València
El camino de las víctimas del metro de València para buscar justicia

Aquel mediodía del 3 de julio de 2006, un convoy de metro descarriló cerca de la estación de Jesús, en València. 43 personas perdieron la vida y 47 más resultaron heridas en un siniestro que pudo haberse evitado. El tramo no disponía de señalización correcta ni de medidas de frenado automático en caso de exceso de velocidad. Algo que las autoridades responsables, los directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana(FGV), entonces bajo el mando político del president de la Generalitat Francisco Camps, se negaron a investigar convenientemente, apresurándose por imponer en la opinión pública que todo se debió a un terrible error humano del maquinista, muerto en el acto.

La tragedia de Adamuz, el accidente ferroviario que se ha cobrado la vida de 45 personas, ha hecho revivir aquello a los familiares de las víctimas. “Se remueve todo, es inevitable que venga otra vez el recuerdo de la tragedia, el dolor, la angustia sobre todo”, recuerda Rosa Garrote, presidenta de la Asociación de Víctimas de Metro 3 de Julio. Ella perdió a su hermana gemela en el siniestro y quiere mandar un mensaje de consuelo a los familiares de las víctimas de Adamuz: “si los tuviera delante les daría un abrazo, es difícil saber que decirles, cada persona lo vive de una manera, cada circunstancia es diferente, pero les diría que se aferren al último recuerdo que tienen con sus seres queridos”.

Garrote cuenta que afrontar y rehacerse tras la perdida de su hermana, “fue un camino muy largo, muy difícil y muy duro”. Una situación que desea que no tengan que vivir los familiares de Adamuz, y que achaca a la reacción de las autoridades de la época: “Realmente lo que a nosotros nos impidió cerrar el duelo, seguir los pasos de recuperación naturales de lo que es una tragedia en el plano humano, fue que se nos negaban todas las respuestas”. Ese fue el motivo que les llevó a crear una asociación y a concentrarse cada día 3 de cada mes durante más de diez años, para exigirlas. Garrote explica que “necesitábamos saber qué era lo que había pasado. Y lo que vimos es que los políticos se cerraron en banda, le echaron la culpa al conductor y se negaban a hacer ninguna investigación que fuera más allá de esa responsabilidad”.

Garrote recuerda que “el mismo día del accidente estaban todas las cadenas a nivel estatal en la boca del metro y en cambio Canal 9 siguió emitiendo una película de vaqueros”

El mismo día del accidente, la Generalitat difundió como versión oficial la responsabilidad única del maquinista. En la comisión de investigación de 2016 de Les Corts, la segunda sobre el accidente, Francisco Camps afirmó que no hubo “consignas mediáticas del Consell sobre el siniestro”, pero lo cierto es que Canal 9, entonces televisión autonómica con una acusada influencia política del gobierno que él encabezaba, ni siquiera interrumpió su programación habitual aquella tarde.

Garrote recuerda que “el mismo día del accidente estaban todas las cadenas a nivel estatal en la boca del metro y en cambio Canal 9 siguió emitiendo una película de vaqueros”. Durante años, denuncia, mantuvieron “la misma línea de silencio, de ocultamiento. De lo único que se hacían eco era de las declaraciones de los políticos que repetían como un mantra que la culpa solo era del conductor”. Sobre esto, Camps negó en 2016 que hubiera “apagón informativo”: “Opacidad no hubo en ningún momento, todo el Gobierno valenciano fue una oficina de información y el único plan era ponerse al servicio de las familias y saber la verdad de lo ocurrido”, dijo el político que pretende volver a ser candidato a la Generalitat en 2027.

Las víctimas se sintieron maltratadas institucionalmente

Lo cierto es que las víctimas no se sintieron representadas siquiera en el acto funeral organizado por la Generalitat: “Todo fue muy atropellado y de muy mala manera, yo como hermana no tuve conocimiento, mi madre tampoco —relata Garrote—. Y los familiares que fueron, tenemos el conocimiento de que se sintieron muy mal, porque les pusieron como en un rincón, en las filas de adelante tenían que estar las autoridades”. El accidente ocurrió a unos días de la visita del Papa Benedicto XVI a la capital del Túria, una circunstancia que Garrote considera que pudo influir.

Tampoco les sentó nada bien la actuación de la entonces alcaldesa Rita Barberá para homenajearles, quién instaló un monolito en una antigua estación de tren. “No nos sentimos identificados porque ni se nos consultó ni se nos pidió opinión, interpretamos que hacerlo en un sitio diferente a donde sucedió el accidente tampoco lo identificaba, para nosotros era una forma casi de olvido, porque quién lo veía ni sabía de lo que era”, argumenta Garrote.

Otro factor que les hizo mucho daño como víctimas fue que desde el PP se les acusase de moverse por intereses políticos. Garrote explica “que se nos tildaba igual que ha pasado con las víctimas de la dana y era muy duro. En cualquier tragedia los afectados son gente de cualquier nivel social, con ideas políticas diferentes y lo único que nos unía era la búsqueda de la verdad”. Su objetivo como familiares de las víctimas siempre fue ese, además de que nunca más volviera a suceder nada parecido, pero se encontraron “desatendidas, sin ninguna respuesta y además trataron de poner a la sociedad en nuestra contra, tratando de hacer ver que todos los ciudadanos que iban en el metro eran de un color político”.

Además, trataron de desmovilizarles ofreciendo, en algunos casos, puestos de trabajo o dinero. El propio Juan Cotino, entonces conseller y hombre fuerte de Camps en el gobierno, reconoció en la comisión de investigación de Les Corts en 2016 haber realizado 35 visitas a familiares, aunque aseguró que las realizó “a título personal, no ofrecí nada a nadie para pedirles nada a cambio”. Cotino relató que acudió a las dos primeras concentraciones de las víctimas del metro en la Plaza de la Virgen, pero aseguró que no volvió a ninguna otra porque “no estaban cómodos” con que él estuviese allí.

