Renta básica
La Iniciativa Legislativa Popular para una Renta Básica en Euskadi se tramitará en el Parlamento Vasco

Objetivo cumplido. La Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para una Renta Básica Incondicional (RBI) en Euskadi, impulsada por 16 personas de trayectorias y asociaciones diversas ligadas al campo de los derechos humanos, la lucha contra la pobreza y la exclusión y apoyada por más de 80 organizaciones sociales, ya ha superado las 10.000 firmas exigidas por la ley para que el Parlamento Vasco someta a votación la proposición.

Aunque la fecha límite para que la ILP sea admitida a trámite es el próximo 7 de enero de 2022, los deberes ya están hechos y, además, sus promotoras auguran duplicar la cifra de 10.000 rúbricas que exige la Ley reguladora de la ILP de 2016. El coordinador de la iniciativa en Bizkaia, Iosu Balmaseda, afirmaba para Hordago-El Salto en abril de este mismo año, que “aunque solo se exigen 10.000 firmas, recogidas en un periodo de cuatro meses, nosotros aspiramos a mucho más. Queremos recoger el máximo de firmas posibles para mostrar un sentir mayoritario de la sociedad vasca en favor de la Renta Básica Incondicional”.

La campaña de calle para la recogida de firmas comenzó el pasado 18 septiembre. A través de puestos en las capitales y principales pueblos y barrios de las tres provincias y “una extensa campaña de difusión con más de 100.000 trípticos y 10.000 carteles, incluyendo la realización de charlas, debates informativos y una presencia continuada en las redes sociales”, las promotoras han comprobado “la buena acogida de la ciudadanía para llevar a cabo la RBI”.

“La Renta Básica posibilitará la creación de una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada que la actual, poniendo la vida en el centro”, señalan las promotoras de la ILP

El próximo 4 de enero, tres días antes del límite exigido por la ley, las promotoras —activistas, trabajadores sociales y docentes universitarios— entregarán el total de las firmas recogidas en Gasteiz, en el Parlamento Vasco, para dar por finalizada la primera parte del proceso. La segunda fase recaerá sobre los partidos políticos representados en la cámara. “Estamos hablando de una medida política y social que posibilitará la creación de una sociedad más justa, igualitaria y cohesionada de la actual, poniendo la vida en el centro”. Los partidos políticos, continúan las promotoras, “no deben impedir, con su voto o abstención, que la ILP por una RBI pueda ser tramitada”.

Una herramienta para repensar el futuro

La Renta Básica Incondicional impulsada por estas 16 personas, pero apoyada por casi un centenar de organizaciones y 10.000 personas firmantes se define como una asignación económica mensual, universal e individual de 900 euros para todas las personas mayores de 18 años y de entre 270 y 450 euros para todos los menores de edad. Sustituiría la actual Renta de Garantía de Ingresos, que no ha conseguido acabar con la pobreza en Euskadi, ahorrará costes administrativos y evitará que las personas que están percibiendo un subsidio queden atrapadas en la pobreza, aseguran los promotores.

Una renta cuyo único requisito para recibirla, de ahí su incondicionalidad, será llevar tres meses de residencia en Euskadi antes de su solicitud. El coste rondaría los 2.000 millones de euros anuales —la actual Renta de Garantía de Ingresos supone 550 millones, una prestación económica, periódica y condicionada que hoy perciben 52.839 personas— y se financiaría a través de los Presupuestos Generales de Euskadi, subiendo los impuestos a quienes más tienen. “Sabemos que la RBI no arreglará todos los problemas del actual modelo socioeconómico, pero sí otorgará más libertad a las personas para que tengan una vida más digna”, reivindicaba el coordinador de la ILP en Bizkaia, Iosu Balmaseda.