Opinión
Los profesores en el punto de mira de la violencia institucional

Las declaraciones públicas de las responsables de educación intoxican el ambiente con un discurso que oculta la situación real del profesorado, elude su responsabilidad ante el conflicto y criminaliza a los docentes.
19 nov 2026 06:37 | Actualizado: 19 nov 2026 07:21

Cada uno de nosotros se ha ido impregnando de las violencias del mundo. Hemos pasado por el compañero de clase que se burlaba de nuestra ropa, por el novio que disfrazaba de amor lo que era posesión y celos, puede que por el jefe déspota de algún trabajo precario mientras estudiábamos la carrera, por la violencia social que relatan los diarios, por la que imponen las reglas del mercado y muchas otras que sería largo de enumerar.

Cuando decidí dedicarme a la educación imaginaba un quehacer idílico donde podía aportar a cada niño un pedazo del mapa con el que aprender a moverse por el mundo. Tenía vocación y una responsabilidad que se fue volviendo una soga con el paso de los años. Algunos adolescentes habían perdido el respeto a la figura del profesor, al mismo tiempo que lo había hecho la sociedad, lo que se traducía en agresiones verbales e intentos de crear caos en el aula. Por supuesto, nadie hacía un análisis serio de lo que estaba ocurriendo en nuestra sociedad, simplemente se empezó a cargar al profesor con la obligación de controlar una clase; se apeló a su capacidad de imponerse como un signo de profesionalidad.

Con el tiempo se empezó a trasladar al docente la absoluta responsabilidad de que los alumnos aprobaran, no de que aprendieran, de que aprobaran. El profesor pasó a ser señalado por no saber motivarles, después se añadió que los suspensos se debían a falta de atención a la diversidad o a no tener la suficiente capacidad para reconocer la emoción del niño en cada instante. Los docentes fueron aprendiendo a hacer malabares, pero el número de suspensos solo mejoraba si se bajaban los niveles educativos.

Más tarde llegó el momento en que tuvimos que hacer un documento por cada alumno que suspendiera, un plan específico de recuperación, otro para los alumnos repetidores, otro por cada alumno que tenía una dificultad concreta de aprendizaje, adaptaciones también para los alumnos ACNEAE; y para cada subgrupo, un modelo de examen diferente. Los documentos se fueron convirtiendo en el justificante de que se estaba haciendo lo necesario.

Caí en la cuenta de que llevábamos años sufriendo violencia por parte de la administración, una violencia que se había silenciado llenando el debate público de tópicos sobre el profesorado

Un día me puse el reloj, ninguna semana trabajaba menos de 50 horas, no descansaba ningún fin de semana, ni en las Navidades ni en Semana Santa. Pensé que era lenta, pregunté a mis compañeros y el resultado era el mismo. ¡Vaya! Mis abuelos lucharon por tener 40 horas semanales, como funcionaria a mí solo se me reconoce un trabajo de 37,5 horas.

A pesar de mi esfuerzo tampoco era capaz de llegar a todos los alumnos, había algunos que no podía atender como ellos necesitaban. Las cada vez más altas exigencias se convirtieron en un estrés constante que apenas me dejaba dormir. Evidentemente para la administración eso es solo un problema individual, del profesor que no maneja bien el estrés, en ningún caso de cómo está configurado el sistema o de que falten profesionales e inversión para atender las dificultades educativas en la sociedad actual. Fue entonces cuando caí en la cuenta de que llevábamos años sufriendo violencia por parte de la administración, una violencia que se había silenciado llenando el debate público de tópicos sobre el profesorado. Ante esta violencia, la huelga de los profesores no es más que un acto de resistencia.

En medio de las protestas y reclamaciones —que no tienen otro objetivo que trabajar en unas condiciones saludables y ofrecer a nuestros alumnos la mejor educación posible— fuimos testigos de las palabras que la consejera, Mercedes Zarzalejo, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, comenzaron a dedicar a los profesores. Me vino entonces a la cabeza el trabajo de Linda Coates y Allan Wade sobre el modo en que los perpetradores organizan su discurso, Analysis of four discursive operations. Una revisión que merece la pena mirar con detalle.

Para los autores cuatro son las operaciones discursivas que utiliza cualquier perpetrador, ya sea en el ámbito personal o en el ámbito institucional: la invisibilidad de la violencia, esconder o disminuir la responsabilidad del perpetrador, ocultar la resistencia de las víctimas y patologizar o culpabilizar a los agredidos de una violencia que siempre es unilateral y deliberada, y en la que hay tergiversación del discurso para ganarse el favor de los testigos.

La violencia recibida por los profesores en el ámbito laboral se ha ocultado sistemáticamente, creando relatos alternativos, alejados de la realidad de la labor docente o, simplemente, ignorando las condiciones de trabajo, como si estas no existieran. Todo lo que pasa dentro de los colegios y los institutos es conocido ampliamente por inspectores y, por lo tanto, por la administración. No ponerle solución y seguir introduciendo cada día más trabajo destruye la salud de los docentes y constituye una agresión unilateral y voluntaria, que tiene una finalidad clara, aprovecharse de la responsabilidad y vocación del profesorado para infrafinanciar la educación de las capas sociales que no se puedan permitir pagar una escuela privada, lo cual responde sin lugar a dudas a una visión elitista y segregadora que busca disminuir las oportunidades de ascenso social de la clase trabajadora.

Si continuamos evaluando el lenguaje de nuestras ilustres dignatarias observamos como tratan de difuminar la responsabilidad de la administración para con sus propios trabajadores; lo hacen cuando tachan la protesta de huelga política en un periodo electoral, ignorando que el conflicto lleva abierto más de dos años; lo hacen cuando desvían la responsabilidad hacia un gobierno que no nos ha contratado o cuando se alude a negociaciones sobre otros asuntos que nada tienen que ver con la tabla de reivindicaciones. Pero la mejor excusa, sin duda, ha sido escuchar a Zarzalejo tildar a las peticiones como “insensatas e inasumibles”; tan inasumibles que se pueden encontrar en el País Vasco, debe ser que ellos hacen milagros.

Han criminalizado a los profesores con palabras que forman parte del mundo del hampa, llamándoles delincuentes

Ocultan además la resistencia del profesorado ante la situación de violencia que venimos padeciendo, intentando que las acciones vinculadas a la huelga se perciban por la opinión pública como fuera de lugar o desproporcionadas. Por último, han criminalizado a los profesores con palabras que forman parte del mundo del hampa, llamándoles delincuentes, acusándoles de hacer “boicot” o de realizar prácticas mafiosas. Un discurso que sigue punto por punto los hallazgos del estudio de Coates y Wade.

Merecemos que las autoridades educativas no utilicen el lenguaje con el fin de ocultar la verdad. Su discurso aprovecha el sesgo que hace pensar a la ciudadanía que las instituciones funcionan, pero no hace ciegos ni sordos a las personas que están siendo golpeadas por este sistema. Los alumnos y las familias ven cómo sus profesores se desviven por llegar a todo y no llegan, viven cada día la falta de recursos y escuchan de la boca de los responsables políticos un lenguaje abiertamente violento hacia aquellos que los atienden y cuidan a diario. Necesitamos responsables políticos que sean modelo de respeto, verdad y buenas palabras, no personajes públicos cuyo lenguaje no difiera del de cualquier perpetrador.

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Los artículos de opinión no reflejan necesariamente la visión del medio.

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