Garrote recuerda también como muy doloroso unas declaraciones del ahora eurodiputado González Pons tras las elecciones autonómicas y municipales del 2007, en las que el PP revalidó una amplia mayoría absoluta. El entonces conseller dijo que “ha habido elecciones, se ha votado, y en los lugares donde el accidente del metro tuvo mayor polémica se ha producido un resultado muy contundente”, por lo que no procedía “hablar de responsabilidades políticas de un asunto de la anterior legislatura, sobre el cual ya ha habido una comisión de investigación y sobre el que se han pronunciado los ciudadanos”.

El largo camino por la justicia y la reparación

La prisa que tuvo el Consell por cerrar el caso del accidente se constata viendo las fechas en las que constituyó y concluyó la primera comisión de investigación abierta en Les Corts valencianas. Inició sus trabajos el 17 de julio de 2006 y los concluyó el 4 de agosto, al día siguiente de la primera concentración de los familiares de las víctimas. Las conclusiones del dictamen de esta comisión fueron aprobadas por Les Corts solo una semana después, el 11 de agosto.

Para Garrote no hay ninguna dula de que aquella comisión parlamentaria “estaba manipulada, con el tiempo se supo que se había contratado a la consultora H&M Sanchis para que hiciera un argumentario de las preguntas y respuestas que los comparecientes debían de dar, los miembros del Gobierno valenciano iban con las respuestas escritas ya en un guión”. Algo que no le salió barato a la Generalitat, que pagó 621.000 euros por este trabajo, algo acreditado, pese a que Camps declarase en la segunda comisión de investigación que “no sé lo que es, no lo sé, entre comillas, subrayado y con signos de exclamación”.

En la instrucción judicial de la causa, las víctimas tampoco encontraron justicia. “Antes de la estación de Jesús, había una curva muy peligrosa, que se había denunciado ya en múltiples ocasiones en el Comité de Seguridad de la Circulación por los sindicatos. La empresa tenía conocimiento de esa peligrosidad y no había hecho nada, pero la jueza no quería introducir esa posible responsabilidad porque decía que como el conductor iba 80, pues era su culpa”, rememora Garrote. La magistrada Nieves Molina no investigó responsabilidades más allá del conductor, y al haber fallecido este, determinó que no procedía llevar a juicio la causa. La fiscalía protestó, y acusó a la jueza de “arrogarse un papel de perito que no le correspondía”, pues archivó el asunto sin llamar a declarar a unos profesionales cuyo testimonio, según los fiscales, era clave en el esclarecimiento de las responsabilidades.

Con el archivo de la causa en 2008, a los familiares solo les quedaba la movilización para tratar de esclarecer los hechos. “Era muy duro tener que estar continuamente peleando para exigir una investigación independiente que tuviera en cuenta todas las posibles circunstancias, como la falta de medidas de seguridad, el estado del vagón, podía haber habido una causa mecánica que ocasionase ese exceso de velocidad, algún fallo en la vía”, expone Garrote. Les preocupaba también que pudiera repetirse algo parecido: “Entendíamos que era un fallo de seguridad que no hubiera nada que hubiera contrarrestado ese exceso de velocidad, es decir, nada en la vía, ni en el tren ni en el vagón hubiera frenado el tren. Obviamente eso es un fallo en cuanto a prevención, es fallo de la empresa, no del trabajador”.

Cada día 3 de cada mes, durante más de diez años, estuvieron manifestandose para seguir reclamando justicia. Garrote confiesa que les hacían “sentir muy solos porque nos encontramos con que la gente no acudía a las concentraciones, ni se enteraban o los que pasaban preguntaban si lo que queríamos era dinero. Nos veíamos incapaces de trasladar nuestra lucha a la sociedad y por este motivo pues también, claro, era más difícil que los políticos se sintieran presionados o que les preocupara nuestra lucha”.

Garrote señala como punto de inflexión en el apoyo social la emisión en la Sexta de un programa de Salvados sobre la tragedia en el 2013. “Nosotros tampoco teníamos medios, éramos unas personas normales, no teníamos contactos, nos faltaba ese altavoz, que eran los medios de comunicación, lo que había hecho muy difícil que nuestra lucha progresara”, expone Garrote. Romper ese cerco mediático fue posible gracias al trabajo de una pequeña productora valenciana, Barret Films, que les acompañó y ayudó a llegar al programa de Evole. “Ellos fueron los que contactaron con Jordi Évole, se enteraron que venía a Valencia a rodar un programa de Salvados y le contactaron. Cuando salió de rodar lo que estaban rodando, le estábamos esperando en la puerta, en la calle, le hicimos como un atraco”, relata Garrote.

La siguiente manifestación tras esa emisión fue masiva. Un momento en el que las víctimas se sintieron realmente acompañadas y entendidas por la sociedad. Con el cambio de gobierno de la Generalitat en 2015, se impulsó una segunda comisión de investigación, que ayudó a esclarecer lo sucedido e hizo aflorar numerosa documentación. Tanta que apostaron por reclamar judicialmente la reapertura del caso. Y aunque recayó en la misma magistrada, Nieves Molina, y su criterio continuaba siendo que no había nada que juzgar, la audiencia obligó a ir a juicio. Antes de la celebración del mismo, no obstante, varios de los acusados pactaron con la fiscalía, reconociendo los hechos que desde el principio las víctimas denunciaban.