Sanidad
Trabajadoras sexuales en consulta: “En vez de atenderte, te echan un sermón”

La falta de derechos laborales y el estigma ‘putofóbico’ imperante en muchas consultas médicas expulsan constantemente a estas mujeres del sistema de salud. Sin poder gozar de bajas por enfermedad ni disponer de seguros de salud, muchas acaban recurriendo a redes de apoyo mutuo o a clínicas privadas, que suplen el vacío dejado por las instituciones.

Todas las personas tienen derecho “a que las actuaciones de salud pública se realicen en condiciones de igualdad sin que pueda producirse discriminación por razón de nacimiento, origen racial o étnico, sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad sexual, enfermedad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Así lo establece el artículo 6 de la Ley 33/2011 General de Salud Pública.

Pero de la ley a la práctica hay un trecho. Bien lo saben las trabajadoras sexuales, como apuntan varios documentos. Por ejemplo, un informe del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas alertaba en 2024 de que las trabajadoras sexuales sufren una discriminación generalizada, falta de acceso a la atención sanitaria y a los servicios sociales, además de violaciones recurrentes de sus derechos humanos. “Las trabajadoras sexuales deberían tener garantizados todos los derechos humanos y laborales, también en lo relativo a la salud y la seguridad ocupacionales. Deberían gozar de protección social y de igualdad de acceso a toda la gama de derechos sanitarios”, reza el comunicado. 

Además, el hecho de que la práctica de la prostitución conlleve el uso del cuerpo, especialmente los genitales, hace que en muchos casos las trabajadoras requieran de asistencia sanitaria sostenida y de calidad. Así lo recoge el estudio La explotación en la industria del sexo contada por sus protagonistas, en el que el Comité de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo (CATS) menciona algunas de las dolencias que pueden derivarse de la práctica de la prostitución en el día a día.

Cuando las trabajadoras sexuales acuden al centro médico, muchas veces lo que encuentran es cuestionamiento y juicio sobre su profesión en lugar de escucha activa

Dolor crónico en los pies debido al uso constante de tacones, desgaste físico al tener que estar muchas horas de pie y sin descanso en los clubes de noche, algo que incrementa la fatiga y el malestar corporal, utilización de luces de colores intermitentes y la exposición constante a música a alto volumen en estos lugares. Dolencias musculares en las manos y la espalda en los centros de masajes eróticos (así como tendinitis o lumbalgias), trastornos del sueño y la alteración del ritmo circadiano, fatiga crónica y son otras dolencias asociadas. 

Además, señalan, “en determinados entornos laborales, la deficiente gestión de la higiene y el mantenimiento de los espacios de trabajo supone un riesgo significativo para la salud. Las condiciones insalubres, la falta de ventilación adecuada y la ausencia de medidas básicas de limpieza fueron algunos de los problemas reportados”. Todas las posibles patologías contraídas en el entorno profesional, al no disponer de una situación regularizada, no son calificadas como riesgos laborales. 

Cuando las trabajadoras acuden al centro médico a causa de cualquiera de estas casuísticas, muchas veces lo que encuentran es cuestionamiento y juicio sobre su profesión en lugar de escucha activa. Así lo manifiestan varias trabajadoras sexuales entrevistadas para este reportaje.

Ser trabajadora sexual en la consulta médica

Las trabajadoras entrevistadas aseguran que en el espacio de la consulta, se reproducen lo que califican como prejuicios “salvacionistas” donde los facultativos acaban desoyendo las explicaciones de sus pacientes. Marta (que prefiere utilizar un pseudónimo) es integrante de CATS en Murcia y trabajadora sexual, y lo explica así: “Las mujeres que acuden a centros sanitarios sufren una discriminación basada en prejuicios acerca de la prostitución, como un trato infantilizante, paternalismo, un tono diferente cuando revelan su profesión, fruto de la falta de conocimiento sobre la realidad de su trabajo y del estigma que sigue habiendo. Te dicen ¿y por qué eres trabajadora sexual? Y has pensado en salir de esto, pero ¿sabes que hay alternativas? Pero ¿tú estás segura?”, alega en conversación con este medio. 

