Represión
La alcaldesa de Villalba se enfrenta a su inhabilitación por la oficina antiokupas

La alcaldesa de Villalba, Mariola Vargas (PP), tendrá que declarar en el juzgado número 8 de la localidad serrana por el contrato de la Oficina Antiocupación que su ayuntamiento puso en marcha en la segunda mitad de 2021. La regidora se enfrenta a una posible inhabilitación si el juzgado resuelve a favor de la querella interpuesta por la concejala Eva Morata (Cambiemos Villalba), en la que se denuncia la ocultación de información relevante sobre el contrato, gestión y actividad de este dispositivo cerrado desde enero de 2022.

Tal y como denunció en su día la Asamblea de Vivienda de Villalba, la llamada Oficina Antiocupación se abrió en julio de 2021 con un contrato de 15.000 euros adjudicado al empresario Salvador Palazón Marquina, que a su vez subcontrató el servicio de manera ilegal -según el colectivo por el derecho a la vivienda y según la querellante- a Toni Miranda, presidente de una asociación llamada Organización Nacional de Afectados por la Ocupación. En sus primeros tres meses de funcionamiento, la oficina abriría 121 expedientes de naturaleza “desconocida”, según explica la Asamblea de Vivienda de Villalba.

El supuesto servicio fue subcontratado a una asociación no registrada, con sede en Badalona, y presidida por Toni Miranda, “escritor, conferenciante, activista y blogger”

Durante los meses de funcionamiento del dispositivo, y en los meses siguientes a su cierre en enero de 2022, tanto la asamblea de vivienda como la oposición villalbina solicitaron al Ayuntamiento información sobre la justificación y beneficiarios del contrato. A través de una respuesta en el pleno, el concejal de seguridad, Miguel Aisa, detalló que la beneficiaria del contrato era una empresa de desocupación de inmuebles llamada Desocupaciones técnicas, cuyo administrador único es Salvador Palazón Marquina.

Tal y como investigó el colectivo antidesahucios, Palazón es también dueño único de otra empresa, Desocupaciones exprés, investigada por un juzgado de Sevilla después de que empleados de esta empresa abrieran un butrón en una vivienda para desalojar ilegalmente a seis inquilinas en la capital andaluza. Pero Palazón ni siquiera asumió la gestión de la oficina de Villalba, sino que la subcontrató a una asociación no registrada, con sede en Badalona, y presidida por Toni Miranda, “escritor, conferenciante, activista y blogger” y única cabeza visible de la autodenominada Organización Nacional de Afectados por la Ocupación (ONAO).

“El caso de la Oficina es un ejemplo claro de la creciente connivencia lucrativa entre políticos, mafias de la desokupación y pseudo-comunicadores que viven del cuento”, ha escrito la Asamblea de Vivienda de Villalba en un comunicado que celebra la imputación de Mariola Vargas. “La alcaldesa mintió sobre el verdadero beneficiario del contrato y no reconoció que pidió dos presupuestos a un mismo empresario hasta que la Asamblea de Vivienda lo hizo público”, señala la asamblea. Vargas tendrá que declarar ante el juzgado número 8 el 18 de abril.

Un chiringuito, ensayo de algo más grande

La asamblea consiguió mediante su presión que el ayuntamiento terminara desistiendo de este supuesto servicio. No obstante, para el colectivo por el derecho a la vivienda, la oficina de Mariola Vargas es “un adelanto experimental en el plano local” del call center antiokupación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Dotado con un presupuesto de 240.000 euros anuales, esta línea teléfonica atendida por seis agentes de cuerpos municipales de policía ha tenido un uso “irrisorio”, según la Asamblea de vivienda de Villalba: “apenas recibe seis llamadas al día y sólo ha abierto 1163 expedientes en seis meses”.

Para este colectivo popular por el derecho a la vivienda, la verdadera naturaleza de estos dispositivos es funcionar como “escaparate electoral” del PP, “que sirve para seguir alimentando el odio al pobre y ayuda a apuntalar el negocio de la vivienda”. La Asamblea de Vivienda de Villalba cita además otros casos similares de colaboración de entidades locales con empresas de matones antiokupas, como las subvenciones del tripartito canario (PSOE, Podemos, Nueva Canarias) a la empresa Desokupa Canarias o la asesoría solicitada por el ayuntamiento barcelonés de Premiá (PSC-Junts) a la conocida empresa Desokupa.

“Mariola inauguró la Oficina en un municipio donde el alquiler ha subido un 38’6% desde 2015, no hay vivienda social ni pública, y donde han muerto en la calle dos vecinos sin hogar en los últimos tres años”, señala la Asamblea, que también cita el reciente incendio provocado contra un edificio okupado propiedad de Sareb -a escasos metros de la extinta oficina antiocupas- como ejemplo de las consecuencias de las campañas de pánico contra la okupación.