Trata
Las raíces de la trata: la firma de un contrato que no garantiza nada

Con frecuencia las organizaciones ponen el foco en la trata de mujeres con fines sexuales, pero la voz de las víctimas de trata laboral también debería tener respuesta.

Temporeras_Fresa_Huelva
En el mes de junio el escándalo de las violaciones de temporeras procedentes del Magreb y de Europa del Este en las plantaciones de fresas de Huelva ocupó portadas en todos los periódicos. Teresa Palomo

publicado
2019-07-12 06:37

Alejados del núcleo urbano, rodeados por paredes y en condiciones insalubres, tan solo con acceso a algunos enseres higiénicos y alimentos apilados en cajas. No saben comunicarse en español y les han prohibido salir para no levantar las sospechas de las autoridades, por lo que pasan 24 horas en una plantación. Así vivían cuatro personas de origen asiático que trabajaban en un cultivo indoor de marihuana en Chiva (Valencia), después de que los miembros de una organización les privaran de documentación, de aquello que les designa como ciudadanos. Este fue el inicio de dos operaciones que acababan a finales de abril con la liberación de 21 víctimas de trata laboral en diferentes provincias españolas. “Estas personas son víctimas porque las trajeron engañadas, las encerraron y obligaron a trabajar en una plantación ilegal —defiende Isabel Barrajón, secretaria de Migraciones de CCOO PV— y son carne de cañón para empresarios que explotan únicamente a cambio de techo y comida”.

Desgraciadamente, la trata de personas es la tercera actividad ilegal que genera mayores ingresos por detrás del narcotráfico y las armas, según la ONU. Con frecuencia las organizaciones ponen el foco en la trata de mujeres con fines sexuales —es la más frecuente, con un porcentaje del 59%, según el Informe Global sobre la Trata de Personas 2018, publicado por Naciones Unidas—, pero la voz de las víctimas de trata laboral también debería tener respuesta. 

Detrás de la mafia que captaba a los trabajadores encontramos a varios empresarios, que administraban bazares y operaban desde Madrid. En uno de los registros, en los que también encontraron documentación que acreditaba la explotación, hallaron también una habitación cerrada con candado externo que podría haberse utilizado para encerrar a las víctimas. Según explica Georgina Lara, representante en la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), es sumamente difícil detectar a las mafias que se encargan de captar a las personas prometiéndoles unas mejores condiciones de vida para luego jugar con la precariedad y el desconocimiento. “Las mafias se suelen dedicar a otras actividades delictivas y, además, tienen gran capacidad de reacción. Lamentablemente siempre van por delante, cambiando las rutas para no ser perseguidos, porque cuentan con muchos recursos económicos”, comenta.

Las mujeres jóvenes y de nacionalidad rumana son el perfil con más riesgo, y los países más comunes en trata y explotación laboral —según el último balance del Ministerio del Interior— son Rumanía, Marruecos y China. Como señala Lara: “Es muy difícil para una persona identificarse como víctima de trata porque no todas las personas tienen la suerte de contar con asesoramiento”. Preocupa ahora que los números se extiendan aún más hacia las zonas asiáticas, y como en este caso, que las personas se encuentren en una situación de criminalidad forzada. “La mayoría de las víctimas asiáticas detectadas provienen de la Asia sudoriental: desde Filipinas, Tailandia, y en menor medida, desde China y Vietnam. Comparado con los años anteriores, las detecciones de víctimas con estas ciudadanías parecen haberse hecho más frecuentes”, puntualizan en el Informe Global sobre la Trata de Personas 2018.

Sin herramientas útiles para defenderse, el colectivo asiático se encuentra con una barrera idiomática, cultural y de manera generalizada unas condiciones laborales más precarias en sus países. El Informe Global sobre la Trata advertía el año pasado que la mayoría de las víctimas de trata que no habían sido detectadas en el país de orígen “provienen de Asia del Este o el África Subsahariana”, y además, contemplaba que este resultado tuviese una fuerte relación con “los altos niveles de impunidad en estas regiones” hacia las organizaciones que se encargan de la explotación. “Hemos tenido casos de mujeres chinas en esa situación, pero es difícil llegar al colectivo asiático por su hermetismo —cuenta la experta en trata de la OIM— porque incluso a través del Consulado tienen reticencias en acusar de explotación”.

En el caso de las personas de nacionalidad asiática, al no pertenecer a la UE, se ven en ocasiones abocadas a trasladarse irregularmente, y no existe una gran colaboración por parte del gobierno chino con España para erradicar estas prácticas. Lara sostiene que es necesario tener una “cooperación internacional, que debería ser bilateral”, pero que desgraciadamente en algunos países “no existe este marco de colaboración, porque dicho país de origen no trabaja en terminar con la trata o no le interesa poner el foco del problema en su territorio”. Aunque cada vez existe más concienciación en España, que ha pasado de ser un país emisor a receptor de inmigración, las inspecciones aún no son suficientes, y los datos sugieren que la trata no tiende a la disminución o desaparición.

