Menores tutelados
Una pareja exige a Servicios Sociales de València que les devuelvan a sus hijos

Lucía Ruse y Viorel Namasia son una pareja gitana de origen rumano residentes en Benicalap, València. Lucía, que lleva cinco años en la ciudad, es madre de cuatro niños —dos chicos y dos niñas—, los tres últimos, hijos también de Viorel, con nueve años de residencia y que lee, escribe y entiende español no sin dificultades. Con ayuda de su vecino, Andrés, la pareja arrastra una larga lucha por recuperar a sus hijos, tratando de apoyarse en el Consulado de Rumanía en Castellón y bajo la asesoría de la ONG València Acull. Ana Cañizares, la abogada de oficio del caso de la última de las hijas, ha presentado un escrito de oposición a la quita de custodia en el juzgado correspondiente, solicitando el expediente para poder presentar la demanda. Ambos progenitores aseguran que los Servicios Sociales “han dado en acogida a sus hijos porque son pobres”.

Los padres de las criaturas aseguran que su vida ha sido “un calvario” desde que les retiraron a su primer hijo. Al no ser castellano-parlantes, les es complicado, dicen, dar seguimiento al trabajo de las y los abogados de oficio: “Ha habido ocasiones en que nos han cambiado hasta tres veces de abogados en la misma semana, tenemos un abogado por cada hijo”. expresan. Para ellos, “hay dos velocidades, por un lado los abogados de oficio tardan periodos largos para presentar escritos a los jueces, mientras que los plazos de Servicios Sociales para exigir documentación es muy rápida”. Les quedan apenas dos meses para cumplir dos años de la retirada de dos de sus hijos, y ante una situación que valoran como “insoportable” han decidido contar su caso: los plazos, dicen, apremian porque “una vez se cumple ese plazo, luego ya es muy difícil recuperarlos, porque se dan en adopción y entras en otros procesos judiciales con la familia de acogida”.

Este tipo de casos de quita de custodia por parte de Servicios Sociales, que el matrimonio denuncia que a menudo se basan en criterios clasistas y racistas a migrantes pobres o gitanos que no saben castellano y no se pueden defender adecuadamente, no es novedoso. El Salto ha documentado el caso de una pareja de Gambia y de una pareja argentino española, las cuales recuperaron a sus hijos en un periodo relativamente breve de tiempo, pero otros progenitores siguen en espera. La pobreza y la falta de fuerza de un movimiento social articulado son las razones para que se alarguen en el tiempo. En todos los casos, las y los activistas que les acompañan plantean siempre la misma inquietud: “Si debe prevalecer el bien del menor, ¿por qué no se brinda una alternativa de vida digna a la familia, antes de retirar a las niñas y niños?”.

Las activistas que les acompañan plantean siempre la misma inquietud: “Si debe prevalecer el bien del menor, ¿por qué no se brinda una alternativa de vida digna a la familia, antes de retirárselos?”

En la carta al consulado de Rumanía redactada por su vecino, a solicitud de Lucía y Viorel, los padres señalan que en 2021 fueron retirados los primeros tres niños con el argumento de encontrase en situación de desamparo. Sin embargo, aseguran que ahora “vivimos en un piso de alquiler y con contrato”. Además, Lucía consiguió trabajo como empleada del hogar con el hermano de Andrés durante seis meses y ahora cobra la Renta Valenciana de Inclusión. Viorel, por su parte, tiene ingresos como chatarrero.

Entre las causas para el acogimiento que entienden forzoso de los primeros tres hijos por parte de Servicios Sociales, se encontraba también, según la pareja, la de “una supuesta drogadicción de la madre”, situación que Lucía niega rotundamente y que además recuerda que “no se le practicó ningún análisis, ni hay ningún informe médico que lo asegure”, e insiste en que ella no tiene ningún problema en realizarse pruebas para comprobar que no consume drogas y que es una persona sana. “El único malestar que tengo es la ansiedad y la depresión de no poder ver a mis hijos”, señala la madre.

Su cuarta hija, Rebeca Eugenia Namasia nació el 23 de junio de este año en el Hospital Clínico Malva-Rosa de València. Lo que normalmente hubiera sido un momento de festejo se empañó enseguida, lamenta la pareja, ya que Viorel asegura que desde que nació, los Servicios Sociales han querido retirársela. “Le hicieron firmar a Lucía un documento en castellano en el mismo hospital, justo después de parir, que no entendió hasta que después otra persona se lo tradujo”. Como prueba, consta en un documento oficial, que en el momento de dar a luz en el hospital, se personó una trabajadora social y un vigilante del hospital para retirar a la menor. Los padres se negaron y se la llevaron a casa. A pesar de los intentos por contactar en varias ocasiones con la trabajadora social que lleva el caso para recabar su versión sobre todos los aspectos denunciados por la pareja, la misma no ha accedido a ser entrevistada.

Por otra parte, los argumentos para la quita de custodia forzosa por parte de la abogada de la Generalitat, Patricia Sapena, son la situación de desamparo de la menor, tal como consta en el documento para la solicitud de entrada a domicilio para ejecución forzosa de medidas de protección de menores. Sin embargo, la familia incide en que tienen un piso en alquiler con contrato. También se utilizó como argumento, “la retirada de la custodia de sus tres primeros hijos y la existencia de problemas de violencia de género e intrafamiliar”. Existen dos denuncias, “una por parte de Lucía y otra por parte del hijo mayor, por violencia psicológica, nunca física”. Sin embargo, Andrés, que ha convivido con ellos, asegura que “la relación es normalizada y que incluso Viorel ha hecho un curso sobre violencia de género que le pidió Servicios Sociales”. Sobre el argumento de la violencia de género, Lucía señala que “claro no somos perfectos, pero nos queremos. Todos los días pensamos en nuestros hijos y Viorel ha demostrado hace mucho tiempo que somos una pareja de igual a igual”.

Debido a estos tres elementos, el desamparo injustificado, la inercia por la quita de custodia de los primeros tres hijos y los antecedentes de violencia de genero, la abogada de la Generalitat propuso que, tras la retirada de la niña con el apoyo de las fuerzas de seguridad, esta institución asumiera su tutela y se diera en acogida a la menor.

Entre otras violencias narradas por los padres, los servicios sociales le amenazaron, según Viorel, con quitarle una ayuda económica si no entregaba a la niña, debido a lo cual rechazó verbalmente cualquier ayuda de la Generalitat: “Me chantajearon para que entregara a mi hija recién nacida, entonces las rechazamos”, asegura. Tras varios intentos por impedir la quita de custodia por la vía judicial, finalmente cuentan que la policía se llevó por la fuerza a la niña de su domicilio el pasado 13 de julio sin tener en cuenta las alegaciones de su abogada. “Un día llegaron como 15 policías afuera de mi casa y nos arrebataron a Rebeca”, cuenta Lucía, visiblemente afectada. Según un vecino testigo de lo sucedido aquel capítulo fue “una violación a los derechos humanos muy grave, quitarle una niña a sus padres, solo por ser pobres”.

La carta de auxilio al consulado de Rumanía en Castellón termina asegurando con convencimiento que “nunca vamos a conseguir vivir en familia en España”, por lo que suplica a las autoridades de su país que “ponga a nuestra disposición los medios jurídicos y de apoyo necesarios para recuperar a nuestros hijos y volver juntos a Rumanía”. A pesar de todo el sufrimiento, Lucía y Viorel, aseguran a El Salto que van a hacer lo que sea necesario para recuperarlas.