Opinión
Un acuerdo contra las políticas climáticas

Ya lo decía hace poco el ministro de Energía de Luxemburgo, Claude Turmes: el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE) es absolutamente incompatible con el acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo. No se puede formar parte de un tratado que protege los combustibles fósiles y al mismo tiempo comprometerse a luchar contra el cambio climático. No se pueden fomentar políticas de descarbonización y de transición ecológica y recibir demandas millonarias de inversores extranjeros por ello. Es la cuadratura del círculo. 

El TCE, un acuerdo de protección de las inversiones en materia energética, está en pleno proceso de modernización. Desde el pasado mes de julio, se han celebrado dos rondas de negociación y se espera que el proceso finalice en diciembre de este año, tras una tercera ronda, con la celebración de una Conferencia de la Carta. Sin embargo, la modernización está abocada al fracaso. La escasa información que ha trascendido del proceso a la opinión pública indica que no se va a tocar ninguno de los nudos gordianos del acuerdo que impiden la lucha contra el cambio climático y endeudan las arcas públicas. Los países con intereses en combustibles fósiles que forman parte del TCE, como Azerbaiyán, Turkmenistán o Kazajistán están detrás de este bloqueo. 

El Tratado sobre la Carta de la Energía es un acuerdo del siglo pasado. Nace en los noventa, tras la caída del muro de Berlín, para garantizar el acceso de Occidente a los combustibles fósiles de las antiguas potencias del Este. Los inversores quieren tener garantías y se busca una herramienta para solucionar los posibles conflictos de interés con los Estados.  Se incluye un mecanismo de solución de las disputas entre inversores y Estado, la llamada cláusula ISDS, presente en otros muchos acuerdos. A través de esta herramienta, los inversores pueden demandar ante tribunales de arbitraje a los Estados si consideran que sus medidas legislativas han mermado sus intereses económicos, presentes o futuros. Los tribunales de arbitraje no son tribunales al uso. Tres abogados, en calidad de árbitros, deciden a puerta cerrada. Los laudos —las sentencias en derecho ordinario— son inapelables, no hay jurisprudencia y no se tiene en cuenta el derecho nacional o internacional. Y lo más terrible: si un Estado es condenado a pagar, el dinero sale de las arcas públicas.

Este acuerdo se ha convertido en una caja de Pandora al servicio de los inversores y contra el clima y el medioambiente. Aquí algunos ejemplos: la empresa energética alemana Uniper amenaza con demandar a Holanda por su política de cierre de las centrales eléctricas de carbón en 2030; Alemania rebajó su legislación antinuclear ante las amenazas de la compañía de energía eléctrica Vattenfall; Italia ha sido condenada a indemnizar a la petrolera Rockhopper por los supuestos beneficios que iba a obtener con las perforaciones de crudo en el Adriático; y el pasado mes de septiembre una compañía británica de petróleo y gas demandaba al gobierno de Eslovenia por pedirles un estudio de impacto ambiental para un proyecto de fracking.

Un estudio apunta a que si no abandonamos la energía fósil en 2050 las demandas ISDS podrían costar 1,3 trillones de euros a los países miembro del TCE

La Unión Europea no imaginó que en ningún momento este tratado se volvería en su contra y que iba a ser la más perjudicada. En total acumula 129 demandas. España encabeza la lista negra y su caso es paradigmático: ha sido demandada 47 veces y condenada a pagar mas de 1.000 millones de euros. Todo, por las políticas de recortes a los subsidios para las renovables en plena crisis de 2008. Lo paradójico es que esas empresas son, en su mayoría, empresas pantalla ligadas a los combustibles fósiles e invirtieron en un momento en el que la crisis era de sobra conocida. Saber por qué España forma parte de este tratado es una de las grandes incógnitas. Se ratificó en 1994 sin ningún tipo de debate ni transparencia, una marca de la casa que acompaña a este acuerdo hasta nuestros días.

En un contexto marcado por el cambio climático y la necesidad de transitar hacia energías más limpias, algunos países y la propia Secretaría de la Carta de la Energía han manifestado la urgencia de modernizar el TCE. La modernización debería abordar tres elementos clave de cara a la consecución de políticas como el Acuerdo de París o el Pacto Verde Europeo.

En primer lugar, debería plantear el abandono gradual de la protección de las inversiones en combustibles fósiles, ya que dificulta el avance de las energías renovables y compromete el presupuesto global de carbono restante para el periodo 2018-2050 para limitar el aumento de temperatura en 1,5ºC.

Además, se debería plantear la eliminación del mecanismo ISDS para la resolución de controversias inversor-Estado. Un estudio apunta a que si no abandonamos la energía fósil en 2050 las demandas ISDS podrían costar 1,3 trillones de euros a los países miembro del TCE. Y el 42% de ese dinero saldría de las arcas públicas. Japón es uno de los países más reticentes a eliminar este mecanismo.

Los objetivos del Pacto Verde Europeo y el acuerdo de París tienen sentido si todas las políticas de los gobiernos y de la Unión Europea se encaminan a su consecución. Si no, es como echar agua en un cesto

Por último, se debería poner fin a las disputas entre Estados miembros de la Unión Europea, que representan un 67% de las demandas conocidas. Existe jurisprudencia muy clara. Es lo que se conoce como el caso Achmea. En marzo de 2018 el Tribunal de Justicia Europeo anunció que la cláusula ISDS incluida en el Tratado entre los Países Bajos y Eslovaquia sobre la protección de las inversiones no era compatible con el Derecho de la Unión. Esta cláusula, sin embargo, sigue operando entre Estados miembros bajo el TCE y es esperable que la implementación de la nueva Ley de Clima de la UE desencadene nuevas disputas intraeuropeas.

La modificación de cualquiera de estos elementos requiere el voto unánime por parte de los 53 países signatarios del TCE, algo muy poco probable. Y la propuesta de reforma de la cláusula ISDS, uno de los objetivos principales de la Unión Europea, está fuera de la hoja de ruta de la modernización del tratado, tal y como ha revelado el comunicado de la Secretaría de la Carta de la Energía, tras la segunda ronda de negociación celebrada a principios de septiembre

En respuesta a una pregunta parlamentaria planteada al Consejo Europeo el pasado 16 de julio sobre estas cuestiones, las respuestas fueron similares a la trayectoria que ha seguido este tratado: opacidad, vaguedades y falta de transparencia. 

Necesitamos transparencia, un compromiso real por parte de los Estados y la Unión Europea para la consecución de las políticas climáticas planteadas. Los objetivos del Pacto Verde Europeo y el acuerdo de París dibujan un horizonte claro y tienen sentido si todas las políticas de los gobiernos y de la Unión Europea se encaminan a su consecución. Si no, es como echar agua en un cesto. El tiempo se acaba y los objetivos climáticos planteados —alcanzar la neutralidad climática en 2050 y limitar el aumento de la temperatura en 1,5ºC— serán inalcanzables. Europa tiene que ser más ambiciosa.