Partidos políticos
A la portuguesa o a la turca

El margen de acción es pequeño, casi mínimo, pero Unidas Podemos no ceja en el empeño de explorarlo. El lunes, con los sindicatos de concertación, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, la plana mayor del grupo confederal reivindicó un Gobierno de izquierdas. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, fue el más explícito reclamando un acuerdo inmediato y a largo plazo. Una fórmula de Gobierno “a la portuguesa” (pero con entrada en el Gobierno) que UGT y CC OO ligan tanto a un cambio en política de contratación y derechos laborales como a la derogación de la Ley Mordaza.

El plan es revertir el espíritu del “no hay alternativa” que presidió la acción de Gobierno de Mariano Rajoy. El margen de acción es pequeño, pero la propuesta es sencilla: ante la tentación de la “erdoganización” que se extiende por todas las sociedades europeas —y la represión a los chalecos amarillos es un síntoma de que el olor a pólvora que empezó en la plaza Syntagma no se ha diluido del aire— la izquierda sindical y los diputados confederales oponen la ampliación de las libertades sociales, acompañado por un programa de recuperación de derechos laborales.

Un plan no excesivamente trazado que pueda situar a la Península Ibérica como una modesta alternativa continental —en un continente en una grave crisis de modelo económico y en alerta climática—. Tal vez efímera, tal vez posible. En todo caso, modesta, en cuanto a que la aspiración es armonizar las condiciones laborales básicas con las medias de los países de la zona euro y hacerlo mediante una reforma fiscal cuyo objetivo tampoco va más allá de armonizar la presión fiscal con lo que se recauda en el resto de Europa.

Nadie se fía de que Unidas Podemos vaya a ser completamente domesticado —quizá si tuviera créditos bancarios sería posible—, pero hay partidarios de asumirlos, acaso de integrarlos en ese juego de “lo posible” que es gobernar desde los tiempos de Maastricht. La percepción es que se trata de la última oportunidad de ese partido para cambiar de fase tras una deriva de crisis que dura desde 2016. El PSOE se ha propuesto evitar ese cambio de escenario por dos motivos: por la oportunidad de dar una estocada definitiva a Podemos y, en segundo lugar, por compromiso con su noción de Estado, sin cambios sustanciales desde su victoria electoral de 1982.

podemos quiere estar al otro lado

Si damos por bueno que la política que queda a los Estados modernos los obliga a garantizar cierto orden social —y el recurso a la mano dura ha sido la fórmula prioritaria—, les sitúa en una posición de regulador económico en la que tiene poca capacidad de intervención —cedidos los objetivos de déficit y deuda, política monetaria, etc— y los hace piezas imprescindibles en la expansión de la globalización financiera —es paradigmático el caso Blackstone, convertido en el primer comprador de ladrillo en menos de un lustro—, se entiende la precaución a esa asimilación o integración de “bárbaros” que no procedan de las escuelas clásicas (o laboratorios punteros) de estadistas.

Es cierto que la fórmula del Estado de las Autonomías y el auge de las ciudades-marca ha rebajado más el papel director del Estado, pero una serie de fibras y, recordemos, entre las primeras están las derivadas de la demanda de “seguridad” y las derivadas del concepto de “orden” imperante, siguen siendo competencia exclusiva y han sido usadas como palanca siempre que ha sido necesario para la redefinición de sus límites y la remodelación de sus estructuras. Ejemplos claros son el caso Aturem el Parlament en 2011, el reciente juicio del 1 de octubre, y, en otra clave, la jubilación en dos etapas del rey Juan Carlos I. También hay que reseñar cómo la fibra de la ingeniería, el urbanismo y las obras públicas ha servido con frecuencia para beneficiar directamente a los manijeros de la cosa-Estado.

En cualquier caso, el control de esa manija ha correspondido a dos grandes familias políticas que, como es lógico cuando se funciona en términos de oligopolio, están de acuerdo en lo esencial: evitar que entren otras familias. La consecuencia lógica de ese entendimiento es que los dos grandes partidos de Estado parten de una idéntica premisa: el ejercicio del poder es el principal programa político. Y los programas, en abstracto, quedan supeditados a la coyuntura. Desde esa lógica, el ejercicio compartido del poder es molesto en un Gobierno de coalición, ya que las discusiones de la instancia concreta —desde la revisión de la ley franquista de secretos oficiales hasta los acuerdos con Marruecos o la colaboración militar con Estados Unidos— se dirimen finalmente en la remisión al programa o en negociaciones que parten de la desconfianza o el provecho partidista. 

Porque el margen es estrecho, Iglesias renunció pronto a la solicitud de ministerios “de Estado” y aceptó entrar como cadete en un Consejo de Ministros a través de carteras que, sin suficiente presupuesto, pueden quedarse vacías de contenido. Así fue con el Ministerio de Vivienda, desgajado de Fomento, en la etapa de las “kely finder” de María Antonia Trujillo. Aun así, la lectura de Podemos es recurrente: si no hay una primera vez —si no se entra en esta ocasión— es posible que no haya otra oportunidad.

