Tribuna
La universidad como espacio público seguro y autónomo

El pasado 13 de febrero se había anunciado un acto del exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Estaba previsto a las cinco de la tarde, pero desde bastante antes se fueron concentrando miembros de la comunidad universitaria a las puertas de la sala para ejercer su derecho a la protesta pacífica. Es más, según se acercaba la hora, de las clases salía el estudiantado y el profesorado para unirse de forma masiva a la concentración.

Ante esa situación el decanato decidió ofrecer a los organizadores del acto, la asociación Libertad sin ira, una sala alternativa. Estos sin embargo se negaron. Por otra parte, no se pudo contactar en ningún momento del día con el profesor que había avalado el acto. Este se cancelaba así una hora antes de celebrarse, por motivos de seguridad. Sin embargo, Espinosa de los Monteros se plantó en la Facultad con un nutrido equipo de seguridad privada, dispuesto a entrar a la sala inicialmente prevista, donde en esos momentos había decenas, si no centenares de personas protestando.

Nada más entrar se le informó de la situación personalmente, se le recordó que el acto se había cancelado, y que los propios organizadores se habían negado a moverlo a otra sala. Espinosa, como puede verse en los vídeos conservados de aquel día, se dirige con un megáfono y su séquito directamente al núcleo de la protesta.

La norma acerca del espacio público no es la de que cualquiera puede venir, entrar, gozar de un altavoz y una audiencia en la Universidad para decir lo que le venga en gana

El saber hacer de la comunidad universitaria evitó males mayores y un enfrentamiento que podría haber sido grave. Sin embargo, semanas después se supo que desde Libertad sin ira, o al menos desde alguno de sus miembros, se había denunciado a compañeros/as estudiantes de diversas Facultades —miembros de asociaciones como Contracorriente o el Sindicato de Estudiantes—, además de a un trabajador. A todas estas personas se les acusa de delitos de coacciones y de desórdenes públicos, y a algunas también de delito de odio. Tuvieron así que acudir recientemente a la comisaría central de Moratalaz, en Madrid, donde se las detuvo para prestar declaración, dejándolas posteriormente en libertad. He de decir que a algunas las conozco por su excelente rendimiento académico o por su ejemplar compromiso cívico.

En una carta al rector de la Complutense escrita por el consejero de Educación de la Comunidad de Madrid, Emilio Viciana, se narra de manera distorsionada estos hechos, criminalizando a nuestra comunidad universitaria. Al mismo tiempo, mientras apela a la autonomía universitaria, en el párrafo siguiente señala a la decana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Esther del Campo, instando al rectorado a investigar oficialmente la decisión de no autorizar un nuevo acto de la asociación Libertad sin ira. Esta pretendía celebrar el 27 de marzo en este mismo centro una mesa redonda con la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Isabel Pérez Moñino, el influencer Isaac Parejo, conocido como Infovlogger, y el director del Issep, Miguel Ángel Quintana.

Un baile impide a miembros de la ultraderecha pisar de nuevo la facultad de Ciencias Políticas de la UCM

El Salto Madrid

Comunidad de Madrid

Madrid Un baile impide a miembros de la ultraderecha pisar de nuevo la facultad de Ciencias Políticas de la UCM

El Salto Madrid

Una diputada de Vox y un influencer conocido por su discurso machista, racista y lgtbiqfóbico intentaron entrar en la facultad a un acto organizado por la misma organización estudiantil de derechas que invitó a Espinoza de los Monteros, en febrero.

En este punto es preciso informar de que todo centro académico tiene una normativa propia de funcionamiento, amparada en la reglamentación universitaria, para solicitar unas mínimas condiciones a la hora de celebrar un acto en la institución. Es decir, la comprensión del espacio público no es la de que cualquiera puede venir, entrar, gozar de un altavoz y una audiencia en la Universidad para decir lo que le venga en gana. En su lugar, ha de atenderse al interés académico del acto, al aval por parte del profesorado, a que haya una petición surgida de la propia comunidad universitaria, y a que, junto al respeto a la libertad de expresión, se evite que se use la Universidad como plataforma para la difusión de discursos de odio.

