Opinión
Comadre date cuenta, la herencia del Patronato sigue vigente

Con la Iglesia hemos topado… El 9 de junio de 2025, la CONFER pidió disculpas a las supervivientes del Patronato de Protección a la Mujer, esa institución franquista que juraba proteger y educar a las mujeres consideradas en riesgo moral. Sin embargo, las voces de quienes vivieron los internamientos dejaron claro que el “arrepentimiento” no reemplaza la justicia. A ocho décadas de distancia, los mecanismos de control, vigilancia e infantilización de maternidades disidentes siguen activos, ahora bajo nuevas formas institucionales y de control social que afectan especialmente a mujeres excluidas de los patrones “respetables” de familias heteronormativas de clase media en adelante. Aquí entrarían realidades maternas monomarentales, pertenecientes al circuito de la prostitución, migrantes, racializadas, LGTBIQ+ y aquellas que deciden criar saltándose los cánones imperantes, por ejemplo, no escolarizar. Hablamos siempre en términos de precariedad; si tienes pasta, la cosa cambia con algunos matices no menos importantes.

Recuerdo cuando, estando embarazada, una conocida del ámbito laboral me preguntó por el padre. Le respondí con naturalidad: “No, he decidido hacerlo sola”. Su reacción fue, literalmente: “yy, pobre”. En su rostro realmente se dibujaban la pena y el desconcierto. En los ambientes más progresistas te llaman valiente y yo la verdad no sé cuál de las dos reacciones me molesta más, entre otras cosas porque, amigas heterobiparentales, las valientes sois vosotras, tal y como anda el patio. Ese tipo de respuesta se repitió, con mayor o menor intensidad, hasta que todo mi círculo menos cercano supo que iba a ser madre monomarental (aunque, por supuesto, la mayoría de estas personas no lo nombraban así).

Esto refleja de algún modo que el imaginario social heredado del franquismo aún está presente. Las formas de control explícitas han mutado y cambiado de rostro: ahora se sostienen a través de instituciones como, por ejemplo, el engranaje de los servicios sociales, que si bien responden a un paradigma político y social distinto, continúan operando bajo lógicas de control. Esa continuidad, aunque adaptada, es indiscutible.

El Patronato de Protección a la Mujer (1941–1985) fue una pieza clave del régimen franquista para controlar a aquellas mujeres que no se ajustaban a la norma patriarcal y heteronormativa. Las maternidades disidentes constituyeron uno de sus principales objetivos, dejando tras de sí una herida brutal que, aún hoy, permanece abierta. Una historia real, no una distopía futurista.

Solo a modo de recordatorio: ni olvido, ni perdón y maldita vuestra estampa —vaya, se me ha escapado—. Quise decir:  verdad, justicia y reparación.

Jóvenes embarazadas fuera del matrimonio, lesbianas, mujeres que desafiaban el orden moral o político eran internadas en centros gestionados por órdenes religiosas, donde el castigo, el aislamiento y la apropiación de sus bebés eran prácticas sistemáticas. La maternidad, lejos de ser un derecho o un acto de cuidado, se convirtió en un terreno de control, violencia y castigo disfrazados de disciplina estatal-religiosa.

El acto de la CONFER ofreció disculpas públicas a las supervivientes, sin embargo, como señalaron muchas de ellas con claridad, la reparación simbólica es insuficiente frente a un daño estructural que no caduca: “Nos han torturado y yo eso no lo perdono, me da igual cómo lo pidan”, expresó una de las supervivientes, mientras Consuelo García del Cid insistía: “El mal es atemporal; no nos hagan comulgar con ruedas de molino”. La tensión entre perdón, justicia y reparación revela cómo las instituciones religiosas continúan operando desde la narrativa del paternalismo y la mitigación, en lugar de asumir la responsabilidad plena y material por los daños infligidos.

En un contexto en el que el cuento de la meritocracia ha calado hondo, que alguien me explique cómo se justifica que mujeres despojadas de su libertad, de sus criaturas, sometidas a innumerables castigos físicos y psicológicos, puedan competir en igualdad de condiciones. Todo ello con el coste que implica para el desarrollo funcional de una vida adulta (si realmente escribiera lo que me gustaría para cerrar este párrafo, no me publicarían).

Hoy, servicios sociales, agencias de protección infantil y políticas públicas en materia de reproducción ponen en marcha mecanismos de vigilancia que seleccionan qué maternidades son “aptas” o “legítimas”

Aunque los internamientos masivos del franquismo terminaron en 1985, las lógicas de control sobre las maternidades disidentes no desaparecieron. Hoy, servicios sociales, agencias de protección infantil y políticas públicas en materia de reproducción ponen en marcha mecanismos de vigilancia que seleccionan qué maternidades son “aptas” o “legítimas”. Desde el imaginario social imperante, las maternidades no normativas y precarias siguen enfrentando cuestionamientos sobre su capacidad para criar. Todo esto inmerso en un contexto de auge de los movimientos reaccionarios, no promete mejora.

