Periodismo
El auge del acoso ultra en España: los periodistas en el punto de mira de la extrema derecha

Era de madrugada, y tres individuos de extrema derecha acechaban en la puerta de la casa de Román Cuesta, un periodista de Diario Red en Cataluña. Tras rodearlo, uno de los agresores le roció la cara con spray de gas pimienta, y otro trató de darle una bofetada. Mientras, los otros lo insultaban y lo grababan todo con un móvil.

Ocurrió el pasado 27 de agosto, pero la escena no es nueva ni se trata de un incidente aislado. El de Cuesta es el último caso de violencia contra periodistas vertida desde grupos e individuos de la ultraderecha. Una práctica que está en pleno auge. Según documenta Reporteros Sin Fronteras, en nuestro país han crecido las denuncias por hostigamiento digital y presiones políticas contra informadores en los últimos años.

No obstante, estos ataques se enmarcan dentro de una ofensiva reaccionaria más amplia que no solo apunta a informadores, sino también a activistas por los derechos LGTBIQ+ o del movimiento feminista. El acoso tampoco se limita a figuras mediáticas ni es algo exclusivo de España. Los ataques se dirigen tanto a periodistas reconocidos como a reporteros locales, comunicadores independientes o colaboradores de medios digitales.

En el contexto europeo, los episodios de violencia (verbal y física), intimidación legal, campañas de odio y acoso en redes sociales ha crecido en la última década. En ese período la Plataforma para la Seguridad de los Periodistas del Consejo de Europa ha emitido más de 2.000 alertas sobre amenazas graves a medios y profesionales de la información.

Del troleo en redes a la agresión física

Tradicionalmente vinculado al ámbito digital —campañas de desprestigio, la difusión de datos personales, o insultos y amenazas en redes sociales—, el acoso a periodistas desde colectivos ultra ahora se combina con otros elementos, como los intentos de intimidación en espacios públicos o los señalamientos directos por parte de políticos de extrema derecha desde las instituciones.

No es casualidad que esta evolución y la escalada de casos coincida con el ascenso electoral de Vox y su entrada en el Congreso de los Diputados y en diversas instituciones locales y autonómicas. De hecho, los agresores de Cuesta pertenecían a círculos cercanos a Vox y la agrupación fascista Democracia Nacional.

Existe un patrón reconocible en las acciones de acoso y hostigamiento, tal y como explica Pastora Filigrana, directora de la plataforma Acción Contra el Odio (ACO). “A partir de la difusión de bulos y desinformación se genera, por un lado, un discurso en el que se asocia de manera continuada la migración con la delincuencia. Por otro, hay un llamamiento muy expreso a iniciar acciones violentas”.

En este contexto aparecen las campañas que hablan de conceptos como la remigración y las deportaciones masivas: “Antes esto era normal en grupúsculos fascistas como Núcleo Nacional, pero recientemente hemos visto cómo Vox, desde las instituciones, difunde este discurso”.

Hace unos días, el informador Danilo Albín fue víctima de una campaña de acoso iniciada por el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez en su canal de Telegram

El caso de Román Cuesta refleja bien la transición desde el hostigamiento digital a la violencia física. Durante meses, el periodista había sido blanco en las redes por su cobertura de la actividad organizada de los grupos ultra y las manifestaciones de la extrema derecha, pero la agresión frente a su casa, en su ámbito privado, constata la evolución de las tácticas de acoso. Además, el ataque fue grabado y difundido por sus responsables, un elemento que multiplica el efecto intimidatorio.

Uno de los periodistas que más padece la continuidad del acoso ultraderechista es Antonio Maestre, que lleva más de diez años recibiendo insultos y amenazas —incluso de muerte— contra él y su familia por su trabajo y sus posicionamientos ideológicos. Hace unos años llegó a recibir en su domicilio una carta con balas, y en alguna ocasión ha sido acosado a la salida del Congreso por agitadores con acreditación como Bertrand Ndongo.

El caso de Maestre pone a la vista otro aspecto clave del fenómeno: la persistencia. No se trata de episodios puntuales, sino de un hostigamiento continuado que busca desgastar a los periodistas a lo largo del tiempo. El propio Maestre ha reconocido que en varias ocasiones se ha planteado no acudir a ciertas coberturas por miedo a represalias.

Ana Pardo de Vera es otra periodista habitual en la diana del ecosistema neonazi español. Como Maestre, lleva años soportando señalamientos en redes y campañas de odio. En enero de este año sufrió un intento de agresión por parte de Ndongo a la entrada del museo Reina Sofía, durante un acto de conmemorativo por los 50 años del fin de la dictadura franquista.

