Sarasate y la precariedad

Después del bajón de los años de la crisis, la gente ha vuelto a comprar. Esto ha provocado que los alquileres escaseen y que los precios hayan subido mucho”, declaró recientemente el responsable de una conocida inmobiliaria de Iruñea. A finales de 2015, el Área de Sociología del Ayuntamiento publicaba el Informe sobre la vivienda en Pamplona. Uno de los apartados evaluaba la necesidad de acceso a vivienda y concluía que “alrededor de 4.800 personas tienen ‘mucha’ (1.692) o ‘bastante necesidad’ (3.102) de acceder a la vivienda en Pamplona”. Y constataba que en aquel momento existían, como mínimo, 5.426 viviendas vacías. Añádase que también, según estadísticas oficiales, el 60% de las personas asalariadas de la ciudad cobran menos de 1.300€ al mes. Ser mileurista en Iruñea no es fácil: puede suponer un uso limitado de la calefacción en invierno, la compra de alimentos de gama baja o un acceso escaso al ocio y a la cultura de la ciudad. Además, sin la garantía de un trabajo estable y con derechos, es muy difícil plantearse el acceso a la propiedad.

En este contexto, ¿cómo es posible que Gobierno de Navarra y Ayuntamiento de Iruñea sigan sin impulsar políticas decididas para garantizar el derecho a la vivienda? Y, más aún, ¿cuántas viviendas vacías propiedad de inmobiliarias, promotoras y bancos siguen sin fiscalizarse? Ante esta doble realidad, la de unas instituciones que no garantizan el acceso a un bien básico —sin el que no cabe la vida digna— y de miles de inmuebles destinados a la especulación, ¿es de sentido común considerar un delito la ocupación de pisos y locales? ¿No se trata, más bien, de un medio legítimo para recuperar derechos arrebatados? La sociedad civil de Iruñea ha solido organizarse en torno a la problemática de la vivienda, a caballo entre el teórico derecho constitucional y la realidad de la propiedad privada y el afán de lucro. Por eso, la ocupación de un edificio en el Paseo Sarasate, a principios de octubre, era una más de esas reivindicaciones históricas. Debería haberse saldado con la reutilización comunitaria de un espacio privado que llevaba 15 años en desuso. Sin embargo, algo salió mal, y doce personas fueron denunciadas por delitos de usurpación y de atentado.

Todo comenzó con una confusa llamada del juez de guardia que, durante los hechos, aleccionó por teléfono al Jefe de Sala de la Policía Municipal, responsable del operativo, acerca de su responsabilidad respecto a un “delito flagrante” que estaba teniendo lugar. El mando policial interpretó aquella conversación telefónica como un mandato judicial directo —sin recibir ningún documento por escrito— y envió una patrulla de agentes. En aquel momento, el propietario del edificio abandonado estaba interponiendo la denuncia.

La Policía Municipal no tiene competencias obligadas en materia de Orden Público, a excepción de los delitos flagrantes. Por lo tanto, podría haberse actuado de otra manera; por ejemplo, protegiendo la zona, ordenando el tráfico y llamando a la Policía Foral para proceder al desalojo. Pero lejos de gestionar la situación con inteligencia y claridad, se decidió desalojar inmediatamente a los activistas. En un momento dado, uno de los comisarios se colocó en la puerta para impedir el paso y la tensión aumentó. Entre las prisas, la falta de sensatez y una cadena de mando policial que se mantiene prácticamente como con UPN, la ensalada acabó aliñándose con porras extensibles.

La acción, diseñada y llevada a cabo en claves pacíficas, terminó en una serie de hechos violentos. La actuación policial se saldó con declaraciones contradictorias desde el Área de Seguridad Ciudadana, vagos informes técnicos, heridos de diversa consideración por ambas partes y varias cabezas abiertas. Como consecuencia de todo ello, y por primera vez desde que gobierna el “Ayuntamiento del cambio”, se ha materializado la amenaza de cárcel, que ya planea entre los sorprendidos entornos militantes. La investigación oficial posterior es poco original y recuerda demasiado a tiempos pasados: ninguna responsabilidad sobre las espaldas de las fuerzas de seguridad o de los cargos políticos... y 12 okupas encausados por vía penal.

A veces, los acontecimientos condensan metáforas sarcásticas. Cuatro meses después de los hechos, el Ayuntamiento adjudicó directamente la Casa de Socorro —una vieja propiedad municipal situada a 50 metros escasos del bloque ocupado— a Construcciones y Promociones Sarasate XXI por 1,8 millones de euros, la misma empresa propietaria del edificio desalojado. Y todavía faltan los juicios.