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La Junta de Andalucía desoye a las familias y al Parlamento y cierra la residencia de Montequinto

Dos mujeres acompañan a un anciano por el camino que conduce a la residencia de mayores y grandes dependientes de Montequinto, un importante barrio de Dos Hermanas (Sevilla). Una de ellas le pregunta al hombre si está nervioso. La otra contesta por él: “no, ahora se toma un Orfidal y se le pasa”. La decisión de la Junta de Andalucía de ejecutar el cierre del edificio y el traslado de los residentes y la plantilla a uno más pequeño del centro del municipio con el que venía amenazando desde hace años ha roto la tensa calma que se respiraba en el apacible y relajado ambiente en el que se ubica esta residencia.

A las afueras de la ciudad, rodeada de una amplia zona ajardinada ahora en estado de abandono, este terreno está muy bien conectado con la capital, cerca de una autovía, una estación de metro, una futura parada de tranvía, una universidad y a escasos kilómetros de la SE-30. Esta preciada ubicación ha levantado las sospechas sobre la insistencia de la Junta en el cierre del edificio. “El temor es que a este suelo público, una vez que consigan el desalojo, le den una finalidad privada para que hagan negocio unos cuantos”, dice Ernesto Rodríguez, miembro de la Plataforma en Defensa de la Residencia de Montequinto.

Esta plataforma, integrada por familiares de residentes y vecinas de la zona, lleva desde 2011 trabajando para evitar el cierre del centro. Estos años han orientado toda su actividad a intentar mantener la residencia abierta porque consideran que es esencial que no se cierre, además de innecesario. Su voluntad es que “no haya traslado bajo ningún concepto. Ni provisional ni definitivo, porque lo que queremos es que se reforme ala por ala”.
El traslado no solo está afectando a los residentes sino que también las trabajadoras se muestran molestas con la forma en la que se ha realizado. “El planteamiento aquí se podría haber hecho de mil formas mejor dentro del marco de la ley”, denuncia una de ellas que explica que “la responsabilidad cae en la Consejería”. Además, temen por la salud de los internos y consideran que “el cambio de hogar les va a sentar mal y algunos se van a ir”. Rodríguez comparte la idea de que “no se están haciendo las cosas bien”.

La plataforma de la que forma parte considera que el traslado no se está dando en las condiciones que debería y critican la actitud de la Junta, que “como saben que están haciendo tantas cosas de forma ilegal pretenden que la gente se implique, protegiéndose en caso de las demandas que más adelante podamos poner”.

El estado de deterioro del edificio en el que se encuentra la residencia de Montequinto es evidente, pero la plataforma entiende que “problemas estructurales nunca los ha habido ni los hay”. Una idea opuesta defiende el Director de Mayores y Pensiones no Contributivas de la Junta, Francisco José Martín, que asegura que el edificio, aunque tiene solo 34 años de antigüedad, “desde principio de los 90 empieza a presentar graves problemas estructurales”.

Martín no es capaz de explicar qué va a pasar tras el inminente cierre con este espacio y centra todo el trabajo de su administración en el traslado. Asegura que la voluntad de la Junta es “hacer un edificio seguro y, a partir de ahí, tomar las decisiones posibles para que no haya ningún deterioro del edificio ni se produzcan ningunos problemas de seguridad para los vecinos”. Sin embargo no aclara durante cuánto tiempo se mantendrá esta situación o cuándo podrán volver los residentes al edificio que, según la versión oficial, se volverá a construir en ese mismo terreno.

De hecho, en los presupuestos de este año no se recoge ninguna partida que se pueda destinar a la reforma o reconstrucción de la residencia de Montequinto. Martín lo justifica porque “si cualquier parcheo es tirar el dinero y no se va a realizar porque ya los residentes están cubiertos no se entiende necesario una partida de mantenimiento”.

Tampoco hay un claro compromiso de la Junta que asegure que las trabajadoras mantendrán su plaza en el centro al que se van a trasladar, aunque sí aseguran que tratarán el tema con los sindicatos. “Que haya reubicación porque todas las partes lo entendamos necesario es posible” explica Martín. Aclara que es posible que haya que “readaptar también el personal de Montequinto a las dimensiones del nuevo centro”, debido a la disminución tanto de espacio como de plazas que supone este cambio.

