¿Qué trasciende a la “seguridad en internet” propuesta por el Partido Popular?

La última iniciativa jurídica del Partido Popular para acabar con el anonimato en internet esconde uno de los aspectos más antidemocráticos del sistema: la regresión que va desde la idea ilustrada basada en la libertad hasta esa noción premoderna donde primaba la seguridad.

Los marcos con los que analizábamos las sociedades modernas se han derrumbado: estamos entrando en una nueva época, donde la democracia se diluye ante la concertación del capital en las empresas de tecnología capaces de ofrecer, entre otros, sus servicios de seguridad de forma monopolística.

En relación con la propuesta no de ley presentada por el partido de Gobierno, su intención no es otra que diseñar una estrategia con la colaboración de las empresas propietarias de infraestructuras y servicios en internet que les exija su total colaboración “cuando la administración de justicia o las fuerzas de seguridad con autorización judicial estén investigando un posible delito”.

Lo que propone el PP es suspender cualquier tipo de procedimiento democrático para ampliar la vigilancia sobre las comunicaciones internas de los individuos sin establecer en la ley control alguno sobre el libre flujo de información

Lo que propone el PP es suspender cualquier tipo de procedimiento democrático para ampliar la vigilancia sobre las comunicaciones internas de los individuos sin establecer en la ley control alguno sobre el libre flujo de información. Es decir, pueden ser libres de fluir desde nuestros dispositivos hasta los centros privados de Silicon Valley y después ser utilizados por el Gobierno para controlar a los ciudadanos.

No deja de ser una versión ‘amateur’ de las estrategias de la CIA, recientemente filtradas por Wikileaks, que empleó herramientas para acceder a teléfonos, aplicaciones de comunicación y otros dispositivos electrónicos para vigilar a los ciudadanos. Cuando Orwell hablaba en 1984 de una sociedad asentada sobre la vigilancia, probablemente nunca imaginó que un partido tratara de llegar a ella mediante instituciones políticas democráticas. Sea como fuere, nada de esto puede explicarse sin una breve clase de historia.

Cuando Edward Snowden reveló en 2013 que Estados Unidos había vigilado de forma sistemática a líderes de 35 países, entre ellos España, el Ejecutivo de Mariano Rajoy se limitó a expresar su sorpresa. Convocó a una entrevista al embajador de Washington en Madrid, James Costos, pero de ninguna forma estimó necesario cambiar la ley para tratar de acabar con esa influencia.

No es el único antecedente. El Gobierno de José María Aznar, gran aliado de los distintos gobiernos republicanos, y concretamente de George Bush, rechazó en 2003 poner en marcha mecanismos para evitar que EE UU interceptara comunicaciones telefónicas en España.

Aunque, como informó El Confidencial, el Gobierno español aseguró tener constancia de la existencia de una red de vigilancia de EE UU que se dedicaba a la interceptación, “cada hora, de millones de comunicaciones oficiales, comerciales y personales”.

Los distintos gobiernos del PP han permitido durante años la intromisión del gobierno de Estados Unidos en el día a día de los ciudadanos españoles 

Hablamos de que los distintos gobiernos del Partido Popular han permitido durante años la intromisión del gobierno de Estados Unidos en el día a día de los ciudadanos españoles, siendo totalmente conscientes de las implicaciones que ello tenía para las libertades civiles. A simple vista, como señalan algunos hackers en una línea similar a la de Snowden, pudiera parecer que el objetivo a día de hoy del PP es censurar las opinión de los ciudadanos en internet, y más teniendo como contexto las iniciativas antidemocráticas justificadas de forma orwelliana bajo la idea de Ley de Seguridad Ciudadana. O lo que es más, que se autocensuren.

A esta línea argumental, característica de los liberales estadounidenses, que en España encuentra en la teoría de la “poscensura” su última justificación, le preocupa únicamente la libertad de expresión o de conciencia en la red, pero no que su infraestructura se encuentre monopolizada.

Obvian la libertad de las corporaciones digitales de ganar cuantiosas sumas de dinero sin devolver una parte proporcional a la comunidad, manipulada para despojarla de su propiedad en forma de datos, y pierden de vista que la tecnología no está siendo usada en beneficio social, sino para la concertación cada vez mayor de capital en manos privadas.

