Ocupación
Sarasate y la precariedad

¿Cómo es posible que Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Iruñea sigan sin impulsar políticas decididas para garantizar el derecho a la vivienda?

Casa Pamplona
Fachada de una vivienda en Pamplona Jone Arzoz
Eugenia Indurain

publicado
2017-09-13 18:08

Después del bajón de los años de la crisis, lagente ha vuelto a comprar. Esto ha provocado que los alquileres escaseen y quelos precios hayan subido mucho”, declarórecientemente el responsable de una conocida inmobiliaria de Iruñea. A finales de 2015, el Área de Sociologíadel Ayuntamiento publicaba el Informe sobre la viviendaen Pamplona. Uno de los apartados evaluaba la necesidad de acceso a vivienda y concluía que “alrededor de4.800 personas tienen ‘mucha’ (1.692) o ‘bastante necesidad’ (3.102) de acceder a la vivienda en Pamplona”.Y constataba que en aquel momento existían, comomínimo, 5.426 viviendas vacías. Añádase que también,según estadísticas oficiales, el 60% de las personas asalariadas de la ciudad cobran menos de 1.300€ al mes.Ser mileurista en Iruñea no es fácil: puede suponer unuso limitado de la calefacción en invierno, la comprade alimentos de gama baja o un acceso escaso al ocio ya la cultura de la ciudad. Además, sin la garantía de untrabajo estable y con derechos, es muy difícil plantearseel acceso a la propiedad.

En este contexto, ¿cómo es posible que Gobiernode Navarra y Ayuntamiento de Iruñea sigan sin impulsar políticas decididas para garantizar el derechoa la vivienda? Y, más aún, ¿cuántas viviendas vacíaspropiedad de inmobiliarias, promotoras y bancossiguen sin fiscalizarse? Ante esta doble realidad, la deunas instituciones que no garantizan el acceso a un bienbásico —sin el que no cabe la vida digna— y de miles deinmuebles destinados a la especulación, ¿es de sentidocomún considerar un delito la ocupación de pisos ylocales? ¿No se trata, más bien, de un medio legítimopara recuperar derechos arrebatados?La sociedad civil de Iruñea ha solido organizarse entorno a la problemática de la vivienda, a caballo entre elteórico derecho constitucional y la realidad de la propiedad privada y el afán de lucro. Por eso, la ocupación deun edificio en el Paseo Sarasate, a principios de octubre,era una más de esas reivindicaciones históricas. Deberíahaberse saldado con la reutilización comunitaria de unespacio privado que llevaba 15 años en desuso. Sin embargo, algo salió mal, y doce personas fueron denunciadas por delitos de usurpación y de atentado.

Todo comenzó con una confusa llamada del juezde guardia que, durante los hechos, aleccionó porteléfono al Jefe de Sala de la Policía Municipal,responsable del operativo, acerca de su responsabilidad respecto a un “delito flagrante” que estabateniendo lugar. El mando policial interpretó aquellaconversación telefónica como un mandato judicialdirecto —sin recibir ningún documento por escrito— yenvió una patrulla de agentes. En aquel momento, elpropietario del edificio abandonado estaba interponiendo la denuncia.

La Policía Municipal no tiene competencias obligadasen materia de Orden Público, a excepción de los delitosflagrantes. Por lo tanto, podría haberse actuado de otramanera; por ejemplo, protegiendo la zona, ordenandoel tráfico y llamando a la Policía Foral para procederal desalojo. Pero lejos de gestionar la situación coninteligencia y claridad, se decidió desalojar inmediatamente a los activistas. En un momento dado, uno de loscomisarios se colocó en la puerta para impedir el paso yla tensión aumentó. Entre las prisas, la falta de sensatezy una cadena de mando policial que se mantiene prácticamente como con UPN, la ensalada acabó aliñándosecon porras extensibles.

La acción, diseñada y llevada a cabo en claves pacíficas, terminó en una serie de hechos violentos. La actuación policial se saldó con declaraciones contradictoriasdesde el Área de Seguridad Ciudadana, vagos informestécnicos, heridos de diversa consideración por ambaspartes y varias cabezas abiertas. Como consecuenciade todo ello, y por primera vez desde que gobiernael “Ayuntamiento del cambio”, se ha materializado la amenaza de cárcel, que ya planea entre los sorprendidos entornos militantes. La investigación oficial posterior es poco original y recuerda demasiado a tiempospasados: ninguna responsabilidad sobre las espaldas delas fuerzas de seguridad o de los cargos políticos... y 12okupas encausados por vía penal.

A veces, los acontecimientos condensan metáforassarcásticas. Cuatro meses después de los hechos,el Ayuntamiento adjudicó directamente la Casa deSocorro —una vieja propiedad municipal situada a 50metros escasos del bloque ocupado— a Construccionesy Promociones Sarasate XXI por 1,8 millones de euros,la misma empresa propietaria del edificio desalojado. Ytodavía faltan los juicios.

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