València
La Generalitat planea contratar personal directivo privado para gestionar centros públicos

La Conselleria de Sanidad valenciana ha presentado a los sindicatos un borrador de Decreto del Consell por el que se aprueba el reglamento de selección y provisión de plazas de personal estatutario del Sistema Valenciano de Salud.

El texto, todavía en negociación, introduce cambios profundos en la organización sanitaria: amplía la movilidad forzosa del personal, consolida las controvertidas Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI) y abre la puerta a que personas ajenas a la Administración dirijan centros públicos mediante contratos de alta dirección.

Un decreto de “ordenación del personal” que ordena mucho más que eso

El borrador del “Reglamento de selección y provisión del personal estatutario” que la Conselleria ha remitido a la Mesa Técnica va mucho más allá de actualizar procedimientos selectivos. Desde Intersindical Salut-IV señalan que el documento reorganiza de forma sustancial las condiciones laborales del personal sanitario y consolida medidas que en los últimos años han generado preocupación en los centros de trabajo, como la movilidad forzosa o la ampliación del poder discrecional de las direcciones.

El texto establece que el ámbito del nombramiento del personal no será ya el centro sanitario, ni siquiera el departamento, sino que queda supeditado a la movilidad dentro de las Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI). Estas macroestructuras, que la Conselleria implantó mediante decreto en 2024, han generado una enorme contestación en plantillas y sindicatos por facilitar la redistribución de profesionales sin negociación ni criterios transparentes. Con el nuevo borrador, las ASI dejarían de ser una herramienta excepcional para convertirse en el eje organizativo del Sistema Valenciano de Salud.

Movilidad forzosa a 45 kilómetros: la normalización de la inestabilidad

El Artículo 26 del borrador contempla que el personal pueda ser desplazado hasta 45 kilómetros por “razones organizativas o asistenciales”, sin negociación, con una simple información a la Junta de Personal. Razones que el propio decreto no define y que, según fuentes jurídicas consultadas, en la práctica permitirían una enorme discrecionalidad administrativa.

Por encima de 45 kilómetros se exige un “plan de ordenación de recursos humanos”, aunque el decreto no especifica qué debe incluir ni obliga a evaluar el impacto sobre el personal afectado. El modelo, según dichas fuentes, podría consolidar una movilidad basada en necesidades estructurales no resueltas, sin garantías de participación ni protección efectiva de los trabajadores.

El borrador también refuerza las comisiones de servicio forzosas por “necesidad urgente”, una figura que ─señalan desde el sindicato─ puede utilizarse para cubrir déficits estructurales con personal desplazado de forma obligatoria. Al mismo tiempo, prevé nombramientos provisionales que pueden prolongarse en el tiempo sin que exista obligación clara de convocar el puesto de manera definitiva.

Ambas medidas según los expertos consultados, pueden debilitar los principios de mérito, capacidad y estabilidad que deberían regir en la función pública.

La bomba política: directivos privados al mando de centros públicos

Uno de los elementos más alarmantes del borrador es el artículo que permite realizar nombramientos provisionales en puestos directivos a personas ajenas a la Administración, vinculándolas mediante un contrato de alta dirección, una figura propia del sector privado.

“Esto supone introducir en la dirección de hospitales y centros públicos a perfiles provenientes de empresas sanitarias, consultoras o aseguradoras, aplicando modelos de gestión empresarial dentro de instituciones públicas financiadas con fondos públicos”, aseguran los juristas consultados.

La alta dirección, además, permite salarios, bonus y condiciones completamente distintas a las del personal estatutario, e implica ceses discrecionales

La alta dirección, además, permite salarios, bonus y condiciones completamente distintas a las del personal estatutario, e implica ceses discrecionales. Intersindical Salut-IV advierte que esta medida “es una vía clara para consolidar puertas giratorias, reforzar la lógica gerencialista y entregar decisiones estratégicas a perfiles que no forman parte del sistema público”.

Una reforma estructural camuflada de gestión técnica

Aunque el decreto se presenta como un simple reglamento de selección y provisión de personal, el análisis de las fuentes jurídicas y sindicales consultadas coincide en que la propuesta tiene un alcance estructural: reorganiza el mando directivo, flexibiliza la movilidad interna y amplía el margen de decisión de las gerencias y direcciones sin aumentar los mecanismos de control. El personal sanitario queda más expuesto a desplazamientos forzosos, menor estabilidad profesional y decisiones verticales que no pasan por negociación colectiva.

La posibilidad de incorporar directivos externos mediante contratos privados redefine el modelo organizativo del sistema sanitario valenciano, en una línea más cercana a la gestión empresarial que a los principios de la función pública.

La negociación en Mesa Técnica será decisiva, pero el contenido del borrador muestra con claridad la línea de reorganización del sistema sanitario que impulsa la Conselleria bajo la dirección de Marciano Gómez. Desde Intersindical Salut-IV señalan que, si el decreto avanza en estos términos, la organización ya prepara movilizaciones en defensa de los profesionales y del sistema público de salud.