Ante la opacidad sobre el futuro del centro, Rodríguez entiende que “sí tienen claro lo que quieren hacer; lo que no quieren es decirlo”. “Algún proyecto diferente tiene que haber”, coincide Mari García Bueno, miembro del grupo parlamentario de Podemos en el Parlamento de Andalucía y que, en diciembre de 2017 defendió una Propuesta No de Ley (PNL) que pedía a la Junta, entre otras, la reforma de esta residencia.

La de 2017 es la tercera iniciativa de este tipo que se presenta en el Parlamento andaluz desde que se empezó a amenazar con el cierre de este centro. Un “momento de insuficiencia financiera” es lo que para la Delegada Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales en Sevilla, Mª Ángeles Fernández Ferreiro, justifica que ninguna de las tres haya conseguido que se mantenga abierto el centro.

García Bueno califica de “dejadez” la actitud de la Junta. “Nos parece que ni siquiera tendría que haber llegado esta última PNL a este Parlamento porque hacía hincapié, igual que la del 2012, en que lo que no se quiere es el abandono y el cierre total de esa residencia”, asegura. Y espera que “en esta ocasión tengan en cuenta lo que se ha aprobado y que en el menor tiempo posible empiece a funcionar de nuevo”.

Un informe que nadie ha visto

Además de insistir en la rehabilitación del edificio, la PNL presentada en diciembre por el Partido Popular y Podemos en el Parlamento y apoyada por Izquierda Unida pedía acceso al informe con el que la Junta lleva justificando desde el comienzo del conflicto el desalojo. “Ese informe técnico que señala que hay problemas estructurales nunca ha llegado a manos de un familiar, ni a la plataforma que lo ha estado demandando”, aclara García Bueno.

Aunque Martín asegura que “los informes se terminaron y automáticamente se dio la orden de que se entregasen a todos los grupos políticos”, ninguno de los grupos que presentó la PNL ha tenido acceso aún. La parlamentaria de Podemos confirma que “no conocemos el contenido y, probablemente, tendremos que recordarle este punto al Gobierno”.

Los familiares de las personas residentes tampoco conocen aún el resultado de ese informe a pesar de haberlo pedido en diferentes ocasiones y siempre por escrito. “En verano lo pedimos en la Consejería y en noviembre en la Delegación”, explica Rodríguez. Para la plataforma que se diese a conocer el informe ahora sería “una burla”. Aclaran que la finalidad del informe es poder estudiarlo y debatirlo y que “no se trata de dar un informe cuando se están llevando a la gente”.

La opacidad en torno a este informe llegó a tal punto que la propia plataforma ofreció a la Junta llevar a un arquitecto al centro para que elaborase un informe técnico. Martín no entiende “la capacidad que puede tener la Junta de Andalucía de decirle a una plataforma social que no haga un informe” y cree que, “como plataforma debería ser parte de su trabajo”, pero fue la propia Consejería la que impidió que ese informe se elaborara. “Nos negaban que entrara el perito. Si traes a un arquitecto tiene que entrar en toda la instalación y no puede hacer su trabajo a escondidas”, aclara Rodríguez.

La única persona fuera de la Junta de Andalucía que asegura haber tenido acceso a este informe es el Alcalde de Dos Hermanas, el municipio donde se encuentra la residencia, Francisco Toscano (PSOE). El concejal de Izquierda Unida en este ayuntamiento, Fran García Parejo, explica que “en las mociones que se presentaron en 2013 ó 2014 el alcalde dijo que sí sabía, por esos informes, que la estructura de la residencia estaba dañada”.

En los plenos del ayuntamiento el tema ha sido “muy recurrente” desde 2011, asegura el concejal. En todas estas ocasiones, el equipo de gobierno “mantenía la postura oficial de la Junta de Andalucía” y “ha manifestado que no pasa nada si hay personas en la residencia de Montequinto que tengan que ser repartidas en el barrio sevillano de Heliópolis o, incluso, en el municipio de Marchena”.

