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Personas refugiadas
Los socios conservadores de Merkel suben la presión antirrefugiados antes de la cumbre europea
Las propuestas de nuevos centros de detención inquietan a las ONG en un Consejo Europeo marcado por las presiones de los socios de Gobierno de Ángela Merkel en Alemania.
El encuentro de jefes de Estado o primeros ministros de la Unión Europea de este jueves y viernes viene con la agenda apretada. Pero el foco estará en la cuestión del asilo y la frontera sur: el Consejo Europeo tiene previsto discutir sobre las directivas que intervienen en las políticas de asilo y admisión de refugiados, con dos propuestas estrella sobre la mesa: la creación de centros de internamiento en terceros países y la apertura de nuevos centros de detención en los propios países europeos. Ambas han puesto en alerta a organizaciones de derechos humanos y por el derecho de asilo.
El ultimátum de los socios de Gobierno de la canciller Ángela Merkel, junto con las bravuconadas anti inmigración del ministro de Interior italiano Matteo Salvini, son los dos principales motivos por los que la cuestión del asilo está en el centro de atención (otras cuestiones para nada menores como el Brexit o los mecanismos de mutualización de la deuda están también en la agenda). El ministro de alemán de Interior, Horst Seehofer, ha planteado un ultimátum: o Merkel vuelve con un acuerdo claro por el que se blindan en la práctica las fronteras alemanas, o cerrará por su cuenta las fronteras.
El Ministro-Presidente de Baviera, Markus Söder, y el Ministro Federal del Interior y Patria de Alemania, Horst Seehofer (ambos de la CSU, partido bávaro que junto con la CDU de Merkel forman la Union), están decididos a implementar en los próximos días un sistema de expulsión directa en la frontera alemana de aquellas personas demandantes de asilo que ya hayan realizado una demanda de asilo en otro país de la UE.
Esta propuesta, que podría ser puesta en práctica la semana que viene en las fronteras que Baviera tiene con otros países de la UE, tal y como ha declarado Markus Söder, ha puesto en una situación de ruptura al actual gobierno alemán. La Canciller Angela Merkel quiere resolver los problemas de la actual política de asilo de la UE en la cumbre que a tal efecto se celebrará a finales de este mes.
Sin embargo la CSU (su socia de gobierno) quiere tanto modificar la situación antes de la mencionada cumbre como dar un mensaje claro al electorado de la AfD (en octubre habrá elecciones en el estado de Baviera): hay que acabar con el “turismo de asilo” (Asyltourismus), tal y como ha estado proclamando ante los medios el Ministro-Presidente Markus Söder.
El término “turismo de asilo” ha sido únicamente utilizado en Alemania por el partido neo-nazi NPD. El Ministro del Interior Seehofer está hasta la fecha detrás de Söder, quien heredó su cargo de Primer-Ministro de Baviera de manos del propio Seehofer.
Merkel rebaja expectativas
La respuesta de Merkel, de momento, ha sido rebajar expectativas en torno al Consejo Europeo que comienza mañana. En declaraciones tras su primer encuentro con Pedro Sánchez -el presidente español estuvo el martes de visita oficial en Alemania-, Merkel señaló que no esperaba que el encuentro resolviera ningún avance sobre las siete directivas en materia de fronteras y asilo cuya discusión está sobre la mesa, y apostó por impulsar acuerdos bilaterales.
En ese mismo encuentro, volvió a salir la propuesta que inquieta a los grupos pro derechos humanos: la creación de campos de detención en territorio europeo. Sánchez lo volvía a mencionar en su rueda de prensa posterior al encuentro con Merkel, en la que reclamó una respuesta unificada de todos los países europeos. “Sánchez habló sobre la dimensión exterior y yo sobre la dimensión interior” [de la política de asilo y fronteras], señaló Merkel, en una caracterización muy clara de las prioridades según el territorio en cuestión: para los países del centro y el norte. Alemania quiere repartir el peso de la acogida y los países de la frontera sur quieren que haya dinero y medios para gestionar el aluvión (las llegadas por mar al Estado español, una vía de acceso en todo caso minoritaria y extrema, se triplicaron en 2017). Mientras tanto, el terreno común es continuista: más políticas de externalización de fronteras y los famosos centros de detención en territorio europeo.
Se desconoce qué tipo de propuesta maneja el Consejo Europeo con respecto a estos centros de detención. Una directiva ya regula los centros de internamiento (los CIE españoles) con plazos de internamiento de hasta 18 meses (60 días en el Estado español). “No se ha explicado, aparentemente lo que están diciendo es que en ellos sería más rápido todo el proceso, el de expulsión y el de petición de asilo, pero no sabemos nada” señala a El Salto Lara Contreras, responsable de relaciones institucionales de Oxfam España. Para Contreras, es de temer que la Unión Europea esté pensando en centros de internamiento en masa como los ya existentes en las islas griegas, donde se pueden llegar a hacinar hasta 7.000 personas. “Hasta ahora ningún representante europeo ha indicado qúé garantías y derechos asistirían a estas personas”, se lamenta.
Oxfam no tiene demasiadas expectativas con respecto al encuentro del Consejo Europeo debido a la “disparidad de posturas” entre los países miembros. La ONG ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que no apoye ni la propuesta de nuevos centros de detención ni los campos de internamiento en terceros países, con argumentos similares a los de otras organizaciones: Europa ya se ha mostrado incapaz de garantizar el respeto a los derechos humanos, entre ellos la tutela jurídica efectiva y el derecho de asilo, en los dispositivos ya existentes dentro de sus fronteras, y la política de externalización de fronteras sólo ha vuelto más peligroso y mortal el viaje hasta territorio europeo, pero no lo ha detenido.
Entre las propuestas que maneja Oxfam: que España instaure un visado humanitario (hasta ahora inexistente) que posibilite una vía legal de llegada de personas desde países donde llegan refugiados como Líbano, Turquía o Jordania, y que se incrementen las cuotas de reubicación para aquellas personas que ya se encuentran en territorio europeo: “es verdad que debe haber una responsabilidad europea compartida”, señala Contreras. La ONG también pide un aumento de la ayuda humanitaria en los países de origen. Con un matiz importante: que los fondos de cooperación y desarrollo se destinen a estas cuestiones y no al control de flujos de población.
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