Pobreza energética
La pobreza energética, un problema estructural que se agrava cada año

“El 5 de enero de 2012, víspera de Reyes, me cortaron la luz con cuatro criaturas, dos muy pequeñas”. “Tengo un trabajo estable y sueldo bastante digno, y sufro cortes de suministro de continuo”. “Hay muchas familias que no saben que tienen derecho al bono social”. Estos testimonios recogidos por la Red Estatal por el Derecho a la Energía (ReDE), muestran un problema, el de la pobreza energética, que según los estudios no hace más que crecer. El último informe de EAPN España revela que, en 2025, el 15,9% de la población no pudo mantener su casa a una temperatura adecuada, cifra que se ha duplicado desde 2019, cuando fue un 7,6%. Además, el 9,3% tiene retrasos en el pago de las facturas de la electricidad, agua o el gas (en 2019 era un 6,6 %).

La pobreza energética va más allá de no poder pagar el agua o el gas. Según el Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV), un hogar la sufre si cumple uno de estos cuatro indicadores: un porcentaje de gasto desproporcionado respecto a ingresos, incapacidad para mantener la vivienda a una temperatura adecuada, retraso en el pago de facturas o pobreza energética escondida, es decir, personas que restringen el uso de la calefacción para poder pagar la factura.

“La pobreza energética es una cuestión de máxima urgencia”, dice Mónica Guiteras, de Economistas sin Fronteras, en un encuentro de varias entidades de la ReDE con periodistas durante la semana contra la pobreza energética (del 17 al 23 de febrero). “Hay una dinámica desde la pandemia de 2020 y la invasión en Ucrania, que generó una serie de volatilidad en los precios y complicaciones, y desde 2020 se ve claramente la dinámica al alza de los indicadores”.

Una cuestión de urgencia

El pasado 17 de febrero, el Consejo de Ministros aprobó la segunda Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética para el periodo 2026-2030. El nuevo marco pretende adoptar un enfoque estructural más que asistencial, sobre tres pilares: mejorar el conocimiento sobre pobreza energética (con la creación de un Observatorio sobre Pobreza Energética), garantizar la protección de las personas más vulnerables a través del bono social y apostar por medidas estructurales que conlleven una reducción de las necesidades energéticas de la población.

Las entidades sociales del ámbito energético, reunidas en ReDE, han recibido el texto con cautela ya que presentó alegaciones conjuntas al borrador. Ahora, teme que no se incluyan medidas que consideran esenciales

Sin embargo, las entidades sociales del ámbito energético han recibido el texto con cautela. La ReDE, formada por 16 entidades, que desde 2020 lleva proponiendo medidas como la prohibición de los cortes de energía en los hogares vulnerabilizados o la automatización del bono social, presentó alegaciones conjuntas al borrador. Ahora, teme que no se incluyan medidas que consideran esenciales.

Alba del Campo, activista y experta en políticas energéticas locales y miembro de la Coalición por la Energía Comunitaria, recuerda que la primera estrategia ya incluía demandas de la sociedad civil que nunca se llevaron a la práctica. “No se llegó a iniciar cerca del 60 % de las medidas previstas”, señala. A su juicio, el nuevo texto vuelve a quedarse corto: “Menciona la directiva europea que obliga a establecer mecanismos eficaces para evitar los cortes de suministro a familias vulnerables, pero no asume explícitamente su carácter obligatorio”.

Definición de cliente vulnerable y bono social

Uno de los puntos más controvertidos del borrador es la definición de “cliente vulnerable”. En la práctica, este concepto se asocia casi exclusivamente a las personas beneficiarias del bono social eléctrico, lo que, según las entidades sociales, deja fuera a una parte muy significativa de los hogares que sufren pobreza energética. “Para ser beneficiario hay que ser cliente de las comercializadoras de referencia, las del oligopolio, las mismas que establecen campañas para mandar a la gente al mercado libre y sacar a la gente del mercado regulado”, dice del Campo. Los estudios dicen que el bono social eléctrico solo llega al 35,6% de los hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. “Dejamos fuera a la mayoría”.

El bono social eléctrico solo llega al 35,6% de los hogares en riesgo de pobreza o exclusión social. “Dejamos fuera a la mayoría”

Por eso piden la redefinición de cliente u hogar vulnerable y creen que la nueva ley debe incluir un mecanismo para evitar los cortes de suministro energéticos en las personas vulnerables. “Que no solo proteja a los clientes del bono social. No va a solucionar la pobreza energética, pero va a evitar mucho sufrimiento a las familias que están en situación más crítica. Nos parece prioritario”. Se trata, dice, de un marco que ya está recogido en Cataluña y proponen aplicarlo a nivel estatal.