Detrás de una situación de vulnerabilidad, como es la de muchos migrantes sin recursos ni conocimiento del idioma, puede encontrarse una mafia organizada aprovechando la situación, pero también debemos mirar en dirección a los propietarios de muchas plantaciones agrícolas. El campo español se convierte durante las temporadas de recogida en un receptor de inmigrantes que trabajan con el objetivo de conseguir un sueldo ínfimo, alojamiento o comida. Tampoco dentro de los negocios asiáticos, como subraya Lara, se hacen importantes inspecciones a lo largo del año. Lara sostiene que muchas veces nos beneficiamos de unos precios o atención al cliente sin saber realmente a qué condiciones están expuestos los trabajadores. “No hace mucho nos llegó un caso a través de la hermana de un chico —relatan desde CCOO del País Valencià— que nos contaba que en el campo tenían a varias personas a cambio de techo y comida”.

Comissions Obreres narra que estas personas trabajaban prácticamente durante todo el día, “de sol a sol”, y solamente descansaban la espalda cuando anochecía. “No les daban ni siquiera una paga, y eso es esclavitud”. Aunque Barrajón admite que aplacar la problemática es muy complicado, entiende este caso como un ejemplo de que se puede y se debe incidir en buscar soluciones, porque dicha empresa “ya está sancionada y ahora estas personas cuentan con la documentación necesaria”. Que la ciudadanía se implique activamente en el problema es un proceso complicado, aunque detectar únicamente a otros como culpables significa evadir cierta responsabilidad ante situaciones alarmantes.

A parte de un incremento de la trata en los últimos años, la OIM denuncia otras prácticas denigrantes, como la explotación de personas con discapacidades intelectuales. La conciencia hacia las injusticias sociales está creciendo en los últimos años del siglo XXI pero, en casos como la trata de personas, tan solo se puede intervenir adoptando un papel activo. Cualquiera puede presenciar una situación de trata con fines sexuales o de explotación laboral, y las organizaciones se están implicando cada vez más para informar a la ciudadanía. No solo a la víctima, sino también a aquellos que la rodean.

Barrajón apuesta por los planes de inclusión desde las comunidades autónomas para que las personas que parten de una situación de inferioridad puedan situarse al mismo nivel que cualquier ciudadano. También pone el foco en la educación, y defiende que desde el sindicato intentan orientar a los migrantes sobre unos derechos en ocasiones inexistentes en sus países. Los ayuntamientos pueden convertirse en una herramienta clave para las personas en el contexto más próximo y particular, pero en términos más amplios, la competencia de Extranjería es estatal, y se debe fomentar una buena coordinación entre los distintos órganos.

Las víctimas de trata son movilizadas con la esperanza de un sueño europeo que pronto se torna pesadilla. Como comenta Lara, a estos migrantes “les prometen unas buenas condiciones de trabajo, por ejemplo en la agricultura”, pero luego encuentran otra realidad paralela, en la que no tienen recursos para salir de la explotación, son víctimas de amenazas y tienen miedo a ser devueltos. La secretaria de Migraciones de CCOO argumenta que se aprovechan de que “no todos tienen su situación regulada y los papeles en orden, y es difícil conseguir la autorización, ya que en el mejor de los casos tienen que vivir durante tres años hasta demostrar que tienen arraigo”.

Asimismo, Alberto Ibáñez Mezquita, secretario autonómico de Inclusión en la Comunitat Valenciana, cree que es importante entender dónde radica el crimen, ya que la existencia de mafias puede generar rechazo en los ciudadanos hacia los mismos migrantes, siendo estos las víctimas. “Cuando se habla de mafias y vinculación con los países de origen hay que tener cuidado, porque también estamos alimentando un marco que viene muy bien a la extrema derecha”, argumenta Ibáñez. A parte de la respuesta policial, que debe ser efectiva e interceder de inmediato, es importante que las comunidades y el Gobierno cuenten con planes de inclusión de los trabajadores. En definitiva, crear un marco seguro y de vida digna tras la liberación.

“Tuvimos varios casos, por ejemplo en Torrent, donde residían algunas personas inmigrantes explotadas, seguramente igual de explotadas que en los países de origen donde nosotros compramos la ropa, el problema es que allí no lo vemos y aquí sí”, considera Ibáñez. En definitiva, propone que la reflexión debe ser más profunda e ir más allá del marco socioeconómico y del contexto individual. Empezar a pensar a nivel mundial. El 30 de julio se conmemora el Día Internacional contra la Trata de Personas, y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) calcula que existen aproximadamente 21 millones de víctimas de esta lacra, tanto sexual como laboral. Es más, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito determina que, por cada víctima identificada, hay 20 sin localizar. La globalización y las tecnologías de la información y la comunicación han abierto un nuevo abanico de posibilidades para la extorsión y el engaño, puesto que muchas de las captaciones empiezan con un primer contacto a través de las redes sociales. A partir de ahí, se extienden los tentáculos de la trata, que pueden sumir a la persona en un oscuro túnel donde los derechos humanos son suprimidos y despreciados.

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