Lejos de pedir a la Junta que mantenga en funcionamiento la residencia de Montequinto, el ayuntamiento ha cedido a la Conserjería la residencia ubicada en el centro de la localidad sin ninguna exigencia a cambio. García Parejo lo explica porque la Junta “le ha salvado la vida, en realidad, porque le mantiene el servicio público gratis total. ¿Qué contraprestración va a pedir? Si, en realidad, es lo que quieren”.

Como mucha gente, este concejal tampoco entiende que “si de verdad existe un riesgo estructural y esto viene coleando desde 2011 o no existe riesgo estructural o se han colado siete años manteniendo en peligro a unas personas en una residencia que se va a caer”. Y cree que un interés partidista es lo único que puede justificar que se defienda la “pérdida de calidad y de bienestar” que se ha sufrido en esta residencia en los últimos años.

García Bueno conoce varias denuncias por “la dejadez que estaba habiendo y el abandono de esta residencia” y denuncia que “se ha ido dejando en el tiempo que eso se vaya deteriorando más para que incluso la gente se cansara”. Es una idea que comparte la plataforma, que asegura que no se han repuesto los timbres de las habitaciones cuando se han estropeado, así como las propias trabajadoras que aseguran haber sufrido caídas por el mal estado del suelo y cuentan que en los más de 30 años de funcionamiento del centro, solo se ha pintado una vez.

Para Rodríguez, una explicación a esta dejadez de la administración es que “es una forma de que los familiares también sintamos el peligro”. Además, otros servicios como el de fisioterapia se han visto reducidos y “eliminaron ya por completo las actividades lúdicas”, añade.

Andalucía: lo concertado sobre lo público

“Los familiares que estamos en lucha tenemos una conciencia clara de que esta lucha no es por nuestros familiares”, explica el portavoz de la plataforma, “porque el que consigue una plaza de residencia pública hoy en día es porque lo ha luchado con uñas y dientes”, continúa.

El modelo de centro residencial público que representa la residencia de Montequinto está en estos momentos en entredicho por un sistema de plazas concertadas en auge. Según la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales, de las 700 residencias en las que se ofertan plazas financiadas por la Junta solo el 20% son centros de titularidad pública. El resto, son centros privados que ofrecen plazas concertadas.

Martín se justifica diciendo que “al final, tan públicas son las plazas de centros públicos, independientemente de la titularidad, como las plazas concertadas” pero García Parejo rechaza este modelo porque “significa que el privado tiene que sacar beneficio. Con lo cual, al fin y al cabo te va a costar más dinero que si es público”. En el mismo sentido, García Bueno denuncia que “de una sociedad envejecida se van a beneficiar unas empresas privadas”.

En la plataforma en defensa de la residencia coinciden con esta idea. “Una plaza concertada es mucho más cara para nuestro bolsillo”, aseguran. Y añaden que “la empresa privada se hace de oro chupando de lo público, aunque esa ideología neoliberal diga que lo público no funciona, que el Estado pesa demasiado y que hay que aligerar el Estado del Bienestar. Llegaron a las instituciones y al Estado precisamente para hacerse con las empresas públicas y los sectores estratégicos. Para hacer un negocio del agua, de las residencias, de la salud, de la vivienda...”.

Rodríguez cree que “la solución realmente pasa por una toma de conciencia del pueblo de Andalucía para que se plante porque la voluntad del pueblo, por encima de la voluntad política de Susana Díaz, es que esto se vaya a reformar”. 

A pesar de los continuos reveses de la Junta, en la plataforma creen que, incluso tras el cierre, “la lucha seguirá siendo la misma”. Valoran muy positivamente el empoderamiento que esta lucha ha supuesto para la gente que ha ido llegando. “Si bien hay gente que ya tenía una conciencia”, explica Rodríguez, “lo positivo es que muchos se han ido sumando y han ido tomando conciencia, un aprendizaje, un empoderamiento que es valiosísimo y ese proceso lo han seguido hasta quienes han llegado hace una semana a su primera asamblea y han visto y oído lo poquito que puedan pillar en unos días. Eso ya sirve”.