Servicios sociales saturados

En otro de los testimonios recogidos por la Red Estatal por el Derecho a la Energía, dos trabajadoras sociales denuncian que desde que las oficinas de electricidad han dejado de gestionar el bono social, “ese trabajo ha recaído en nosotras. Nos supone un colapso en nuestra atención diaria. Entendemos que es una función que no debemos asumir, los trabajadores públicos no debemos asumir gestiones de las empresas privadas”.

Nuria Albet, de La Palma Renovable, pone un ejemplo de malas prácticas de estas compañías: en territorios como Cataluña, Andalucía, Canarias o Baleares la mayoría de las personas beneficiarias del bono social están adscritas a la comercializadora regulada Energía XXI, del grupo Endesa. “En junio del año pasado, la red de oficinas presenciales de Endesa dejó de atender, de un día para otro, a los clientes de Energía XXI”, relata. Como consecuencia, muchas personas vulnerables se quedaron sin atención presencial y se vieron obligadas a realizar gestiones por teléfono o internet, canales a los que no siempre pueden acceder.

“Tenemos muy claro que están poniéndose mucho más trabajo a servicios sociales. La persona a la que no atienden va a servicios sociales que estaban ya colapsados...”

“Tenemos muy claro que están poniéndose mucho más trabajo a servicios sociales. La persona a la que no atienden va a servicios sociales que estaban ya colapsados, y como consecuencia nos hemos encontrado que se ha generado una pérdida de confianza en servicios sociales”, dice Albet. Además, “tenemos testimonios de gente que ha ido a la oficina de Endesa, que ya no atienden al bono social, y les han pasado al mercado libre. Hay personas que se quedan sin la protección de bono social que les toca”.

Enfoque de género e infancia

Otra de las críticas es que el borrador no establece una visión de género, algo que consideran necesario, ya que los estudios muestran que la pobreza energética esta feminizada. “Uno de los perfiles mayoritarios en problemáticas de pobreza energética son los hogares con niños y niñas o monomarentales”, dice Javier Tobías, de ECODES, para quien dentro de la priorización de medidas debería existir un enfoque de infancia. “Ha habido fallos de tribunales internacionales, del Comité de Derechos Europeo, contra casos como los cortes de luz que se han dado en Cañada Real, y uno de los argumentos por los que se fallaba en contra de esos cortes era el derecho de niños, niñas y jóvenes a la protección social”, dice.

Mónica Guiteras añade que la pobreza energética incrementa el trabajo de cuidados, que recae mayoritariamente en las mujeres. “Cualquier tarea de cuidados significa incluir la perspectiva de género en cualquier estrategia y política pública”, dice, y añade que la pobreza energética puede afectar negativamente en otros derechos de la infancia reconocidos, como la educación, las necesidades de higiene y alimentación, y la salud física o emocional. Este enfoque, subraya, debería ampliarse también a otros colectivos con necesidades energéticas específicas, como las personas mayores o con diversidad funcional.

Reunión con el gobierno

“El problema de la pobreza energética es un problema estructural. Para poder solucionarlo hay que saber por qué motivo se da, y el motivo es el mal funcionamiento del sistema eléctrico. Lo que pedimos son medidas estructurales”, dice Soledad Montero, de la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU). Esas medidas son “la implementación de una tarifa social que todo el mundo pueda pagar, que no dependa de los ingresos. El 25% de los hogares no llega a 1.500 euros netos al mes. Con esto pocas facturas se pueden pagar de luz o gas”. Mientras se implementan esas medidas estructurales “funciona el sistema de descuentos, como el bono social, e implementando esa automatización que ya se hace en Portugal, allí ya funciona la automatización. Ejemplos tienen, lo que no tienen es la voluntad de hacerlo”.

La tarifa social “superaría el concepto de descuento por bono social y aplicaría directamente un precio proporcional al nivel de ingresos de la persona beneficiaria”, sostienen desde CECU

Después de llevar sus propuestas a una reunión con el MITECO el 17 de febrero, las entidades de la ReDE valoran los avances, pero lamentan la dilación de las medidas estructurales. La CECU señala que, de sus tres principales reivindicaciones, el texto incorpora el principio de precaución frente a cortes de suministro a consumidores vulnerables y electrodependientes, pero deja fuera la automatización de la concesión del bono social, y la tarifa social.

“Esta tarifa superaría el concepto de descuento por bono social y aplicaría directamente un precio proporcional al nivel de ingresos de la persona beneficiaria”, sostienen, y creen que estas medidas chocan con las políticas de libre competencia del mercado eléctrico europeo, pero son esenciales para proteger a los consumidores frente a abusos y malas prácticas comerciales de las compañías.