Sanidad pública
Profesionales y pacientes comparten su lucha por la sanidad pública madrileña

Era septiembre del 2020, en la segunda ola de la pandemia. En Abrantes, uno de los barrios de renta más baja de Madrid, el centro de salud amaneció con un cartel: “No hay médicos ni por la mañana ni por la tarde”. Es el centro de referencia de 30.000 personas. Durante las Jornadas por la Sanidad Pública, convocadas por la organización Vecinas y vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid y celebradas en Madrid los días 6, 7 y 8 de octubre, profesionales de diferentes áreas han compartido de primera mano otras experiencias parecidas: de 25 médicos en las urgencias del hospital del Sureste (Arganda), ahora quedan 12. En el distrito de Latina han estado más de un mes con un pediatra para 234.000 personas. Etcétera. 

“La intención de la Comunidad es deteriorar la atención primaria haciendo insostenible el sistema”, opina Rosa Gómez Honorato, enfermera del centro de Carabanchel. Reconoce que los planes que ha aprobado la Comunidad de Madrid en los últimos años, como la llamada Ley Ómnibus, suenan bien en el papel: “Hablan de que sus objetivos son mejorar la experiencia de los pacientes, reducir costes y conjugarlo con mejorar la experiencia de los profesionales”, dice la enfermera. “Pero en la práctica lo que vemos es que lo único que se ha cumplido es la reducción de costes”.  

Un modelo cuestionado

Para describir lo que ha pasado en la sanidad madrileña en los últimos veinte años suele usarse un mismo concepto: desmantelamiento. Los datos nos aproximan a esta tendencia: la Comunidad de Madrid es la que menos invierte en Atención Primaria y la que menos camas hospitalarias tiene (Cataluña tiene casi el doble). Hay más de un millón de personas en lista de espera. Y quien no puede esperar, huye a la sanidad privada: Madrid lidera el porcentaje de población con seguro privado (un 38%). 

Todo esto se traduce en aspectos que los usuarios de la sanidad pública sufren en sus carnes: aumento de las demoras y las listas de espera, plantillas insuficientes, una ruptura de la continuidad asistencial (aunque está comprobado que ser atendido por el mismo profesional disminuye la mortalidad en hasta un 25%, hay en Madrid más de un millón de personas sin médico asignado), inequidad y disminución, en general, de la calidad de la atención. 

Para Gómez Honorato, se legisla para privatizar: cree que, con la Ley Ómnibus principalmente, se ha creado una agencia sanitaria de contratación y servicios al margen de criterios públicos. 

“La salud genera unos gastos y necesita unas infraestructuras de tal manera que en un país como el nuestro no se puede concebir fuera de un servicio público”, dice Carlos Castaño, traumatólogo del Gregorio Marañón y presidente de la Asociación de Facultativos y Especialistas de Madrid. El especialista denuncia la existencia de un conflicto de intereses, y ofrece datos que dan la vuelta al mantra de que la gestión privada resulta más económica: los hospitales de gestión mixta tienen un sobrecoste de unas ocho veces lo que nos costarían si fuesen públicos (como el caso de la Fundación Jiménez Díaz), y los privados, un sobrecoste de un 15%. “La base de todo esto es el fundamentalismo neoliberal. Lo que importa es el dinero, no los derechos sociales o individuales”, denuncia. 

Maltrato a los trabajadores

Ana Ruiz García, enfermera del 12 de octubre, lleva muchos años en la lucha por la sanidad pública y ha observado que las circunstancias han cambiado bastante en ese tiempo. En la época de la potente respuesta de la Marea Blanca a las privatizaciones de hospitales en 2012, los profesionales se movilizaron de inmediato, explicaron a la ciudadanía qué pretendía hacer la Consejería de Salud, y lograron su apoyo. “Creo que dentro de la sociedad española existe una sensación de que la sanidad pública funciona, nos beneficia a todas, y se confiaba en los profesionales”, dice Ruiz. “La gente reaccionó. Eso fue lo que hizo que pudiéramos parar (en parte, con sus matices) que se vendieran esos hospitales: viene de esa unión entre trabajadores y usuarios”. 

“La estrategia de la Comunidad de Madrid es evitar que los profesionales puedan volver a estar junto a los usuarios”

Eso hizo que la Consejería cambiara de táctica: ahora, frente al deterioro de la sanidad pública en favor sanidad privada, “la estrategia de la Comunidad es evitar que los profesionales puedan volver a estar junto a los usuarios”, dice. Lo hacen mediante el “desprestigio”, el “insulto”, los mensajes que refuerzan la idea de que los sanitarios no quieren trabajar (“en algunos centros de salud no cogen los teléfonos, se cuelgan, de repente no hay médicos…”, llegó a decir Díaz Ayuso). “Es un mensaje que va calando en la sociedad. Hace años no te lo encontrabas”, añade la enfermera. 

A eso se suma que la precariedad laboral es otro de los aspectos que van de la mano de este modelo sanitario. Además de la disminución de plantillas y aumento de carga de trabajo, la temporalidad de los facultativos en Madrid es más de la mitad de los contratos (un 54,3%) y el 14% de los médicos en situación temporal tiene más de 60 años. “En los contratos temporales incluimos los interinos, los contratos de un mes, de días, de horas, de guardias…”, dice Juan José Llador, médico universitario del Hospital de Móstoles y miembro de la Plataforma de médicos y facultativos no fijos de Madrid. Él tiene contrato temporal tras 17 años tratando a cientos de pacientes. “Esto dificulta la conciliación familiar, el poder pedir un préstamo o hipoteca, vivir en Madrid (una de las comunidades más caras de España)”. Denuncia que la temporalidad es uno de los motivos de la fuga de profesionales. 

