Activismo
El gobierno francés, culpable del cambio climático

La sentencia es histórica, el gobierno francés deberá poner en marcha medidas concretas para combatir el cambio climático. No solamente en el papel, sino en la práctica. Según la sentencia hecha pública el 14 de octubre, el estado francés deberá reparar los daños causados por su inacción climática. La decisión ha sido celebrada por los colectivos ecologistas en España también, que creen que la decisión pueda sentar precedentes para otros procesos judiciales similares, como la presentada en España contra el Gobierno por inacción climática a finales de 2020.

El fallo judicial da la razón a las cuatro organizaciones sociales y ecologistas que, en un proceso judicial iniciado en 2018, demandaron al gobierno francés: Notre Affaire à Tous, la Fundación Nicolas Hulot, Greenpeace y Oxfam. Se señala así como inefectiva a la política francesa en materia de clima y el Tribunal entiende que sus objetivos para la reducción de las emisiones de CO2 no solo son insuficientes, sino que vulneran la legalidad al no cumplir con los objetivos asumidos. Además, reconoce la responsabilidad del Estado francés por las emisiones de gases de efecto invernadero emitidas por encima de sus presupuestos de carbono y las consecuencias ecológicas derivadas de ello.

Fue precisamente esta tibieza en sus objetivos la que motivó que en diciembre de 2018 el colectivo de asociaciones francesas conocido como “El caso del siglo” sentase en el banquillo al Estado francés. Como nos explica Clémentine Baldon, una de las abogadas que ha defendido la causa ciudadana en el juicio, “el derecho francés permite a las organizaciones civiles denunciar al Estado cuando consideran que su inactividad ha entrañado daños”. El tribunal reconoció en febrero de 2021 que el Estado no había respetado sus compromisos a nivel nacional ni internacional para reducir las emisiones de efecto invernadero lo que ha contribuido al calentamiento global. Como explica Baldon, “el tribunal consideró que se trata de un daño o perjuicio ecológico, una noción jurídica introducida en el derecho francés hace cinco años y que permite a las organizaciones ecologistas obtener por vía judicial la reparación directa de la naturaleza”. En España se habla más de daño ambiental, regulado en la Ley de Responsabilidad Ambiental. Sin embargo, nuestro ordenamiento jurídico no permite que reproduzca una condena por responsabilidad como ha ocurrido en Francia, aunque se llegue a condenar al gobierno por inactividad climática.

La sentencia, nos explica Jaime Doreste, condena al gobierno francés “a elevar su ambición climática (hasta al menos un 40% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto de 1990) y a hacerse responsable de los daños ambientales causados por su inacción climática”. Para este abogado, el hecho de que “la justicia se alinee con la ciencia y las demandas ciudadanas y ecologistas y exija a los Gobiernos mayores esfuerzos de reducción de emisiones supone un avance claro hacia una justicia plena, no meramente parcial y revisora, y garantista de la protección ambiental y de los derechos de las generaciones presentes y futuras”.

Pero ¿por qué responsabilizar a los Estados, que en definitiva somos todos, y no a las grandes empresas contaminantes? En opinión de Clémentine Baldon, lo uno no quita a lo otro. “Las acciones judiciales contra los Estados son importantes porque son ellos los que disponen de las herramientas financieras, normativas, etc, para obligar a que los sistemas evolucionen y luchen contra el cambio climático en sus países”, sostiene Baldon. Y añade que “son los Estados los que se comprometen en acuerdos internacionales como el de París a liderar esta lucha, por lo tanto, son ellos los primeros que asumen la responsabilidad, y esto facilita las acciones por la vía judicial”.

Estas acciones contra el Estado no solamente no excluyen otro tipo de luchas sino que facilitan las acciones contra las empresas. Por ejemplo en Holanda, donde el Tribunal Superior condenó en el año 2021 al gobierno de este país a aumentar sus objetivos para la reducción de emisiones de efecto invernadero (caso Urganda, confirmado en 2019), se ha condenado recientemente al grupo Shell para que reduzca sus emisiones de aquí al 2030 en un 45%. El ejemplo podrá sin duda servir de inspiración a otros países. Por este motivo, el equipo legal del litigio climático en España celebra como propia la victoria de Francia. Según Doreste, “sentencias como ésta ratifican lo correcto del planteamiento que defendemos en el juicio por el Clima de que el poder judicial, como poder del estado, tiene también que implicarse en la lucha contra el cambio climático”.

Irene Rubiera, activista de Fridays for Future considera que la sentencia de l'Affaire du Siècle “es el último puntal que faltaba para asentar la litigación estratégica como una de las grandes herramientas del activismo ecologista”. Para Rubiera, el caso Urgenda “que abrió el camino”, el caso Neubaer en Alemania “el primero en esgrimir los derechos de las generaciones futuras frente a un tribunal constitucional” y ahora l'Affaire du Siècle suponen “puntos clave de apoyo para todos los demás litigios climáticos de ámbito europeo que vengan en el futuro”. En opinión de Clémentine Baldon, esta nueva ola de litigios climáticos evidencia también una cambio de mentalidad importante en el poder judicial, donde parece existir una nueva generación de jueces, profesores y abogados comprometidos, con una mayor sensibilidad hacia los temas medioambientales y menos conservadores que sus antecesores. 

Por supuesto, la vía judicial tiene que ir acompañada del movimiento ciudadano y de la presión pública en la calle. Esta ha sido una de las grandes bazas con las que ha contado el colectivo francés. Desde el principio, se intentó mostrar ante los poderes políticos y también ante los jueces que la denuncia no partía solo de algunas ONGs ecologistas sino que venía respaldada por una gran mayoría ciudadana. En este sentido, la petición que se hizo al principio para poner en marcha la denuncia fue un rotundo éxito: firmaron 2,4 millones de personas, un récord histórico en Francia. Gracias a esta movilización y a la atención mediática que el caso ha suscitado en Europa, se han impulsado en Francia otras acciones ciudadanas que piden al gobierno que reaccione de manera concreta en favor del clima.

Además, en opinión de Baldon, la toma de conciencia ciudadana respecto a la emergencia climática sirve de propulsor para que los candidatos a las próximas presidenciales francesas (abril 2022) incluyan el cambio climático como eje programático. Esto, que quizás puede parecer insustancial y hasta cínico para el movimiento ecologista, hace visible el problema para un sector de la población que no quiere escuchar discursos “alternativos”. Y además, como hemos visto, compromete a la clase política.