Al margen de si quien lee esto está de acuerdo en esa táctica, la negociación del PSOE con Unidas Podemos ha partido de la base de las debilidades de la apuesta. Ese “es posible que no haya otra oportunidad” con el que el partido morado sorprendió en campaña electoral. Los socialistas quieren asegurarse de que, en efecto, no la haya.

Apocalípticos los integrados

Pedro Sánchez aprovechó el desfallecimiento del Partido Popular tras una década cercado por las investigaciones de su corrupción. Aprovechó el miedo a la extrema derecha, la necesidad de la mayoría social de mantener la tolerancia como último dique ante la progresiva polarización de la vida pública. Aprovechó que el uso de la fuerza en Catalunya el 1 de octubre solo iba a pasar factura al PP y planteó una fecha que se anticipase a la, previsiblemente, desquiciada condena judicial a los políticos del Procés. A falta de justicia social, la propuesta de pacificación social de Sánchez fue suficiente para ganar el ciclo electoral.

El conflicto en torno a la demanda de autodeterminación de Catalunya, en el que la estructura Estado ha tomado una sola dirección con pocos matices —fijada por el jefe del invento, Felipe VI, en su discurso del 3 de octubre— dará paso a una nueva encrucijada: entre quienes dentro de esa estructura opten por lo “ejemplarizante” y quienes opten por comenzar a hablar de indultos. El PSOE conserva esas dos almas y las dudas sobre quién será su socio para el próximo ciclo está destinada a pender finalmente de esa decisión: un acuerdo con Unidas Podemos abre la puerta a una revisión de la política de Estado respecto a las demandas independentistas. Con Ciudadanos solo cabe la entrada de los socialistas —escondidos y disimulando— en el consenso de Colón.

La campaña, una vez dada por segura la victoria, se centró en abrir posibilidades para un gran acuerdo de centro, no dependiente más que de un partido y ajeno a las bancadas independentistas y del nacionalismo “otro”. Presionar a Albert Rivera, pensaron, sería fácil. Sí, es soberbio y tiene un punto de protagonista maligno de película de sobremesa, pero la máquina naranja había funcionado siempre como un Consejo de Administración y ese tipo de estructuras —a diferencia de las mafiosas, las sectarias o, a menudo, las asamblearias— son capaces de cambiar el sentido de la marcha en el momento preciso.

Pero Rivera optó por alargar la inestabilidad, aun a costa de contradecir a quienes lo consideraron una apuesta de Estado frente a los bárbaros a las puertas. Entre los descartados de Ciudadanos en su crisis interna, no por casualidad, están el exdiputado Fernando Maura —dentro de la ejecutiva, este hombre de Estado por vía sanguínea votó por levantar “el veto” a Sánchez— y Francesc de Carreras, uno de los intelectuales del casi invisible movimiento por la reforma del Estado de 1978.

Contradicción histórica

La negativa de Rivera —a la espera de revisión— sitúa a Sánchez ante la verdadera presión. Sin Ciudadanos como plan A, Unidas Podemos es, siempre ha sido, un plan B incómodo. Quizá no tanto para el propio Sánchez como para quienes defienden una visión patrimonialista del Estado.

Y mientras el PSOE se enfrenta a sus propias contradicciones históricas —es significativo que el dirigente sindical más claro sobre el pacto haya sido el de UGT—,  la pregunta que plantea ese rechazo al Gobierno de coalición es si se debe descartar ya que un proyecto de transformación  —incluso, si se quiere reducir a lo más básico, de rectificación de la oferta socialdemócrata y ampliación de la autonomía de las autonomías (valga la perogrullada)— sea aceptado como una pieza posible en la tramoya estatal. Lo que, finalmente, abriría una pequeña y modesta posibilidad de reforma.

Porque el veto puede achacarse a los errores de Pablo Iglesias, a su casa en Galapagar, o a los Congresos de Vistalegre, pero también cabe preguntarse qué programa puede llevar a cabo el PSOE fiándolo todo a la baraka —la estrella— de su candidato. Y si ese programa “constitucionalista” tiene otro destino que la gestión de la represión y la impotencia —o aprovechamiento corrupto— ante la desposesión planificada por los Blackstone de turno. Los sindicatos mayoritarios le recordaron el lunes al presidente en funciones que, por pequeño y reformista que sea, el plan de recuperar algunos derechos fue el compromiso del PSOE durante la campaña. Ayer, martes, Sánchez, hombre de Estado tocado por la fortuna, marcó el mensaje como no leído. 

En efecto, es un margen mínimo el que ahora está explorando Unidas Podemos. Pero a quien compete, en último lugar, definir si se puede trabajar —y recordemos que prácticamente solo se trata de homogeneizar condiciones laborales y garantizar libertades cívicas— es a Pedro Sánchez. Si se puede resetear a Ciudadanos a su función original en las próximas semanas el margen se cerrará definitivamente para Unidas Podemos. El Estado mantendrá, algunos años más, la tramoya intacta. Hasta que los lemas “lo llaman democracia y no lo es” y “no nos representan” estallen de nuevo de formas que ningún gurú político puede adivinar. En estallidos que se llevan todo el capital electoral con la fuerza de un maremoto.