En 2023 ha habido una huelga de residentes, de urgencias extrahospitalarias, de médicos no fijos y dos de atención primaria

Los profesionales frente al desmantelamiento

Los artífices de este modelo sanitario se han encontrado con la resistencia de los profesionales: este año 2023 se inició con una convergencia de huelgas sanitarias, incluyendo una huelga de residentes, de urgencias extrahospitalarias, de médicos no fijos y dos de atención primaria. Respecto a la importancia de la atención primaria, Isabel Vázquez Burgos, médica de familia, es rotunda: “Si los centros de salud desaparecen, somos más débiles y con menos capacidad de atender, de modo que el conjunto de la sociedad estará más enfermo”, dice. Participó en la huelga porque “no queríamos ver a 80, 90 o 100 pacientes a diario. Esto hay que regularlo, nadie quiere trabajar en estas condiciones. Eso pasa por aumentar el número de profesionales de los centros de salud”. 

En ese contexto de huelgas hubo experiencias como la del encierro en el centro vecinal de Manoteras, en enero. “Fue algo novedoso, que los médicos se encerrasen en una asociación vecinal durante casi tres meses, mañana tarde y noche”, cuenta Alfonso López García de Biedma, médico de familia jubilado que participó en el encierro. “Llevábamos mes y pico en huelga y las cosas eran tensas con la gente que negociaba. Dijimos, tenemos que hacer acciones duras”. La idea surgió cuando la asociación de vecinos del barrio se ofreció a prestarles su espacio el tiempo que necesitaran: “Nos pusieron frigorífico, cama, las llaves… disponíamos de toda la asociación”. Al principio se enclaustraron apenas una decena de médicos haciendo turnos de guardia; en poco tiempo, ya participaban 150 profesionales de todo Madrid. “Manteníamos el encierro veinticuatro horas. Menos yo, jubilado, todos los demás compañeros trabajaban”, cuenta. Y añade: “Tengo 72 años y he estado metido en todos los fregaos del mundo. Creo que es la experiencia más emotiva, gratificante y que más me ha llegado al corazón de toda mi vida”.  

“Reunirnos en Manoteras hizo que nos encontráramos los que estábamos en la misma situación”, recuerda Elena Tutor Pallacín, doctora del centro de salud de Ávila. “Incluso la gente que no hacía huelga iba allí y podía hacer otras cosas, informar a la población de lo que estaba pasando”. Le dolió ver la tergiversación que se hacía en los medios de comunicación públicos sobre el encierro: “Informaban de cosas para poner a la gente en nuestra contra, no se hablaba de lo que nosotros queríamos conseguir…”.

Experiencias de vecinos y vecinas 

Durante las jornadas se han compartido experiencias que demuestran que estas movilizaciones no vienen solo de los profesionales: las luchas ciudadanas, diferentes pero conectadas, de Vecinas y Vecinos de Barrios y Pueblos de Madrid, de los familiares de las residencias de mayores (Marea de Residencias y Verdad y Justicia) o la de los afectados por el covid persistente. 

Una de las claves de estas luchas, dice Jorge Aranda, de la asamblea de Vecinos de Carabanchel, es revertir el malestar de la ciudadanía y transformarlo en movilización y protesta. “La situación de desmantelamiento de la sanidad pública genera mucho sufrimiento. Esa es la respuesta que tenemos que dar colectivamente”, propone. “Que toda esa gente nos organicemos y demos una respuesta colectiva. Eso genera una serie de posibilidades que muchos barrios venimos desarrollando, en la medida de nuestras posibilidades”. 

“Tenemos información, datos y argumentos en torno a la defensa de la sanidad pública que son irrevocables. Pero hay una parte de la población a quienes no les llega. Eso es un reto, un problema que tenemos que solucionar”, añade José Luis Yuguero de Blas, de Latina en Defensa por la Sanidad Pública. 

Las herramientas de todas estas organizaciones van desde las manifestaciones regulares en los centros de salud o las mesas informativas hasta el diálogo con los vecinos o las campañas en el pequeño comercio del barrio, poniendo carteles para abrir conversaciones en el bar o la frutería. “Hay que estar muy a pie de calle, hablando con la gente… Requiere paciencia y flexibilidad”, dice Aranda. “La gente te va a contar lo que ve en la tele, pero eso no puede ser un obstáculo porque es muchísimo más lo que te une que lo que te separa”. 

“En nuestra asamblea hemos intentado hacer lazos de familiaridad entre nosotros, una red de ayuda”

El objetivo de este trabajo “de pico y pala” que tanta gente libra de forma invisible e incansable es hacer a la ciudadanía cómplice, que sea la protagonista de la defensa de la sanidad pública y romper con el discurso del individualismo. “En nuestra asamblea hemos intentado hacer lazos de familiaridad entre nosotros, una red de ayuda”, concluye Yuguero. “Hay que ir a lo común, a la defensa del colectivo”.