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Trabajo doméstico
Más de 70.000 trabajadoras del hogar en situación irregular: donde el Convenio 189 no llega
El pasado jueves las trabajadoras del hogar en lucha estallaban en júbilo: el Congreso aprobaba con una mayoría histórica la incorporación del Convenio 189 en nuestra legislación. Un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que les iguala en derechos con el resto de trabajadores. Inclusión en el régimen de la seguridad social, desempleo y despido regulado entre los nuevos derechos. Pero, los colectivos avisan: estas nuevas prestaciones no llegaran a todas.
Se calcula que más de 600.000 mujeres trabajan en este sector. Entre ellas, 70.000 se encuentra en situación irregular, según los datos de la investigación Esenciales y sin derechos de Unicef. Unas 40.000 mujeres trabajan como internas. 9 de cada 10 de ellas son extranjeras. Una parte considerable se encuentra sin papeles. “Se trata de un trabajo especialmente vulnerable a los abusos en los que la presencia en el domicilio de los empleadores se convierte en una disponibilidad plena”, alertan desde Unicef. Y, mientras que no se reforme la Ley de Extranjería, que obliga a las personas migrantes a permanecer tres años empadronadas en España antes de poder acceder a un contrato de trabajo, las vulneraciones de derechos en un régimen de esclavitud, tal y como denuncian las trabajadoras, continuarán.
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Laboral Convenio 189: consenso histórico en el Congreso
“Aunque existe la necesidad de las labores de estas trabajadoras, paradójicamente lo que no hay son vías legales operativas suficientes para poder migrar y ocupar dichos puestos”, avisan desde Unicef. “Hay que promover una regulación extraordinaria como paso previo a una nueva Ley de Extranjería que contemple canales de migración regular y deje de ser una fuente de precariedad y sufrimiento gratuito e innecesario”, añaden.
“Cuando la parte contratante te dice que si no tienes papeles, no tienes derechos, esto no es verdad. Y esto es un problema clave que tienen las compañeras: ellas mismas desconocen que, solamente con su pasaporte, ya pueden exigir que se cumplan los derechos humanos”
Marcela Bahamón es integrante de la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHYC), que opera en el País Valencià, y quiere añadir un matiz para romper clichés ampliamente difundidos: Toda persona con o sin documentación en regla puede reclamar sus derechos laborales. “Cuando la parte contratante te dice que si no tienes papeles, no tienes derechos, esto no es verdad. Y esto es un problema clave que tienen las compañeras: ellas mismas desconocen que, solamente con su pasaporte, ya pueden exigir que se cumplan los derechos humanos en un país que se supone que defiende los derechos humanos”, explica Bahamón.
Cuenta Bahamón que en el último año han asesorado a seis compañeras para conseguir despidos dignos y salarios pendientes. “Hemos acompañado a seis compañeras con pasaporte, y han conseguido una indemnización tras ser despidas. Nosotras les enseñamos como reunir pruebas”, explica.
Liz Quintana , integrante del colectivo Trabajadoras no domesticadas de Euskadi, coincide: “Cabe resaltar que los derechos laborales abarcan a todas, es importante romper con ese discurso. Se tiene tan interiorizado el discurso que las trabajadoras acaban pasando por situaciones por las que no deberían pasar. Es importante romper con eso, denunciarlo, reclamarlo y llevarlo a los tribunales”, declara.
“Mientras la ley de extranjería discrimine a todas las personas por su lugar de origen y las condene a estar tres años sin documentación, aunque la parte empleadora las quiera dar de alta no va a poder"
Pese a todo, Quintana reconoce que, al final, las trabajadoras en situación irregular acceden a los nichos que no quieren ocupar otras: el trabajo interno. Y son, de nuevo, las grandes olvidadas de todo tipo de reformas. “Cuando se reconoció un subsidio extraordinario para las trabajadoras del hogar durante la pandemia, ellas también quedaron fuera”, analiza. Y, por mucho que se apruebe un nuevo convenio, “tienen vetado el acceso a la seguridad social porque no te pueden dar de alta, no tienes derecho a desempleo ni puedes cotizar para una jubilación futura”.
Los flecos sueltos
Es por esto que, las trabajadoras en lucha solicitan junto a la aprobación del Convenio 189 una reforma de la Ley de Extranjería que permita que los contratos se realicen sin necesidad de esperar los tres años en situación irregular.
“Mientras la ley de extranjería discrimine a todas las personas por su lugar de origen y las condene a estar tres años sin documentación, aunque la parte empleadora las quiera dar de alta no va a poder. Debe esperar al menos tres años empadronada—que conseguir empadronarse en ocasiones es muy complicado—, tiene que tener una oferta de al menos un año por 40 horas semanales y mostrar el informe de arraigo social positivo, así como un certificado de antecedentes penales en su país y en España. No es solo cumplir los tres años, son muchos requisitos”, expresa Bahamon.
Es la pescadilla que se muerde la cola: sin papeles no hay contrato, y sin contrato no hay papeles, por lo que estas mujeres se ven abocadas a trabajar en la clandestinidad en las tareas más invisibilizadas. Las representantes de las organizaciones avisan de que la aprobación del convenio no va a acabar con esta situación. Y apuntan otros flecos sueltos.
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Para Liz Quintana es importante acotar categorías profesionales y las tareas por las que se contrata a la persona. Describe que actualmente es “un cajón de sastre” donde se entremezclan tareas de limpieza y cuidados en el que “te pagan los mismo por hacer más cosas”. También es importante limitar la jornada máxima. En la actualidad, y en base al Real Decreto 1620/2011, se da pie a que pueda alcanzar las 60 horas.
“Además es importante regular la jornada nocturna. Es necesario el reconocimiento de un derecho extra para las internas y para las mujeres a las que se les contrata únicamente por trabajar de noche”, explica Quintana. “Este tema ha sido una cuestión que no se reguló en su día de una forma consciente, porque significaba reconocer y poner en jaque al régimen interno. Si se le pone un precio a toda la jornada nocturna el salario de estas trabajadoras se incrementa mucho” advierte.
La aprobación del convenio, que aún ha de pasar por el Senado y tiene que publicarse en el BOE, implica que la nueva ley debe de ser dotada de presupuesto económico
Y piden cautela. Para estas trabajadoras, la aprobación del convenio, que aún ha de pasar por el Senado y tiene que publicarse en el BOE, implica que la nueva ley debe de ser dotada de presupuesto económico. “Una ley sin presupuesto no vale para nada”, avisa Bahamón. Se trata, en definitiva, de cumplir con los eslóganes. “Es muy bonito decir que los cuidados tienen que estar en el centro pero eso se tiene que traducir en políticas públicas. Los cuidados son un derecho colectivo y tiene que existir una corresponsabilidad con todos los agentes. Esta responsabilidad no puede recaer solo en las mujeres más precarizadas”, concluye Quintana.