Estos controles contemporáneos se manifiestan de múltiples formas: desde intervenciones institucionales negligentes, inspecciones invasivas, amenazas de retirada de custodia, hasta la sobrerrepresentación de sus hijas e hijos en sistemas de tutela estatal. Es importante matizar que la retirada de la custodia de menores es una medida necesaria y justificada en casos de maltrato/abuso infantil, abandono o desatención negligente, cuando está en juego la protección real de las infancias. Sin embargo, en la práctica muchas intervenciones podrían haberse evitado si se hubieran ofrecido los recursos y apoyos necesarios para paliar la precarización sistémica de la crianza: acceso a cuidados, asistencia económica, acompañamiento social y educativo, entre otros. En numerosos casos, los expedientes abiertos por los servicios sociales terminan actuando más como mecanismos de control sobre estas maternidades que como verdaderas estrategias de protección, reproduciendo así la vigilancia y la criminalización que históricamente han afectado a las maternidades consideradas “subversivas” o “problemáticas”.

La maternidad, en estas condiciones, deja de ser un acto autónomo y se transforma en un espacio donde convergen el clasismo, el racismo, la homofobia/transfobia y la moralidad normativa, recordando, incluso, los procedimientos de infantilización y disciplina del Patronato, reformulados, claro, pero que reproducen las mismas lógicas de control y violencia. Este es el caldo de cultivo perfecto para el autocontrol en el ejercicio de la maternidad. Si tu maternidad está atravesada por alguna forma de disidencia, ya sabes que en determinados contextos debes andarte con ojo. No es lo mismo, por ejemplo, que una madre monomarental, precaria y racializada llegue dos días seguidos tarde a llevar o recoger a su criatura en la escuela, que si lo hiciera una señora blanca, casada “como Dios manda” y de clase media. Tú ya sabes que, si esa situación se repitiera (y más aún cuando responde a causas estructurales como la precariedad sistemática), cualquiera podría dar aviso a los servicios sociales y serías intervenida. Quizás solo con una visitilla inocente, sin mayor recorrido, pero que funciona como un maestro toque de control social: para recordarte que la tutela de tu criatura no es tuya, que en el fondo pertenece al Estado, compañera. Y que no se te olvide.

De hecho, no hace falta estar atravesada por múltiples opresiones; tengo varios casos cercanos que han recibido visitas de control por motivos verdaderamente triviales.

Con la monomarentalidad es necesario señalar una diferencia clave: no se mira igual si es elegida o circunstancial. Y, por supuesto, como en todo, atraviesa la renta. Si lo has decidido y eres pobre, lo que eres —según el imaginario social— es una sinvergüenza, por tener la desfachatez de traer conscientemente una criatura a este mundo sin poder “permitírtelo”. Ese acto consciente de elección desde una realidad precaria, además, te quita automáticamente el privilegio de la queja, porque, claro, “sabías dónde te metías”. Si ha sido circunstancial, la infantilización constante viene en el paquete.

Para sorpresa de nadie, los sistemas de protección infantil europeos comparten patrones comunes de intervención, fuertemente marcados por factores estructurales como la desigualdad socioeconómica y el origen migrante. Atendiendo a datos del informe  Mapping Child Protection Systems in the EU de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, 2023), a partir de un análisis comparado de las intervenciones de servicios sociales en España y otros países europeos, se muestra que la pobreza y el origen migrante son factores muy presentes en las retirada de custodia.

En Inglaterra, por ejemplo, los 83.840 niños en cuidado en 2023 evidencian una sobrerrepresentación de minorías étnicas respecto a su peso en la población infantil, además de concentrarse en las zonas más empobrecidas. En Noruega, el 4,5% de la población infantil fue objeto de intervención del barnevern en 2022, con especial incidencia en familias de origen inmigrante. En España y Francia, aunque no existen datos oficiales desagregados por etnia o ingresos, los informes autonómicos y nacionales confirman que las intervenciones se concentran en contextos de vulnerabilidad social.

La pobreza y la condición migratoria actúan como determinantes en la vigilancia institucional sobre maternidades y crianza

Todo ello dibuja un patrón común: la pobreza y la condición migratoria actúan como determinantes en la vigilancia institucional sobre maternidades y crianza. A su vez, la falta de transparencia estadística limita la posibilidad de un debate riguroso sobre los sesgos estructurales que atraviesan estas medidas.

