Sanidad
El año en el que Mónica García intentó volver a la sanidad universal y enterrar Muface (pero no lo consiguió)

El 18 de diciembre de 2023 la ministra de Sanidad, Mónica García (Sumar-Más Madrid), se reunía con organizaciones sociales, cuando llevaba pocas semanas en el cargo, para prometer el retorno a la sanidad universal, esa que cercenó el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) en 2012 con los recortes en materia sanitaria. La promesa se transformaba en un primer documento el pasado 14 de mayo de 2024, cuando el Consejo de Ministros aprobaba el Proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS). Tras su aprobación este proyecto entró en las Cortes para seguir el camino parlamentario que se inicia con enmiendas y debe acabar con la ratificación en ambas cámaras. Desde entonces, nada más se ha sabido de esta promesa, más allá de intervenciones de García en el parlamento respondiendo a Vox con su intención de retornar a la casilla de salida que comprende una sanidad para todas.

El Real Decreto 16/2012 de Rajoy supuso un recorte en el acceso universal a nuestro sistema. Tras esta norma, que se aprobó vía consejo ministerial, quedaron fuera de la asistencia sanitaria con cargo a los fondos públicos colectivos como las personas migrantes en situación irregular, los españoles y españolas emigrados o los ascendientes reagrupados, madres y padres de personas migrantes que viven en nuestro país y que han traído a su familia. Tras esto, los sucesivos gobiernos socialistas han intentado deshacer el camino de la exclusión pero sin mucho éxito. Así lo hicieron con el Real Decreto 7/2018, que introdujo un nuevo concepto “estancia temporal”, que se ha traducido en que muchas comunidades autónomas solicitan empadronamientos de más de tres meses a las personas migrantes para poder ser atendidas sin ser facturadas.

El proyecto de ley para volver a la universalidad en la atención sanitaria lleva varado en las cortes desde mayo 

Las organizaciones sociales guardaban muchas esperanzas en las promesas de Mónica García. Tan solo pidieron la redacción de una ley simple que vuelva al párrafo eliminado por Rajoy en el artículo uno de la Ley General de Sanidad de 1986: “Son titulares del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria todos los españoles y los ciudadanos extranjeros que tengan establecida su residencia en el territorio nacional”. Una norma “sencilla y simplificada”, pedían estos colectivos y así se lo explicaban a El Salto.

El camino para aprobar la ley, un arma de doble filo

Sin embargo, lo que entró en el Congreso era un texto “muy mejorable”. Nacho Revuelta, portavoz de Yo Sí Sanidad Universal, explicaba a este medio que habían “troceado” la anterior propuesta, la conocida como Ley Darias, un proyecto de ley que decayó con el fin de la anterior legislatura y no llegó a materializarse. “Ese texto ya lo valoramosen la legislatura anterior y lo consideramos insuficiente, se quedaba a mitad de camino. No resuelve algunos de los problemas que están teniendo en el acceso a la sanidad las personas sin residencia", expresaba Revuelta.

Cómo debería ser la nueva ley de sanidad universal para que devolviera el acceso a todas las personas

Sara Plaza Casares

Exclusión sanitaria

Nuevo proyecto de ley Cómo debería ser la nueva ley de sanidad universal para que devolviera el acceso a todas las personas

Sara Plaza Casares

Colectivos en lucha se muestran prudentes con el nuevo proyecto de Ley de Universalidad del Sistema Nacional de Salud y piden una redacción simple que elimine requisitos que puedan suponer barreras de facto.

Sanidad pública y universal Casi 9.000 personas fueron excluidas de la sanidad pública en los primeros nueve meses de 2023

Sanidad Universal El Gobierno aprueba un proyecto de ley para volver a la sanidad universal

Las entidades veían el método elegido para aprobar esta norma como un arma de doble filo: de un lado en el periodo de enmiendas habría tiempo para presionar porque se introdujeran modificaciones y, de otro no utilizar la vía del real decreto, que solo requiere de la aprobación del Gobierno, puede hacer que se eternice su aprobación definitiva.

Según un informe de Médicos del Mundo de diciembre de 2024 casi 30.000 personas fueron expulsadas del sistema sanitario en los últimos 32 meses

Mientras tanto, la exclusión sanitaria continúa siendo una realidad: Según un informe de Médicos del Mundo de diciembre de 2024 casi 30.000 personas fueron expulsadas del sistema sanitario en los últimos 32 meses. El informe habla que esta ONG ha detectado 130 casos de cáncer, 138 de enfermedades cardiovasculares, 265 casos de diabetes, 279 casos de hipertensión y 162 casos de VIH sin tratamiento. 