Unos años antes, en 2022, el pseudoinformador Vito Quiles también la increpó en un acto público, grabando y difundiendo el vídeo en redes con un tono abiertamente hostil. El caso de Pardo de Vera muestra cómo el acoso de la extrema derecha también tiene un sesgo de género muy marcado. Ella misma ha denunciado que muchas de las amenazas incluyen referencias misóginas o sexuales.

Danilo Albín es otro de los periodistas que ha sufrido ataques por parte de la extrema derecha en España. Periodista en Público, Albín lleva años investigado redes de corrupción, tramas policiales y actividades y organización de los movimientos y grupos ultra en nuestro país.

Hace unos días, el informador fue víctima de una campaña de acoso iniciada por el eurodiputado de extrema derecha Alvise Pérez en su canal de Telegram, donde es habitual que Pérez difunda discursos de odio contra migrantes y los colectivos feminista y LGTBIQ+ replicados después por cientos de sus seguidores.

En el feed de su canal, el político señaló directamente a un joven acusándolo de liderar un “grupo de menas” (menores extranjeros no acompañados). Albín contactó con él para contrastar la veracidad de esas acusaciones, y Alvise “publicó una captura de mi mensaje privado de correo y lo replicó en Telegram. Ese señalamiento provocó que recibiese todo tipo de insultos, amenazas, y cientos de reacciones desde miembros chat, muchas de ellas deseando que violen a miembros de mi familia, o reclamando que me den una paliza”.

Estos ataques tampoco son nuevos para Albín, que lleva años soportando el odio de diversas organizaciones fascistas por sus publicaciones y denuncias desde los medios de comunicación. “He tenido problemas con organizaciones como la Fundación Francisco Franco”. El periodista comenta que cuando una de estas asociaciones anuncia un acto en un hotel o una sala privada suelen llamar por teléfono para informar a la organización del tipo de evento que va a realizarse. “A raíz de artículos nuestros y de estas llamadas se han suspendido varios actos. Eso les molesta mucho y suelen reaccionar violentamente contra el periódico o contra mí personalmente”.

A Albín le sorprende “la impunidad con la que lo hacen. Hasta hace no tanto era impensable que un político, un eurodiputado en el caso de Alvise Pérez, publicase una captura de pantalla de una conversación privada con un periodista para lincharlo”.

El caso de Luciana Peker

El caso de la periodista argentina Luciana Peker, especializada en información de género, confirma la dimensión internacional del fenómeno. Tras años de recibir amenazas de muerte en su país, Peker solicitó hace unos días el asilo político en España.

La periodista denuncia que esas amenazas y el acoso que ha sufrido en Argentina están directamente vinculados a su cobertura de la violencia machista, las agresiones sexuales contra mujeres, la actividad de redes de trata y explotación, y su activismo por la defensa de derechos como el aborto.

Peker también ha desvelado que estas acciones provienen de una estructura organizada desde sectores ligados al poder político y militar, y de estructuras de la extrema derecha argentina, con la connivencia de sectores institucionales, judiciales y policiales. Estas estructuras, dice Peker, están dirigidas especialmente a silenciar voces críticas sobre la violencia contra las mujeres en el país.

El ‘modus operandi’ del acoso

El acoso a periodistas desde la extrema derecha no responde a acciones espontáneas, sino a dinámicas cada vez más estructuradas que combinan el entorno digital, la presión en espacios públicos y, en último término, la violencia física. Estas metodologías comparten el objetivo de amedrentar y silenciar voces críticas con la ultraderecha o con sus aliados políticos y mediáticos a la vez que intentan deslegitimar el trabajo periodístico y sustituirlo por una narrativa afín a sus intereses.

En esa estrategia de cambiar periodismo por propaganda de agitación intervienen diversos actores (desinformadores, pseudomedios, hordas de trols, apoyo de figuras políticas y amplificación en las redes) cuyas acciones se complementan. El principal campo de batalla son las redes sociales. En ellas, los periodistas son blanco de insultos, amenazas de muerte y campañas coordinadas que buscan erosionar su credibilidad. Los ataques generalmente provienen de perfiles anónimos que actúan en grupo, multiplicando el impacto y alimentando la sensación de linchamiento virtual.

El informe Digital News Report 2024 del Reuters Institute señala que los algoritmos de plataformas como X priorizan el contenido disruptivo y afín a la polarización —que es el que genera más visibilidad e interacción—, independientemente de su veracidad, lo que incrementa la visibilidad de posts que contienen bulos y desinformación.

Por otro lado están los pseudomedios, portales de noticias falsas fuertemente financiados por donaciones privadas y publicidad institucional. Estas webs se presentan como medios de comunicación consolidados, pero en realidad operan como canales de propaganda reforzando las narrativas que acusan a la prensa tradicional de estar sesgada ideológicamente. Luego, esas narrativas también son amplificadas en las redes sociales.