A la asociación, Libertad sin ira (LSI), se le informó por diversos medios de que su petición incumplía la normativa en diversos puntos, por lo que se les emplazó a reformularla. Finalmente así lo aceptaron, anunciando en sus redes la suspensión del acto, así como de cualquier acción de protesta pública ese día 27 de marzo. Sin embargo, los tres ponentes hicieron caso omiso de la cancelación y se presentaron esa mañana a las puertas de la Facultad.

Aquí puede ser útil recordar algunas de las declaraciones por las que es conocido uno de los invitados por LSI, el conocido como Infovlogger. El pasado 25 de marzo llamaba literalmente en sus redes sociales a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, “puta cerda”. Me gustaría así conocer la opinión del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, perteneciente como von der Leyen al Partido Popular Europeo —y que celebrará a finales de abril en Valencia su próximo Congreso—, su opinión sobre que el gobierno de la Comunidad de Madrid esté solicitando llevar a Inspección de servicios a una decana que ha solicitado reformular un acto académico donde se pretendía dar voz a este bloguero.

Infovlogger saltó a cierta fama en los círculos de la extrema derecha en 2022 a partir de la canción “Vamos a volver al 36” que, junto a los Meconios, interpretó en el acto Viva22 organizado entonces por Vox. En la letra de esta canción se dice frases como “las feministas protestan por una violación grupal, hay 10 más que investigar, me da igual son de Senegal”. Recientemente también, el pasado 19 de marzo, Infovlogger defendía las medidas de Viktor Orbán en Hungría en contra de la comunidad LGTBIQ+, precisando además que “la ideología LGTBI es un peligro para la infancia”.

Recordemos que la reforma constitucional de Orbán presentada el pasado 12 de marzo prohíbe la marcha del Orgullo LGTBIQ+, impone la existencia tan solo de dos géneros, hombre y mujer, y corrige también el texto constitucional para señalar explícitamente al hombre por delante de la mujer al referirse “al orden de la creación” por el cual el primero fue creado antes por Dios. La ley ha sido tildada de homófoba por la Unión Europea, y Hungría ha visto congelados fondos de hasta 22.000 euros.

El baile fue una protesta pacífica y festiva al que se unió buena parte del estudiantado entonces en el centro, donde en ningún momento se buscó el enfrentamiento con Moñino, Infovlogger y Quintana

Volvemos así a repetir nuestra pregunta a los y las dirigentes del Partido Popular: la injerencia política en la Universidad Complutense de Madrid del consejero madrileño de Educación, Emilio Viciana, al más puro estilo trumpista, es decir, mientras negocian la financiación de la propia Universidad, pidiendo la investigación de Esther del Campo por solicitar la reformulación de un acto que, entre otros aspectos, mantenía la presencia de Infovlogger como orador en un centro universitario, ¿les parece defendible? ¿Están de acuerdo con su actuación?

Recordemos también la propia actuación del consejero Viciana durante las protestas pacíficas de la comunidad universitaria madrileña ante el genocidio de Gaza, cuando instó a “sacar la política” de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, cargando también contra un estudiantado que meses después recibiría el Premio al Compromiso Social del diario InfoLibre.

Antes de que respondan desde el PP a las preguntas formuladas, me gustaría recordarles también que en democracia el espacio público significa un espacio seguro, donde se respetan los derechos humanos y no se permiten los discursos de odio. Entre nuestro estudiantado y trabajadores/as tenemos una amplia comunidad LGTBIQ+, que cuenta con la primera asociación estudiantil constituida en el Estado al respecto, Rosa que te quiero Rosa. También tenemos estudiantado musulmán, hay una asociación de afrodescendientes, Kwanzaa, y otra de América Latina, Abya Yala. Asimismo, tenemos diversas asociaciones políticas donde el feminismo resulta central, y una organización como el Punto Violeta que resulta ejemplar a la hora de luchar también por la Universidad como un espacio seguro de acosos sexuales y sexistas.

