Trabajo sexual
¿Y si España reconociera a las putas como interlocutoras válidas?: “Se acabarían las políticas abolicionistas”

Los últimos 30 años en el Estado español han visto muchos cambios normativos en torno al trabajo sexual y otras tantas intentonas frustradas de modificación del marco legal de la prostitución. Sin embargo, solo durante alguna de las iniciativas legislativas más recientes han tenido lugar reuniones entre la administración que quiere impulsar el cambio legislativo y representantes de las trabajadoras sexuales organizadas. Muchos de estos cambios normativos —en el Código Penal, ordenanzas municipales o Ley Mordaza— han precarizado a las prostitutas sin haber siquiera departido previamente con ellas. ¿Cambiaría su situación si se las considerase expertas en su propio trabajo? Sí, las políticas públicas dejarían de hacerles daño, opina Irene Adán, secretaria de organización del sindicato de trabajadoras sexuales OTRAS.

“Se acabarían las leyes que dicen protegernos mientras nos empujan a la clandestinidad, a la inseguridad y al estigma: las ordenanzas que nos multan o las políticas ‘abolicionistas’ [comillas de la interlocutora] que hablan de nosotras sin nosotras”, añade la sindicalista. Luna Wine, portavoz de la plataforma Stop Abolición, cree que, de escuchar a las trabajadoras sexuales, “se vería que la actividad es muy diferente a lo que nos cuentan en medios”, cuentan a El Salto en el Día Internacional para Poner Fin a la Violencia contra las Trabajadoras Sexuales, que se conmemora el 17 de diciembre.

Irene Adán (OTRAS): “Hay que dejar de infantilizarnos. Mientras se nos vea solo como víctimas sin agencia o como algo vergonzoso que eliminar, no se nos va a reconocer como interlocutoras válidas”

La receta para empezar a valorar la experiencia de las trabajadoras sexuales y tenerlas por interlocutoras válidas en su ámbito laboral a la hora de legislar pasa, primero, por cambiar la mirada, según Adán. “Hay que dejar de infantilizarnos. Mientras se nos vea solo como víctimas sin agencia o como algo vergonzoso que eliminar, no se nos va a reconocer”, exige la representante sindical, que añade que “no puede ser que en mesas, comisiones y debates sobre prostitución no haya ni una sola trabajadora sexual, pero sí policías, ONG y partidos hablando en nuestro nombre”. Wine también aboga por el fin del “paternalismo” hacia las trabajadoras y pone el foco en una de las prioridades de su organización: la lucha contra la desinformación en torno al trabajo sexual “porque fomenta el pánico moral y una visión condescendiente” de las prostitutas.

Hay otras formas de actuar más lejos de las administraciones públicas. Juls Edo, doctorande en creación artística, está poniendo en marcha un archivo de memoria del trabajo sexual. Uno de sus objetivos es reconocer a las prostitutas como autoras de su propia memoria y conocimiento, un paso a favor de reconocerlas como “expertas de su propio conocimiento” y que sean escuchadas, cuenta Edo.

Kenia García, integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla, contaba el año pasado a El Salto que la prohibición de la publicidad de servicios sexuales en vigor desde septiembre de 2022 por la ley del solo sí es sí hizo que sus ingresos mermaran y le quitó esta forma de filtrar a la clientela. Compañeras de García también contaron a este medio que cada golpe de BOE fue un sopapo a su calidad de vida.

Las administraciones legislan ignorando a la petición de escucha de las trabajadoras organizadas

Adán explica que el PSOE ha ninguneado repetidamente al sindicato que agrupa a prostitutas por todo el Estado: no consultaron a esta organización de referencia antes de lanzar sus proposiciones de ley abolicionistas de 2022 o 2024 (que no llegaron a tramitarse en el Congreso), aunque sí las han llamado para el proyecto de ley también abolicionista que está preparando el Ministerio de Ana Redondo. El equipo de su antecesora, Irene Montero, sí se reunió con OTRAS durante el proceso de redacción de la ley del solo sí es sí. Las representantes sindicales pudieron conversar con el equipo de la ministra, “pero tardaron bastante en hacer esta reunión y fue después de insistir mucho”, apunta Adán. “No es que de repente se nos tenga en cuenta de verdad, pero ya no pueden fingir que no existimos”, añade.

