Perú
Histórico reconocimiento del Lago Titicaca como sujeto de derechos

El pasado 24 de abril, el Consejo Regional de Puno aprobó una ordenanza (011-2025) que declara al lago Titicaca como sujeto de derechos, un hecho sin precedentes para la defensa del medio ambiente en Perú. La medida, impulsada por mujeres aymaras y quechuas, también establece la participación indígena en el organismo nacional de gestión de la cuenca.

De esta manera, el lago más alto del mundo, ubicado en la frontera entre Perú y Bolivia, es reconocido como un ente viviente, y se destaca su valor espiritual. “Para nosotros, los pueblos indígenas, es un lago sagrado que tiene vida. En nuestra región de Puno se dice que el agua es vida”, cuenta el consejero regional Abad Vizcarra, representante de la provincia de Chucuito-Juli. “Por eso necesitamos defenderlo y protegerlo con ordenanzas y leyes. Estos días se publicó en el Diario Oficial El Peruano y estamos ultimando los detalles de su reglamentación. Todo esto nos va a permitir preservar el equilibrio y la biodiversidad del lago.”

La Organización de Mujeres Aymaras y Quechuas Unidas por la Defensa del Agua y del Lago Titicaca de Puno —con base en las 13 provincias de la región—, logró la personalidad jurídica del mismo en un fallo histórico que establece un marco legal regional para su protección integral; y recoge una visión ancestral. El documento exige políticas de descontaminación y restauración ecológica, llama al Congreso para hacer lo propio a nivel nacional, e instaura un Consejo de cuenca del Titicaca del que participan organizaciones sociales y de los pueblos originarios.

La decisión ha sido cuestionada por el Gobierno central que sostiene que la norma es inconstitucional y carece de validez jurídica ya que vulnera la Constitución y supone un conflicto de competencias

Sin embargo, la decisión ha sido cuestionada por el Gobierno central que sostiene que la norma es inconstitucional y carece de validez jurídica. “Antes de aprobar este instrumento legal nos preparamos, y nos parece increíble que el Gobierno central, y otras instancias que dicen defender el lago y deben velar por su protección, ahora se pronuncien en contra”, señala Vizcarra. “Desde Lima tienen otra lectura de la realidad. Nosotros actuamos en el marco de la autonomía con la que cuentan las distintas regiones del Perú a partir de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y tenemos derecho de aprobar ordenanzas que favorezcan nuestra región, en este caso, Puno”.

Desde los Ministerios de Ambiente, Desarrollo Agrario y Riego, Justicia y Derechos Humanos, y Cultura, también manifestaron su rechazo a través de un comunicado en el que indicaron que la norma carece de eficacia jurídica dado que vulnera la Constitución y genera un conflicto de competencias entre niveles de gobierno, ya que no puede ser establecido por una autoridad regional sin respaldo legal nacional.

Un lago ancestral contaminado

El Titicaca se ubica a 3.810 metros sobre el nivel del mar y abarca con una superficie de 3.300 km2. Desde hace tiempo, la contaminación del agua con arsénico, mercurio y otros metales pesados ya ha acabado con la vida de miles de peces, aves y hasta anfibios en peligro de extinción. “La misma Constitución dice que protege, pero eso no se cumple”, apunta Vizcarra. “La contaminación es más que evidente, sobre todo por la minería, y nuestros afluentes de agua se están secando”.

Existen algunos precedentes históricos en la región respecto a la naturaleza y el medio ambiente como sujeto de derechos. En Perú, en octubre de 2024, en un fallo histórico en la defensa del medio ambiente, la Sala Civil de la Corte de Loreto ratifico una sentencia del Juzgado Mixto de Nauta, que refiere a la importancia de los cuerpos de agua y los mecanismos de protección efectiva. Este caso reconoce al río Marañón y sus afluentes como titulares de derechos y resultó un precedente significativo al considerar la cosmovisión del pueblo indígena Kuakama. 

“La misma Constitución dice que protege, pero eso no se cumple”, apunta Vizcarra. “La contaminación es más que evidente, sobre todo por la minería, y nuestros afluentes de agua se están secando”

La sentencia fue el desenlace de una batalla legal iniciada en 2021 por la Federación Huaynakana Kamatahuara Kana, integrada por mujeres indígenas kukama kukamiria, debido a los derrames de petróleo en la región, especialmente los asociados al Oleoducto Norperuano, operado por Petroperú. 

Estudios de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) sostienen que existe una alta contaminación en el río Torococha —cuyas corrientes se unen con el Coata y desembocan en el Titicaca—, que contiene sustancias tóxicas que sobrepasan los valores regulados por los estándares de calidad ambiental para el agua; lo que constituye un peligro para la salud de las personas que habitan en zonas aledañas.

Las campañas de sensibilización fueron claves en la construcción de un consenso que permitiera sacar adelante la iniciativa. “Hemos tratado de trabajar y comunicar todo lo que representa tanto espiritual como culturalmente el lago para nosotros”, afirma Soraya Poma Cotrado, integrante de la Red de Mujeres por la Defensa del Agua. “Cuando tienes problemas, bajas al lago, y regresas con la mente despejada. El agua también es curativa y los productores miran un pastito verde que sale en las piedras para conocer los tiempos de la siembra”. 

Pero todas esas cosas se pierden con el lago contaminado, según Poma Cotrado: “Trabajamos en esa concientización junto con muchas organizaciones, presentamos el proyecto en una conferencia de prensa y después fuimos a la procuraduría del gobierno regional y ahí nos humillaron. El abogado nos preguntó por qué un lago iba a ser sujeto de derecho, y nos dijo: ¿acaso el lago habla? ¿Qué va a hablar este lago? ¿Acaso es persona? La lideresa indígena cuenta que se sobrepuso al maltrato y pudo advertirle al procurador que no sólo estaban en conocimiento de las leyes que las amparaban, sino que también estaban ahí “para hablar sobre lo que la ANA no iba a decir, que es toda la parte cultural. Nosotras nos capacitamos para estar ahí, yo tampoco sabía lo que significaban palabras como jurisprudencia o consuetudinario”.

El reconocimiento incluye como guardianes y representantes del lago al Gobierno Regional de Puno, a los pueblos indígenas circundantes y a las comunidades locales, y asegura un mecanismo de representación equitativo y con enfoque de género, y que tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT, las decisiones que afecten al lago deberán someterse a consulta previa a los pueblos originarios.