Salud
Claves para actualizar la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva tras quince años parada

El pasado 4 de septiembre, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba en una visita al Centro Municipal de Salud del municipio madrileño de Coslada la inminente actualización de la Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva, que lleva más de 15 años sin ser revisada. En todo este tiempo, el documento no ha incorporado avances clave en derechos sexuales y reproductivos —como los nuevos protocolos de aborto o la visibilización de la menopausia— ni ha respondido a retos actuales como la educación sexual para jóvenes, la violencia específica contra las mujeres o la atención a la diversidad.

García daba algunas claves: una estrategia actualizada debe partir de una visión amplia y positiva de la salud sexual, entendida como un componente esencial del bienestar individual y colectivo. “Es un instrumento para vivir mejor, más sanos y más felices, ya seas joven o mayor, hombre, mujer, vivas solo, en pareja o en cualquier otra forma de convivencia”.

García recordaba que, en los últimos años, el Ministerio de Sanidad ha avanzado en materias clave como los protocolos de interrupción voluntaria del embarazo (IVE), la visibilización de la menopausia en el debate público y la respuesta al incremento de infecciones de transmisión sexual desde un enfoque basado en derechos. “Hoy, la salud sexual exige respuestas nuevas: educación integral para jóvenes, prevención y diagnóstico precoz de ITS, atención a la menopausia y a la diversidad sexual y de género”, decía.

Susi Obiol Saiz, matrona y secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), recuerda que cualquier guía o protocolo debe revisarse al menos cada cinco años para evaluar su efectividad y adaptarse a los cambios

Pese a lo positivo de la noticia, distintas profesionales del ámbito sanitario lamentan el largo retraso. Susi Obiol Saiz, matrona y secretaria de la Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), recuerda que, en el ámbito científico, cualquier guía o protocolo debe revisarse al menos cada cinco años para evaluar su efectividad y adaptarse a los cambios. “Lo mismo debería aplicarse a estrategias de gran calado para los derechos de las mujeres, como esta”, sostiene, y añade que “las estrategias son como mapas o hojas de ruta: si no se actualizan con frecuencia, se corre el riesgo de caminar por senderos que ya no existen o perderse en paisajes que el tiempo ha transformado”.

Además de reclamar su actualización, Silvia Aldavert, coordinadora de la Asociación de Derechos Sexuales y Reproductivos, insiste en la necesidad de establecer mecanismos de seguimiento y evaluación que permitan saber qué medidas se han aplicado realmente, si han sido efectivas o no, y en qué condiciones. Hasta ahora, dice, eso no ha existido. “La Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva de 2010 incluía propuestas interesantes sobre el papel, pero su implementación ha sido muy desigual en el territorio y ha carecido de evaluación. Todo ha dependido, en gran medida, de la voluntad política de cada momento y de cada gobierno, y en muchos casos no ha sido una prioridad”, señala.

Esta desigual aplicación se agrava, según la también politóloga y activista feminista, porque las competencias sanitarias están transferidas a las comunidades autónomas, lo que cree que ha permitido que algunos gobiernos, especialmente de derecha o extrema derecha, bloqueen o incluso actúen en contra de la ley y de la estrategia nacional. Como ejemplo, menciona las oficinas de maternidad que se están abriendo en ciudades como Sevilla o Alicante, las cuales tienen el objetivo de convencer  a las mujeres para que no aborten contradiciendo directamente la normativa y los principios de la estrategia.

Más recursos para lograr derechos plenos

Uno de los elementos clave para que la nueva Estrategia de Salud Sexual y Reproductiva tenga un impacto real en la vida de las mujeres es que cuente con un presupuesto específico. Sin financiación adecuada, cualquier documento actualizado corre el riesgo de quedarse en papel mojado. Así lo advierte Silvia Aldavert, quien recuerda que esta carencia ya fue señalada en la estrategia anterior y que, a día de hoy, sigue sin saberse qué recursos económicos se destinarán, tanto a nivel estatal como autonómico.