Se trata de cuestiones absolutamente relacionadas con el mercado: quién tiene la propiedad de los datos que se interceptan, en los balances de qué empresas se refleja su explotación y de qué forma la vigilancia responde a las necesidades privadas de financiarizar la vida de los cuidados para extraer más valor. Estas consideraciones son cruciales para entender las implicaciones de la “seguridad en internet” que propone el Partido Popular.

Es bien sabido que todo aquello relacionado con la seguridad y vigilancia en internet también se encuentra estrechamente relacionado con la guerra, como quedó de manifiesto con los atentados del 11-S cuando el Gobierno de Aznar estimó que la red de vigilancia de Washington no suponía ninguna amenaza. Como veremos, la retórica de la seguridad nacional imprimida a la fuerza por los distintos gobiernos norteamericanos, muchas veces justificada desde la posguerra fría con la idea de promover la democracia y los derechos humanos, ha servido únicamente para eliminar progresivamente ambos conceptos. Son muchos los exmiembros militares que expresan de vez en cuando dudas similares sobre el complejo creado por la convivencia entre la industria y el ejército. Pedro Baños incluso lo ha convertido en un best seller.

Como vemos, todos los caminos nos llevan en una dirección: un mercado de la “seguridad” en el que empresas dedicadas a dicha labor ganan millones de dólares protegiéndonos de las brechas que surgen por el propio sistema de vigilancia implementado por Estados Unidos.

Un mercado que se asienta en garantizar la seguridad ante los ciberataques mediante complejos sistemas de tecnología, cuyo desarrollo y mantenimiento solo están al alcance de unas cuantas grandes empresas norteamericanas como Alphabet, Facebook, Apple o Microsoft. Todo ello lo resumía el intelectual bielorruso Evgeny Morozov, quien añadía en un artículo reciente la siguiente afirmación: “Que la ciberseguridad se haya convertido en un servicio ejemplifica a la perfección cómo los imperativos de vigilancia de los gobiernos modernos, con Estados Unidos a la cabeza, crean oportunidades casi infinitas para la extracción de rentas de forma monopolística por parte de las empresas de tecnología”.

Morozov ponía un ejemplo del todo ligado a la actualidad: una reciente petición de Microsoft de establecer una nueva Convención Digital de Ginebra, justificada precisamente por algunos ciberataques sufridos en España y Reino Unido, con el fin de crear una sistema global de leyes que modernicen los acuerdos internacionales actuales y creen “un mundo seguro”.

Y de la misma forma que Cruz Roja debía encargase de la protecciones de los derechos civiles en el marco de la cuarta convención de Ginebra, argumentaba la compañía, las empresas de tecnología deben hacer lo propio en este momento con la seguridad del planeta.

De nuevo, Morozov avisaba de los peligros que entraña para la democracia que la provisión del servicio de control en la red fuera realizada por las escasas compañías que controlan estos datos y los sistemas de inteligencia artificial que son capaces de interpretarlos: “Además de extraer regularmente del usuario el alquiler de su software, Microsoft ahora también puede extraer alquileres adicionales de esos mismos usuarios para proteger el software que están alquilando en primer lugar: nadie realmente compra o posee algo en el mercado digital, todo pertenece a los operadores de plataforma”. 

Resumiéndolo a vuela pluma, digamos que las sociedades industriales estaban basadas en una serie de normas articuladas jurídicamente donde la voluntad política primaba en determinadas circunstancias, como es el caso de la Constitución Española.

Por eso, en su propuesta no de ley el Partido Popular se agarra al articulo 20.4 de esta para justificar su medida: “El marco legislativo considera a internet como un lugar donde la libertad de expresión debe manifestarse con responsabilidad y bajo el respeto al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Pero la concentración de poder en el mercado de internet supera ya la legalidad jurídica, lo cual tiene severas implicaciones constitucionales.

Lo que ha ocurrido desde hace unas décadas, fruto de la reversión de las infraestructuras de comunicación, es que la administración política se ha convertido en superflua, al igual que la formación democrática de las voluntades colectivas.

