derogación de la exigencia del C1 de valenciano para los inspectores educativos y la eliminación de la Orden 90/2013, que catalogaba lugares con requisito lingüístico, completan este conjunto de medidas que, según denuncian las organizaciones afectadas, ponen en riesgo la protección y promoción del valenciano.

Un grito colectivo por el “sí al valenciano”

La implantación de la ley Rovira ha provocado una respuesta contundente de entidades educativas y lingüísticas. Escola Valenciana, con la colaboración con otras entidades, ha lanzado la campaña “Elige Valenciano” para movilizar la comunidad educativa en la votación. “La elección de la lengua vehicular condicionará el futuro de nuestros hijos e hijas y, por lo tanto, es muy importante que reflexionemos sobre el que estamos eligiendo y sobre los beneficios que tiene estudiar en valenciano, un modelo de éxito lleno de oportunidades de futuro”, opinan desde Famílies pel Valencià.

Es por eso que la Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública ha convocado concentraciones masivas el sábado 22 de febrero a las tres capitales de provincia para decir “sí al Valenciano”. Paralelamente, Acción Cultural del País Valenciano (ACPV), Famílies pel Valencià y un grupo de familias de Russafa han presentado un recurso al TSJCV para suspender cautelarmente la consulta, mientras la Ley 1/2024 está pendiente de una resolución constitucional. “La protección y promoción del valenciano en el ámbito educativo son esenciales para garantizar la equidad lingüística y la cohesión social. Cualquier decisión que afecto este ámbito tiene que ser tomada con rigor, respecto al marco legal vigente y en los estudios científicos adecuados”, han declarado las portavoces de las entidades denunciantes.

La polémica sobre la lengua vehicular en las escuelas valencianas transciende la mera elección lingüística. Más allá de eso, la consulta parece utilizar el valenciano —una lengua que lucha para mantenerse viva— para esconder un enfrentamiento entre modelos educativos y valores culturales. Detrás de una lengua hay cultura, historia, pueblo, cohesión social e identidad. En nombre de todas las Teresas y de todos los Ovidis, la comunidad educativa en defensa por el valenciano pide que se tenga en cuenta el impacto de este resultado en la educación, la sociedad y el futuro del valenciano como patrimonio colectivo.