En la nómina de los pseudomedios hay activistas que también se hacen pasar por periodistas, y que utilizan ese estatus para acosar a los informadores. Durante años, varios de esos agitadores han estado acreditados en instituciones como el Congreso de los Diputados, donde no acudían a preguntar ni a elaborar información, sino a increpar e intentar generar polémicas. De nuevo, sus acciones son difundidas después en las redes sociales.

Albín considera que “en España solo se actúa contra un caso de extrema derecha cuando es sangrante. Si no, no se hace nada”

Detrás de estas acciones también hay partidos políticos que se posicionan a favor de los acosadores. Hace tan solo unos meses Vox promovió una campaña que incitaba a agredir a periodistas “de izquierdas”. La campaña animaba a quitarle los micrófonos a periodistas de medios como La Sexta, TVE o la Cadena SER, mientras “estén en directo, si es posible”, y lanzarlo al suelo.

Otra táctica de acoso es el doxing, la difusión de datos personales —direcciones, teléfonos o fotografías familiares— generalmente mediante grupos y canales de Telegram. Los agitadores también utilizan vídeos e imágenes manipuladas donde desacreditan, insultan y tergiversan declaraciones de periodistas y políticos, generalmente de izquierdas, para crear una narrativa de victimismo ultra y alimentar la confrontación.

No existe una tipología penal específica

La respuesta institucional al acoso a periodistas en España está fragmentada y, en ocasiones, es insuficiente. En el ámbito legislativo se han propuesto reformas para abordar el problema. En mayo, el Congreso de los Diputados debatió una reforma del Reglamento que incluía la posibilidad de retirar la acreditación de prensa a “provocadores de extrema derecha que se consideran periodistas”, con el objetivo de “acabar con la impunidad de los últimos años”.

En cuanto a la respuesta judicial, las denuncias por acoso y amenazas a periodistas han tenido un seguimiento un tanto desigual. Aunque los casos han sido investigados, la falta de una legislación específica y de protocolos claros contra este fenómeno dificulta la protección efectiva para los profesionales de la información.

ACO interpone sus denuncias a través de la Fiscalía especializada en delitos de odio y discriminación, un organismo que existe precisamente por la proliferación de este tipo de delitos. “No son procedimientos fáciles porque son muy lentos, y el tipo de discurso que denunciamos no tiene una jurisprudencia específica”, señala su directora, Pastora Filigrana.

Desde la plataforma piden “que el tipo penal del discurso de odio persiga también la hostilidad y la discriminación, que los tribunales se impliquen más y sean valientes”. Persiguen que, por ejemplo, esos llamamientos a la remigración se consideren odio, aunque “de momento no existe una jurisprudencia que afine tanto”.

La ausencia de medidas concretas y la falta de coordinación entre las instituciones también contribuyen a la sensación de impunidad que rodea a estos ataques. Danilo Albín insiste en esta idea de impunidad. “La extrema derecha siente que puede publicar lo que quiera porque no pasa nada. Si hubiese más contundencia a la hora de señalar lo que significa y lo que implica un delito de odio, igual esta gente se lo pensaría dos veces”.

El periodista considera que “en España solo se actúa contra un caso de extrema derecha cuando es sangrante. Si no, no se hace nada. Los ultras organizan campañas de odio, hacen llamamientos a la acción violenta y no pasa nada. Luego prende una mecha xenófoba como la de Torre Pacheco y nos llevamos las manos a la cabeza”.

En el caso de Telegram, muy utilizado por la extrema derecha para difundir odio, a veces es la propia plataforma la que cierra canales cuando se denuncian contenidos de odio, sin embargo, en otras ocasiones y con el mismo tipo de publicaciones Telegram no hace nada. De nuevo, Albín pone el ejemplo del canal de Telegram de Alvise Pérez: “En él se llama a hacer cacerías de migrantes, se han difundido direcciones y teléfonos de miembros del gobierno y de periodistas, y hasta ahora el chat sigue operativo”.

Precisamente, tras los incidentes racistas de Torre Pacheco, el Ministerio del Interior puso en marcha una serie de medidas para proteger a los profesionales de la comunicación. El pasado julio, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de ley orgánica que refuerza la protección legal de los periodistas frente a presiones e intimidaciones, en diálogo con asociaciones profesionales como la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE).

Sin embargo, los partidos a la izquierda del PSOE han criticado la respuesta inicial del Ministerio del Interior en la prevención del acoso ultra, tildándola de insuficiente. Reclaman un mayor compromiso y el despliegue de más recursos para la protección de periodistas, y exigen un enfoque integral que incluya medidas educativas y sancionadoras contra los grupos y plataformas ultra que orquestan campañas de violencia tanto digital como física.