Opinión
El verdadero “Gordo”: dinero, comunidad y confianza en Villamanín

En un pueblo de montaña que se organiza para apagar incendios, que vende lotería para organizar las fiestas y que celebra unido un premio extraordinario, de pronto, irrumpe la sospecha, el cálculo, la fractura, “El Gordo”.

Lo que ha ocurrido en Villamanín es un ejemplo de manual del tipo de dilemas morales que surgen cuando la lógica de mercado irrumpe en una comunidad regida, hasta ese momento, por normas sociales densas y compartidas.

Sin idealizar nada (que no hay convivencia sin conflictos), pero hasta ahora Villamanín parecía funcionar como muchas comunidades pequeñas de montaña: cooperación frente a la adversidad (los terribles incendios del pasado verano), celebración colectiva de las buenas noticias, y una red de confianza que permite que instituciones informales, como la comisión de fiestas ahora tan cuestionada, sostengan la vida comunitaria. Ese capital social y relacional, invisible pero esencial, no se mide en dinero, sino en reciprocidad, reputación y sentido de pertenencia.

Cuando el dinero cambia las reglas

El conflicto actual no nace únicamente de un error técnico en la venta de participaciones; ese es, en todo caso, el detonante. El problema de fondo es otro, la conversión súbita de un bien simbólico y comunitario (la lotería vendida con el objetivo de sufragar actividades para el conjunto de vecinas, vecinos y veraneantes) en un activo puramente económico, susceptible de ser reclamado individualmente hasta el último euro. En ese tránsito, cambian las reglas del juego moral.

Cuando ahora cae del cielo una cantidad desproporcionada de dinero, lo que era apoyo comunitario pasa a leerse como inversión, lo que era compromiso altruista de y con la comisión de fiestas es leído como cálculo torticero, y lo que era confianza pasa a verse como engaño

En Villamanín, como en muchas comunidades pequeñas, la vida cotidiana no se organiza principalmente a través de contratos, sino mediante expectativas compartidas: ayudar hoy porque mañana pueden ayudarte, colaborar porque “es lo que siempre se ha hecho aquí”, confiar porque romper la confianza tiene un coste social altísimo. La comisión de fiestas es una institución clave en ese ecosistema: no funciona como una empresa, sino como un dispositivo de cooperación intergeneracional, sostenido por la buena fe y el reconocimiento mutuo.

La irrupción del premio ha roto ese equilibrio porque introduce un incentivo que no estaba previsto por las normas sociales existentes. Hasta ese momento, nadie compraba participaciones pensando en maximizar un retorno; el gesto tenía un valor mixto, económico y simbólico, pero primaba lo segundo. Cuando ahora cae del cielo [del Estado] una cantidad desproporcionada de dinero, el significado del acto se reinterpreta retrospectivamente: lo que era apoyo comunitario pasa a leerse como inversión, lo que era compromiso altruista de y con la comisión de fiestas es leído como cálculo torticero, y lo que era confianza pasa a verse como engaño.

Dos racionalidades morales en conflicto

Aquí encaja perfectamente la tesis del filósofo Michael Sandel en su imprescindible ensayo Lo que el dinero no puede comprar: cuando introducimos la norma mercantil en ámbitos gobernados por normas sociales, no solo añadimos incentivos, sino que transformamos el significado de la práctica.

Comprar lotería a la comisión de fiestas no era un contrato frío ni una inversión, era un gesto de apoyo al pueblo, una contribución a la vida en común. Convertirlo retrospectivamente en un cálculo estrictamente legal -“lo que me corresponde” frente a “lo que corresponde a todas y todos”- erosiona ese significado original.

Sandel insiste en que el problema no es solo que el mercado genere desigualdades, sino que corrompe ciertos bienes cuando los somete a su lógica. En este caso, la lógica mercantil no se limita a repartir un premio; redefine las relaciones entre vecinas y vecinos, haciendo surgir una nueva pregunta -“¿cuánto me corresponde legalmente?”- que desplaza a otra más antigua y silenciosa -“¿qué nos conviene como comunidad?”-.

En pueblos pequeños, donde la convivencia es diaria y prolongada en el tiempo, el coste relacional de “ganar” un conflicto de este tipo puede ser mucho mayor que el beneficio económico inmediato

El conflicto no es un simple choque entre egoísmo y altruismo, sino entre dos racionalidades morales coherentes en sí mismas, pero incompatibles entre sí. Desde la racionalidad de mercado, reclamar el premio íntegro puede ser perfectamente defendible; desde la racionalidad comunitaria, hacerlo puede percibirse como una traición al espíritu que hizo posible tanto la comisión de fiestas, como la vida compartida del pueblo y el propio premio.

El drama es que ambas racionalidades son coherentes en sí mismas, pero no pueden convivir. Lo verdaderamente inquietante es que el daño principal se produce incluso aunque se llegue a un acuerdo económico, ya que este daño opera durante el proceso mismo de deliberación.

El simple hecho de tener que discutir en términos legales y monetarios introduce en el pueblo sospecha, resentimiento y cálculo estratégico. La comunidad deja de verse como un fin y empieza a verse como un medio. Y una vez que ese umbral se cruza, es difícil volver atrás.

Lo verdaderamente grave no es quién cobra más o menos, sino el riesgo de que se fracture la confianza; porque la confianza, a diferencia del dinero, no se recompone fácilmente. Una comunidad rota tarda generaciones en recomponerse, si es que lo hace. En pueblos pequeños, donde la convivencia es diaria y prolongada en el tiempo, el coste relacional de “ganar” un conflicto de este tipo puede ser mucho mayor que el beneficio económico inmediato.

Paradójicamente, un dinero que no se han ganado ni nadie esperaba pone a prueba justo aquello que en Villamanín sí habían construido con esfuerzo: una comunidad capaz de organizarse, ayudarse y celebrar junta

El coste invisible de “ganar”

Paradójicamente, un dinero que no se han ganado ni nadie esperaba pone a prueba justo aquello que sí habían construido con esfuerzo: una comunidad capaz de organizarse, ayudarse y celebrar junta. La pregunta de fondo no es solo qué es justo desde el punto de vista legal, sino qué decisión permite que Villamanín siga siendo un “nosotras/nosotros” y no una suma de individualidades con cuentas y vidas separadas.

En ese sentido, el caso no habla de un pueblo concreto, sino de una tensión más amplia y contemporánea: hasta qué punto permitimos que el mercado colonice espacios donde lo que está en juego no es el precio, sino el valor de vivir juntas y juntos. Desde esta perspectiva, el caso de Villamanín funciona como una metáfora potente de una tendencia más amplia y cada vez más presente: sociedades que confían cada vez más en el dinero y el derecho para resolver conflictos que antes se resolvían mediante normas sociales. El problema es que ni el dinero ni el derecho pueden sustituir completamente a la confianza, porque no generan pertenencia ni identidad común.

La pregunta final a la que deberán responder las gentes de Villamanín no es qué decisión maximiza el beneficio individual ni siquiera cuál es jurídicamente impecable, sino qué tipo de comunidad quieren seguir siendo después del premio. Porque el dinero se gasta, se reparte o se pierde, pero la forma en que una comunidad gestiona un conflicto excepcional deja una huella duradera en su identidad colectiva. El verdadero “Gordo” –la mayor suerte y también el mayor riesgo- no está en el número premiado, sino en lo que el pueblo decida hacer con él.