València
Víctimas de la dana piden quitar el aforamiento a Mazón mientras que la Fiscalia no respalda acusarle aún

Tras la decisión de la jueza instructora, Nuria Tobarra, de elevar una exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) sobre una posible investigación de Mazón, el fiscal superior de la Comunitat Valenciana, José Ortiz, se ha pronunciado y no secunda, aún, una acusación contra el expresident. No obstante, tampoco la descarta, pero propone que la instrucción siga en Catarroja y que la jueza indague más en la cuestión. De esta forma, la Fiscalía facilita a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la posibilidad de rechazar la imputación de Mazón y devolver la causa de la dana a la jueza instructora, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, para que siga investigando en busca de indicios que avalen una posible imputación del expresident, aforado por su condición de diputado autonómico en activo. 

Aunque en su escrito el fiscal Ortiz no ve aún “datos o indicios con suficiente solidez para justificar” encausar a Mazón, tampoco descarta la hipótesis de que el 29 de octubre de 2024 Mazón transmitiera órdenes a la consellera Salomé Pradas a través de sus subordinados, como por ejemplo, su jefe de gabinete, José Manuel Cuenca. Recordemos que en la instrucción ha quedado acreditado, a través de las conversaciones de Whatsapp que presentó la exconsellera y una de las dos acusadas, que este último, cuando Pradas le informó de que iban a enviar el Es-Alert, le dijo, “Salo, de confinar, nada”.

Pero la fiscalía considera que estos mensajes no acreditan suficientemente que Mazón estuviera en la cúspide de la cadena de mando y señala que en esta fase de la investigación, “no existe la certeza de que tales instrucciones o requerimientos hubiesen tenido lugar, si bien no es descartable que dicho panorama probatorio pudiera variar a lo largo de la instrucción”.  El fiscal considera que no figuran en la investigación órdenes directas o instrucciones emitidas por el expresident a sus subordinados. En este punto, cabe recordar que el principal señalado por trasmitir esas posibles indicaciones, su jefe de gabinete y compañero de piso en València, Jose Manuel Cuenca, no conserva en su terminal los mensajes del dia de la dana, y de momento, no se ha podido recuperarlos.

Con esta precisión la fiscalía parece descartar la negligencia, es decir, el hecho de que Mazón no hiciera nada y estuviera en el Ventorro tranquilamente no supondría un elemento delictivo. Ahora será la Sala de lo Penal del TSJCV (con cuatro jueces conservadores y uno progresista) la que tiene que decidir si acepta o rechaza la imputación, o si devuelve el procedimiento a la magistrada instructora, instándole a acumular más indicios contra el expresident. 

Una asociación de víctimas pide que no se considere el aforamiento de Mazón para que lo pueda imputar Ruiz Tobarra

Por su parte, desde una de las acusaciones, ejercida por la Associació Víctimes de la dana 29 Octubre 2024, piden a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que impute al expresident Carlos Mazón por su “conducta de pasividad, ajenidad, abandono, inacción y total omisión de sus funciones de dirección y coordinación del Consell” y la “grosera negligencia con resultado mortal y lesivo”.

Además, la entidad también plantea dudas acerca del aforamiento de Mazón como diputado, ya que consideran que esta afecta “ únicamente a sus acciones como parlamentario regional, que no es el caso”. Señalan que los hechos sucedieron cuando era miembro del Consell y que “el delito imputado no guarda relación directa con la función pública que ahora desempeña, pudiendo acordarse la inaplicabilidad del aforamiento por interpretación restrictiva de la excepcionalidad del juez predeterminado por la Ley”, explica el escrito de alegaciones, que alude a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura sobre el aforamiento del exlíder socialista Miguel Ángel Gallardo, en el caso del hermano de Pedro Sánchez.

Las víctimas recuerdan que Mazón “mantuvo su agenda pública durante toda la mañana” y “no realizó ninguna gestión en relación con la dana”

La asociación solicita a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV que investigue a Mazón, y admita la exposición razonada por la jueza instructora. Esto abriría un procedimiento penal contra el exjefe del Consell, que abarcaría, según consideran, los presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave. De aceptar este supuesto, el tribunal debería designar un magistrado instructor que procediera a citar a Mazón en sede judicial para declarar como investigado. 

En su razonamiento, presentado en forma de alegaciones, la entidad considera “palmario” el nexo causal entre el “resultado mortal y lesivo” y la “falta de medidas y avisos de protección civil” por parte de la Generalitat Valenciana. Las víctimas recuerdan que Mazón “mantuvo su agenda pública durante toda la mañana” y “no realizó ninguna gestión en relación con la dana”. Algo que ya le incrimina como negligente por no haber estado “en el lugar que le correspondía, en el momento que le correspondía y gestionando lo que le correspondía para proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos”, según el escrito. 

El escrito de alegaciones de la Associació Víctimes de la dana 29 Octubre 2024 considera que la exposición razonada de la jueza Nuria Ruiz Tobarra cuenta con una “solidez jurídica que no deja resquicio para no implicar” al exjefe del Consell en los hechos investigados. La magistrada, a juicio de la acusación, ha “objetivado escrupulosamente todos los datos que otorgan merecimiento a la eventual responsabilidad penal” de Mazón.

La exconsellera acusada Pradas pide que el TSJCV asuma la causa y la archive

Por su parte, Salomé Pradas, una de las dos personas actualmente investigadas en la causa, ha solicitado al TSJCV que asuma la causa, pero no para investigar, sino para archivarla. La exconsellera pide “el sobreseimiento libre” de la causa, aunque señala que, de no aceptar esta petición, “subsidiariamente, de estimarse la existencia de indicios para investigar al diputado de las Corts Valencianes, don Carlos Mazón Guixot, sea el TSJCV quien asuma sin más dilación toda la causa”.

La defensa de Pradas argumenta que “los hechos objeto de instrucción carecen de relevancia penal. La pérdida de vidas humanas, profundamente lamentable, fue consecuencia directa de una catástrofe natural de magnitud imprevisible, cuyo desarrollo vertiginoso anuló cualquier capacidad de reacción humana efectiva”. También replica otra de las posiciones que ha venido manteniendo el PP y la propia Pradas, la teoría —desacreditada en la instrucción— del apagón informativo. Esta semana, un miembro de la UME presente en el Cecopi, ha declarado que sí eran conscientes del peligro del barranco del Poio, algo que Pradas niega tajantemente.

De hecho, en su escrito, la defensa de Pradas insiste en que el Es Alert de las 20.11 horas se envió “para alertar de la posible rotura de la presa de Forata a las 20.11h cuando la rotura estaba prevista a las 21 horas. Es decir: se actuó con absoluta diligencia en relación a la información de que se dispuso, cumpliendo el protocolo a rajatabla. El único elemento en el que se sustenta la investigación es el envío tardío de una alerta que no forma parte del plan de inundaciones (ni tiene protocolo alguno de cuándo enviarlo y con qué contenido) para alertar de un fenómeno del que la propia CHJ dijo que cuando se conoció ya era demasiado tarde y no había margen para actuar. De haberse tenido otra información, es evidente se hubiera actuado de otra manera”.