Movilidad
Luz verde a una Ley de Movilidad Sostenible que pretende cambiar el paradigma del transporte en España

Han sido más de tres años de trámite parlamentario, pero el proyecto de Ley de Movilidad Sostenible finalmente ha visto la luz a pesar del suspense del último minuto. Los cuatro votos de Podemos estaban en duda hasta el último momento, ya que la formación morada había ligado su apoyo a un compromiso gubernamental para la paralización de las ampliaciones del Aeropuerto de El Prat, una exigencia de Junts, y del Puerto de València, ambos proyectos con una clara factura climática futura.

“No se puede defender la lucha contra el cambio climático y a la vez estar defendiendo un plan de ampliación del tráfico aéreo de 13.000 millones de euros”, señalaba en el Pleno el diputado morado Javier Sánchez Serna, en referencia al plan de inversiones 2027-31 de Aena, en el que se incluye el aumento de capacidad del aeropuerto catalán. Finalmente, los diputados de Podemos se han abstenido, permitiendo que la norma saliese aprobada con 174 votos a favor. Esa abstención ha estado condicionada a una negociación con el ministro de Transporte, Óscar Puente, que debe implicar cambios en los plazos de ampliación del aeropuerto barcelonés.

En cualquier caso, la ausencia del diputado canario del Partido Popular Guillermo Mariscal, que se ha ausentado por motivos personales y cuya petición de voto telemático ha sido denegada al no considerar el reglamento del Congreso las razones esgrimidas, tal como adelantaba la Cadena SER, habría hecho posible la aprobación de la norma por la mínima. Mariscal se encuentra de viaje de bodas, motivo no contemplado como justificado en el reglamento del Congreso. De la salida adelante de la Ley dependía, además, la llegada de 10.000 millones de euros de fondos europeos ligados a la descarbonización y las políticas verdes.

Una ley para descarbonizar la movilidad

La redacción del texto sometido a votación hoy se ha modificado considerablemente desde 2022, con la tramitación de más de 750 enmiendas al respecto. Como señalaba un comunicado emitido desde 15 entidades del ámbito social y ecologista 24 horas antes del Pleno para pedir a los grupos parlamentarios “responsabilidad ante la ciudadanía para aprobar la Ley de Movilidad Sostenible”, aunque esta es “mejorable”, en todo este tiempo se han introducido “mejoras significativas en su articulado que permiten avanzar en la descarbonización del sector transporte-movilidad y beneficiar a la ciudadanía y la clase trabajadora”.

Es el caso de la inclusión de medidas para fomentar la restricción de vuelos con alternativa ferroviaria de menos de 2,5 horas de duración –han quedado fuera las conexiones de enlace con aeropuertos con rutas internacionales– y para retomar unos trenes nocturnos que prácticamente han desaparecido en España. La inclusión del gas natural como energía verde, algo que estaba en el texto inicial, también ha cambiado desapareciendo finalmente, al igual que la liberalización del sector del autobús, algo que, según el diputado de Sumar Alberto Ibáñez, “ponía en riesgo la realidad de la población más dispersa”. 

Una de las principales novedades es la obligación para las empresas privadas o públicas de más de 200 trabajadores –o cien por turno– de tener un plan de movilidad sostenible

La Ley es clave en el futuro de la descarbonización del transporte en España, un sector que, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica, representa el 30,7% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero (GEI) del país, siendo el transporte por carretera el responsable del 28,4% del total. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) actual expone como objetivo lograr una reducción de 27 millones de toneladas de CO2-eq en el transporte para 2030 respecto a 1990. Eso supone una reducción del 33% de las emisiones en este sector. Con el nuevo ordenamiento jurídico se pretenden sentar las bases para lograrlo y encarar en una mejor situación el compromiso español de ser un país neutralmente climático en transporte en 2050 como establece el Pacto Verde europeo.

Pero la nueva ley no se basa exclusivamente en la descarbonización, pues según el Gobierno pretende crear un nuevo paradigma de la movilidad situándola como un derecho social ligado a valores ecológicos y protegido por el Estado. Según señala el Ejecutivo, esta tiene por objeto, además, establecer las condiciones necesarias para que el país disponga de un sistema de movilidad “sostenible, justo e inclusivo como herramienta para lograr una mayor cohesión social y territorial, contribuir a un desarrollo económico resiliente y alcanzar los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero y otros contaminantes y mejora de la calidad del aire”. 

