Reducción de jornada
Cada vez está más cerca la semana laboral de 37,5 horas

Aprobada hoy en en Consejo de Ministros, la reducción de la jornada máxima legal será tramitada de urgencia en un Congreso que exigirá medidas compensatorias.
Congreso de los Diputados 12-11-20
La Reduccón del Tiempo de Trabajo a 37,5 horas semanales llegará pronto al Congreso de los Diputados. David F. Sabadell

Hoy es la aprobación definitiva en el Consejo de Ministros de la reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales, que llegará proximamente al Congreso de los Diputados para su tramitación de urgencia. La medida ha sufrido un cierto retraso, ya que fue la propuesta estrella del acuerdo de coalición negociado por Nacho Álvarez, de Podemos y Sumar, con María Jesús Montero, del PSOE, y que incluyó un compromiso inequívoco de Reducción del Tiempo de Trabajo (RTT) que debería haberse puesto en marcha el año pasado. “Reduciremos la jornada laboral máxima legal sin reducción salarial para establecerla en 37 horas y media semanales. Su aplicación se producirá de forma progresiva reduciéndose hasta las 38,5 horas en 2024 y culminándose en 2025”, decía. 

La aplicación progresiva hubiera limitado su impacto sobre la creación de empleo, y la experiencia nos enseña que es mejor hacer la reducción de jornada de golpe, acompañando su aplicación en las empresas con medidas compensatorias, incentivando así la realización de nuevas contrataciones. “A partir de entonces -continuaba ese punto del acuerdo- se constituirá una mesa con los interlocutores sociales que evalúe los resultados de la reducción y siga avanzando en la disminución de la jornada legal teniendo en cuenta las características de los distintos sectores de actividad, la evolución de la productividad y las circunstancias económicas”.

La reducción viene acompañada por la obligatoriedad de un registro digital de la jornada accesible para la representación sindical y el derecho irrenunciable a la desconexión

El acuerdo de gobierno, que sigue vigente, también afirma que “aprobaremos una ley de usos del tiempo que, en consenso con todos los agentes de la sociedad, permita avanzar hacia una organización del tiempo más equilibrada entre mujeres y hombres fomentando el bienestar de las personas, la eficiencia del tejido empresarial y asociativo”, lo que supone acompañar la reducción de la jornada máxima legal con otras medidas de reforma del tiempo de trabajo, tales como la limitación de las horas extras, la compactación de los horarios de presencia en el puesto de trabajo y de apertura de la distribución comercial y el aumento de los derechos de conciliación y de reducción voluntaria de jornada, entre otras.

A pesar de existir una hoja de ruta en la materia, coordinada por Marta Junqué y presentada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social la pasada legislatura, el debate político actual se ha restringido a la aplicación de la RTT a 37,5 horas semanales, acompañada de dos medidas complementarias: la obligatoriedad de un registro digital de la jornada accesible para la representación de las personas trabajadoras y el derecho irrenunciable a la desconexión fuera de su jornada.

Tras unas duras negociaciones con las patronales en 2024, se ha optado por un acuerdo entre el Gobierno, con la Vicepresidenta y Ministra de Trabajo Yolanda Díaz a la cabeza, y los sindicatos CCOO y UGT, una vez descartada la aplicación progresiva en dos fases y, por tanto, mejorando sus impactos esperados sobre la creación de nuevos empleos. Unos impactos en los que merece la pena detenerse, a la vista de las exageradas estimaciones de algunas entidades nacionales e internacionales contrarias a la reforma. Tras la segunda aprobación de hoy en el Consejo de Ministros, esa cuestión de los costes y su necesaria compensación parcial será una de las principales exigencias que pondrán sobre la mesa las fuerzas políticas que aún no han confirmado su voto favorable a la aprobación de la medida.

En un artículo anterior explicamos que no es de rigor que FMI, Banco de España, BBVA, Fedea y Cepyme, entre otras entidades contrarias a la medida, sostengan que la RTT a 37,5 horas vaya a suponer una gran creación de empleo, lo que según ellas minaría la competitividad de las empresas por la elevación de costes laborales. De producirse nuevas contrataciones equivalentes al total de tiempo de trabajo liberado, un supuesto totalmente irreal, el paro se vería sustancialmente reducido y, como señalan Paloma Villanueva y Luis Cárdenas, el efecto multiplicador sobre la demanda agregada y el aumento de la producción resultaría extraordinario. La experiencia demuestra que, por contra, no es esa la respuesta que cabe esperar en una economía de mercado donde la tendencia es a reducir la sobrecapacidad productiva y reorganizar el trabajo, antes de plantear la posible creación de nuevos empleos. 

