Represión
Los acusados de Altsasu solicitan recusar a la juez Espejel por estar casada con un Guardia Civil

La defensa de los ocho jóvenes considera que hay un "interés directo" de la magistrada y sus lazos familiares “ponen gravemente en entredicho su imparcialidad y serenidad de ánimo para decidir en la presente causa”.

Altsasu Manifestación Noviembre
Manifestación de apoyo a los jóvenes encausados el 26 de noviembre de 2017.

publicado
2018-03-02 11:24:00

Las defensas de los ocho jóvenes acusados de agresión terrorista a dos guardias civiles en Altsasu (Navarra), durante una pelea en un bar cuando los agentes iban de paisano, han solicitado apartar del enjuiciamiento a la magistrada de la Sección 1ª de la Audiencia Nacional Concepción Espejel. Las razones: “La existencia de un interés directo o indirecto de la citada Magistrada en el proceso judicial, en atención a sus estrechos vínculos con la Guardia Civil”.

Los letrados señalan que Espejel está casada con un coronel de la Guardia Civil, “matrimonio del que resulta evidente derivan lazos psicológicos o conexión afectiva intensa con el Cuerpo al que pertenece su marido”. Asimismo, recuerdan que la magistrada ha sido condecorada por el el Ministerio del Interior con la Orden del Mérito de la Guardia Civil, en la categoría de Cruz con distintivo blanco, un galardón que se concede a “acciones o conductas de extraordinario relieve que redunden en el prestigio del Cuerpo de la Guardia Civil e interés de la patria”.

Para la defensa estos hechos resultan especialmente relevantes en un proceso en el que se “se enjuicia a ocho personas acusadas de gravísimos delitos de carácter terrorista y por los que se interesan penas extraordinariamente elevadas”. En concreto, las ochos personas se enfrentan a un total de 375 años de prisión en un juicio que se celebrará entre el 17 y el 27 de abril en la Audiencia Nacional. Tres de los jóvenes habrán pasado 17 meses en presión preventiva bajo el régimen FIES, un trato que se aplica a los acusados por delitos de terrorismo, cuando se celebre el juicio.

Supuesta campaña de acoso

Las conexiones de la magistrada con el instituto armado son relevantes para la defensa, debido a que se enjuicia a los ocho jóvenes “por una conducta vinculada, como se expone literalmente en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, a un supuesto 'sentimiento de odio hacia la Guardia Civil' y a un movimiento (Alde Hemendik/Fuera de aquí) que tendría 'como epicentro de su reivindicación el rechazo a la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía) y las Fuerzas Armadas en la Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco' y, como finalidad de sus acciones, la de 'influir de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social'".

Así, los letrados señalan que no se trata del enjuiciamiento de unas lesiones causadas a dos agentes aisladamente consideradas, “sino el de una supuesta campaña de acoso al Cuerpo desde 1978 (aunque los acusados ni siquiera hubiesen nacido) que ponía en tela de juicio la legitimidad de su presencia en el País Vasco y la Comunidad Foral Navarra, todo ello basado en informes de la propia Guardia Civil concernida”. Esto, apuntan, ha motivado que no se hayan personados como partes en el proceso solo los guardias civiles lesionados y sus parejas, sino también el sindicato Asociación Unificada de Guardias Civiles.

Por todo ello, para la defensa resulta evidente que “los lazos familiares de la referida magistrada con un coronel de la Guardia Civil y la condecoración recibida por parte de ese Cuerpo ponen gravemente en entredicho su imparcialidad y serenidad de ánimo para decidir en la presente causa, y los acusados no pueden sentirse imparcialmente juzgados cuando forma parte del Tribunal, como Presidenta, una Magistrada en quien concurren las citadas circunstancias”.

Espejel fue también la magistrada que condenó, en febrero de 2017, al rapero Valtonyc a tres años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas por el contenido de sus canciones —condena que fue recientemente confirmada por el Tribunal Supremo—.

En mayo de ese mismo año también fue retirada del tribunal encargado del juicio del caso Gürtel por su afinidad con el Partido Popular, pero de allí fue derivada a la presidencia de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

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