Residuos
Valdemingómez, la incineradora que envenena Madrid

Rosa María Pérez Mateo es vecina del Ensanche de Vallecas, urbanización que está a solo dos kilómetros y medio de la incineradora de basura de Valdemingómez. En verano, aunque quisiera, no abre las ventanas porque un tufo fétido se colaría por toda su casa. Como otros tantos habitantes de los barrios y municipios colindantes al complejo —como la Cañada Real, Coslada, Velilla de San Antonio, Villa de Vallecas, Getafe o Rivas-Vaciamadrid—, lleva años sufriendo, además de los olores, los efectos de la emisiones tóxicas de la incineradora de la planta de Las Lomas que se ubica dentro del Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV),

Desde la Asociación Vecinal del Plan de Actuación Urbanística (PAU) del Ensanche, de la que Pérez es presidenta, llevan luchando años por su cierre. “La incineradora emite sustancias nocivas para la salud, hay diversos estudios que concluyen que las dioxinas y furanos que salen de la planta —compuestos orgánicos persistentes considerados por la Organización Mundial de la Salud como de las sustancias mas peligrosas para la salud de cuantas se producen en el mundo— aumentan la probabilidad de contraer diversos tipos de cáncer”.

“Esto nos preocupa mucho porque vivimos muy cerca”, asegura. Ella conoce, por los numerosos estudios epidemiológicos que se han hecho de la zona, que las sustancias que arroja la incineradora son bioacumulativas, es decir, que el cuerpo las acumula. Y no desaparecen. Reclama que debería de haber investigaciones permanentes, ya que los efectos se muestran y mantienen en el tiempo. Además de las enfermedades reconocidas, hay otras afecciones menos visibles que también sufren. Es el caso de eccemas en la piel y afecciones respiratorias y que influyen en la calidad de vida de los vecinos.

Después de años de manifestaciones y acciones ciudadanas, el anterior Gobierno municipal, liderado por Ahora Madrid, trabajó en la implementación de medidas que quedaron plasmadas en la Estrategia de Prevención y Gestión de Residuos 2018-2022, aprobada al final del mandato de Manuela Carmena en 2019. A pesar de que obedecía a una demanda histórica de los movimientos ecologista y vecinal de la región, la Comunidad de Madrid bloqueó en los tribunales el documento. En vez de defenderlo, el actual Consistorio capitalino bajo el mando de José Luis Martínez-Almeida ha optado por elaborar uno nuevo.

En junio de 2020 vencía el actual contrato entre el Ayuntamiento de Madrid y la empresa Urbaser para la gestión de la planta de Las Lomas. La Alianza Incineradora de Valdemingómez No, formada por más de 40 entidades ecologistas y vecinales, advertía desde 2017 su temor a que la renovación del contrato podría suponer otros 25 años más de funcionamiento.

Unas semanas antes, los integrantes de la Mesa de Trabajo por el Cierre de la Incineradora de Valdemingómez, formada por la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Ecologistas en Acción y el Grupo de Acción por el Medio Ambiente (GRAMA), se entrevistaron con el concejal Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid. Este se comprometió abrir un grupo mixto que trabajaría los términos del nuevo contrato referido al plan de cierre y a la progresiva reducción de actividad de la planta. 

El fin del contrato llegó en un Madrid que reabría lentamente después del letargo del estado de alarma por el coronavirus, un momento en que las organizaciones presentaron al Ayuntamiento el documento Propuesta alternativa para la gestión de residuos en la ciudad de Madrid. Como consecuencia del freno de la Estrategia de residuos del anterior gobierno, el Ejecutivo municipal ha puesto en peligro el cumplimiento de los planes de cierre de la incineradora, en los que se planteaba que esta funcionase al 50% en 2022 y su clausura en 2025. “Con la paralización, esas dos decisiones saltan por los aires y habrá que ver qué planes tienen en cuanto a la incineradora. Todo apunta a que el Ayuntamiento quiere seguir utilizándola sin saber en qué condiciones”, advierte Enrique Villalobos, presidente de la FRAVM y vecino del Ensanche de Vallecas. “Por tanto, no sabemos en qué situación administrativa está la planta de Las Lomas, al menos en la parte de incineración”. Al cierre de esta edición no había noticias de las nuevas condiciones contractuales con Urbaser para la gestión de la incineradora.