Además de los recursos, las expertas subrayan la importancia de reforzar el papel de ciertos perfiles profesionales, como el de las matronas. Susi Obiol defiende la figura de la matrona en un contexto en el que España está entre los países a la cola de Europa en el número de comadronas. Oriol cree que ellas pueden actuar como agente esencial en la promoción de la salud sexual y reproductiva: desde la educación y el acompañamiento en procesos fisiológicos hasta el respeto a las distintas opciones de atención al nacimiento. Sin embargo, alerta de que para garantizar una cobertura suficiente es necesario revisar el plan formativo y aumentar el número de profesionales. “Invertir en matronas es invertir en salud y en derechos para las mujeres”, afirma.

Aida Máñez, presidenta de la asociación feminista El Parto es Nuestro, critica la escasa libertad real de elección en torno al parto y considera prioritario reforzar la autonomía de las mujeres en todos los procesos relacionados con su salud reproductiva

Por su parte, Aida Máñez, presidenta de la asociación feminista El Parto es Nuestro, critica la escasa libertad real de elección en torno al parto. Aunque legalmente se reconoce el derecho a decidir dónde dar a luz, en la práctica solo se ofrece la opción hospitalaria. También denuncia la falta de atención a la salud mental perinatal y la ausencia de apoyos para madres en situación de vulnerabilidad. Para Máñez, es prioritario reforzar la autonomía de las mujeres en todos los procesos relacionados con su salud reproductiva, y señala que todavía se siguen produciendo vulneraciones de derechos, como inducciones forzadas o casos como el de Oviedo de 2019, donde una mujer fue hospitalizada contra su voluntad por orden judicial. 

La presidenta de El Parto es Nuestro también recuerda que la actual revisión parte de la Estrategia de Atención al Parto Normal de 2007, que presentó importantes fallos estructurales. Entre ellos, la falta de una “formación de formadores”, que si se hubiese llevado a la práctica habría permitido trasladar los contenidos de la estrategia a todo el personal hospitalario, facilitando así una implementación más eficaz.

Además, alerta sobre los efectos de haber centrado aquella estrategia en el “parto normal”, cuando en la práctica cada vez se asume que todos los partos son de riesgo. Esta medicalización excesiva, con altas tasas de cesáreas e inducciones, podría haber contribuido a considerar la estrategia anterior innecesaria. “Desde nuestra asociación siempre se ha utilizado la estrategia como una herramienta más en las actividades de apoyo e información a mujeres, pero es desesperanzador que dos décadas después sigamos reclamando los mismos derechos”, dice. Aunque reconoce que hay avances en algunos centros y entre algunos profesionales, cree que gran parte del cambio se debe al esfuerzo colectivo de muchas mujeres que, de forma voluntaria, han impulsado foros, congresos, publicaciones y espacios de denuncia para mejorar las condiciones del parto en España. 

Silvia Aldavert añade que, para garantizar un acceso real a los derechos sexuales y reproductivos, es imprescindible incorporar una perspectiva interseccional ligada a una financiación suficiente

Por último, Silvia Aldavert añade que, para garantizar un acceso real a los derechos sexuales y reproductivos, es imprescindible incorporar una perspectiva interseccional: “Existen barreras graves que afectan especialmente a las poblaciones más vulnerabilizadas: mujeres sin tarjeta sanitaria, jóvenes sin acceso a educación sexual o personas con dificultades idiomáticas o culturales”. Esta perspectiva debe estar ligada a la ya citada financiación adecuada, pero también a mecanismos de denuncia ante situaciones de violencia institucional y a medidas de reparación.

También subraya la necesidad de mejorar el acceso a información veraz y contrastada, algo que considera que podría lograrse a través de campañas institucionales que informen claramente a la ciudadanía sobre sus derechos: “Informar a la población sobre cómo acceder a un aborto, cómo realizarse pruebas de ITS o cómo exigir educación sexual en los centros escolares es clave para que se puedan ejercer estos derechos de forma efectiva, libre de estigmas y desinformación”. Y añade que, frente al avance de discursos ultraconservadores, es más urgente que nunca que las instituciones asuman un papel activo en la garantía del derecho a decidir sobre el propio cuerpo, con herramientas accesibles y universales.