Más trenes, menos aviones y planes de movilidad empresarial

Bajado a tierra, el texto tiene una serie de medidas clave. Tanto el mencionado desarrollo de las rutas ferroviarias nocturnas –especialmente en la conexión con el resto del continente– y la eliminación de vuelos domésticos con alternativas por tren necesitarán de sendos estudios de impacto para su implantación. Se trata de dos medidas largamente exigidas por el ecologismo, aunque su inclusión final, en el caso de los vuelos, es de menor calado que la que piden las organizaciones. Como señala Pablo Muñoz, coordinador del Área de Transporte y Movilidad de Ecologistas en Acción, la propuesta que defendían era “que la alternativa ferroviaria fuera de hasta cuatro horas, con lo que una duración del trayecto en tren de 2,5 horas realmente hace que el alcance de la norma para reducir emisiones sea muy muy limitado”.

Una de las principales novedades es la obligación para las empresas privadas o públicas de más de 200 trabajadores –o cien por turno– de tener un plan de movilidad sostenible en menos de dos años que haga depender menos a las plantillas del vehículo privado, algo que también tendrán que tener polígonos industriales y polos empresariales. Es uno de los puntos que ha cambiado de redacción, pues la propuesta inicial era que afectase a compañías de más de 500 personas empleadas.

La Ley establece un plazo máximo de 12 meses para que revise el etiquetado de vehículos de la DGT

Otro de los objetivos del Gobierno es garantizar la contribución del Estado al sostenimiento del transporte urbano público y colectivo de viajeros, para lo cual fomentará un sistema de financiación de este “basado en criterios estables, predecibles y proporcionales, de forma que se incentive la eficiencia y se minimice la incertidumbre en la financiación anual de los costes de operación”. La Administración General del Estado participará así en la financiación del transporte urbano que gestionan las entidades locales. El texto crea además un Sistema Nacional de Movilidad Sostenible, basado en la cogobernanza entre administraciones para coordinar mejor las políticas públicas al respecto.

La Ley pretende también dar un empujón a un área en la que España no acaba de despegar: la instalación de puntos de recarga para coches eléctricos. El texto obliga a gasolineras grandes y medianas a que los instalen y establece toda una serie de medidas, como la obligación de informar en las carreteras de la existencia de estos puntos o la instalación de los mismos en grandes centros de trabajo.

Asignaturas pendientes: transporte de mercancías y etiquetas de la DGT

Otras de las grandes asignaturas pendientes en materia de transporte es el uso del ferrocarril para el movimiento de mercancías por tierra, que ha decaído a niveles por debajo del 5% del total. Se trata de una cifra cuatro veces menor que la media europea y muy alejada de los objetivos de la UE. España pretende aumentarla al 10% en 2030 con el plan Mercancías 30, para lo cual la Ley de Movilidad Sostenible establece la implantación de autopistas ferroviarias de mercancías, entre otras medidas para fomentar el cambio modal de la carretera a la ferrovía. 

Las etiquetas medioambientales que la Dirección General de Tráfico otorgue en el futuro a los vehículos también serán diferentes. La Ley establece un plazo máximo de 12 meses para que revise el etiquetado, que endurecerá las condiciones para que los vehículos tengan las etiquetas eco y cero. El ordenamiento no tendrá carácter retroactivo, con lo que ningún vehículo ya matriculado perderá su distintivo actual.

El impulso de un nuevo mapa concesional de los autobuses interurbanos que blinde este servicio público es otro de los hitos. El Gobierno se ha marcado como objetivo la vertebración del territorio rural mediante este modo de transporte con el fin de que no se pierdan paradas en poblaciones por criterios de rentabilidad.

Por último, la ley obliga a la creación de una Plan nacional de impulso al uso de la bicicleta entre otras medidas dedicadas a promover la movilidad activa. Los ayuntamientos tendrán que estar especialmente pendientes de la norma, pues esta obliga a que estos favorezcan el transporte intermodal, con especial atención a la movilidad activa.