Sin ir más lejos, el 3 de febrero de 2025, en Toledo, a una mujer migrante se le retiró la custodia de su hija apenas tres días después del parto. La medida se justificó en base a una supuesta trayectoria de víctima de abusos y maltrato, lo que, en lugar de derivar en un apoyo real y en recursos de acompañamiento, activó la maquinaria de la separación inmediata. Tres meses después y bajo una fuerte presión mediática, la criatura fue devuelta a su madre bajo un estricto seguimiento semanal. Este caso ilustra cómo los sistemas de protección infantil en España reproducen sesgos estructurales: las maternidades disidentes y pobres son leídas como riesgo antes que como sujetos de derechos, consolidando un modelo de tutela estatal que sustituye la protección por el castigo.

Analizar estos fenómenos permite comprender que la violencia no es homogénea. Las maternidades racializadas enfrentan discriminación por su origen y apariencia, sumándose a la presión económica de la precariedad laboral y habitacional. Las mujeres con diversidad funcional son percibidas, injustamente, como incapaces de ejercer la maternidad, replicando discursos eugenésicos y capacitistas. Las madres lesbianas y trans, por su parte, sufren lgtbifobia institucionalizada que cuestiona su derecho a formar familias. Salud mental y maternidad dan para otro artículo, en fin.

Colectivos como La Sindicata de Madres Feministas, visibiliza estas experiencias y denuncian la continuidad de prácticas de control que, aunque reformadas formalmente, reproducen los mismos objetivos de disciplinamiento, segregación y vigilancia que en el pasado perseguía el franquismo. Las maternidades, precarias, racializadas y subversivas no solo desafían un modelo heteropatriarcal, sino que también se enfrentan a estructuras de poder que dictan qué vidas son dignas de cuidado y cuáles deben ser intervenidas o invisibilizadas, y hay que darles un correctivo, uno que solo detecten ellas, que luego hay que pedir perdón públicamente.

El cambio debe ser profundo, reconocer de dónde venimos y como hemos llegado hasta aquí, la política de memoria histórica debe incorporar la perspectiva de género, raza y clase, reconociendo que los abusos cometidos en el Patronato no fueron hechos aislados, sino parte de un sistema que vigilaba los cuerpos de las mujeres para mantener un orden social jerárquico. Las prácticas contemporáneas de los servicios sociales y la criminalización de maternidades disidentes muestran que las estructuras patriarcales, racistas y clasistas siguen operando bajo nuevas formas institucionales.

El 7 de octubre de 2025, el Congreso de los Diputados/as aprobaba una proposición de ley que insta al Gobierno a reconocer como víctimas del franquismo a las mujeres internadas en el Patronato de Protección a la Mujer y a abrir expedientes, facilitar el acceso a archivos y asumir responsabilidades institucionales y religiosas por las violencias cometidas. Aunque la medida ha sido presentada como un avance histórico, llega tarde y sin consecuencias reales: otro gesto simbólico que intenta cerrar en falso una herida que sigue supurando, aunque menos es nada. El reconocimiento sin reparación material ni justicia efectiva es solo una nueva forma de silencio institucional.

Desde el Patronato de Protección a la Mujer hasta las políticas de intervención social actuales, las estructuras de vigilancia persisten, adaptándose a los tiempos pero manteniendo los mismos objetivos: disciplinar, excluir y normativizar

El análisis interseccional evidencia que las maternidades disidentes han sido y siguen siendo objetos de control sistemático. Desde el Patronato de Protección a la Mujer hasta las políticas de intervención social actuales, las estructuras de vigilancia persisten, adaptándose a los tiempos pero manteniendo los mismos objetivos: disciplinar, excluir y normativizar. Mientras las instituciones no reconozcan plenamente la continuidad histórica de estas violencias y actúen en consecuencia, las maternidades subversivas seguirán enfrentándose a un sistema que las percibe como amenazas, no como sujetos de derechos.

Visibilizar estas maternidades y sus luchas es un acto político: es un llamado a desmontar estructuras de poder que operan en la sombra de la justicia, y a exigir que la sociedad reconozca que la maternidad, en todas sus formas, no debe ser un campo de batalla, sino un espacio de derechos, autonomía y dignidad.

Hace falta una mirada feminista en los servicios sociales, capaz de cuestionar las lógicas patriarcales y de control que aún atraviesan su funcionamiento. No basta con respuestas asistencialistas que parchean la urgencia: es necesaria una revisión profunda, tanto teórica como práctica, que coloque en el centro la justicia social y apueste por transformaciones estructurales. Solo desde ahí los servicios sociales podrán ser una herramienta de acompañamiento real y no un engranaje más de vigilancia y disciplinamiento.

Como ya se ha dicho en varias ocasiones: “Dad gracias de que busquemos justicia y reparación y no venganza” porque es lo que os merecéis.