La piscina cubierta del Centro Deportivo Virgen de los Reyes (Sevilla) lleva cerrada ya más de 3 años, lo que ha motivado recientemente la creación de una plataforma vecinal para promover su apertura y gestión pública. El incumplimiento de las empresas privadas subcontratadas ha llevado al deterioro de las instalaciones y al despilfarro del erario público. A su vez, el problema generado por la privatización se pretende solucionar y conduce a la privatización. Este círculo vicioso de mala gestión y privatización no es un caso excepcional, sino que es una forma de gestionar por parte de las administraciones, o más bien de no gestionar o de dejar de gestionar.
El Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento (IMD) de Sevilla es un buen ejemplo de este extremo. El modo de operar de la empresa pública en la última década ha sido externalizar, como forma de no gestionar lo público. Esto se ha hecho cediendo la gestión de los espacios a asociaciones o individuos que supuestamente responden a la comunidad y sobre los que no siempre se tiene un control suficiente para asegurar que las instalaciones públicas sean accesibles a todos los ciudadanos y no tengan un uso privativo. La segunda opción preferida del IMD han sido las concesiones por medio siglo a empresas privadas, grandes cadenas del negocio de los gimnasios a las que se proporciona suelo y cuyas instalaciones se cuentan como dotaciones deportivas.
La localización de estas instalaciones no es inocente. En la reestructuración de la zona de Santa Justa, por ejemplo, que supuso una privatización masiva de suelos públicos, algunas de las principales cesiones de espacio para dotaciones han ido para mega-gimnasios privados. Es notorio el caso de Sato Sport sobre antiguos terrenos de la empresa pública de ferrocarriles o el más reciente Viding en medio de la zona residencial de Nueva Rosaleda. En ambos casos, dentro de un sector que antes de la construcción de Santa justa era predominantemente obrero, la construcción de zonas residenciales privadas y caras ha venido acompañada de la privatización de las dotaciones deportivas públicas. La elitización del deporte acompaña a la elitización de los barrios. Por supuesto, si se construyen las dotaciones para los nuevos vecinos, queda plantearse qué pasa con los viejos. El impacto de estos megacomplejos privados no es totalmente inocuo. Por un lado, una parte de la población queda excluida del servicio por una cuestión de precios. Por otro lado, los pequeños gimnasios no pueden competir y no es casualidad que hayan prácticamente desaparecido de esta zona. Finalmente, el que pueda y quiera utilizar un gimnasio no tiene más remedio que dirigirse a este tipo de instalaciones. Se genera un consumidor cautivo.
El caso de Virgen de los Reyes es similar, aunque quizás más doloso, en la medida en que no se trata simplemente de suelos públicos no construidos, sino que hay un equipamiento deportivo preexistente que ahora se quiere convertir en parte de una cadena de gimnasios privados. De nuevo, esto no es ajeno a la localización. En los últimos treinta años el norte centro histórico se ha transformado en una zona turística y de clase media y media-alta, de donde las clases populares han sido prácticamente erradicadas. Este proceso ha saltado en la última década a la primera orla del Distrito Macarena. Los arrabales históricos al norte de la Ronda Histórica ya fueron afectados por la reestructuración de la ciudad en el 92. Pero en los últimos años ha sido notable el traslado de la presión inmobiliaria incluso a los viejos barrios de bloques de pisos tan característicos del distrito, en especial aquellos más próximos al centro. Aquí, de nuevo, la elitización residencial parece justificar la elitización de las instalaciones deportivas. Sin embargo, de nuevo, no se tiene en cuenta ni a aquellos vecinos que no pueden pagarse un gimnasio privado, ni a los pequeños empresarios que pueden verse amenazados por este tipo de cadenas con las que no pueden competir.
La cuestión de fondo aquí es que los suelos y las dotaciones públicas deben dirigirse a toda la población, no a una demanda solvente, y si hay que hacer alguna diferenciación debería ser aportar dotaciones para aquellos que menos recursos tienen, en aquellos sectores más necesitados. Este tipo de políticas se dirigen en la dirección contraria, a facilitar lujosas instalaciones privadas en áreas progresivamente centrales y con vecinos cada vez más pudientes, mientras que otros se ven obligados a vivir en barrios alejados con dotaciones públicas inframantenidas.
La mala gestión pública, como en muchos otros casos, sirve aquí para justificar la privatización y para ocultar bajo un manto de gestión lo que son decisiones políticas. Privatizamos para que las instalaciones se deterioren y el deterioro sirve para justificar la privatización. Con esto se demuestra que la gestión pública es ineficiente y que el mercado lo hace mejor. Sin embargo, podríamos extraer otra conclusión. Si un equipo de gobierno no es capaz de gestionar lo público, debería renunciar y dejar a alguien que si esté dispuesto a hacerlo.
Relacionadas
Para comentar en este artículo tienes que estar registrado. Si ya tienes una cuenta, inicia sesión. Si todavía no la tienes, puedes crear una aquí en dos minutos sin coste ni números de cuenta.
Si eres socio/a puedes comentar sin moderación previa y valorar comentarios. El resto de comentarios son moderados y aprobados por la Redacción de El Salto. Para comentar sin moderación, ¡suscríbete!
