València
Una familia hispano-colombiana denuncia que los Servicios Sociales trataron de quitarle a sus hijos

“Nos quitaron a los niños en cuatro horas. Sin juicio, sin pruebas, sin escuchar nuestras razones. A mi hija lactante le arrebataron el pecho y a mí, la confianza en un Estado que dice proteger”. Con estas palabras empieza el testimonio de Paco Giner, ciudadano español, escultor y profesor universitario, que vivió junto a su pareja y sus hijos una pesadilla orquestada por los Servicios Sociales en el municipio de Chella, en la comarca valenciana de la Canal de Navarrés.

A su llegada desde Medellín, Colombia, en diciembre de 2023, Paco y su familia —su pareja Antonia, de nacionalidad colombiana, sus hijos Salomón y Lucrecia, y la madre de Antonia, Lourdes— aterrizaron con la esperanza de reconstruir sus vidas en España. Lo que encontraron, sin embargo, fue un sistema desbordado de prejuicios, negligencia institucional y una política de 'protección del menor' que, bajo el barniz de lo legal, oculta prácticas que rozan el secuestro institucional.

Desamparo desde el minuto uno

Al llegar al aeropuerto, la familia sufrió la pérdida de las maletas, donde se encontraba la medicación psiquiátrica de Antonia y Lourdes, ambas diagnosticadas con trastorno bipolar. La imposibilidad de acceder a la medicación en tiempo y forma derivó en un episodio de descompensación. Este fue el pretexto que los Servicios Sociales utilizaron para retirar a los menores en cuestión de horas.

Lucrecia, una bebé lactante de siete meses, y Salomón, de apenas dos años, fueron separados de sus padres en un proceso marcado por la falta de garantías, sin orden judicial, sin evaluar adecuadamente la situación, y sin considerar las pruebas presentadas por Paco para demostrar que podía ejercer la custodia de sus hijos.

“Nos acusaron de malnutrición, de maltrato, incluso de que la niña de siete meses no controlaba esfínteres. Todo está en los informes: falsedades, exageraciones, sesgos”, denuncia Giner. Según relata, ninguna de las pruebas que aportó —documentación médica, informes de salud infantil de Colombia, solvencia económica, títulos de propiedad, apoyo familiar— fue tenida en cuenta por las asistentas sociales a cargo del caso.

El prejuicio como política de protección

Más allá del caso puntual, esta historia revela una peligrosa tendencia en la actuación de los Servicios Sociales: la aplicación sistemática de prejuicios racistas, clasistas y capacitistas a la hora de valorar la idoneidad parental. “Nosotros no encajábamos en su modelo: una familia racializada, sin papeles en regla, con antecedentes psiquiátricos, pero perfectamente funcionales durante años. No veían personas, veían un perfil problemático que había que eliminar del sistema”, explica Paco.

La madre, Antonia, firmó una cesión 'voluntaria' de la custodia mientras estaba en pleno brote psicótico, sin tutela legal, sin asistencia jurídica y “bajo presión directa de la asistenta social, en la misma comisaría de policía”, según su relato. La legalidad del procedimiento es más que cuestionable, especialmente teniendo en cuenta que poco después Antonia fue ingresada en el hospital psiquiátrico de Xàtiva durante más de un mes. Su madre, Lourdes, también fue hospitalizada hasta la expiración de su visado.

Durante seis meses, los niños permanecieron con una familia de acogida. Giner denuncia que “una fuente sanitaria le alertó de que existía interés en dar a la pequeña Lucrecia en adopción, posiblemente debido a su aspecto físico —blanca, rubia y de ojos azules—, lo que habría facilitado su inserción en familias adoptantes de clase media o alta”.

El castigo por reclamar justicia

A pesar de la ausencia de juicio y de que la denuncia de abandono fue sobreseída, Paco y su abogada solo lograron recuperar a los niños tras detectar posibles irregularidades legales en el actuar de las funcionarias implicadas. “La sospecha de un intento de prevaricación fue la llave para desbloquear un proceso marcado por la opacidad” asegura Giner.

Pero lejos de cerrarse el capítulo, el retorno de los niños supuso un recrudecimiento del hostigamiento. “Empezaron las amenazas telefónicas, las falsas acusaciones y una vigilancia que nos hizo sentir completamente vulnerables. Tuvimos que abandonar el país por seguridad”, relata.

No es un caso aislado

Giner no quiere quedarse solo en la denuncia de su caso. Asegura conocer otras situaciones similares en la comarca: madres solteras, familias migrantes, personas con dificultades económicas o con problemas de salud mental, a las que se les arrebatan los hijos sin garantías judiciales ni apoyo real. “Se trata de un sistema que confunde vulnerabilidad con peligrosidad, y que responde con castigo en vez de con cuidado — explica—. En lugar de ofrecer recursos, arrebata a lo más valioso: los hijos."

Aunque Paco reconoce que el problema “podría tener un origen estructural dentro de los Servicios Sociales”, lo que realmente denuncia es la responsabilidad individual de quienes toman decisiones sin asumir errores, incluso frente a evidencias claras. En su caso, señala directamente a una técnica de Servicios Sociales, “ quien actuó por iniciativa propia y se mantuvo firme en su postura pese a los hechos”. Además, critica la falta de supervisión por parte de “ la responsable de los Servicios Sociales de la Mancomunidad de la Canal de Navarrés, por no recabar la información necesaria ni realizar un seguimiento adecuado del trabajo de la técnica a su cargo”.

Con la Diputación de València, institución que asumió temporalmente la tutela de sus hijos, Giner —aunque tampoco se sintió bien tratado— reconoce haber “recibido un trato mucho mejor por parte de algunos asistentes”. Sin embargo, la familia también se encontró con un muro. Aun así, matiza: “No podemos reprocharles de la misma manera, ya que esta institución se basa en los informes que recibe de los Servicios Sociales, lo que hace muy difícil tener una visión objetiva y real de la situación”.

A lo largo de los años, El Salto ha documentado diversos casos de lo que muchas familias describen como secuestro institucional. Historias como la de una familia de Gambia , la de Mila —argentina— y Daniel —español— , o la más reciente de Lucía y Viorel, una pareja rumana , comparten un patrón inquietante: todas las víctimas son familias migrantes, racializadas y empobrecidas. Padres y madres denuncian la manipulación de informes, decisiones arbitrarias y una mirada institucional profundamente racista y clasista.

En los casos de Gambia y de Mila, los menores fueron devueltos tras una intensa movilización social. Lucía y Viorel, sin embargo, siguen luchando por recuperar a sus hijos.El caso de Paco Giner introduce una variable distinta: él es ciudadano español, domina el idioma y tuvo recursos para acceder a representación legal. “Denuncio porque esto es una injusticia gravísima: estamos hablando del robo legalizado de niños”, sentencia Paco.