Entre sus recomendaciones, esta entidad esgrime la necesidad de aprobar el Proyecto de Ley de sanidad universal que reconozca la titularidad del derecho a la atención sanitaria a todas las personas que viven de forma efectiva en España, “independientemente de su situación administrativa”. “Asegurar en todo caso la atención con cargo a fondos públicos a menores de edad, mujeres embarazadas y atención en urgencias”, añaden. Además, exigen un desarrollo reglamentario del citado Proyecto de Ley, que garantice “un procedimiento para la solicitud y reconocimiento del derecho a la atención sanitaria homogéneo en todo el territorio nacional. Desvincular la residencia efectiva del empadronamiento como único medio de prueba”, remarcan.

Acabar con la privatización sanitaria

Entre los deberes del ministerio de García también se encuentra acabar con la privatización sanitaria, amparada tanto en la Ley General de Sanidad de 1986 como en la Ley 15/1997. Durante 2024, también ha habido pasos en este sentido, aunque de igual manera sigan sin concretarse. El 13 de mayo de 2024 el ministerio sacó a consulta pública un proyecto de ley con el que pretendían la “limitación de la gestión de los servicios sanitarios públicos por parte de entes privados con ánimo de lucro”. En palabras de García, “se cerraba así la Ley 15/1997”. Desde entonces, poco más se ha sabido de ese proyecto de ley.

La norma propuesta no contempla un blindaje de nuevos contratos con entes privados. Se pretende fijar “el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual”

No obstante la norma propuesta no contempla un blindaje de nuevos contratos con entes privados. Entre las necesidades se indica “establecer de forma clara la prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios” pero se pretende fijar “el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas en este ámbito, y bajo qué condiciones”, con lo que se deja la puerta abierta a lo que se conoce como colaboraciones “público-privadas”.

Aumenta el gasto en conciertos sanitarios mientras el Ministerio crea un observatorio de la corrupción

Sara Plaza Casares

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Sanidad pública

Sanidad Pública Aumenta el gasto en conciertos sanitarios mientras el Ministerio crea un observatorio de la corrupción

Sara Plaza Casares

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Organizaciones como Mareas Blancas piden la derogación de la ley 15/97, al tiempo que esperan el borrador de una nueva ley de gestión pública que el Ministerio de Sanidad estaría ultimando con los diferentes grupos parlamentarios.

Antes de esto, el 4 de abril se reunía con Marea Blanca para tratar este tema, entre otros. “Hubo buena sintonía pero no estamos exactamente en la misma línea”, expresaba a El Salto la portavoz de este colectivo, Carmen Esbrí. El lunes 6 de mayo el ministerio presentaba el Observatorio contra el Fraude y la Corrupción Sanitaria. “Quieren hacer un observatorio de la corrupción pero con eso no se funciona. La privatización no solo es corrupción, encarece el servicio y lo empeora, el que maneja los hilos es un empresario”, expresaba Esbrí. Para Esbrí, lo que corresponde es la reconstrucción de la sanidad pública para lo que hay que desprivatizar todo lo que hay privatizado, “que no se hace en un día. Para ello hay que paralizar las privatizaciones desde el minuto uno y estudiar diversas fórmulas para poder rescatar el servicio sanitario público de toda la ciudadanía”.

Acabar con el modelo dual de Muface

En lo que sí se ha mostrado incisivo el Ministerio de Sanidad, pese a que la última decisión la tiene la cartera de Función Pública, es en pedir el fin del modelo dual de Muface, la mutua de los funcionarios que ofrece a estos la alternativa de ser tratados por la sanidad privada. La extinción de los contratos con las aseguradoras ha estado en el ojo del huracán en 2024 tras el plantón de estas a la oferta del Gobierno, que en un primer momento no accedió a aumentar el presupuesto todo lo que estas demandaban.

