Salud mental
La pandemia incrementa la vulneración de derechos en las residencias psiquiátricas

El conjunto de colectivos ‘en primera persona’ por la salud mental, Activistas en Acción, formado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) Valencia, Imaginave, Guitar Heroes y Orgullo Loco, denuncian las restricciones arbitrarias e injustificadas que reciben las personas con problemas de salud mental en las residencias psiquiátricas o Centros Especializados en Enfermedades Mentales (CEEM) valencianos, agravadas durante la pandemia. 

Limitaciones estrictas e “injustificadas” en las salidas, la imposibilidad de recibir visitas o comunicarse con sus familiares vía telefónica, la utilización de castigos o sanciones y la falta de perspectiva terapéutica más allá del enfoque psiquiátrico, son algunas de las situaciones que los colectivos valoran como una “vulneración constante” de los derechos humanos.

Esto ha llevado, según relata la misiva que enviaba la Plataforma esta mañana a la Directora General de Salud Pública en la Comunitat, Ana Barceló, a que la situación en estos centros sea “insostenible”, porque el hermetismo y las restricciones estarían provocado “un aumento generalizado de los síntomas y del sufrimiento psíquico que ya padecían”.

Es por ello que convocan una concentración para esta tarde, a las 20 horas frente al Mentalia Puerto, uno de los centros donde los colectivos reclaman la actuación urgente de la Generalitat Valenciana. Ment Valencia, San Ramón de Picassent, Residencia Cumbre de Calicanto, Residencia La Torre en Calicanto o el CEEM de Rascaña son otros centros en los que la plataforma también comunica irregularidades a pesar del “temor de las personas internadas, y de sus familias, a posibles represalias”.

“Vamos a hacer una performance en la que tiramos los derechos de las personas con trastornos mentales a un cubo de la basura”, relata Sergio Pelijero, miembro de Activistas en Acción e integrante de Guitar Héroes, un grupo de rock formado a partes iguales por personas con y sin trastornos mentales. “Leeremos un manifiesto y haremos entrega de una carta en la que le instamos al centro a cumplir con lo estipulado y respetar los derechos de las personas que allí viven”, añade.

“Durante el estado de alarma se entendió que el encierro podría perjudicar especialmente a las personas con trastornos psicológicos y se nos permitía salir. Ahora, que ya ha pasado el confinamiento, nos encierran en los centros de esta manera”

“Durante el estado de alarma se entendió que el encierro podría perjudicar especialmente a las personas con trastornos psicológicos y se nos permitía salir. Ahora, que ya ha pasado el confinamiento, nos encierran en los centros de esta manera”, señala Lola Escalona, activista de la Red de Grupos de Apoyo Mutuo en Salud Mental (GAM) València.

Desde un punto de vista psicológico, Javier Erro, psicólogo en centros penitenciarios, explica que el encierro “puede suponer un incremento de las experiencias que estuviesen padeciendo a nivel emocional, experiencial o de sufrimiento psíquico”. Según el experto, el modelo de estos centros es “generalmente paternalista y les infantiliza, porque “parte de la idea equivocada de que las personas con problemas de salud mental no puede ser autónomas o tener una vida propia”. Un cambio de modelo que debería pasar necesariamente por escuchar las propuestas y los reclamos de las personas que viven esta realidad.

Manifiesto por una salud mental justa

Ya el pasado 8 de octubre, los colectivos ‘en primera persona’ realizaron una manifestación frente al Palau de la Generalitat, para exigir un cambio de modelo en los centros y un giro de perspectiva en la forma de tratar a las personas con problemas de salud mental.

“Que nuestras voces sean tenidas en cuenta para la toma de decisiones”, expresaba el manifiesto como uno de los principales reclamos, “nada sobre nosotras sin nosotras”. Además, los colectivos exigen medidas para garantizar el derecho a la vivienda; la creación de alternativas al encierro psiquiátrico en hospitales, residencias y centros penitenciarios; el fin de la “sumisión química”, los ingresos involuntarios, las sanciones, las contenciones mecánicas y “cualquier práctica agresiva o violenta que se ejerce sobre nosotras”.

También es necesario reconocer, apuntan los colectivos, que las mujeres con problemas de salud mental “son doblemente estigmatizadas y tienen más riesgo de violencias”, y que estas residencias o centros CEEM se han convertido en espacios “herméticos, poco transparentes y alejados de los núcleos urbanos, donde los y las compañeras viven con el miedo constante a ser castigados o sancionados con un aislamiento aún mayor”.

La normativa vigente

En cuanto a la normativa, estos centros o residencias, que funcionan a través de modelos concertados o privados, y cuyo coste de manutención —entre 2.000 y 3.000 euros al mes— viene muchas veces subvencionado por la Generalitat, estaban siendo regulados a través de la Resolución del 26 de agosto de 2020, por la que se establecía un plan de actuación en el contexto de la crisis sanitaria y de la “nueva normalidad”.

Aun así, la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, publicó una nueva Resolución, del 17 de diciembre de 2020, con la que se adoptan medidas especiales durante el periodo navideño y que modifican nuevamente las libertades de quienes viven en estas residencias por cuestiones de salud mental. Con esta nueva Resolución, que se mantendrá vigente desde el 24 de diciembre hasta el 6 de enero —ambos inclusive— se regulan las salidas y las visitas conforme al nivel de alerta sanitaria que las autoridades establezcan en cada momento. Sin embargo, recuerdan los colectivos denunciantes, las residencias o centros están imponiendo restricciones que coartan sus libertades y derechos. 

“Es necesario dejar de ver los problemas de salud mental desde el biologicismo y aumentar la plantilla de otros profesionales de la salud mental, no solo de psiquiatras, sino también psicólogos, terapeutas ocupacionales…”

A día de hoy, la mayoría de municipios del País Valencià se encuentra en un nivel 3 de alerta, por lo que continúan estando permitidas las salidas con sus familiares, con motivo de las celebraciones navideñas, a un único domicilio y manteniendo una burbuja de convivencia estable durante un periodo igual o superior a siete días. “Se permitirán las visitas de una persona familiar, tutora o allegada por persona residente, o de hasta tres personas en el caso de personas convivientes, siempre con cita previa, de una duración máxima de una hora y al menos una vez a la semana, con el fin de facilitar la relación familiar”, establece la norma acorde al nivel de alerta actual.

“Es necesario dejar de ver los problemas de salud mental desde el biologicismo y aumentar la plantilla de otros profesionales de la salud mental, no solo de psiquiatras, sino también psicólogos, terapeutas ocupacionales, asistentes personales, acompañantes terapéuticos… Construyendo así equipos multidisciplinares, tal y como recoge el Plan de Salud Mental de la Generalitat Valenciana”, concluye el manifiesto.