Operaciones urbanísticas
Una montaña artificial y 8.600 viviendas para un paraje que los vecinos piden convertir en corredor ecológico

Arrancar más de 2.500 árboles y destruir una zona de paso de especies protegidas para construir viviendas lujo y alguna de protección oficial. Es el polémico proyecto de urbanización del paraje de Los Carriles-Valgrande, o Sector S-1 de Alcobendas, que desde 2019 enfrenta al gobierno del PP del municipio con grupos ecologistas y una plataforma vecinal. Son 8.600 nuevas viviendas, con la excusa de aumentar el parque público, que destruirán una zona de rica biodiversidad y que se ha pedido proteger y eso a pesar de que el proyecto fue anulado en por Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TJSM).

“Es verdad que falta vivienda en el municipio y que los jóvenes tienen problemas para acceder a ella, pero lo que proponen no va a solucionar nada, y no puede ser que la creemos a costa de espacios únicos”, dicen los vecinos.

Los Carriles es, de momento, un espacio natural de nada menos que 217 hectáreas y cuyo valor ecológico se basa en conectar, sirviendo de lugar de paso para especies amenazadas, zonas protegidas como el monte preservado de Valdelatas y la Zona de Especial Protección para las Aves Monte del Pardo, ambos en Madrid. También colinda con el Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares y Reserva de la Biosfera que abarca varios municipios, y el monte de utilidad pública Dehesa Boyal de San Sebastián de los Reyes.

La polémica montaña artificial sería un montículo de entre 13,5 y 16,59 metros de altura, es decir, como un edificio de cinco pisos, y 1,3 kilómetros de largo, en el que se plantarán árboles de hasta seis metros de altura. El objetivo explícito es que la cima impediría que las futuras viviendas tuvieran vistas de las líneas eléctricas que atraviesan la zona, que en un primer momento se quiso soterrar hasta que Red Eléctrica indicó que era técnicamente imposible.

Inicialmente el proyecto de Los Carriles-Valgrande se aprobó en 2019, aunque llevaba en borrador al menos desde 2012. Justo antes de las municipales de aquel año el anterior alcalde del PP, Ignacio García de Vinuesa, lo sacó adelante gracias a los votos de dos tránsfugas de Ciudadanos. En ese momento fue recurrido ante los tribunales por Ecologistas en Acción, y al perder las elecciones los ‘populares’, durante el último mandato PSOE y Cs lo mantuvieron en un cajón a la espera de la decisión judicial.

“No hay ninguna diferencia, el nuevo plan parcial es igual” asegura Mari Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción Madrid. “Cambia, a lo mejor, alguna parcela de uso de un lado a otro, pero es lo mismo. Misma capacidad residencial, misma montaña artificial… Solo que como lo anularon por no tener la evaluación ambiental de la montaña, ahora sí la incluyen desde el principio. Intenta subsanar el error con un nuevo plan, pero es idéntico al anterior”.

El Ayuntamiento de Alcobendas ya ha iniciado la tramitación del nuevo plan. "Y si (el Supremo) anula la sentencia y les da a ellos la razón, solo tienen que desestimar la tramitación del actual y se quedan con el anterior”, asegura Nines Nieto, de Ecologistas en Acción

Nieto entiende que lo que está haciendo el Ayuntamiento es “ganar tiempo. En caso de que el Supremo ratifique la sentencia del TSJM, ya son meses que han adelantado, porque ya ha iniciado la tramitación del nuevo plan. Y si anula la sentencia y les da a ellos la razón, solo tienen que desestimar la tramitación del actual y se quedan con el anterior”. La prueba, asegura la ecologista, es que el pasado 16 de septiembre se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid la reparcelación del Sector S-1, paso administrativo previo a un proyecto en firme, pero sobre el plan parcial de 2019. El consistorio sigue tramitando el texto anulado por el Tribunal Superior, a pesar de que no tiene recurso a favor, y lo votó el pasado 20 de agosto, antes de la vuelta de vacaciones, casi de manera clandestina. Actualmente el Ayuntamiento de Alcobendas tiene en marcha, de forma paralela, dos procesos para la misma urbanización.

“En 2020 presentamos un proyecto para proteger el paraje”, comenta Gloria Abril, de la plataforma ciudadana. “No es ya que esté anulado o no, es que en la zona campean aves rapaces que están en peligro, recogidas como especies amenazadas por la Comunidad de Madrid: el buitre negro, el milano negro, el buitre leonado, el águila calzada, el cernícalo…”. Añade, además, que un informe de la Universidad Autónoma de Madrid de 2014 demostró que en Los Carriles existen hasta 53 especies de mariposas diurnas, es decir, casi la misma cantidad que en todo el Reino Unido, donde se contabilizan “solo” 59.

La actual plataforma se fundó en ese mismo 2020 fruto de los paseos durante la desescalada del confinamiento por parte de la propia Abril y otras vecinas. Desde entonces se dedican a actividades divulgativas: caminatas, proyectos con los colegios o colaboraciones con organizaciones similares vecinales de los municipios de alrededor, como San Sebastián de los Reyes. Pero hunde sus raíces en 2009, cuando por primera vez se planteó el proyecto urbanístico y el alcalde García de Vinuesa recalificó los terrenos de rústicos a urbanizables.

Sobre todo lamentan el “chantaje” o la “excusa” de la vivienda social. “Cuando estaba gobernando el PSOE, que se ha puesto de perfil muchas veces, hizo una encuesta entre la ciudadanía sobre el proyecto que no planteaba si hacerlo o no, sino el tipo de piso que querríamos en la zona: que si cuatro habitaciones, que si ático, que si tal… Ni se planteaba si estábamos dispuestos a destruir el único entorno natural que le queda al pueblo, solo buscaba manipular”.

La principal crítica vecinal y del grupo ecologista es que “la mayoría de las casas serán de lujo o tendrán precios inaccesibles para la mayor parte de la población”

La principal crítica al plan de vivienda, tanto de las vecinas como de Ecologistas en Acción “la mayoría de las casas serán de lujo o tendrán precios inaccesibles para la mayor parte de la población”. De hecho, critican que con las actuales previsiones, menos de la mitad de las 8.600 nuevas viviendas tendrán “algún tipo de protección”, y serán Vivienda de Protección Pública Básica (VPPB) o Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), sin alquileres sociales, que deberían ser al menos el 50% según obliga la Ley de Vivienda.