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El nuevo curso político arranca teñido por la crisis de Ceuta y con la misión de los Presupuestos

Del experimento en Torre-Pacheco a la macro-operación Ceuta. El drama humanitario de los migrantes y la legítima preocupación y cansancio de los ceutíes es el caldo de cultivo ideal para que las derechas política y mediática retomen, después de un casi imperceptible receso veraniego, la embestida de exaltación y desgaste contra el Gobierno de coalición.

El inicio del curso político 2026-2027 bien podría decirse que ha sido la última semana de agosto porque debido a la crisis, nueve ministros han desfilado por las comisiones parlamentarias de sus respectivas carteras. Pero este 3 de septiembre, Pedro Sánchez vuelve a las Cortes Generales a comparecer por pedido propio y será el primer pleno en seis semanas pero su primera rendición de cuentas ante los diputados en casi tres meses.

No ha sido un verano de sosiego en cuanto a la crispación y el antagonismo. La crisis de los incendios en Ávila y Madrid y el arribo masivo a Ceuta el 30 y 31 de julio no han dado el descanso quizás necesario para una ciudadanía exhausta. Como decía en julio un diputado en un pasillo del Congreso: “La gente tiene que descansar de nosotros también”. Tal vez eso no haya ocurrido.

No hay muchas dudas sobre la fecha en que Sánchez decida la convocatoria electoral: será separada de las municipales

Sea como fuere, el ring ya está abierto y en funciones. Septiembre inaugura no solo el habitual nuevo curso tras el ‘descanso agustino’ sino que, este año, pone en marcha el reloj de la precampaña electoral. En ocho meses habrá comicios municipales en todo el Estado y autonómicos en diez comunidades (salvo que alguna decida cambiar de fecha si su estatuto lo permite). Y poco antes o poco después, la madre de todas las batallas: las generales.

A fin del curso anterior, fuentes de Ferraz y del Ejecutivo comentaban a El Salto que no hay muchas dudas sobre la fecha en que Sánchez decida la convocatoria electoral: será separada de las municipales, por tanto será en la etapa de marzo-abril o de junio-julio. Algunos desestiman la segunda mitad de julio por el hecho que será necesaria la máxima movilización posible y que no coincida con ciudadanos en la playa o la montaña.

Sánchez tendrá su primer match con Alberto Núñez Feijóo y los portavoces parlamentarios en un pleno monográfico sobre la crisis en el enclave, la cual teñirá la agenda política y la conversación pública probablemente hasta fin de año. No porque no vaya a volver Ceuta a “la normalidad”, como decía el ministro Grande-Marlaska, sino porque el asunto será de lógica utilización política por la oposición.

El enfrentamiento con Rabat hoy día no sería solo con la dictadura marroquí sino con Washington y Tel Aviv.

Un inciso merece la actuación del Gobierno en los primeros días de actividad en el Congreso: escaso favor se ha hecho a sí mismo retratando la disonancia (y según analistas, la disputa interna) entre la ministra Margarita Robles y su par de Interior con respecto a la labor del CNI, así como el coro acrítico e insólito con respecto a la actuación del régimen marroquí.

“No tengo pruebas pero tampoco dudas”, respondía a El Salto un diputado de izquierdas del bloque de investidura al preguntarle si la complacencia con Mohamed VI tiene que ver con el espionaje ilegal a la intimidad de Sánchez y otros miembros del Gobierno, algo que suelen esgrimir PP y Vox delante de las cámaras. También admite que en estas circunstancias los ministros no tenían muchas opciones. El enfrentamiento con Rabat hoy día no sería solo con la dictadura marroquí sino con Washington y Tel Aviv.

Que lo de Ceuta sea un eje ineludible en el debate público obliga a que otros dos temas vayan detrás: migración y seguridad, una entente que adora la extrema derecha (y ya desde hace un tiempo también el PP y Junts) y que pone en tensión la narrativa de las izquierdas, que deben hacer equilibrio entre criticar el racismo que implica y no quedar insensibles a una queja de muchos ciudadanos. La endiablada y xenófoba asociación de los conceptos de inseguridad con migrantes exige mucha sapiencia de los referentes progresistas pero es la gasolina ideal para las derechas. Tal vez como nunca antes este tema dominará la conversación del nuevo curso.

Giro en la negociación de los Presupuestos

Por fuera, aparecen los Presupuestos Generales, que en medio de este contexto tan adverso para Moncloa (y todavía queda la reactivación de los procesos judiciales sobre corrupción) y con las elecciones en el horizonte cercano, parecen una entelequia. Pero Sánchez tiene la firme decisión de presentarlos y perderlos.