“El modelo Muface en la actualidad no es sostenible”, concluía un documento del Ministerio de Sanidad en el que indicaban una alternativa a subir las primas a las aseguradoras

Mientras el ministerio de Óscar López (PSOE) preparaba una nueva licitación, desde el ministerio de García presentaban un informe para indicar una alternativa a ese modelo dual. “El modelo Muface en la actualidad no es sostenible”, concluía este documento, al que tuvo acceso El Salto. “El contexto actual hace que, por primera vez en muchos años, la posibilidad de incorporar a la población mutualista a la asistencia sanitaria pública sea una opción tanto viable como razonable”, afirmaba.

Sanidad dice que el modelo Muface no es sostenible y aboga por su extinción

Sara Plaza Casares

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Sanidad pública

Privatización sanitaria Sanidad dice que el modelo Muface no es sostenible y aboga por su extinción

Sara Plaza Casares

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En un nuevo informe el ministerio denuncia la selección de riesgos que hacen las aseguradoras, al derivar a los pacientes con tratamientos más costosos hacia la pública.

Los datos recogidos por Sanidad indican que esto supondría un incremento de apenas el 2,12% de personas atendidas en la sanidad pública. “Si la financiación actualmente destinada a la asistencia sanitaria de las personas mutualistas de Muface que acuden a la aseguradora privada se transfiriera a la sanidad pública en el proceso de internalización de la provisión de dicha asistencia, el SNS debería tener capacidad para prestar ese servicio con la adecuada gestión del proceso de transición”, aseguran desde el ministerio.

Sin embargo, 2024 acababa con el caso omiso de Función Pública a esta propuesta de su socio de gobierno y con la presentación de unos nuevos pliegos de licitación hechos a la medida de las aseguradoras: el Gobierno aprobaba el 17 de diciembre en el Consejo de Ministros un aumento para sus primas de 957 millones de euros, por lo que invertirán 4.478 millones, un 33,5% más, que se acerca al 38% que ellas exigían.

Ley antitabaco y nuevo plan para Atención Primaria

Una de las banderas del Ministerio de Sanidad durante este año ha sido la lucha contra el tabaquismo. Para ello se ha presentado un Plan integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027 y en noviembre se sometía a audiencia pública un Proyecto de Real Decreto para actualizar la ley antitabaco, uno de los hitos de este plan.

Esta norma propone, entre otras cosas, un empaquetado genérico para cigarrillos y tabaco de liar, “eliminando elementos de diseño y colores atractivos que puedan incentivar el consumo” o la regulación de los cigarrillos electrónicos sin nicotina, así como limitar el uso de aromatizantes en los cigarrillos electrónicos.

El año acaba con un nuevo Plan de Acción de Atención Primaria, la herida que más sangra en el sistema: la población espera una media de nueve días para tener una cita con el médico de familia

El año acaba también con un nuevo Plan de Acción de la Atención Primaria, la herida que más sangra en el sistema tal y como se muestra en el último barómetro sanitario: la población espera una media de nueve días para tener una cita con el médico de familia. La falta de profesionales y de relevo generacional ante las consultas saturadas y las precarias condiciones que se ofrecen a la nueva generación de médicos y médicas de familia es un hecho, que se le ha ido de las manos a las Comunidades Autónomas que son las que tienen la gestión directa de este servicio.

El 16 de diciembre el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), compuesto por ministerio y comunidades, aprobaba este plan que incluye medidas específicas para promover la continuidad de la atención con el mismo equipo de profesionales así como impulsar la elaboración de planes de recursos humanos en cada comunidad autónoma para fidelizar el talento actual, además de ampliar la cartera de servicios, con la salud bucodental como añadido.

Desde la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC) celebraban dicho plan, pero advertían: necesita ir acompañado de un compromiso presupuestario suficiente y finalista que permita su materialización efectiva. “La dotación presupuestaria no es solo deseable, sino imprescindible y ha de ser adecuada al desarrollo y cumplimiento de los objetivos para evitar que estas propuestas queden en el ámbito de las intenciones”, concluyen. 

Que este incremento presupuestario sea finalista, es decir, que la administración central vigile que las comunidades autónomas lo invierten en los centros de salud, es el leitmotiv de la Federación de Asociaciones en Defensa de la Sanidad Pública (FDSAP), entidad que acababa el año despidiéndose de su portavoz, Marciano Sánchez-Bayle. Sirva el final de este artículo como homenaje para un luchador por una sanidad pública y universal que no cejaba en poner luz en los aspectos que el ministerio deberá seguir desentrañando para el próximo 2025.