El mercado digital está comenzando a superar la Constitución Española como pilar sobre el que organizar jurídicamente la sociedad española

La política expresada de forma popular nunca fue tal en la esfera pública burguesa, pero mucho menos cuando a finales de los años 70 fue establecida a la fuerza la gestión tecnocrática. El capital privado lo inundó todo. Y, si hablamos del espacio digital, ocurre que la legalidad inmanente es llevada hasta un nuevo límite haciéndose norma obligatoria a nivel global el suministro de los servicios de seguridad por un par de empresas de tecnología. El mercado digital está comenzando a superar la Constitución Española como pilar sobre el que organizar jurídicamente la sociedad española.

Por eso la propuesta del Partido Popular, además de autoritaria, es tremendamente ingenua. Como hemos visto, ninguna empresa de Silicon Valley va a ceder sus datos para que la administración de justicia o las fuerzas de seguridad los investiguen, simplemente porque el Estado español no posee la infraestructura necesaria para protegerse por sí sola de los intrincados ciberataques.

Así, cuando los conservadores expresan que “en un Estado democrático de Derecho, la libertad de expresión no puede ser confundida con el anonimato”, no están atajando ninguno de los problemas concernientes al mercado que harán dependiente al cuerpo del Estado de los servicios de las corporaciones tecnológicas. Es más, solo están creando una retórica de peligro inminente para allanar el camino a que esas mismas empresas de tecnología provean dicha seguridad. Una línea similar a la mantenida por el periódico El País con su campaña sobre la inseguridad relacionada con la influencia de los bots rusos en la cuestión catalana.

Ya no le quedan muchas formas a los gobiernos para ocultar que el poder político ha sido superado por las fuerzas del mercado que invocar la seguridad; el estado de excepción permanente.

Así se explica la nueva Estrategia de Seguridad Nacional del Gobierno de España, que según Soraya Sáenz de Santamaría contará en 2018 con un centro de operaciones de seguridad dependiente de la Administración General del Estado.

Podemos observar de forma nítida la decadencia política cuando los conservadores justifican sus medidas apelando a que se está produciendo una serie de interferencias en los procesos electorales.

La supuesta libertad para elegir una opción electoral es, junto con la libertad de consumo y la forma de entender el ocio, las únicas libertades de las que gozamos en un estado tan desarrollado del capitalismo. Pero incluso estas tres libertades están siendo puestas en peligro por las empresas de tecnología. Al tiempo que suprimen la política, monopolizan la provisión de servicios que podemos consumir en un mercado controlado por ellas mismas y además nos orientan hacia tales servicios mediante la sensación de estar entretenidos actualizando las redes sociales que ellas poseen en nuestro tiempo libre.

En resumen, la estrategia política del Gobierno revela el agotamiento de las sociedades democráticas tal y como las conocíamos. La retórica de la primacía de la seguridad sobre la libertad es una forma cínica de desactivar las amenazas al sistema político el cual ha perdido la capacidad de arreglar problemas sociales fruto de la intromisión del capital privado sobre todas las infraestructuras públicas.

Internet ya está privatizado, y la infraestructura que emergerá en el siglo XXI, esa inteligencia artificial crucial para protegernos de dichos ciberataques, ya nacerá en propiedad exclusiva de las compañías tecnológicas que tienen nuestros datos, una categoría similar a la que tenía la tierra en el periodo feudal.

Mediante la progresiva eliminación de la democracia, la política trata de ocultar este conflicto, que por supuesto es un conflicto de clase. El sistema no se puede violar o estarás en peligro, nos dicen. Y añaden que son los bots y las cuentas anónimas quienes ponen en peligro la democracia, no el control absoluto de dos empresas sobre nuestra vida en internet.

Hemos de entender que en 2018 ya han desaparecido aquellos ideales establecidos por la revolución de la burguesía ilustrada asentados en “libertad, igualdad y fraternidad”. Cuando la implementación de las tecnologías de información y de comunicación ha invadido todos los aspectos de nuestra vida y un par de empresas se dedican a vigilarnos, extraer nuestros datos y después vendernos su servicios, ya sea la seguridad o cualquier otro, estamos ante una sociedad distinta, la cual se parece mucho a la premoderna. Aquella en la que los vasallos, guiados por el principio de protección militar, debían pagar tributos e impuestos a los señores feudales para que les protegieran de los peligros exteriores. Entonces una envoltura ideológica y religiosa justificó tal juramento, el cual hoy es tácito y de apariencia democrática porque lo aceptamos con nuestros likes.