País Vasco
De la precariedad a la baja: ELA vincula el deterioro de la salud obrera con el modelo de la patronal vasca

La semana pasada, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la presidenta de Confebask, Tamara Yagüe, defendieron que las personas en situación de incapacidad temporal cobren una prestación menor. ELA les ha contestado con un informe sobre la salud laboral en Hego Euskal Herria que responsabiliza directamente a las patronales: han hecho “una apuesta estratégica por la precariedad” y, con ella, están enfermando a la clase trabajadora.

El documento, titulado Defender la salud laboral y la prevención ante unas patronales que precarizan, empieza por la palabra sobre la que gira toda la ofensiva empresarial: el “absentismo”. ELA lo considera un término “muy ideológico”, porque insinúa que la gente falta al trabajo por voluntad propia. “En Hego Euskal Herria el absentismo es del 0%”, responde el sindicato: se falta cuando se ejerce un derecho, sea una licencia, un permiso o una huelga, o cuando un médico certifica que no se puede trabajar. Lo que se busca con esa campaña, denuncia, es recortar derechos laborales y dar más poder a las mutuas.

El objetivo de la campaña contra el “absentismo” no es combatir un fraude, sino recortar derechos y presionar a quienes están enfermos para que acudan igualmente al puesto de trabajo

La precariedad enferma

ELA parte de una idea: la salud laboral no puede analizarse de forma aislada, al margen de las condiciones de vida y de una sanidad pública cada vez más débil. Los estudios internacionales que recoge el informe son claros. Una seguridad laboral deficiente aumenta un 61% el riesgo de depresión, un 77% el de ansiedad y un 51% el de suicidio, además de elevar las enfermedades cardiovasculares. No afecta a una minoría: en 2022 el propio sindicato calculó que más de 541.600 personas sufrían algún tipo de precariedad laboral en Hego Euskal Herria.

El problema tiene una base salarial y contractual. En 2023, 305.000 personas cobraban menos de 1.500 euros al mes, 139.000 de ellas pese a trabajar a jornada completa. Y mientras la economía crecía un 22,5% desde 2008, los salarios reales solo subían un 2,9%. La temporalidad tampoco afloja: en abril de 2026, el 76,08% de los contratos firmados en la CAPV y el 78,95% de los de Nafarroa fueron temporales. El sindicato responsabiliza a Confebask y CEN de mantener este modelo, por negarse a un salario mínimo de 1.500 euros y seguir recurriendo a contratos temporales, fijos discontinuos y extinciones en el periodo de prueba.

Alrededor del 30% de los accidentes de trabajo se producen en el primer año tras la contratación: la inestabilidad no es solo una cuestión de sueldo, sino un factor de riesgo directo

Una sanidad pública debilitada

El informe atribuye a una decisión política el deterioro de la sanidad pública. La inversión cae cada año: en la CAPV pasó del 5,32% del PIB en 2010 al 4,97% previsto para 2026, y el sindicato calcula que faltan 2.000 millones para alcanzar la media europea. Las listas de espera reflejan ese recorte. El 70% de quienes piden cita en atención primaria espera más de 48 horas, la atención especializada supera los 60 días en Osakidetza y los 75 en Osasunbidea, y una operación tarda de media 59 y 94 días, respectivamente.

Todo ello repercute en la salud de la población. La tasa de morbilidad hospitalaria de Hego Euskal Herria figura entre las más altas del Estado, un 10,85% por encima de la media estatal en la CAPV y un 5,8% en Nafarroa. El colapso de lo público, además, ha alimentado los seguros privados individuales, que crecieron un 50% entre 2013 y 2023. En paralelo, CEOE y CEPYME pactaron con CCOO y UGT privatizar mediante las mutuas las incapacidades temporales de origen traumático.

Bajas al alza y mutuas que gestionan peor

Los datos de incapacidad temporal (IT) apuntan en la misma dirección. La prevalencia mensual por contingencias comunes es del 6,57% en la CAPV, con una duración media de 41,58 días; en Nafarroa baja al 5,47% y a 28,99 días. Se enferma más a menudo que en otros territorios, pero se vuelve antes al trabajo. Entre 2019 y 2025, la prevalencia de enfermedades comunes creció un 33,40% en la CAPV y un 45,44% en Nafarroa, y las incapacidades por trastornos mentales aumentaron un 490%, hasta situarse como la segunda causa de baja, tras las dolencias musculoesqueléticas.

El informe cuestiona también el supuesto buen hacer de la gestión privada. Las bajas que gestionan las mutuas se alargan más que las del sistema público, con 45,85 días de media en la CAPV. Ni siquiera asfixiada, concluye ELA, la sanidad pública gestiona peor que las mutuas patronales.

Las incapacidades por trastornos mentales se han disparado un 490% y ya son la segunda causa de baja, un reflejo de la digitalización, las cargas de trabajo y la precariedad

Siniestralidad e infradeclaración

Osalan contabilizó 67.054 accidentes de trabajo en la CAPV en 2025, de los que 34.679 causaron baja, el 51,72%. Ese año murieron nueve personas en Araba, 11 en Bizkaia y siete en Gipuzkoa. En Nafarroa, el Instituto Navarro de Salud Laboral registró 25.615 accidentes en 2024 y 11 muertes en 2025. Ambos territorios lideran las notificaciones de enfermedades profesionales, con la CAPV como segunda comunidad del Estado y Nafarroa como sexta, incluidas las causadas por agentes cancerígenos.

Aun así, ELA advierte de que las cifras se quedan cortas. La infradeclaración es enorme y golpea sobre todo a mujeres y personas migrantes, cuyas dolencias derivadas del trabajo, muchas ligadas a la limpieza, los cuidados o la hostelería, rara vez se reconocen como profesionales. Si a escala internacional solo el 13,33% de las muertes en el trabajo se deben a accidentes, el sindicato deduce que en Hegoalde mueren cada año unas 450 personas por causas relacionadas con el empleo, la mayoría evitables con prevención.

Complicidad institucional y propuestas

ELA acusa a las instituciones de una “complicidad absoluta” con la patronal. Lo más evidente es la falta de inspección: en la CAPV hay 43 inspectores de trabajo y en Nafarroa 15, cuando Europa recomienda 120 y 45. A eso se añade que ni la CAPV ni Nafarroa tienen competencias plenas en Seguridad Social para controlar las incapacidades, y que ningún gobierno quiere abrir ese conflicto.

Entre sus propuestas, el sindicato reclama un salario mínimo propio por encima de los 1.500 euros, obligar a las empresas a destinar el 1% de su gasto a prevención, la publificación de las mutuas, la transferencia de la competencia plena en Seguridad Social y la creación de delegadas y delegados de salud laboral al estilo de Quebec. Pide también reforzar Osakidetza y Osasunbidea hasta equipararlas con la media europea y rebajar de nuevo la edad de jubilación a los 65 años. “No hay otro camino que poner límite a la codicia y desmercantilizar” la sanidad laboral, sostiene.