Política
La batalla vuelve al Congreso y la reducción de jornada es el primer gran round

Como cuando llega la cena y todavía te sientes lleno de la comida, arriba a nosotros el inicio del curso político en todo su esplendor, con el primer pleno en el Congreso de los Diputados. Será este martes y la carta viene con un entrante fuerte y con un plato principal de alto impacto el miércoles. 

Con niveles de crispación altísimos en el tono de la conversación pública y una polarización récord entre bloques, el verano sabe a poco. “La gente estaba muy cansada de nosotros y de la política en general. Y ya empieza todo de nuevo y va a ir a peor”, comentaba una diputada del bloque progresista, que ya estaba preparando su maleta para llegar este lunes por la noche a Madrid.

El primer cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que se llevará a cabo este 10 de septiembre a la mañana, es el pistoletazo de largada simbólico clave

Es cierto que la actividad parlamentaria ya ha comenzado (hubo diputación permanente a fines de agosto y las comisiones ya están funcionando desde el albor de septiembre) pero el primer cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición, que se llevará a cabo este 10 de septiembre a la mañana, es el pistoletazo de largada simbólico clave.

En la víspera, los diputados votarán la convalidación o derogación del real decreto-ley sobre la ampliación de los permisos de paternidad, aprobado el 29 de julio por el Consejo de Ministros y que tiene altas probabilidades de salir adelante. El miércoles será el turno de votar las enmiendas a la totalidad al proyecto de reducción de la jornada laboral. La batalla de alto voltaje empieza pronto este curso.

Pesimismo esperanzador

“Quienes me conocen saben que yo nunca me levanto de una mesa de negociación”, dijo hace no mucho la vicepresidenta Yolanda Díaz. Incluso quienes la detestan suelen recalcar su fiereza negociadora y su persistencia a prueba de balas a la hora de sentarse a consensuar acuerdos en políticas (sobre cuestiones partidarias ya es otra cosa).

La ministra de Trabajo instaló en la campaña electoral de 2023 como su medida estrella la reducción de jornada, basándose en la necesidad de que la clase trabajadora recupere tiempo de vida. Logró que el PSOE, a regañadientes al comienzo (las encuestas luego lo empujaron a apoyarlo abiertamente) incluya la medida en el acuerdo de investidura. Tuvo y tiene a cargo el liderazgo en las negociaciones con los grupos parlamentarios. Hace meses que viene intentando torcer la voluntad de Junts.

Yolanda Díaz y tiene a cargo el liderazgo en las negociaciones sobre su medida estrella, la reducción de jornada, con los grupos parlamentarios, y hace meses que viene intentando torcer la voluntad de Junts.

Las derechas le han colado un gol en contra, por esas cosas que tiene la dinámica parlamentaria, llena de vericuetos sorpresivos que impiden el control total de los tiempos incluso a quienes lo intentan insistentemente. Es que en la última junta de portavoces dio la casualidad que por el Grupo Mixto le tocó la representación a Alberto Catalán, de UPN. 

En el Mixto se dividen los tiempos en forma equitativa con la cantidad de diputados que cada formación tiene pero en ese cónclave parlamentario cada legislador vota como quiere. Cabe recordar que todos los integrantes del Mixto han votado la investidura de Pedro Sánchez...a excepción del diputado de UPN. Y justo ha estado él cuando se debía decidir si se llevaba al primer pleno del curso la votación de enmiendas a la reducción de jornada.

PP, Vox y UPN adelantaron entonces un debate que podría haber ocurrido en dos semanas, quitando tiempo de negociación. Como dijo en rueda de prensa, con cruda sinceridad, el líder de UGT, Pepe Alvarez: “Estar de vacaciones y ver que en una semana esto se va a votar, no es muy oportuno”. Les pilló a traspié.

Fuentes del bloque del Gobierno explicaron a El Salto que igualmente “no había mucho más margen” porque una vez que quedó calificada por la Mesa del Congreso la proposición, se está en la obligación de llevarlo al hemiciclo, aunque podría haberse postergado algunas semanas más. De hecho, admiten que en julio se pudo posponer más tiempo porque se estaba en período de extraordinarias.

¿Será que las derechas quieren darle un portazo a una propuesta que cuenta con apoyo mayoritario entre los votantes cuanto antes, mientras que la gente todavía está con la mentalidad de arena y mar? Es posible. No sería ilógico que le teman a la respuesta de los votantes: según la consultora DYM, el 67 por ciento de los habitantes del Estado está a favor de la iniciativa. El 68 por ciento según el barómetro de La Sexta. Con una buena estrategia de comunicación, el bloque progresista podría causarle daño a PP, Vox, UPN y Junts.

