Mar Menor
La naturaleza no es una cosa

La situación del Mar Menor es dramática y desde hace meses asistimos a movilizaciones sociales que reclaman el fin de décadas de contaminación y deterioro de este valioso ecosistema que hoy agoniza. Una de las propuestas más novedosas es la iniciativa legislativa popular para dotar de personalidad jurídica propia al Mar Menor y, de esta manera, reconocer una carta de derechos que mejoren su protección actual, claramente insuficiente.

La ILP ha conseguido más del medio millón de firmas que necesita para ser tramitada y ahora la pelota está en el Congreso de los Diputados, obligado a discutir si se admite la propuesta de ley, pero no a aprobarla. El texto presentado, y avalado por más de 639.000 firmas, explica que las razones que la impulsan son dos: la grave crisis “socio-ambiental, ecológica y humanitaria que viven el Mar Menor y los habitantes de sus municipios ribereños” y “la insuficiencia del actual sistema jurídico de protección”.

El mismo texto explica que de otorgarse la personalidad jurídica al Mar Menor, pasaría de ser un objeto protegido a un “sujeto de derecho” con “una carta de derechos propios, en base a su valor ecológico intrínseco y a la solidaridad intergeneracional, garantizando así su protección para las generaciones futuras”. El artículo 2 de la propuesta de ley es claro: derecho a “existir como ecosistema y a evolucionar naturalmente”.

Derechos de la naturaleza

La iniciativa se enmarca dentro de lo que se conocen como “derechos de la naturaleza”. Un enfoque novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, pero que cuenta con un cierto recorrido a nivel internacional. Por ejemplo, en 2017, tras más de 140 años de reclamaciones, el Parlamento de Nueva Zelanda aprobó una ley que confería personalidad jurídica y derechos al río Whanganui, considerado sagrado por la cultura maorí y al que consideran su antepasado. Con esta protección jurídica pasó de ser un objeto (que se puede poseer) a ser un sujeto con derechos. Ello a pesar de la incomprensión por parte de la oposición conservadora en el parlamento neozelandés.

Boaventura de Sousa Santos relata como el líder de la oposición neozelandesa se llevó las manos a la cabeza porque se reconocieran derechos propios de humanos a quien no tiene cabeza, tronco o piernas. La contestación del primer ministro no pudo ser más lógica: “¿acaso si que tiene cabeza, tronco o piernas una empresa? y, sin embargo, sus derechos y su personalidad jurídica se reconocen sin problemas”. La respuesta pone de manifiesto como cuestionamos otras visiones del mundo y a menudo nos olvidamos de cuestionar las nuestras. De hecho, como recuerda en esta entrevista Teresa Vicente, impulsora de la ILP murciana, se respetan tanto los derechos de las empresas o los bancos que se anteponen a los derechos de las personas, tal y como hemos visto que ocurre con los desahucios.

La líder y defensora maya, Lolita Chávez nos explicaba que para ella y su comunidad el agua es “un ser que trae la vida, y que tiene derechos”. No se trata del derecho humano al agua, sino de los propios derechos que ésta tiene. Esta forma de entender la relación humana con la naturaleza se entronca con la visión ecocéntrica que reconoce nuestra ecodependencia, no otorga más derechos a los seres humanos que a cualquier otro ser vivo y otorga valor intrínseco a la naturaleza, no basado en lo que los seres humanos puedan obtener de ella. Por su parte, la visión del partido conservador de Nueva Zelanda concuerda con una visión antropocéntrica que, a buen seguro, también escucharemos en el debate parlamentario sobre la ILP murciana. Dominar la naturaleza para convertirnos en sus dueños. La naturaleza está a nuestro servicio y la protección jurídica que se le otorga se basa en el hecho de que dependemos de ella, no en que debamos protegerla per se.

Ello, por supuesto, si no choca con otros argumentos como el mantra del progreso y el crecimiento como motor económico o directamente nos encontramos en territorios donde el extractivismo más depredador campa a sus anchas. La presión inmobiliaria y los impactos de la agricultura son las causas principales que han situado al Mar Menor en un estado crítico. De no cambiar radicalmente el modelo económico, le espera un futuro sombrío. Hoy agoniza a causa de que se ha priorizado un mal llamado progreso por encima de los más elementales criterios de protección y conservación. 

Quizá la principal debilidad en relación a los derechos de la naturaleza es la forma en que se llevan a la práctica. En el caso de la ILP por el Mar Menor se busca que tenga una protección autónoma y no dependiente de organismos que, como se ha visto, no han sido capaces de proteger la laguna salada. De reconocerse la personalidad jurídica en los términos establecidos en la ILP cualquier persona podría acudir a los tribunales para exigir responsabilidad por los daños que sufra.

La Constitución de Ecuador de 2008 reconoce los derechos de la naturaleza, rompiendo con el modelo hegemónico al asumir que somos seres ecodependientes con obligaciones para las generaciones futuras y abandonar la concepción utilitarista de la naturaleza. La primera vez que un tribunal tuvo que pronunciarse sobre la posible vulneración de estos derechos determinó que se trata de derechos transversales a todo el ordenamiento jurídico y que toda actividad económica debe respetar los derechos reconocidos a la naturaleza. No es sorpresa que la colisión se produzca entre la protección ambiental y la economía. Y, de hecho, es precisamente en las actividades económicas y extractivistas donde se constata que no se ha cumplido con el mandato constitucional en Ecuador.

Lo cierto es que si no se abandona la narrativa del crecimiento económico, reconocer los derechos de la naturaleza puede ser una buena declaración de intenciones pero algo difícil de alcanzar en la práctica. Propuestas como la ILP del Mar Menor propician el debate jurídico sobre cómo se están protegiendo los ecosistemas y lo insuficientes que resultan las herramientas puestas en práctica, que al fin y al cabo están estrechamente relacionadas con los valores económicos y políticos del capitalismo. De inicio sirven para debatir un cambio en el enfoque jurídico, algo absolutamente necesario si se quieren frenar las peores consecuencias de la crisis ecológica en la que nos encontramos. El Derecho ambiental es una de las herramientas con las que contamos para cambiar el actual paradigma, como se está viendo con la litigación climática. Pero necesita de movilización social, ambición política y alternativas justas para poder alcanzar los objetivos deseados. Esperemos que sus señorías del congreso piensen igual y sumen al Mar Menor a la lista de naturaleza con derechos propios reconocidos.