Tres huelgas de hambre en un año por la renta básica en Andalucía

El lunes Paco Vega se sintió indispuesto y se desvaneció. Al no poder reanimarle en casa, fue ingresado en el Hospital Civil de Málaga. Vega tiene 65 años y es un funcionario prejubilado del Ayuntamiento malagueño.

Hoy cumple su jornada número 37 en huelga de hambre –solo ingiere agua con azúcar y sal, un zumo y una infusión al día– pese a que en el centro médico le pidieron que la abandonara.

La actual es la tercera huelga de hambre que Vega ha mantenido en el último año, las dos primeras en solitario y esta junto a Demetrio Cano, que la abandonó recientemente porque se encontraba muy afectado.

Lo que Vega reivindica con esta protesta es el cumplimiento del artículo 23.2 del Estatuto de Andalucía, que establece que “todos tienen derecho a una renta básica que garantice unas condiciones de vida digna y a recibirla, en caso de necesidad, de los poderes públicos con arreglo a lo dispuesto en la ley”.

Esta renta básica recogida en el texto “no es universal sino para personas que no tienen ingresos ni unas condiciones de vida dignas. Es una renta garantizada, condicionada a unos supuestos”, precisa a El Salto Carlos Martínez, amigo de Vega con quien conversa a diario. “Paco está dispuesto a seguir la huelga hasta que lo reciban. Hemos hablado con diputados de Podemos, de IU, del propio PSOE. Los de la oposición han sido muy receptivos”, asegura.

Martínez recuerda que ya ha habido varios intentos en Andalucía de aplicar algo parecido a lo que reclama Vega, como una Iniciativa Legislativa Popular impulsada por los sindicatos mayoritarios: “Se recogieron firmas, se presentó una proposición de ley, hubo comisión de estudio en el parlamento pero finalmente quedó paralizado”.

La propuesta de una renta básica universal que plantea Vega, añade, “trata de huir de la caridad y la privatización de servicios asistenciales a personas que se encuentran en situación de exclusión, que acaban cayendo en manos de redes clientelares políticas o, lo que es peor, en manos de redes clientelares de la Iglesia Católica y sectas como el Opus Dei, haciendo la función que debería hacer el Estado”.

La primera huelga de hambre de Vega tuvo lugar en noviembre de 2016 y duró 23 días. En ella hubo un par de reuniones con la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales a las que asistieron Martínez y el activista, antes de ser ingresado en el hospital. “Esas conversaciones quedaron truncadas y Paco inició la segunda huelga de hambre en la que sí hubo logros”, recuerda Martínez. Durante esta segunda protesta, prolongada 29 días en marzo de este año, se produjeron tres reuniones con la consejera, María José Sánchez. En ellas se estableció algún principio de acuerdo de los que se deriva, según Martínez, la puesta en marcha por parte de la Junta de la Renta Mínima de Inserción (RMI), una asignación mensual de 424,15 euros durante seis meses.

Pero Vega considera que la dotación presupuestaria para esta partida –198 millones de euros– es “altamente insuficiente” por lo que en octubre inicia su tercera huelga de hambre en menos de un año, en la que añade una nueva reivindicación: ser recibido por la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz.

“Lo que queremos trasladar –concluye Martínez– es la insuficiencia de la RMI y los constantes tajos de las políticas de austeridad del PP. La comunidad autónoma ha sufrido los recortes”.

En su opinión, la solución ha de ser estatal: “Hasta que no exista estaremos poniendo tiritas, estaremos combatiendo un cáncer con aspirinas. Exigimos el cumplimiento del artículo 23.2 del Estatuto, pero no se nos escapa que el Estado y las políticas de austeridad son las culpables”.