Consideramos por tanto legítimo y comprensible que en pleno ejercicio de las libertades de expresión, asociación y manifestación, nuestra comunidad universitaria se reuniera también el pasado 27 de marzo bajo la propuesta surgida de un grupo de trabajadoras/es de organizar en el vestíbulo de la Facultad un “baile contra el odio”. Se trató de una protesta pacífica y festiva al que se unió buena parte del estudiantado entonces en el centro, donde en ningún momento se buscó el enfrentamiento con Moñino, Infovlogger y Quintana. La policía decidió finalmente impedir el paso a estas tres personas al centro universitario, alegando cuestiones básicas de seguridad, una vez el rectorado y sus servicios de seguridad hubieran trasladado también esta decisión a la delegación del Gobierno.

La última de las preguntas hacia el propio Viciana y su partido político, por tanto, reside en saber cuál hubiera sido exactamente su decisión ambos días, tanto el 13 de febrero como el 27 de marzo: ¿hubieran autorizado a la policía nacional a entrar y dispersar violentamente la protesta pacífica de la comunidad universitaria? ¿hubieran dejado entrar nuevamente el 27M, tras la experiencia del 13F, al séquito de la ultraderecha cuyo acto había sido cancelado para que se topara de frente con la protesta pacífica y festiva que había en la Facultad? ¿Sus objetivos son velar por la seguridad de la ciudadanía o avanzar en la agenda trumpista y del odio de la extrema derecha internacional?

Y finalmente, no me resisto a reformular como pregunta una idea central de este artículo: ¿su idea de acto académico en una Universidad pública consiste en dar voz a gente como este influencer que llama “puta cerda” a una representante del Partido Popular Europeo, carga contra el colectivo LGTBI, expone sin reparos opiniones racistas o gordófobas en sus redes y canta que “vamos a volver al 36”?

Si lo desean, les ofrezco en última instancia matricularse en la Universidad Complutense de Madrid, en alguno de los grados de Ciencia Política, por ejemplo, para poder comprender más a fondo aspectos básicos de la democracia, de la protesta pacífica y legítima, de la libertad de expresión y de su crucial distinción respecto a los discursos de odio. Aquí ejercemos el diálogo, la escucha activa, la lectura de autoras y autores muy diversos, a menudo contradictorios entre sí, del gran liberal Isaiah Berlin a la teórica política seguramente más conocida del siglo XX, Hannah Arendt, de los demócratas radicales como Cornelius Castoriadis o Sheldon Wolin al importante teórico puritano y liberal de John Rawls, de clásicos como John Stuart Mill, Karl Marx, Rosa Luxemburg hasta el propio Alexis de Tocqueville. Si se siente más adelante lo suficientemente audaz, le recomendaría también las lecturas feministas de Donna Haraway o Judith Butler, le aseguro que pueden aportarle mucho para avanzar en cuestiones básicas de libertad y de respeto a la diversidad.

Quizá entrando en todas estas obras, reflexionando sobre su pensamiento, podrán llegar a entender mejor cómo el espacio público en una democracia ha de ser un espacio seguro, libre de violencias y de discursos de odio. El espacio público universitario está asimismo consagrado por nuestra Constitución como autónomo. En el borrador filtrado sobre la próxima Ley de Universidades de la Comunidad de Madrid se atisban diversas medidas que atentan contra esta autonomía, de ahí que no nos sorprenda la nueva injerencia del consejero Viciana, señalando ahora a nuestra decana. En este punto no le voy a sugerir que se matricule en nuestros cursos, entiendo que ahora no tenga tiempo, tan solo por lo menos repase la Constitución española, un texto fundamental para cualquier ciudadana/o, más aún si ejerce alguna función pública de importancia como es su caso.