El debate sobre los costes y su necesaria compensación parcial se focaliza en algunas ramas de actividad: Comercio, Industria, Hostelería, Construcción, Transporte y Agricultura

Los impactos esperados en el empleo y los costes laborales en el caso de una RTT generalizada a 37,5 horas van a ser, por contra, extremadamente bajos, exceptuando algunos sectores más presenciales e intensivos en trabajo. La pauta general en la mayoría de servicios no presenciales va a ser la de hacer lo mismo en menos tiempo, con una nueva contratación prácticamente nula. El debate sobre los costes se focaliza, por tanto, en algunas ramas de actividad: Comercio, Industria, Hostelería, Construcción, Transporte y seguramente también Agricultura. 

Dada su heterogeneidad, existen otros debates pendientes de cara a la aplicación de la medida: revisión de los horarios de atención al público, limitación de la subcontratación a unidades auxiliares, recurso a la informalidad y empleo sin contrato, contrapartidas de flexibilización interna, riesgo de intensificación del trabajo por tareas y objetivos no ligados a la presencia concreta y, también, la modalidad de aplicación en los empleos de temporada, por señalar los más destacados.

Habiendo renunciado la CEOE y la Cepyme a un acuerdo global de compensación de costes, que ofrecía financiar la primera contratación en las pequeñas empresas y otorgar también ayudas no condicionadas a la creación de empleo, se va a imponer la necesidad de abordar está cuestión en la tramitación parlamentaria y, a posteriori, será materia para que en la negociación colectiva sectorial y de empresa se logren compromisos específicos sobre la aplicación concreta de una semana laboral más corta. ¿Pero cuántos nuevos empleos van a crearse como consecuencia del paso generalizado a la jornada de 37,5 horas?

Podría suponer la creación de entre 122.000 y 198.000 nuevos empleos, con unos costes laborales netos para las empresas de entre 4.200 y 6.800 millones de euros

Según nuestra estimación, la generalización de las 37,5 horas en todo el sector privado podría suponer la creación de entre 122.000 y 198.000 nuevos empleos, con unos costes laborales netos para las empresas de entre 4.200 y 6.800 millones de euros, mucho menores que los anunciados por las entidades que se oponen a la medida y muy concentrados en los sectores mencionados.

Descartada de partida la exigencia patronal de que la RTT se acompañara de una flexibilización y ampliación de la posibilidad de hacer horas extras, ya excesivas en España, es necesario encarar un debate riguroso sobre los impactos y costes esperados, siendo el acompañamiento con medidas de financiación para las empresas el principal escollo que va a presentarse de cara a la aplicación generalizada de las 37,5 horas semanales.

Son necesarias, por tanto, ayudas para la compensación de la reducción de horas, teniendo el Gobierno amplio margen para ello, ya que en torno al 60% de los nuevos costes laborales esperados retornarán a las adminitraciones públicas en forma de cotizaciones sociales, aumentos de la recaudación por IRPF e IVA e, igualmemte, ahorros en prestaciones sociales de las personas contratadas.

La reducción de la jornada legal debe abordar otras cuestiones que permitan profundizar sus efectos en un programa global de transformación social. Para ello, debe acompañarse de mecanismos que impongan su aplicación diaria, para favorecer el reparto del trabajo de cuidados como apunta el movimiento feminista, o semanal, para reducir desplazamientos tal y como suele reivindicar el ecologismo

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Además se deberían introducir incentivos a que la reducción de jornada sea más generosa, hasta las 35, 34 ó 32 horas, reservando las medidas de financiación más elevadas a las empresas o sectores enteros que pactaran ir por delante en el camino de una RTT sustancial y generalizada. Si en las grandes empresas industriales y en el empleo público las 37,5 horas semanales son ya una realidad, el reto actual es la generalización de una jornada menor para toda la clase asalariada. 

Esta medida, además de más tiempo para vivir y descansar, supondrá también el aumento de los salarios totales de casi la cuarta parte de mujeres, empleadas a tiempo parcial, al aumentar automáticamente su porcentaje de jornada y, por tanto, de salario respecto a quienes trabajan a tiempo completo. En cualquier caso, vuelven a soplar vientos favorables a la mejora del modelo productivo y laboral, a la vista de las muchas evidencias sobre los efectos económicos y sociales beneficiosos de una RTT sustancial y generalizada.

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