“Van a ser unos presupuestos súper expansivos para utilizarlos en la campaña y contrastarlos con lo que ofrece el bloque reaccionario”, comentaban desde una de las vicepresidencias. El gasto social será récord y habrá platos fuertes en transición ecológica y financiación autonómica. Desde Sumar comentan que se nota el cambio entre María Jesús Montero (ahora líder de oposición en Andalucía) con Arcadi España al frente de Hacienda: “Antes todo era un ‘no se puede’ y ahora las negociaciones fluyen más”.

La idea, al menos antes de lo de Ceuta, era presentar los PGE en octubre para que sean votados (y muy posiblemente rechazados) poco antes de la Nochebuena. Con ese rechazo y un largo debate que contrapone los dos modelos (y que ubica la conversación en ‘las cosas del comer’), Sánchez anunciaría la fecha electoral, según algunas fuentes que estiman en marzo el momento de las urnas, aunque la mayoría lo vislumbra en julio.

El real decreto-ley que ya va camino a ser debatido por las Cortes es la llamada ‘ley de Lobbies’, que busca una normativa sobre transparencia e integridad de los grupos de interés, obligando a crear un registro público y obligatorio. Una promesa de campaña que busca un lugar en el BOE y que podría conseguirlo gracias a que Junts se mostró dispuesto a aprobarla (y ha logrado incorporar enmiendas).

Un influyente diputado de Sumar comenta, sobre la ley Mordaza: “Vamos a intentarlo una vez más, para evitar que un ministro de Interior de Vox tenga la posibilidad de aplicarla”

Otra de las iniciativas que el Gobierno intentará aprobar es la proposición sobre protección a los menores en entornos digitales. Justo hablando de lobby, aquí ha habido uno en contra de las grandes plataformas digitales, intentando descafeinar la medida. El PP dice que apoya pero por ahora no hay fecha, aunque cuesta creer que si no es aprobada este año, vaya a serlo en un año de campaña electoral.

¿Y la ley Mordaza? “Vamos a intentarlo una vez más, para evitar que un ministro de Interior de Vox tenga la posibilidad de aplicarla”, comentaba a El Salto un influyente diputado de Sumar. Con Feijóo y Abascal en contra, aquí son necesarios más que nunca los votos de Junts, ya que es una ley orgánica y exige una mayoría absoluta. Las posiciones no son antagónicas pero hay flecos aún que resolver con Junts y Podemos. Desde EH Bildu apuntan a que el culpable en buena parte es el PNV.

La candidatura que falta

El nuevo curso también tendrá un tema público recurrente: la candidata o el candidato que elija la izquierda confederal para las generales. No hay dudas de que, salvo un hecho inesperadísimo, volverán a competir Sánchez, Feijóo y Abascal. Se desconoce el rostro del cuarto pilar, ese que representa a un aproximado 15 por ciento de votantes progresistas que anhelan una transformación más profunda de la que propone el PSOE y que no decantan por las opciones identitarias de EH Bildu, ERC, CUP y BNG.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien más tirón tienen entre el electorado según las encuestas, se mantiene abierto a ser el rostro aunque no hay diálogos formales con los partidos.

Con la ‘operación Bustinduy’, adelantada por El Salto el año pasado, prácticamente fracasada, y con Yolanda Díaz fuera de la ecuación por decisión propia, ese conglomerado de partidos tiene solo como candidata ya anunciada a Irene Montero, por Podemos. Las formaciones que mantienen ya avanzadas negociaciones bajo el paraguas de Un paso al Frente (Más Madrid, Izquierda Unida, los ‘Comuns’ y Movimiento Sumar, con Compromís como posible futuro nuevo socio) aún siguen buscando quién les represente.

El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien más tirón tienen entre el electorado según las encuestas, se mantiene abierto a ser el rostro aunque no hay diálogos formales con los partidos. El exconcejal de Santa Coloma es renuente a establecer contacto personal con los dirigentes que no son cercanos y eso dificulta una nueva entente, según explican fuentes conocedoras de la situación.

También aparece el líder de CCOO, Unai Sordo, como un precandidato que podría encajar. Algunos aseguran que ya hay operadores políticos que responden a él intentando tejer redes con ese fin. No descartan algunos popes de Un Paso al Frente que haya una candidatura múltiple, con dos o tres rostros de dirigentes en los que el votante pueda referenciar la marca electoral. En ese caso, Emilio Delgado sería el gran beneficiado. Quedan pocos meses para desvelar el misterio.