Un sistema centralizado e ineficiente

El modelo de gestión de residuos urbanos que tiene la ciudad de Madrid es la centralización de todo el sistema de tratamiento en Valdemingómez, tan solo complementado por la planta de compostaje de Migas Calientes, junto a la Casa de Campo. “Desde el punto de vista de lo que supone la solidaridad regional o la de una ciudad desde lo urbanístico, no tiene mucho sentido que haya una serie de barrios y municipios que estén sufriendo todas las molestias de esa centralización del tratamiento de los residuos”, sostiene Raúl Urquiaga, integrante del GRAMA y de Ecologistas en Acción.

La presión que se cierne sobre la incineradora para su cierre paulatino viene avalada no solo por la ciudadanía afectada sino también por las legislación nacional e internacional

La presión que se cierne sobre la incineradora para su cierre paulatino viene avalada no solo por la ciudadanía afectada sino también por las legislación nacional e internacional. El pasado abril, la Comisión Europea abrió una investigación de oficio contra España sobre el tratamiento de residuos domésticos, a raíz de una denuncia de Ecologistas en Acción “por su pésima gestión”. El ente europeo instaba entonces al Gobierno a adoptar de manera inmediata las medidas necesarias para abordar y garantizar el tratamiento de residuos peligrosos y residuos inertes antes de su depósito en vertederos. 

Villalobos y Urquiaga coinciden en que la incineradora de Valdemingómez —que inició su actividad en 1995— es antigua y deficiente, además de costosa, ya que gasta más energía de la que genera, y resulta peligrosa por los efectos que causa en la salud de la población. Algunos datos: el 25% de lo que se quema se convierte en residuo peligroso, y un 3% debe almacenarse en un vertedero especial para materiales peligrosos. En cuanto a emisiones, un estudio epidemiológico del Instituto de Salud Carlos III, elaborado en 2012, ya señalaba a la incineradora al haber identificado dioxinas y furanos. Entre los resultados arrojados por otro estudio realizado por el Ayuntamiento en 2018 se reflejaba que los niveles de este tipo de sustancias en el Ensanche de Vallecas triplicaban los del barrio de Montesa, en el distrito de Salamanca.

El Ayuntamiento paga a Urbaser por gestionar la incineradora —que, su vez, genera electricidad— bajo un contrato de 25 millones de euros anuales. “El beneficio que nos vende el Ayuntamiento de que se está generando electricidad 'renovable' para los habitantes Madrid. Es un argumento que no nos vale porque la empresa la vende al vertirla a la red eléctrica, quedándose con todo el beneficio. Por tanto, creemos que no solo hay razones ambientales para su cierre, sino también económicas”, incide Urquiaga. Estima que el coste de tratamiento de una tonelada en la incineradora está entre 60 y 65 euros por tonelada, mientras que en otras plantas está entre 30 y 40 euros. “Así, saldría más rentable eliminar la planta y optar por los medios convencionales”, defiende.

Para el ecologista, la gestión de residuos en Madrid tiene forma de pirámide: “En la punta está la prevención, es decir, muy poquita, y en la base encontraríamos la incineración y el vertido. Creemos que eso no tienen ningún sentido porque los residuos son básicamente recursos y es necesario aprovecharlos. Tendríamos que darle la vuelta a esa pirámide”.

El pilar: la prevención

El documento de alternativas a la incineración de la Mesa por el Cierre de Valdemingómez recoge ocho líneas de actuación que van en sintonía con los principios de la confederación de organizaciones europea Zero Waste, que apuesta por estrategias de residuo cero. La prevención, señalan, es clave en la reducción de residuos a través de una selección efectiva de elementos para convertirlos en recursos y no en basura. Para ello se propone separar más y mejor para que lo elementos lleguen lo menos contaminados posible a las plantas de tratamiento, y se apuesta por separar materiales más que elementos. Cuanto más separados, cuanto más 'limpios' lleguen los residuos a la planta, más recuperación de materiales y posibilidades de reciclaje y menos quema de elementos mezclados.