Linda Davis, presidenta de la organización de trabajadoras sexuales Aprosex y trabajadora sexual, incide en la gravedad de esta discriminación, que merma la calidad de la atención médica —más centrada en juzgar que en atender— y atribuye estos hechos a la “putofobia”: “Hay un problema social muy grande que se llama ‘putofobia’. Hay un discurso antiderechos y prohibicionista  tan arraigado en la sociedad española que cuando le dices a un sanitario que eres trabajadora sexual, automáticamente te clasifica como una mujer violada. Entonces, en vez de atenderte, lo primero que te echan es un sermón. Estás en un consultorio con una persona diciéndote que lo que haces está mal”, alega. 

Mónica, del sindicato Otras,  lleva en el ejercicio de la prostitución desde que tenía 18 años y explica que el trato en consulta tiene un efecto disuasorio que supone en la práctica una barrera en el acceso universal al sistema sanitario

Esta situación, dicen las mujeres entrevistadas, tiene como consecuencia que muchas trabajadoras rehúsen decir la verdad sobre su dedicación profesional y oculten información relevante a los sanitarios que las atienden. Otras, directamente, optan por reducir al mínimo su asistencia a estos servicios. “Normalmente la gente ni lo dice porque sabe que el estigma es tan grande que prefieren que piensen que has cogido la patología que sea de forma amateur, con lo cual ya partes de un veto, tú misma te vetas porque sabes que si lo dices te van a violentar”, asegura a este medio Mónica, secretaria de relaciones institucionales del sindicato Otras, que lleva en el ejercicio de la prostitución desde que tenía 18 años y explica así lo que este efecto disuasorio supone en la práctica una barrera en el acceso universal al sistema sanitario. 

Así lo reconoce también el estudioDerecho a la salud de las mujeres que ejercen la prostitución en el Sistema Público Andaluz de Salud que arroja luz sobre este aspecto, afirmando que la falta de comprensión les lleva a optar por prácticas nocivas para ellas mismas como falta continuada a las citas con el médico de cabecera o la automedicación.

Autodiagnóstico y médico privado 

Por eso, las trabajadoras de CATS, así como de otras organizaciones de trabajadoras del sector alegan que es habitual que las mujeres acaben autodiagnósticandose y abusando de analgésicos en lugar de realizarse pruebas médicas necesarias: “Sobre todo hay mucho abuso de las benzodiazepinas, para gestionar el estrés o la ansiedad. Si tú acudes al médico y lo que recibes en vez de un trato humano es un trato salvacionista, acabas automedicándote para sostener el ritmo de trabajo”, destaca Mónica. Esta entidad dispone de un servicio médico propio que atiende a trabajadoras sexuales. Ahí ofrecen atención psicológica, pruebas diagnósticas y tratamiento de ITS, vacunación y otros servicios como entrega de preservativos y lubricantes a bajo precio, además de facilitar la obtención de la Tarjeta Sanitaria, que da derecho a todos los servicios sanitarios públicos. 

Un informe andaluz detecta una forma diferenciada: las trabajadoras sexuales acuden a la salud pública o privada en función del tipo de atención que se busca para evitar ser juzgadas

Otra tendencia que detecta el informe andaluz es recurrir de forma diferenciada a la salud pública y las consultas privadas en función del tipo de atención que se busca. “Cuando lo que se requiere tiene que ver son la salud sexual y reproductiva, análisis de ginecología, analíticas de ITS o IVES por ejemplo, el recurso a las consultas privadas son opciones viables para las que tienen recursos económicos para ello, aunque esto les genere unos problemas considerables para su viabilidad económica”, recoge el informe.

Lo mismo ocurre en el caso de que se produzca, durante un servicio, un embarazo no deseado y la mujer precise que se le practique un aborto. Mónica afirma que, aunque el aborto está reconocido por ley, todavía en muchas comunidades y centros médicos hay muy pocos profesionales que lo hagan debido a la objeción de conciencia. 

