Sanidad pública
Qué pretenden Ayuso y Lasquetty con la agencia de contratación sanitaria

El Gobierno de Ayuso publicó el pasado 23 de diciembre de 2021 en el portal de transparencia de la Comunidad de Madrid el Anteproyecto de Ley de medidas urgentes para el impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid, y estableció tan solo un plazo de 7 días hábiles, entre Nochebuena y Nochevieja, para la presentación de alegaciones, y su tramitación urgente. La conocida como “ley ómnibus” modifica de un plumazo 33 leyes y 5 decretos, e incluye 15 nuevas disposiciones. Afecta a muy diversos ámbitos como la hacienda pública, ordenación territorial y urbanismo, medio ambiente y protección de la naturaleza, ordenación de los transportes urbanos y de las carreteras, ordenación del juego, entidades locales, sistema sanitario público, servicios sociales, etc.

El pretencioso anuncio de “impulso de la actividad económica y la modernización de la administración de la Comunidad de Madrid”, se traduce en realidad en un impulso para la liberalización y privatización de múltiples servicios públicos y áreas de gobierno, con un claro impacto negativo en los derechos colectivos y bienes comunes, y en algo positivo en los bolsillos de potenciales políticos corruptos, de los que como bien se sabe, escasean ejemplos en nuestra región (véanse los casos de Gürtel, Lezo, Guateque, Púnica, y un largo etcétera). Esto ha despertado la alarma de diferentes entidades, colectivos, partidos de la oposición y algunos sindicatos, que durante las últimas dos semanas han denunciado el proceso, lanzando la campaña “Paremos la ley Ómnibus de Ayuso=Abuso”, que en pocos días ha conseguido casi 50.000 firmas de apoyo a un comunicado suscrito por 46 organizaciones sociales, entre las que se encuentra la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad).

Entre las medidas que afectan al sistema sanitario público de la Comunidad de Madrid, se encuentra la creación de la Agencia de Contratación Sanitaria recogida en el artículo cuarenta y cuatro del anteproyecto de ley. Desde Audita Sanidad nos parece imprescindible dar a conocer el impacto que esta nueva entidad puede tener en nuestro sistema sanitario público. Por ello, en el presente texto exponemos nuestra opinión sobre aquellos puntos que consideramos más relevantes, y que han sido traducidos en alegaciones frente al citado Anteproyecto.

En su punto uno, se menciona la “plena capacidad jurídica y de obrar, autonomía de gestión, patrimonio y tesorería propios”. Esto puede suponer una vía de escape al necesario control parlamentario y a los derechos a la transparencia y a la participación ciudadana en la gestión pública.

Creemos que la Agencia debería estar sujeta tan solo al Derecho público, para no alejarse de los controles y garantías del procedimiento administrativo público

En relación con el sometimiento al Derecho privado (punto 2 del artículo): “La Agencia actuará con carácter general con sometimiento al Derecho privado, sin perjuicio de su sujeción al Derecho público en el ejercicio de competencias y potestades administrativas.” Creemos que la Agencia debería estar sujeta tan solo al Derecho público, para no alejarse de los controles y garantías del procedimiento administrativo público.

En el mismo punto se hace referencia a que la Agencia pueda “constituir o participar en el capital de toda clase de entidades que adopten la forma de sociedad mercantil y cuyo objeto social esté vinculado con los fines y objetivos de aquélla”. La posible participación en el capital de dichas entidades supone un conflicto de intereses ya que en el mismo artículo, se hace referencia a que la Agencia “podrá encargar a estas entidades la realización de las actividades y contrataciones necesarias, formalizándose, cuando así correspondiera, a través de las oportunas encomiendas de gestión.”

Esta propuesta entraña tanto la desposesión de la capacidad de organizar, planificar y gestionar por parte de la administración , como el despojo a la ciudadanía de un bien común, delegando las funciones de contratación en empresas privadas con los sobrecostes ya conocidos

Esta propuesta entraña tanto la desposesión de la capacidad de organizar, planificar y gestionar por parte de la administración de la Comunidad de Madrid, como el despojo a la ciudadanía de un bien común, delegando las funciones de contratación en empresas privadas con los sobrecostes ya conocidos que suponen las Colaboraciones Público-Privadas.

Tal y como se refleja en el articulado, la Agencia podría contratar cualquier tipo de suministros, bienes y servicios. Consideramos que, como mínimo, todos los servicios asistenciales de Atención Primaria y Atención Especializada, así como los servicios de Salud Pública, deberían preservarse de cualquier tipo de privatización o externalización.

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Sanidad

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La creación de una Agencia de Contratación Sanitaria, que manejará un presupuesto de hasta 2.000 millones de euros para suministros, bienes y servicios, se inserta en el nuevo proyecto de ley que el gobierno de Ayuso quiere aprobar en plenas fiestas navideñas. Oposición y plataformas sanitarias recelan de las intenciones de un ente que tendrá personalidad jurídica propia y que actuará sin control parlamentario.