“Lo que se está separando son envases de plástico, metal y cartón pero no estamos llegando al reciclaje de esos materiales”, señala Urquiaga. “Si tu generas un juguete de plástico no lo puedes reciclar y eso va a las plantas de tratamiento, y aunque lo hayas echado al cubo amarillo los recuperadores no lo van a coger. Es absurdo, porque hablamos del mismo tipo de plástico que tienen los envases, pero el sistema que ahora mismo está sustentado bajo pero es que el sistema que ahora mismo está sustentado bajo el modelo de Ecoembes impide todo esto”. Aboga por seguir el modelo de contenedores en calle pero para reciclar materiales no solo envases porque, dice, “estamos perdiendo ahí una parte importante de los residuos”.

La premisa, señala el documento, es “que ningún residuo que ya se haya separado en origen acabe en vertedero por culpa de una mala gestión de los servicios municipales”

Una mejora en la recogida selectiva resulta fundamental. Para ello es necesario buscar mejoras en la separación de elementos. La premisa aquí es —como subraya el documento— “que ningún residuo que ya se haya separado en origen acabe en vertedero por culpa de una mala gestión de los servicios municipales”.

Para conseguir ese objetivo el documento detalla los métodos para conseguir una mejora en la recogida selectiva, aumentando de manera eficaz la frecuencia de recogida de contenedores desbordados, o la creación de incentivos económicos penalizando a aquellos que generen residuos de manera excesiva y compensando a quienes participen de iniciativas de reducción y correcta separación.

Otra apuesta es la reconversión de puntos limpios implantados ampliamente en toda la ciudad. “Creemos que se tienen que convertir en centros de recuperación basados en el aprovechamiento de esos residuos y se puedan poner en marcha así proyectos de economía circular ligados a proyectos sociales de integración social y para el empleo”, explica Urquiaga. Ejemplifica su argumento con la experiencia Revive San Blas o la del municipio de El Boalo, en las que se recuperaron miles de aparatos eléctricos y otros enseres para su reparación y reutilización.

En el caso de residuos orgánicos, casi nada se recupera para compost, por lo que son tratados en las plantas de biometanización o bioestabilizado y acaban en el vertedero. La Mesa por el Cierre de Valdemingómez propone implementar contenedores con chip --que ya funcionan en el País Vasco y Catalunya con el fin de recuperar una utilidad del 80% de estos residuos. Además, resulta inaplazable que el 100% de los restos de parques y jardines sea compostable y compostados en la planta de Migas Calientes. A día de hoy, prácticamente nada de estos restos se recupera, con lo que van a parar igualmente al vertedero.

No menos importante, y para que se cumpla el objetivo de 2020 de no superar la entrada de más del 10% de residuos industriales a Valdemingómez, el Ayuntamiento de Madrid deberá aplicar un plan de control y fiscalización de estos residuos que las empresas vierten ilegalmente en contenedores de residuos sólidos domésticos. Las compañías están obligadas por ley a contratar a sus propios gestores de los residuos que generan.

RETOS A LOS OBSTÁCULOS

En la carrera de fondo hacia el residuo cero en Madrid, algunos flecos se asoman y el camino se hace cuesta arriba. Las alternativas que plantea la Mesa de Trabajo no parecen inalcanzables. Sin embargo, resulta innegable la necesidad de incidir de manera estructural en la generación de residuos por parte de aquellas empresas que producen y utilizan envases de un solo uso, y ante los intereses comerciales y económicos que conforman un potente lobby para evitar la reducción de residuos. 

El PVT ofrece otros retos aparte del propio cierre de la incineradora. Continúa siendo un sitio paradójicamente frágil a la vez que potencialmente dañino, dada la antigüedad de sus instalaciones y la densidad poblacional que vive a sus alrededores. “No es un planteamiento de desmontar palmo a palmo el PTV. Lo que tenemos ahora mismo en la incineradora es una instalación contaminante y peligrosa para la salud. Lo dicen muchos estudios y es fácil entender que progresivamente irá siendo más peligrosa. Lo que queremos que se cierre”, insiste Enrique Villalobos, de la FRAVM. Raúl Urquiaga, por su parte, añade: “No solo lo decimos nosotros sino que ya lo suscribía la Estrategia de Residuos de la Ciudad de Madrid, y con la batería de medidas que proponemos se puede cerrar. Incluso —se atreve a decir— con el actual modelo de gestión se podría cerrar y no pasaría nada”.