Las que acuden a centros privados deben pagar un alto coste en muchos casos: “Hay hospitales privados que te permiten abortar ahí y las compañeras que están en situación irregular tienen que pagar cerca de 300 euros para poder hacerlo y si quieres que te pongan anestesia, te puede llevar 200 euros más”, enfatiza. En esta línea, mantiene que más del 67% de las trabajadoras de su asociación afirman haber tenido clientes que se han intentado quitar o que se han quitado sin consentimiento el preservativo durante el servicio, lo que ha dado lugar a embarazos no deseados.

El mito de la contracción de ITS en el trabajo sexual

Otro gran estigma que rodea a la profesión en lo relativo a su salud tiene que ver con las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual). La European Sex Workers Rights Alliance indica que la mayor vulnerabilidad de las personas que ejercen el trabajo sexual frente al VIH y las ITS “suele quedar eclipsada por las percepciones estigmatizantes que se tienen del trabajo sexual y de quienes lo ejercen, lo que lleva a considerar a estas personas como vectores de la enfermedad y responsables de su transmisión”. Es decir, se presupone que las trabajadoras sexuales suelen contraer ITS de forma relativamente recurrente, algo que desmienten los datos.

Según datos del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (UNAIDS), en 2023 la prevalencia media mundial del VIH entre trabajadores y trabajadoras sexuales era del 3.0% (rango 0-62%). En CATS, el último caso de VIH positivo se registró en el año 2020. A juicio de Linda, contrariamente a lo que suele empañar el imaginario colectivo, “la población que más se cuida ante las enfermedades de transmisión sexual son las trabajadoras ya que están mucho más sensibilizadas al respecto”. “Sabemos que tenemos que hacernos las pruebas cada tres meses para estar sanas, somos responsables porque multiplicamos los contactos sexuales más que otras personas”, sostiene. 

UNAIDS apunta que los Estados tienen la obligación de garantizar el acceso a los servicios relacionados con el VIH y la salud sexual y reproductiva en consonancia con los principios de igualdad y no discriminación, también a TS en todo el mundo. Sin embargo, subrayan desde CATS, en ocasiones acceder a tratamientos como la PrEP (la Profilaxis Pre-Exposición, un método de prevención del VIH en caso de mantener relaciones sexuales sin protección) resulta difícil, “ya sea por el desconocimiento de los profesionales sobre este tratamiento, o por las explicaciones adicionales y justificaciones que las mujeres deben proporcionar para recibirlo”. 

En la Comunidad de Madrid es preciso disponer de tarjeta sanitaria para poder acceder a un tratamiento a través del sistema público (mientras que la atención de urgencias no la requiere), destacan con preocupación las trabajadoras entrevistadas para este reportaje. Las migrantes en situación administrativa irregular, asegura la portavoz de CATS, siempre han presentado serios obstáculos para obtener la Prep por la vía pública ya que “normalmente hasta que consiguen obtener la tarjeta sanitaria puede pasar muchísimo tiempo”.

El calvario de las trabajadoras migrantes sin papeles para obtener la PrEP

Antes de la aprobación del Real Decreto 180/2026, que facilita el acceso universal al sistema sanitaria sin requerimiento temporal de residencia, cuando llegaban a España como turistas solo podían obtenerla después de un periodo empadronadas en una comunidad autónoma específica. “No obstante, la realidad es que muchas no permanecen demasiado tiempo en un lugar concreto, ya que el número de clientes es siempre mayor cuando se llega a un lugar por la novedad, rotando por periodos cortos para variar la clientela”, aseguran desde CATS. En el caso de este grupo de mujeres, el acceso a la atención médica es todavía más complejo: Pueden acudir sin problema a servicios de urgencia pero hasta hace a penas un mes no podían tener médico de cabecera debido a su situación legal, lo que dificultaba cualquier seguimiento médico sostenido en caso de contraer enfermedades en el espacio de trabajo. Esto se suma a la negativa de muchos empleadores y caseros a empadronarlas cuando ejercen en espacios como clubes o pisos regentados por terceras personas. 