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Así mismo, exigimos una contratación transparente de suministros, bienes y servicios, que persiga el bien común y la garantía de los derechos a la salud y a la atención sanitaria de toda la población madrileña. Para asegurar la transparencia proponemos corresponsabilizar a agentes sociales y ciudadanía mediante su participación en los procedimientos de control establecidos.

Dado que se contempla la financiación de la Agencia mediante “subvenciones, donaciones y cualquier otra aportación voluntaria de entidades y particulares”, y es una entidad encargada de la contratación de bienes, suministros y servicios, ha de tener una vigilancia exhaustiva, y garantizar una información transparente de dicha financiación, para evitar tratos de favor, conflictos de intereses y conductas corruptas.

En relación con el Consejo de Administración, teniendo en cuenta el volumen de recursos —por poner un ejemplo, el número de contratos adjudicados en el año 2017 alcanzó la cifra de 571.726 por un importe de 1.493 millones de euros— que suponen las contrataciones realizadas por la Consejería de Sanidad en el ámbito de su actuación y en aras de la transparencia en la gestión y en la toma de decisiones, se considera fundamental la participación en el Consejo de Administración de las organizaciones sindicales y, lo que es más importante, la participación de la ciudadanía.

En lo que se refiere al apartado dedicado a crisis sanitaria, emergencia social u otras situaciones catastróficas, se dice textualmente: “En caso de crisis sanitaria, emergencia social u otras situaciones catastróficas que supongan grave peligro para la salud de las personas, declaradas oficialmente conforme al ordenamiento jurídico, las facultades correspondientes a órgano de contratación serán ejercidas colegiadamente por el Presidente y el Vicepresidente o el vocal titular del centro directivo del Servicio Madrileño de Salud…”.

Las situaciones de crisis que pudieran darse no justifican que las facultades se deleguen, aunque tengan carácter excepcional, en dos personas, más aun teniendo en cuenta el volumen de contratación que se ha efectuado a lo largo del proceso de la pandemia por covid-19 (IFEMA, Zendal y adjudicaciones realizadas a proveedores). La transparencia en la gestión de los recursos y las contrataciones adjudicadas son imprescindibles para una correcta rendición de cuentas a la ciudadanía que, al final, paga con sus impuestos y tasas la financiación de los recursos administrados por la Administración autonómica.

Parece clara la intención de Ayuso y Lasquetty de avanzar en la privatización de nuestro ya deteriorado sistema sanitario público, dotando de una Agencia opaca a la región que permita gestionar a su antojo y sin los pertinentes controles el jugoso negocio de la contratación de los servicios, suministros y bienes sanitarios.

Por todo lo expuesto pedimos la retirada de este anteproyecto de ley que vulnera la protección de la salud y la vida de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. De no producirse, solicitamos su anulación por incumplir claramente los requisitos exigidos para la tramitación urgente de la legislación vigente (artículo 27 de la Ley de Gobierno 50/1997 y artículo 11 del Decreto 52/2021 de la Comunidad de Madrid), que establece que solo podrá hacerse “cuando concurran circunstancias extraordinarias que, no habiendo podido preverse con anterioridad, exijan la aprobación urgente de la norma.” Este anteproyecto fue encargado por el Consejo de Gobierno de 27 de mayo de 2020, es decir, hace un año y siete meses, por lo que no se dan ni por asomo circunstancias extraordinarias no previsibles que justifiquen la urgencia.

Parece clara la intención de Ayuso y Lasquetty de avanzar en la privatización de nuestro ya deteriorado sistema sanitario público, dotando de una Agencia opaca a la región que permita gestionar a su antojo y sin los pertinentes controles el jugoso negocio de la contratación de los servicios, suministros y bienes sanitarios. Poco importan las crisis sanitarias como la pandemia, su mayor impacto en salud y social sobre la población más vulnerable, o el desgaste de los y las profesionales de los servicios sociales y sanitarios, a los que despreciaba recientemente la presidenta autonómica. Poco importa que hablemos de un bien común, la Sanidad Pública, y de derechos fundamentales, la salud, cuando entra en juego dinero con el que llenar las arcas de una minoría privilegiada y sin escrúpulos.

“Modernizar” la administración sanitaria es garantizar el derecho a la participación ciudadana en la sanidad, creando los mecanismos pertinentes para ello, y reorientar el sistema sanitario hacia la promoción de la salud y la equidad. Esto es, tener en cuenta los determinantes sociales de la salud y una financiación suficiente según las necesidades de la población, obviando las nocivas políticas privatizadoras que desde hace décadas vienen profundizándose en la región.

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Son innumerables las posibles líneas de “modernización”: impulsar la Atención Primaria como base del sistema, reforzar el trabajo en equipo y la coordinación con otros sectores y agentes sociales, promover una la atención a la comunidad, mejorar las condiciones laborales del personal, cuidar a quien nos cuida, monitorizar y contemplar las desigualdades en salud a la hora de definir las políticas sanitarias, incorporar un enfoque de salud integral y positiva… Pero no, estas líneas sucumben ante un “impulso de la actividad económica” que enmascara seguir cebando al sector privado a costa del bienestar y la calidad de vida de la población madrileña.

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