El único grupo que concentra las miradas y cuyo cambio de posición garantizaría la aprobación es el liderado por Carles Puigdemont, que nunca ha roto los puentes de negociación y que según fuentes de Sumar han confirmado a El Salto, sigue en conversación con el equipo de Díaz. A diferencia del PP, la derecha catalana sí siente pudor de ser retratada como una fuerza neoliberal y antiobrera y no les gustó cuando quedaron en los medios catalanes como los responsables de que las eléctricas se beneficiaran al no aprobarse el impuesto extraordinario.

Hacen bien en preocuparse: según el CEO (el CIS catalán), nada menos que el 72 por ciento de los votantes de Junts están “de acuerdo o muy de acuerdo” con la reducción de jornada. Dirigentes de ese partido suelen decir que ellos no están con la alta burguesía de Catalunya (“esos están con el PP o con el PSC”, juran) sino que representan a los emprendedores, la clase media y las Pymes.

Allí radica el esfuerzo del Ministerio de Trabajo y en eso se centrarán las negociaciones en las próximas horas hasta el miércoles: el ofrecimiento de compensaciones para las Pymes bajo amenaza que Díaz llevará por real decreto si no es aprobada su medida el endurecimiento del registro horario. Como paraguas de todo, una campaña de retrato de las derechas contra la mayoría social.

Los últimos meses el debate público ha cruzado los límites hasta ahora conocidos en lo que hace a la crispación y la agresividad, especialmente en la órbita madrileña y lo que hace a la política estatal

“A veces se pierde ganando”, se la escuchó decir con ironía a la vicepresidenta poco antes del receso veraniego. Estaba decidida, y desde su entorno confirman que sigue estándolo, a atizar contra las derechas española y catalana por su voto. 

“La posición es retratarlos y Yolanda se prepara para eso como todo buen jugador. Pero no estamos en la desesperada, creemos que se puede alcanzar un acuerdo”, relataba a El Salto uno de los diputados más influyentes de Sumar. También esboza una idea de sentido común: retirar la enmienda a la totalidad le permitiría a Junts desmarcarse de PP y Vox sin legalizar la normativa, permitirse más espacio de  negociación y añadir enmiendas en el trabajo de comisión, por lo que cortar todo ahora sería un “error estratégico”. “Ellos tienen una relación muy compleja con el Gobierno de España, la discusión no tiene que ver solo con el contenido de la ley”, lamenta.

Un curso que va a peor

Los últimos meses el debate público ha cruzado los límites hasta ahora conocidos en lo que hace a la crispación y la agresividad, especialmente en la órbita madrileña y lo que hace a la política estatal. De las menciones de Feijóo a los presuntos prostíbulos de los que se benefició Sánchez por un familiar político a las llamaradas de fuego xenófobo de Abascal sobre los migrantes. El discurso está incendiado y las encuestas demuestran las consecuencias.

Para entender el cuadro de situación está el informe sobre populismo publicado en el verano por la consultora IPSOS, el cual señala que el 33% de los encuestados piden “un líder fuerte que rompa normas” para el Estado español. El 55% considera que la sociedad está “rota” y el 57% en “decadencia” y, para peor, el 45% ha respondido que el peor problema de España es la dirigencia política, ubicando a la vivienda en segundo lugar (15%). Leña para el fuego del populismo ultra.

La desafección política se hace evidente con algunas respuestas: el 72% cree que los dirigentes «no se preocupan» por la gente común, y el 68% responde que «los expertos no entienden la vida de la gente común». Un porcentaje similar expresa «desconfianza» en los medios de comunicación tradicionales.

Preguntado al respecto, el director de Opinión Pública de IPSOS, Paco Camas, recalca que las respuestas sobre el líder autoritario son las más importantes porque son un “síntoma de que ese tipo de percepciones está calando cada vez más, especialmente en los jóvenes”.

Las elecciones autonómicas de Andalucía y Castilla y León se acercan, y se sabe que las campañas no son amigas del sosiego

La añoranza por un líder autoritario al estilo Milei o Bukele “está circunscrita a un tipo de ciudadano concreto, no se sabe si eso irá en aumento o no, pero sí se ve la tendencia con respecto al pasado: hay un incremento de esos indicadores”. Igualmente, recalca que todavía se está lejos de los casos de Hungría, Argentina o Estados Unidos, pero sí se ven “síntomas de que se puede derivar en ello”.

Sobre si la crispación y el alto voltaje en el debate van a disminuir, responde: “Yo veo claramente una continuidad, acentuando más la conflictividad política. Lo estamos viendo porque la oposición está tratando de presionar lo máximo posible, para contribuir a un estado de situación claramente de intento de hacer caer el gobierno y que se convoquen elecciones generales lo antes posible. El Gobierno y los partidos que lo conforman están a la defensiva, tratando de navegarlo, rearmándose para salir al contraataque. Mi previsión es una conflictividad acentuada”. 

Las elecciones autonómicas de Andalucía y Castilla y León se acercan, y se sabe que las campañas no son amigas del sosiego. La inercia que ya viene trayendo la agresividad dialéctica parece imparable, aunque no lo sea. Quien espere mayor templanza, por ahora, deberá esperar.