La esta ausencia de reconocimiento profesional legal deriva en que no dispongan de muchos derechos laborales como bajas por enfermedad o la consideración de ciertas enfermedades y riesgos profesionales

Todas estas barreras de acceso llevan años acrecentando significativamente la dependencia de las TS hacia organizaciones mediadoras para obtener asistencia sanitaria esencial. Además, señalan desde esta organización, “las trabajadoras migrantes enfrentan, en ocasiones, diversos obstáculos en la comunicación con los profesionales sanitarios, marcados por problemas idiomáticos y diferencias culturales en las concepciones sobre la salud y la enfermedad. Así, a menudo abandonan el proceso médico antes de completarlo”. En esta línea, la portavoz de Otras ahonda en que “si la ley de extranjería no existiera este acceso mejoraría sustancialmente”, al reconocerse su arraigo en el país. 

El deber legal de demostrar arraigo cuando no disponen de contratos de trabajo al uso ni han podido cotizar por sus servicios las vulnerabiliza todavía más, exponiéndolas a una revictimización constante. No obstante, la regularización extraordinaria recién ha ofrecido también una salida a esta brecha legislativa histórica, ya que ahora las trabajadoras no necesitan presentar un contrato laboral sino que únicamente deben demostrar su residencia en el país desde diciembre de 2025. 

Hasta la aprobación del decreto, tal y como establecía la ley, “incluso si venían con un diagnóstico de VIH, si no mostraban que la exposición al VIH se había dado en España, tampoco podían acceder sin empadronamiento a la tarjeta sanitaria”, cuenta Marta. Fruto también de esta ausencia de reconocimiento profesional legal, no disponen de muchos derechos laborales como bajas por enfermedad o la consideración de ciertas enfermedades y riesgos profesionales. 

Sin bajas por enfermedad ni seguros de salud

Lo que ocurre en muchas ocasiones, es que los costes sanitarios y de contingencia son asumidos individualmente por las trabajadoras. Como determina el informe de CATS, “en determinados entornos como clubes y salones de masaje la jurisprudencia ha instado a la formalización de contratos laborales, si bien estos no reconocen explícitamente la prestación de servicios sexuales, sino otras funciones asociadas al entorno de trabajo. En consecuencia, esta omisión se traduce en la externalización de los costes asociados a la prevención y atención sanitaria, trasladando la carga económica a las propias trabajadoras”. Para Mónica, “esto genera un marco de desprotección adicional con respecto al resto de la clase obrera, que sí cuenta con derechos laborales”.

Las mujeres que acaban de migrar y cuentan con fuertes barreras idiomáticas muchas veces desconocen sus derechos cuando reciben un tratamiento antivírico, tal y como subrayan desde Aprosex

En caso de verse obligadas a hacerse pruebas, análisis o exámenes médicos de ITS por exigencia de sus empleadores, el coste también recae en ellas. Cuando esto sucede, muchas aceptan asumir esas cuantías, en ocasiones muy elevadas, debido a la falta de información al respecto. Hay quienes tampoco conocen su derecho a estar informadas en todo momento sobre la intervención médica que están recibiendo o a elegir el tratamiento antivírico que prefieren, especialmente las mujeres que acaban de migrar y cuentan con fuertes barreras idiomáticas, tal y como subrayan desde Aprosex.

En mayo de 2024, el parlamento belga aprobó una ley laboral que por primera vez permitía a las trabajadoras disponer de contratos formales, lo que abría las puertas a poder gozar de seguros médicos, prestaciones y bajas por enfermedad. En España, sindicatos como Otras pugnan por disponer de un marco legal que reconozca su actividad, la despenalice y permita un acceso real y universal al sistema de salud. Mientras tanto, admiten sus militantes, las redes de apoyo mutuo acaban supliendo el vacío que dejan las instituciones. Los cuidados entre compañeras se erigen como formas clandestinas de protección comunitaria para combatir la extrema precariedad y la ausencia de apoyo social. Linda destaca que, frente a este abandono, “la única forma de conseguir derechos es a través de la organización”.