El colectivo Hetaira para la defensa de los derechos laborales de las prostitutas, activo entre 1995 y 2019, no consiguió más éxito que OTRAS a la hora de incidir en procesos legislativos, aunque sí consiguió varias victorias fuera de los despachos. Desde la modificación abolicionista en el Código Penal en 1999 a las ordenanzas municipales zonificadoras de los 2000 o la Ley Mordaza en 2015, todas las modificaciones jurídicas de los últimos 30 años en cuanto al trabajo sexual han perjudicado a las trabajadoras.

Sería impensable que el Gobierno quisiera promover un cambio legislativo en el sector del motor sin contactar con sindicatos y empresas o que una administración no contara con asociaciones de pacientes oncológicos antes de cambiar el protocolo de atención sanitaria a estas personas, pero, por lo visto, se puede legislar —o intentarlo— sobre trabajo sexual sin voces en primera persona. ¿Por qué?

Ninguneo a una realidad estigmatizada

A finales de los 90, la filósofa inglesa Miranda Fricker acuñó el concepto “injusticia epistémica”, del que se deriva, entre otras, una premisa: los prejuicios sociales hacen que un oyente dé menos credibilidad a la declaración de otra persona si pertenece a un colectivo minorizado o identidad estigmatizada. Un estudio publicado el pasado 15 de octubre afirma que las trabajadoras sexuales sufren esta injusticia epistémica como resultado de la criminalización del trabajo sexual. Es decir, la realidad penalizada y estigmatizada del trabajo sexual daña la credibilidad de las prostitutas como portavoces de su propio conocimiento y, desoídas, no tienen capacidad de incidir en cambios legislativos que mejores sus condiciones para, a su vez, reducir ese estigma que las invalida como portadoras de conocimiento. Un círculo vicioso.

“Al Ministerio de Igualdad no le importa una mierda. Antes, al menos, los políticos se reunirían contigo y dirían ‘bueno, es un tema complejo’, pero, ahora, ni eso”, dice uno de los 16 testimonios recogidos mediante entrevistas en profundidad en el estudio publicado en la International Journal of Transgender Health. “No conozco ninguna otra actividad económica donde nunca se tiene en cuenta a aquellas personas que se dedican a la actividad. Nunca nos escuchan. En vez de eso, hacen caso a otras voces, a gente de fuera”, dice otro de los testimonios de este paper que, aunque se centra en trabajadoras sexuales trans, habla también de la situación de todo el colectivo de prostitutas.

Además de la vertiente institucional y de políticas públicas, el estudio investiga cómo esta invalidación como interlocutoras afecta a la salud mental de las trabajadoras sexuales, en este caso trans. Las personas autoras del estudio han identificado sentimientos de tristeza, soledad, incertidumbre y ansiedad. “La erosión de la salud mental de las trabajadoras sexuales como resultado de su exclusión de los debates” sobre la despenalización o criminalización de su trabajo “debería considerarse uno de los agravios” causados por la propia criminalización, concluye el estudio.

Las integrantes de OTRAS y Stop Abolición hablan de avances

La lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales viene de lejos: se da por lo menos desde la II República. Ya con la democracia restaurada, el colectivo Hetaira en el ámbito estatal u otras agrupaciones en los territorios han tratado de conseguir la despenalización del trabajo sexual. Adán valora muy positivamente la incidencia política del movimiento por la descriminalización: “Este año logramos reunirnos por primera vez con la ministra de Igualdad” —en el pasado se reunieron con la secretaria de Igualdad, no con Irene Montero— “y con el PSOE; algo que hace no tanto parecía impensable”.

Aunque comparte su diagnóstico de tendencia favorable, Luna Wine no es tan optimista respecto a los cambios en el panorama político con respecto al acercamiento a las organizaciones de trabajadoras sexuales. La portavoz de Stop Abolición duda si el cambio es un “avance real” o marketing político: reunirse con las trabajadoras “por cumplir” aunque no se tenga en cuenta lo conversado, pone por ejemplo Wine.

Juls Edo, doctorande en creación artística, está creando como proyecto de investigación un archivo llamado “de memoria y afectos del trabajo sexual en Barcelona”. Pretende crear un repositorio digital con material histórico proderechos para “revelar las memorias de les compañeres que han participado en la lucha por la descriminalización del trabajo sexual”, según su página web. Edo cuenta a El Salto que el proyecto nace por la necesidad de recopilar la “memoria puta” lejos de la “putofobia” de otros archivos y reconocer a las trabajadoras sexuales su grado de expertas. “Las abolicionistas niegan la expertez de las trabajadoras sexuales y eso reproduce violencia institucional”, añade le doctorande, que compara el desoimiento a las prostitutas con la poca validez que se da a los testimonios de la infancia trans.